La fuerza de la naturaleza aniquiló a Acapulco, y afectó a Tecpan de Galeana y Coyuca de Benítez, Guerrero. Otis, huracán categoría 5, pegó en las costas guerrerenses este miércoles, dejó a miles incomunicados, afectó de manera contundente al sector hotelero. Hasta ahora reportan al menos 27 fallecidos.

La oposición inmediatamente aprovechó para recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador canceló el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) en 2020. Si una catástrofe de esta índole hubiera sucedido en sexenios prianistas, los recursos de este extinto fideicomiso jamás hubieran llegado a los necesitados.

El mismo presupuesto sigue destinado para estas emergencias, 25 mil millones de pesos. Este año tuvo una asignación inicial de 17 mil millones de pesos, de los que, hasta junio, se ocuparon 5 mil 398 millones, debido a que a la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió cuatro declaratorias de emergencia en los estados de Chiapas, Coahuila, Durango y Nayarit, además de 11 declaratorias de desastre para la atención de 81 municipios, de siete entidades federativas.

Este miércoles se reportó, en una tarjeta informativa emitida por Hacienda, un gasto de 5 mil millones de pesos en gastos de reconstrucción este año, además de 10.8 para atención de emergencias, 133 millones para acciones inmediatas post-desastre, y mil 200 millones “para renovar el Seguro Catastrófico 2023-2024”.

Asimismo, el gobierno federal contrató un seguro para hacer frente a fenómenos naturales, con una cobertura de 5 mil millones de pesos, hasta julio de 2024. Ante la catástrofe que se vive en Guerrero, especialmente en Acapulco, el presidente López Obrador dijo que no hay límite de presupuesto para ayudar a la gente que lo necesita. “Tenemos un recurso para eso garantizado. Pero, además, no se trata de fideicomisos o recursos para atender emergencias: cuando el pueblo de México necesita apoyo se puede utilizar todo el presupuesto público, no hay límites”, declaró en la mañanera.

El gobierno federal reaccionó de manera inmediata. Pese a que se complicó el arribo del presidente López Obrador a la zona de desastre, logró llegar por la noche para hacer el recuento de daños y comenzar con la reconstrucción de Acapulco. Hubo daños importantes en las carreteras que impidieron la comunicación hacia Chilpancingo, aunque la Guardia Nacional junto con la Secretaría de la Defensa Nacional, comenzaron a despejar para que llegue la ayuda.

El presidente López Obrador informó que la Secretaría del Bienestar entregará despensas y otros apoyos a los damnificados.

Durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se desviaron al menos 200 mil millones de pesos del Fonden, según una auditoria realizada en 2019. El robo se hizo mediante “las declaratorias extraordinarias, así como las contrataciones y adquisiciones realizadas por los estados o las delegaciones federales”.

José María Tapia Franco, quien se desempeñó como director de la Gestión de Riesgos en la Coordinación de Protección Civil entre 2013 y 2016, un área que dependía de Miguel Ángel Osorio Chong, entonces secretario de Gobernación, gestionó el extinto Fonden, se le relaciona con lavado de dinero. Durante los huracanes Ingrid y Manuel (2013), en el Pacífico mexicano, el funcionario estaba de paseo en Las Vegas.

La FGR lo investigó por una de sus empresas: Soluciones Integrales en Gestión de Riesgos de Desastres S.A de C.V., desde la que adjudicó de manera directa, firmado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en marzo de 2020, la compra de mil 330 ventiladores del extranjero que serían utilizados para atender la emergencia sanitaria por COVID-19.

El contrato contempló un monto total de mil 350 millones de pesos y formó parte del Plan DN-III del Ejército mexicano con el fin de hacerle frente a la pandemia por coronavirus. Asimismo, el 50 por ciento de las acciones de la empresa pertenecen a Tapia Franco.

DESDE EL CENTRO

Con afán de destacar y hacer politiquería, las senadoras Lilly Téllez y Kenia López Rabadán acusaron a la bancada de Morena el haber “robado” los recursos del Fonden. La senadora de Morena, Antares Vázquez, afirma que las senadoras del PAN, Téllez y Kenia López Rabadán, a quienes llamó “las señoras de los montajes y los gritos”, se alteraron porque la Mesa Directiva solicitó a las y los legisladores donar 5 días de su dieta para apoyar los damnificados en Acapulco… El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció el apoyo ofrecido por los presidentes de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y de Estados Unidos, Joe Biden, que tras los daños causados por el poderoso huracán Otis en su paso por costas de Guerrero expresaron su solidaridad con México… Durante la presentación del estudio: Perspectivas agrícolas 2023-2032, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la FAO, destacó que en México cerca de 35 millones de personas padecían hasta 2022 inseguridad alimentaria de moderada a grave, 4.2 millones más que en 2016, según El estado de la inseguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2023 de la FAO.

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En varios estados de la República mexicana, trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) se fueron a paro, en desacuerdo con el gobierno federal por la intención del recorte presupuestal que cancelaría 13 de 14 fideicomisos millonarios.

En días recientes se aprobó en el Congreso un recorte por 15,450 millones de pesos, que afecta a la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral. Se trataba de beneficios estratosféricos que sólo benefician a los ministros y ministras.

En una iniciativa de Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, detallan que estos recursos no son administrados de manera transparente. Entre otras cosas, se trata de apoyo para gasolina, servicios ilimitados de peaje en autopistas, así como bonos, prestaciones y pensiones de los jueces magistrados. Estos beneficios son insulto para los más necesitados.

Más aún cuando los magistrados se ponen de lado de los delincuentes. Estos beneficios ofenderían a cualquier trabajador común. Por esto parece inverosímil que los propios empleados del PJF tengan de cabeza las vialidades de la Ciudad de México y protestas constantes en otras ciudades (Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Sonora, Zacatecas, Tabasco, Baja California Sur, Yucatán, Morelos, Guanajuato, Chiapas, Oaxaca y el Estado de México) manifestándose en contra del recorte presupuestal.

Mientras las madres buscadoras padecen por falta de apoyo, las madres de jueces y ministros pueden festejar el Día de la Madre a todo lujo, pues la presidenta de la SCJN, Norma Piña, exige un bono de 24 millones de pesos para celebrar a las progenitoras de los jueces; lo mismo para sus padres, a los que destinan 26 millones de pesos (mdp).

No sólo eso solventamos los mexicanos, también el pago de su vestuario (235 mdp), lentes (90 mdp) para traslados 900 mdp, 282 mdp para acompañantes.

El presupuesto del Poder Judicial de la Federación, integrado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal, para este año fue de 80,646 mdp. Para 2024, la ministra presidenta Norma Piña solicita un aumento de cuatro por ciento, que corresponde a 84,792 mdp.

Este presupuesto no se verá afectado, lo único que se pretende es eliminar los excesos, como las compensaciones complementarias. Actualmente hay tres fideicomisos de pensiones complementarias de mandos superiores, con un fondo de 833 mdp, destinado únicamente a 25 personas. Otras compensaciones complementarias para mandos medios y personal operativo, solo para 184 personas, con un fondo de 2,976 mdp. Finalmente, el destinado a jueces jubilados y magistrados, beneficia a 387 personas y el fondo es de 4,723 mdp.

DESDE EL CENTRO

Un grupo de indígenas otomíes que desde hace tres años tomó el edificio del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, hoy la Casa de los Pueblos Samir Flores, sufrió un ataque de aproximadamente 500 policías capitalinos la madrugada del lunes. Desde el sismo de 2017 es notoria la indiferencia del gobierno pues no les ha apoyado con un espacio para vivir, luego de desalojarlos en la colonia Juárez de edificios dañados por el temblor. Además, denunciaron que un grupo de motociclistas realizaron disparos de arma contra ellos. Los otomíes recogieron los cartuchos y presentaron la evidencia durante una conferencia de prensa… El gobierno de Israel negó un ataque que dejó cientos de muertos en un hospital de Gaza. Sin embargo, los crímenes de guerra cometidos por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, van más allá de este atentado, del cual se deslindan y culpan a Hamás. Recientemente, millones de personas en el mundo se manifestaron para frenar el genocidio contra Palestina, pese a represiones de algunos gobiernos como Francia, Alemania y Reino Unido, las multitudes exigieron alto a los ataques contra este pueblo.  Abicorrea79@hotmail.com

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El trayecto de migrantes centroamericanos por territorio mexicano se incrementa cada vez más. Miles de viajantes que se dirigen hacia Estados Unidos, convencidos de que encontrarán una mejor vida en aquel país, quedan atrapados entre la violencia que conlleva su cruce por México y los trámites burocráticos.

Desde el año pasado es común ver desplazados por varias ciudades de nuestro país. En días recientes, la empresa ferroviaria Ferromex, canceló temporalmente el trayecto de 60 trenes debido a los varios accidentes en que migrantes perdieron la vida al intentar lograr un lugar en los techos de los trenes.

Esto significa también un problema económico pues deja de moverse mercancía y provoca pérdidas millonarias. Asimismo, el tránsito de los migrantes se vuelve más complicado y muchos quedan varados en situación de calle. El mes pasado la Coparmex pidió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que logre acuerdos conjuntos con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para ordenar este flujo migratorio que les causa pérdidas económicas.

El presidente de México ha mencionado que incluso hay trabajo en nuestro país para los migrantes, en construcciones como el Tren Maya, por ejemplo; sin embargo, es transitorio puesto que prefieren seguir su viaje hacia Estados Unidos. Pero debería enfocarse en otros aspectos, como mejorar las instituciones migratorias.

Las autoridades mexicanas ya no se dan abasto con los trámites y las deportaciones que acordó con Estados Unidos, por lo que muchos quedan varados en nuestro país en situaciones difíciles, que no sólo afectan a estos grupos sino también a los mexicanos. Urge que nuestro gobierno incremente acciones para controlar esta situación pues que cada vez se notan más las zonas insalubres y peligrosas al no contar con albergues suficientes.

De acuerdo con la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación, de enero a julio de este año han ingresado al país de manera irregular 317.334 personas. El mayor volumen de migrantes indocumentados por nacionalidad lo encabeza Venezuela con 26,4% y le siguen Honduras (14,5%), Guatemala (11,6%), Ecuador (9,7%), Haití (5,6%), Colombia (3,8%) y otros, sin especificar nacionalidad (28, 4%).

Pese a que los presidentes de Estados Unidos y el de México, dialogan sobre cómo resolver el problema, hay varios impedimentos, sobre todo por las leyes en contra de los migrantes que impulsan los republicanos estadunidenses. Ya no se invertirá en construir muros, dijo Joe Biden, pero al dejarlos sin acceso a una vida digna mediante trabajo y servicios básicos, los orillan a vivir en situación de calle, escondidos y hacinados.

Incrementar el número de policías migratorios o la guardia nacional en la frontera no resolverá este problema que cada vez se ve más desbordante.

DESDE EL CENTRO

El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió atinadamente a las quejas de la Embajada de Israel, al insistir estos en una postura que condene los hechos que se viven en el conflicto de Gaza. Nuestro gobierno simplemente no puede expresarse a favor de una guerra en cualquier parte del mundo. “Nosotros no queremos la violencia, nosotros somos pacifistas, no queremos que pierda la vida ningún ser humano de ninguna nacionalidad, sean de Israel, sean palestinos, queremos que se garantice el principal de los derechos humanos, que es el derecho a la vida”, manifestó AMLO.

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Más de cien productores de maíces nativos respaldan el decreto presidencial de febrero de 2023, sobre maíz transgénico, glifosato y transición agroecológica. Resaltan la importancia de seguir defendiendo el grano en contra de normas que en lugar de ayudar están perjudicando la Tierra y salud de muchos.

En un encuentro que los productores sostuvieron recientemente destacó la importancia de contar y continuar con políticas públicas que defiendan a las razas nativas del maíz –64 identificadas en territorio mexicano— y que se mantenga la prohibición al glifosato y a cualquier insumo químico que afecte la salud, a los polinizadores y al medio ambiente en general.

Pese al intento de Estados Unidos y de la empresa Monsanto para que México siga usando el pesticida; el gobierno de Andrés Manuel López Obrador prohibirá su uso de manera gradual para el siguiente año.

Los productores de maíz de PpB participantes del Encuentro son representativos del millón 300 mil maiceros de pequeña escala (con predios de hasta cinco hectáreas de temporal), que forman parte del padrón de apoyos directos de Producción para el Bienestar y que cultivan 44 de las 64 razas de maíz nativo que se tienen identificadas y descritas para México.

En su declaratoria establecieron que cultivar, mantener vivos, mejorar genéticamente e impulsar la comercialización e innovaciones tecnológicas en los maíces nativos abonan a la defensa del decreto y en proteger la diversidad maicera, el medio ambiente y la salud de los consumidores.

El seguir usando glifosato en las cosechas sería catastrófico para el campo, “traería grandes dificultades a los agricultores mexicanos, conllevaría caída de la productividad, aumento de los costos y alza de los precios de los alimentos”.

El mes pasado, la revista científica “Environmental Research” publicó que la exposición al herbicida glifosato está relacionada con la aparición de enfermedades neurológicas graves en la población adulta de los Estados Unidos.

Poderosos corporativos, como Monsanto, y el gobierno de Estados Unidos, quieren seguir ignorando el problema a la salud, como lo hizo este gobierno con el de las drogas. Impulsa su uso a costa de que los campesinos de su Nación sufren actualmente de depresión severa, como lo confirma el estudio publicado en dicha revista, así como la pérdida grave en funciones cognitivas esenciales.

Debido al TMEC, el país que gobierna Joe Biden, demanda a México que siga consumiendo el producto que se compara con un veneno, mediante argumentos supuestamente científicos pero que muchas veces resultan manipulados por las propias empresas.

El estudio mencionado evaluó la concentración de glifosato detectado en la orina de mil 523 personas de EU de edades entre 18 y 80 años, la mayoría mujeres (51.5 por ciento) con una edad promedio de 48 años, y el padecimiento de diferentes enfermedades neurológicas. Se detectó glifosato en más del 80 por ciento de los participantes.

Como ese existen otros estudios por los que se ha prohibido su uso en diversos países. Sin embargo, Monsanto se sigue imponiendo. El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud catalogó la sustancia activa que utiliza Monsanto como “carcinógeno probable”.

Aunque el uso del pesticida se permite actualmente en muchos países, debido a los estudios, se espera en México que el presidente López Obrador logre prohibir en su totalidad el uso de glifosato en nuestro país para el siguiente año.

DESDE EL CENTRO

El Comité 68 salió nuevamente a las calles este 2 de octubre, fecha que no se olvida, para rememorar el asesinato de miles de estudiantes en 1968 en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco a manos de elementos del Ejército… Realizarán el 4to Festival Feminista FEMMICH 2023, en el andador Nigromante, en el Centro Histórico de Morelia, del 6 al 8 de este mes. Se abordarán diferentes problemáticas que enfrentan las mujeres en el país, con el propósito de generar un espacio plural para el análisis de los derechos humanos de las mujeres que permita reflexionar, sensibilizar y visibilizar éstos.

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En búsqueda de la verdad tras nueve años, padres de los normalistas de Ayotzinapa que desaparecieron, siguen clamando porque sus hijos aparezcan con vida. Confrontados con el ejército y el gobierno actual para que estos revelen información que los lleve a saber qué paso con ellos, hoy son ahora incansables luchadores de justicia.

Una de las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador fue que se sabría la verdad al respecto. Sin embargo, siguen las inconsistencias en la investigación, sostienen padres de los 43, señalan que el Ejército tiene información clave de aquella noche del 26 de septiembre en Ayotzinapa.

Se sabe que los alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos viajaron a Iguala, Guerrero, con la intención de secuestrar autobuses para venir a Ciudad de México y participar en la marcha del 2 de octubre. Pero corrieron con la misma suerte que muchos de 1968, fueron desaparecidos por policías municipales, federales y el crimen organizado.

Las investigaciones que empezaron en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, encabezadas por Tomás Zerón, entonces director de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía federal, concluyeron que los jóvenes fueron secuestrados por policías de Iguala y Cocula quienes posteriormente los entregaron al grupo criminal Guerreros Unidos. Concluyeron que fueron asesinados e incinerados en un basurero.

Mientras fueron avanzando más las investigaciones, más se demostró que la Fiscalía manipuló evidencias, por lo que los padres de los estudiantes siguen demandando se esclarezca lo que ocurrió aquella noche. Y es lo que a través de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA), la Comisión para la Verdad Ayotzinapa (COVAJ) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), se ha intentado hacer durante este gobierno, mismo que asegura que ya se entregó toda evidencia.

Y es que estas conclusiones quitan responsabilidad al Estado, de acuerdo con lo que dicen los padres de los estudiantes.

En el último informe se menciona tres posibles causas. Que hubo infiltrados de Los Rojos entre los estudiantes de Ayotzinapa por la presunta disputa de la plaza de la región de Iguala. Que quisieron dar un escarmiento a los estudiantes, esto por las supuestas amenazas del entonces alcalde José Luis Abarca y Guerreros Unidos por los destrozos y protestas en Iguala, por la desaparición y asesinato de los dirigentes sociales Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Félix Rafael Bandera. Y, una última, el trasiego de drogas, armas y dinero que ocultaban en alguno de los camiones que tomaron los estudiantes para llegar a Ciudad de México.

Asimismo, el informe indica que hubo 132 personas detenidas por aquellos hechos. Se trata de 71 policías, tres funcionarios de la Fiscalía General de la República, el exsecretario de Seguridad Estatal de Guerrero, el expresidente municipal de Iguala, la expresidenta del DIF de Iguala y 14 elementos de la Sedena.

Estas nuevas conclusiones parecen estar más cerca de la llamada “verdad histórica”, “se afirma de manera categórica que el móvil del asesinato de la desaparición de los jóvenes obedece a una disputa entre los grupos delictivos, que estaban infiltrados los estudiantes por grupos delictivos”, declaró a medios Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los estudiantes.

Los padres de los jóvenes acusan al presidente de encubrir al Ejército, del que afirman, no ha entregado toda la información del caso, como denunció también en julio el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

DESDE EL CENTRO

Luego de que se publicaran imágenes de cárteles vitoreados por las comunidades en Chiapas, para liberarlos del yugo en que los tiene otro grupo criminal, el gobierno federal envió cerca de 800 elementos de las secretarías de la Defensa Nacional y de Seguridad y Protección Ciudadana estatal, así como de la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado, a Comitán hacia Frontera Comalapa. Parece zona de guerra, hay cortes de luz y la comida escasea, denuncian pobladores. Todo indica que es por la disputa de territorio entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación.

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Mujeres de diversas comunidades del Sur de México denunciaron que el crimen organizado expande sus tentáculos sin que autoridades resuelvan la peligrosa situación en la que viven.

Durante la Asamblea del Movimiento de mujeres en defensa de la madre tierra y sus territorios, tocaron el tema de violencia e inseguridad en el que hoy tienen que vivir porque los grupos criminales avanzan sin control y piden derecho de piso, asesinan, secuestran y se apropian de espacios públicos y privados. “El crimen organizado busca alianzas con las comunidades ofreciendo su apoyo en la resolución de conflictos de tierra a cambio de entrar a sus territorios”, ya no distinguen entre criminales y autoridad, denunciaron.

Específicamente en Chiapas, donde la pobreza y problemas por la posesión de tierras persisten, expresaron su preocupación porque también ha aumentado el turismo, que, en lugar de ser un beneficio que enriquezca a las comunidades, los ha ido despojando de agua y espacios, “los humedales siguen siendo rellenados y fraccionados para construcción de casas habitación, además de la corrupción a nivel del presupuesto público”.

Y es que, con la activación de las vías por el Tren Maya, la tierra es acaparada por grandes empresas y hay megaproyectos que ponen en riesgo a las comunidades. El flujo migratorio también va en aumento, lo que hace más vulnerables a los habitantes pues el crimen organizado encontró una fuente de ingresos mediante secuestros. Pero no solamente se trata de narcotraficantes, también la autoridad es cómplice al despojar a las familias de sus tierras por el “derecho de vía”, que no es más que la expropiación de 20 metros de tierra que dará paso a las vías del Tren Transístmico, donde hay construcciones de casas y bardas.

Expresaron que la lucha de las mujeres atraviesa el tema de explotación de la tierra, hidrocarburos, el negocio inmobiliario, la crisis del agua, la defensa de la tierra y el territorio.

Sin embargo, estos hechos se remontan a años previos, las mujeres en la zona Altos tsotsil, en Chiapas, tienen meses denunciando que la violencia va en aumento, “hay un incremento de cantinas, circulación de alcohol, drogas y armas”. Y hacen un llamado a los gobiernos para que las tomen en cuenta, desde su desacuerdo con los megaproyectos hasta el riesgo constante en que viven junto con sus familias.

“En el Valle de Jobel identificamos un antes y un después del 14 de junio (del año pasado) luego de la disputa de diferentes grupos del Crimen Organizado: se viven despojos a través de la invasión de tierras provocado por grupos armados desde la complicidad de funcionarios de gobierno y empresarios hoteleros quienes acaparan el agua a través de la destrucción de humedales de montaña y ciénegas. Hay varios grupos de jóvenes armados llamados motonetos que hacen de las balaceras un cotidiano y ponen en tensión la vida diaria de las mujeres, niños y niñas. Hay más presencia de la Guardia Nacional que se hace la que no ve, ni escucha”.

El Sur de México sigue olvidado por el actual gobierno, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien con bombo y platillo anuncia la próxima inauguración del Tren Maya. Pese a que aseguran que éste traerá desarrollo a los habitantes del Sur, ellos opinan lo contrario.

Es urgente que se mire a estas comunidades que desde hace años son desplazadas y la autoridad sigue de brazos cruzados. Denuncian que la desaparición de jóvenes es constante, pero más de mujeres y niñas que se vuelven la mayoría de las veces en feminicidios y trata de personas.

Otra de sus preocupaciones es el aumento del uso de drogas entre jóvenes. Si en la frontera Norte preocupa el uso de fentanilo, el Sur no se queda atrás.

Por otra parte, la criminalización hacia ellas por defender sus tierras, pues definitivamente están en contra de que el Tren Maya sea una realidad en esas zonas. La inminente puesta en marcha de este proyecto estrella del presente gobierno debería traer beneficio a estas familias; sin embargo, desde que inició su construcción sólo les acarreó preocupaciones, inseguridad y violencia.

El gobierno debe hacer una revisión de la situación que atraviesan estas familias, encabezadas muchas veces por viudas o quienes vieron migrar a sus parejas. “Existe una constante criminalización hacia quienes estamos cuestionando la construcción del Tren”, afirman.

DESDE EL CENTRO

Las exportaciones agroalimentarias del país aumentaron 5.16 por ciento en el periodo enero-julio, al sumar 31 mil 487 millones de dólares, lo que representó el valor más alto reportado en los últimos 31 años y contribuyó al saldo positivo de la balanza comercial, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. En este lapso la balanza comercial agroalimentaria (agropecuaria y agroindustrial) registró un superávit de cinco mil 793 millones de dólares, cifra superior en 672 millones de dólares (13.12 por ciento mayor) respecto al mismo periodo de 2022. Víctor Villalobos Arámbula, titular de la dependencia federal, destacó que México se ubica como séptimo exportador de alimentos en el mundo y sobresale en los primeros tres lugares en producción de aguacate, jitomate, berries, nuez, limón, mango, pimientos, lechuga, espárrago y cebolla; previó que en el mediano plazo lo será en papaya y piña. Así mismo, la Sader promueve proyectos de inversión productiva y de agricultura protegida en entidades del sur sureste del país para incorporar esta región al desarrollo agroalimentario nacional. Víctor Villalobos Arámbula, comentó que el Gobierno de México ha realizado obras de infraestructura y logística para impulsar el sector primario y promover la industria alimentaria de la región y, de esta forma, aprovechar su potencial en recursos naturales y capital humano y abonar a la seguridad alimentaria del país y el bienestar de los productores. Destaca que en el norte y centro del país se ubica el 19 por ciento de las Unidades de Producción Rural (990 mil) con agricultura empresarial, mientras que el sur concentra el 81 por ciento (4.3 millones) de agricultura familiar y de autoconsumo… Ni boyas ni púas espantan a los miles de migrantes que pretenden cruzar hacia Estados Unidos. En Coahuila fueron detenidos miles de migrantes a bordo del tren que opera Ferromex, pese a las súplicas para que les permitieran continuar, la empresa determinó frenar máquinas debido al elevado número de personas a bordo. Los migrantes se arriesgan a morir o perder extremidades al caer del tren. Es tal la crisis que el pasado lunes varias personas resultaron lesionadas cuando miles de migrantes, en su mayoría haitianos, intentaron ingresar a la fuerza a la oficina de migratoria de Tapachula (sur) para exigir la entrega de permisos de tránsito. abicorrea79@hotmail.com

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El daño que le hicieron al país los gobiernos anteriores es tal que tendríamos que seguir pagando una deuda de 20 años con las concesiones de los hospitales. El presidente Andrés Manuel López Obrador busca cancelar los contratos leoninos que se hicieron en los periodos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Dieciséis veces más es el costo que se pagó por nueve hospitales, es decir 93 mil millones de pesos que además están beneficiando a gente que está o estuvo vinculada al gobierno, y eso es tráfico de influencias. Pero beneficia poco a los usuarios porque ni siquiera operan en su totalidad.

El gobierno actual anunció que busca comprar estos nosocomios concesionados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), para ahorrarse el excesivo costo que actualmente es de seis mil millones de pesos anuales, solamente de seis hospitales.

“Con esa cantidad hacemos tres hospitales, y es lo que pagamos en un año por seis”, subrayó el presidente Andrés Manuel López Obrador. La mejor opción es adquirirlos ya que, en caso de cancelar el contrato, tendría que iniciarse un proceso legal con desventaja.

Los hospitales pertenecen al IMSS, al ISSSTE y a la Secretaría de Salud, y sus instalaciones se ubican en Chiapas, Nayarit, Yucatán, Ciudad de México, Tabasco, Tamaulipas, Estado de México y la región del Bajío.

El derecho a salud en México está estipulado en nuestra Constitución: Sin embargo, desde hace décadas se ha caracterizado por una atención deficiente, con carencia de equipos médicos y medicamentos que casi siempre faltan. Actualmente, es uno de los mayores problemas en nuestro país y es debido, en gran medida, a que durante años las administraciones encargadas de brindar atención se dedicaron a despilfarrar presupuesto, a hacer fraudes mediante servicios con costos inflados, incluso a contratar servicios de mantenimiento con empresas que ni existieron.

Con la adquisición de estos hospitales se estaría ahorrando dinero que podría emplearse en el mejoramiento de los servicios. El presidente López Obrador propone hacer un avalúo de los inmuebles y ofrecer una oferta a los propietarios para comprarlos. De esta manera, el gobierno mexicano busca poner fin a los contratos perjudiciales y asumir la responsabilidad total de la operación de estos hospitales, garantizando así una atención médica de calidad y eficiente para todos los ciudadanos.

Esta medida mejoraría el manejo de los recursos públicos y por lo mismo se daría mejor atención en los nosocomios del gobierno.

DESDE EL CENTRO

Activistas a favor de los derechos de los animales trabajan sin ayuda del gobierno. Rebasados muchas veces por los casos de maltrato, exigen que los gobiernos locales volteen a verlos y les brinden apoyo. El caso de Elena Larrea, quien rescata caballos para cuidarlos en su santuario, demuestra que los encargados de velar por una vida digna de los animales, usualmente se quedan cruzados de brazos, argumentando que “no es su área, que ahí no corresponde, que es necesario un paso previo”, etcétera. En 4 años, Elena ha rescatado a 42 caballos y a todos los ha llevado a su santuario Cuacolandia, pocas veces con la ayuda gubernamental. Uno de sus últimos rescates fue del club hípico Equestrian Mover que pertenece a Juan Javier Moreno López, del municipio Emiliano Zapata, Veracruz, en el que tenían a equinos en un estado deplorable de maltrato extremo. Esperemos que sí haya justicia para estos caballos y muchos más que son maltratados. Otro caso es el de Guillermina Galván, de Ensenada, Baja California, quien denunció que la empresa Amaya Curiel destruyó su santuario y asesinó a decenas de perros con maquinaria pesada. A pesar de que autoridades clausuraron la empresa, en redes sociales hay denuncias de que sigue operando de manera impune. Se busca hacer justicia para los animales maltratados y asesinados.

Abicorrea79@hotmail.com

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ABIGAIL A. CORREA CISNEROS

Una vez más la oposición demostró que carece de democracia. El dedazo del empresario Claudio X. González Guajardo puso en tela de juicio la seriedad de los partidos políticos de la derecha.

Dos mujeres, Beatriz Paredes Rangel y Xóchitl Gálvez, se disputarían la elección para candidato presidencial de los simpatizantes del PRI y PAN (Frente Amplio por México) en una votación que sucedería el domingo pasado pero que por cuestiones antidemocráticas se canceló, declarando como favorita a la panista.

Si así es su elección interna qué podríamos esperar de los prianistas, en caso, muy improbable, de que llegaran a gobernar México o avanzaran en territorios que hace mucho ya perdieron.

El Revolucionario Institucional aceptó su derrota irreversible y casi extinción tras levantar la mano de Xóchitl Gálvez sin siquiera contar los votos que pudieron designarla o no candidata. En su lugar acataron el capricho de los empresarios, encabezados por Claudio X. González, quien, por cierto, según el diario BASTA, enfrenta una demanda de arbitraje internacional que asciende a 110 millones de dólares por el despojo de la empresa 4e Global, fundada por los hermanos Jorge y Juan Carlos González Olvera.

Cuando ya no podíamos esperar menos del PRI, su dirigente nacional, Alejandro Moreno “Alito”, traicionó a su partido respaldando a la representación de la ignorancia en todo su esplendor, junto con la hipocresía y descaro que caracterizan a Xóchitl Gálvez, mujer que hoy presume su origen indígena pero que, cuando pudo sacar de la miseria a los pueblos originarios a su paso por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), prefirió renunciar durante el sexenio calderonista, según sus dichos, por el escaso presupuesto destinado.

Fueron esos años cuando comenzaron a llegar empresas extranjeras a asentarse con el falso argumento de llevar prosperidad. Hoy vemos que durante ese periodo proliferaron las concesiones mineras y de uso de agua, despojando de sus tierras a los pueblos originarios.

Según estimaciones, las encuestas favorecían a Xóchitl Gálvez, por lo que en el PRI prefirieron no invertir ni tiempo ni dinero en la consulta y de paso ahorrarse la humillación de ver rebasada a su candidata, que con mucha más experiencia y conocimiento que la panista no alcanzó a convencer a los votantes.

Según el diario Milenio, el dirigente del PRI negoció con PAN y PRD la Presidencia de la Cámara de Diputados y la elección del candidato o candidata a la Jefatura de Gobierno de la CDMX, que podría ser la propia Beatriz Paredes. Sin embargo, la misma declaró días antes que no le interesa la jefatura de la Ciudad de México.

El hecho es que desde que Alejandro Moreno es dirigente del PRI, el partido se fue en picada. Recién perdió una de las entidades más importantes, el Estado de México, tras 94 años de gobernarlo. Desde su creación, en 1946, el PRI no había dejado de tener un representante en las votaciones para presidencia de la República, como será en las de 2024.

DESDE EL CENTRO

Se espera que hoy se den a conocer los resultados de la encuesta para definir al candidato presidencial de Morena. Esta consistió en la aplicación de 12 mil 500 cuestionarios en persona… La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural aplica en Zacatecas la estrategia integral de atención a la sequía agrícola extrema que se ha presentado en la zona y afecta la temporada de cosecha de frijol, incrementa la vulnerabilidad de los agricultores, la degradación del suelo y reduce la biodiversidad de la región. En reunión con el titular de la Secretaría del Campo de Zacatecas (Secampo), Jesús Padilla Estrada, el coordinador general de Agricultura, Santiago Argüello Campos, señaló que entre las acciones que se han puesto en marcha en el estado está la transferencia de semilla certificada para el cultivo alterno de frijol, como avena. Resaltó que en el marco del proyecto de Estimulación de Lluvias se han impactado dos polígonos, uno en la zona frijolera y otro en el área del semidesierto, equivalentes a un millón de hectáreas, con buenos resultados, ya que se ha contribuido a la recarga de acuíferos, en beneficio de la actividad agropecuaria del estado… En el Día Internacional de la Mujer Indígena (5 de septiembre) el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) resaltó que resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis 2022) reflejan que tres de cada 10 mujeres de este sector siguen siendo discriminadas.

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Desde este lunes se lleva a cabo la encuesta de Morena para elegir al candidato presidencial de 2024. Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto y Ricardo Monreal cerraron las asambleas informativas ante sus seguidores el fin de semana pasado.

Pese a las acusaciones de acarrear gente y gasto excesivo en sus promociones, la ex jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, mantiene la preferencia entre los seguidores de Morena en las encuestas no oficiales. El resultado se dará a conocer el próximo seis de septiembre, luego de que La Comisión de Encuestas de Morena realice 12 mil cuestionarios junto con las cuatro casas encuestadoras contratadas por el partido.

El segundo favorito es el excanciller Marcelo Ebrard y aunque tanto él como Ricardo Monreal insistan en que hubo inequidad en las campañas, el margen de preferencia es claro. ¿Por qué la sociedad prefiere a Sheinbaum? La mayoría de los encuestados coincide en que cumple con sus promesas.

Quien sea nombrado candidato tendrá que aceptar los resultados para que no haya una ruptura dentro del partido, lo cual podría ensombrecer la contienda electoral del año entrante, porque la gente simpatiza con la unidad. Una ruptura en Morena podría dar ventaja a los partidos opositores, que, por el momento, no levantan su imagen, aunque tuvieran en sus filas a alguna de las corcholatas, como se les conoce a los candidatos morenistas.

Durante los 70 días en que recorrieron algunos puntos del país, los candidatos de Morena se acusaron entre sí de guerra sucia e inequidad. Lo más destacado fue que Marcelo Ebrard acusó de uso de recursos públicos, desde la Secretaría del Bienestar, para favorecer a Claudia Sheinbaum.

Pareciera que el excanciller no aceptará su posible derrota ante la ex jefa de gobierno de la CDMX. Ya dijo que este es su momento. Fue el primero en renunciar a su cargo y anotarse para la contienda interna del partido. También dijo en una entrevista en días recientes que está confiado en que es el favorito, lo cual se dejará ver si a la gente se le deja votar para que sea elegido candidato por Morena para la presidencia el siguiente año.

Por lo pronto el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha manifestado que apoya a la democracia. Dice no tener favoritos. Lo claro es que la mayoría de los mexicanos siguen apoyando el proceso de transformación del país, encabezada por este gobierno, que tiene cosas positivas lo mismo que cosas malas, de las que el próximo candidato tendrá que ocuparse para que la ciudadanía siga confiando en la 4T.

DESDE EL CENTRO

Inició el ciclo escolar y seis entidades no pudieron repartir los nuevos libros escolares. Millones de niños se ven afectados en su educación debido a las manifestaciones de ultraderecha que se dieron el pasado fin de semana en ciudades como Monterrey, Toluca, Puebla, San Luis Potosí, Ciudad Victoria, Tlaxcala y Oaxaca. Quienes están en contra de la nueva educación perciben los textos como “diabólicos” y “comunistas”, evidencia de que los rige la ignorancia y la manipulación de políticos que están en contra del gobierno actual y de paso la Iglesia, que, como en el oscurantismo, sataniza el conocimiento. La titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Leticia Ramírez, dijo que sólo en dos estados hay sustento jurídico para no repartirlos y en otros cuatro no hay razón para no cumplir con esa obligación. “Donde no se han podido repartir es en Chihuahua y Coahuila, porque tanto la gobernadora María Eugenia Campos como el gobernador Miguel Riquelme (respectivamente) han establecido (sendas) controversias constitucionales, y el ministro Luis María Aguilar ha determinado que los libros no se repartan, por eso los alumnos de esos estados no los tienen, por la decisión que tomó el ministro”, apuntó la secretaria. Las otras entidades donde no se entregaron los nuevos materiales, sin impedimento legal para cumplirlo, son Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Yucatán (todas gobernadas por la oposición)… El Productores organizados de Yucatán y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y presentaron el Primer Estándar Internacional de Sustentabilidad para la Industria Porcícola, que establece los más altos parámetros para alcanzar una producción sustentable y abonar a la seguridad alimentaria, la generación de empleos y el cuidado del ambiente. En la develación del sello del Estándar Internacional, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, resaltó que esta es una muestra del compromiso del sector para mantenerse en el camino de la transformación y ser un referente en México y en el mundo. Subrayó el trabajo conjunto para lograr la sustentabilidad y responder a los nuevos desafíos y contextos alrededor de esta actividad productiva, que pone a la vanguardia el cumplimiento de las mejores prácticas ambientales.

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El gobierno de Yucatán busca mejorar la calidad de vida de sus pobladores. Pero no de los indígenas mayas ni de ciudadanos de zonas marginadas.

Es indignante cómo en varias ocasiones la policía ha reprimido a pobladores que se manifiestan en contra de construcciones que sólo afectan al medio ambiente, acaparan el agua y contaminan los cenotes, su única fuente de agua potable.

Este mes, habitantes del municipio Ixil denunciaron que el gobierno intenta despojarlos de sus tierras. Los pobladores denunciaron que la policía intentó dispersarlos con gas lacrimógeno y armas.

Afirman que esos terrenos son ejidales y se utilizan para cultivos y apicultura por lo que defenderán el espacio que el gobierno pretende ocupar para construir un fraccionamiento de lujo, obteniendo los terrenos mediante fraudes, denunciaron los habitantes de Ixil.

Mientras tanto, el Ayuntamiento no se ha manifestado. Pero la tensión sigue con la presencia de uniformados que custodian más de 300 hectáreas en las que hasta hace unos días los campesinos cultivaban alimentos y donde ahora se construirán departamentos exclusivos para extranjeros, según denuncian los pobladores.

Los yucatecos temen se expanda más la gentrificación en el estado, porque prácticamente serán corridos de sus tierras.

Algo similar pasó en febrero en la localidad maya Sitilpech. Policías llegaron de madrugada para reprimir a los pobladores que se oponían a una megagranja que estaba contaminando los cenotes. Vivir ahí ya era insoportable. Rodeados de moscas y respirando un aire pestilente debido al excremento de la granja que desde 2013 se instaló, afectando a 1400 habitantes. La empresa Kekén, junto con el gobierno, según narran los pobladores, encarceló a ocho activistas mayas. La policía estatal reprimió un campamento conformado por mujeres y donde agentes sin uniforme detuvieron a cuatro jóvenes.

Los activistas del colectivo Esperanza para Sitilpech, siete hombres y una mujer, fueron procesados por “daños a las vías de comunicación cometidos en pandilla”, acusados directamente por el gobierno de Yucatán, que encabeza el panista Mauricio Vila.

La Constitución mexicana reconoce los símbolos distintivos de los estados y hace dos días el gobernador de Yucatán izó la bandera del estado por primera vez desde hace 182 años. En 1841 se creó la bandera de Yucatán como símbolo de rompimiento con el gobierno central de México.

Las acciones violentas a manos de elementos de seguridad del estado exponen que el gobierno de Mauricio Vila sólo toma en cuenta a los pueblos originarios para la foto.

El portal ZonaDocs publicó que en Mérida “proliferan los proyectos de privadas y fraccionamientos que se construyen sobre tierras arrebatadas a pueblos y ejidos –en más de un caso, mediante la adulteración de títulos y permisos, y haciendo gala de un blindaje político que no se disimula–. Y las superficies de selva arrasada se han vuelto una constante a la sombra de avisos de comercializadores que publicitan las bondades de sembrar con ladrillos y concreto los ecosistemas aún de pie del sureste del país”.

Las comunidades de Ixil y Kinchil denuncian los atropellos al derecho sobre sus territorios y que hay mafia inmobiliaria que, en complicidad con las autoridades, opera apropiándose ilegalmente de terrenos de uso común. Supuestamente la alcaldesa Sandra Raquel Pech Chi otorgó documentos que avalan la venta de estos terrenos.

En este presunto despojo están relacionadas familias Abimerhi y Millet, dueñas de gasolineras y de empresas de transporte y construcción de Yucatán y a quienes se señala por “importantes” contribuciones a la campaña de elección del gobernador Mauricio Vila.

En febrero de este año, y previa denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), las y los vecinos de Ixil lograron la suspensión de un megaproyecto de lotes que la inmobiliaria Aludra pretendía llevar a cabo, sin ningún permiso o aval, sobre más de 700 hectáreas de tierras ejidales cubiertas de monte. Pese a carecer de cualquier tipo de autorización, Aludra incluso llegó a comercializar cerca de 16 hectáreas de esa misma superficie por un valor de 65 millones de pesos.

Los pobladores solicitaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), la apertura de una investigación sobre las violaciones a derechos humanos cometidas en contra de los pobladores de Ixil por la Fiscalía General del Estado de Yucatán y la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán (SSP) y la intervención de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y al Registro Agrario Nacional (RAN).

Otros municipios están en la misma situación, Kinchil, Seyé, Tetiz, entre otros, en los que prevalece el fraude para despojar de sus tierras a las comunidades.

Se reconoce el crecimiento del Sur de México, para fin de año se inaugurará el proyecto más ambicioso del gobierno Federal en este territorio y se presume que beneficie a las comunidades originarias. Sin embargo, las comunidades cercanas parecen ser las más afectadas.

Abicorrea79@hotmail.com

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