Esta acusación está consignada en documentos oficiales de la Casa Blanca que forman parte de la historia gubernamental de Estados Unidos y sirvieron para que medios de comunicación de todo el mundo revelarán que EU acusaba a México de ser un narcoestado.

En este contexto de graves señalamientos de un país a otro, México debió de haber condicionado cualquier concesión a Estados Unidos y el inicio de cualquier tipo y forma de mesas de negociación a que la Casa Blanca retirada del archivo oficial ese documento donde queda consignado para la historia que el presidente constitucional Donald Trump acusó a México de ser un narcoestado.

La sección Fact Sheet de la Casa Blanca es el archivo oficial Del Gobierno de Estados Unidos, lo que marca la gravedad de la acusación y el señalamiento brusco y brutal de Trump contra el gobierno mexicano acusándolo de proteger al narco. La segunda frase del tercer punto del documento oficial no deja dudas a la caracterización que Estados Unidos le aplica a México en materia de protección tener narcos:

“El gobierno de México ha proporcionado refugios seguros a los cárteles para que se dediquen a la fabricación y el transporte de narcóticos peligrosos, que en conjunto han provocado la muerte por sobredosis de cientos de miles de víctimas estadounidenses. Esta alianza pone en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos y debemos erradicar la influencia de estos peligrosos cárteles.”

Porque no se trató solo de señalar complicidades, sino de referir –repito– en un documento legal de la Casa Blanca que las muertes de estadounidenses por sobredosis de droga son corresponsabilidad de México. Y como para que no hubiera duda de cómo ve la Casa Blanca al narco mexicano, el presidente Trump incluye en un documento oficial del Gobierno de Estados Unidos que la alianza Gobierno de México-narcos pone en peligro la seguridad nacional americana.

El tema es fundamental porque México va a ir a las mesas de negociación acordadas entre los dos presidentes con el marco político fijado por Estados Unidos en materia de narcotráfico; es decir –y desde ahora las autoridades mexicanas deben prepararse para lo peor–, la agenda de las mesas será el documento del sábado 1 de febrero con el cual el presidente Trump anunció oficialmente la aplicación de 25% de aranceles de castigo a México por la falta de resultados en lucha contra el narcotráfico, aunque hay que señalar que se trata de un enfoque exclusivamente estadounidense.

Si México no exige que el presidente Trump borre del documento de la Casa Blanca los dos puntos que acusan a México de responsable del narco y sobre todo de las muertes por sobredosis de fentanilo de los adictos estadounidenses, entonces las negociaciones serán desde ahora previsibles: los funcionarios estadounidenses a nivel de gabinete van a fijar el documento oficial de Trump como marco de negociaciones sobre el tema del narco.

La declaración del 1 de febrero que –reitero– forma parte de los documentos oficiales de pronunciamientos del Gobierno de Estados Unidos también quedará en la historia de México porque fue realizada de manera oficial por el gobierno de EU. Y de acuerdo con algunas fuentes americanas, los negociadores de Estados Unidos no aceptarán argumentos, datos y cifras sobre decomisos y arrestos menores de México, sino que va a exigir planes mexicanos para desmantelar las estructuras del narco que funcionan a plena luz del día en estados dominados por los cárteles en, dice la Casa Blancas, “intolerable alianza con el gobierno de México”.

Si México no exige a Estados Unidos que borre del documento oficial del 1 de febrero el párrafo que acusa al Gobierno de México de cómplice del narcotráfico, las mesas de negociaciones entre los dos gobiernos estarán envenenadas por el marco referencial de la acusación del presidente Trump. En este sentido, el documento de la Casa Blanca puede ser entendido como una celada que Estados Unidos le pondrá a los funcionarios mexicanos.

México no debió de anunciar negociaciones con Estados Unidos sin haber exigido la anulación en el archivo oficial de la Casa Blanca de la declaración del 1 de febrero.

Política para dummies: la política es real politik.

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La tarea de analistas y gobernantes debe ser prioritaria en el diseño de un perfil psicológico político y de poder de Donald Trump, un empresario anti Estado, un político anti sistémico, un funcionario superficial que opera por instintos y no por conocimiento los sucesos, un jefe de gobierno que nombró funcionarios para operar al margen de la burocracia existente que domina las decisiones institucionales, un presidente de la nación más importante del mundo que no lee reportes estratégicos, que carece de una formación de seguridad nacional geopolítica y que toma decisiones a partir de sus propias percepciones superficiales y no dentro de la estructura del gobierno.

Cuando ganó la primera presidencia en 2016, toda la élite política internacional coincidió en su percepción de que se trataba de un político atrabancado, pero prevaleció la consideración de que Trump iba a aprender el ejercicio institucional del poder existente, que no iba a lograr cambios estructurales en la administración justamente del poder y que se movería dentro de las instituciones del Estado.

Pero las primeras reuniones de jefes de Estado en Europa se pasmaron al conocer el perfil del presidente de Estados Unidos –el país que sigue dominando el ritmo y el rumbo mundial– porque conocieron a un hombre de superpoder sin ningún interés de gestionar el poder, sino un altísimo funcionario que buscaba que el poder se comportara de acuerdo con sus percepciones, ya sean simbólicas, institucionales u obligatorias. Los choques de Trump con la lideresa europea Ángela Merkel mostraron que los políticos que gestionaban el rumbo del mundo vieron en Trump a un cabeza dura con incapacidad para entender la lógica del poder y sin ninguna intención de aprender el razonamiento de seguridad geopolítica de Occidente.

Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y sobre todo Marcelo Ebrard Casaubón lidiaron con Trump desde que irrumpió en la vida política estadounidense con su discurso militantemente antimigratorio en 2016 y los tres parecieron estar convencidos de que el Trump furioso contra la migración ilegal iba a aprender –como alguna vez dijo el presidente Luis Echeverría Álvarez– que “el poder no es poder hacer lo que uno quiera”.

Pero Trump no se decepcionó a sí mismo. Trump rompió todos los moldes previsibles que le quisieron aplicar y México sufrió la diplomacia vulgar y autoritaria cuando en 2019 Trump amenazó con aumentar aranceles si no se paraban las caravanas de decenas de miles de migrantes que eran –ciertamente– estimuladas por la diplomacia mexicana. El libro de memorias de Mike Pompeo que aquí se comentó en función de la confrontación migratoria México-EU dio las primeras pistas de que Trump no llegó a la presidencia a aprender lecciones de política tradicionalista sino que ganó la presidencia para imponer su voluntarismo unidireccional.

La reacción de la presidenta Sheinbaum ante la primera amenaza del candidato triunfador Trump sobre el 25% a todos los aranceles mexicanos si México no detenía la migración ni liquidaba los cárteles del narcotráfico fue superficial, careció de una preparación político-estratégica sobre los estilos de Trump para ejercer el poder, nadie le explicó o ella no entendió que Trump es un animal político en el estado de naturaleza que existió antes del Estado y no un hombre de la polis y dejó la impresión de Ebrard no le explicó quién era Trump o el excanciller tampoco entendió y ni pudo explicárselo y nadie en el aparato de procesamiento de información de Palacio Nacional para la toma de decisiones pareció haber leído con enfoque estratégico la relación de Pompeo con Ebrard.

Paradójicamente, Trump parece conocer mejor a los mexicanos que los mexicanos a Trump. Mientras Trudeau cachondeaba a Trump codo con codo, chiste con chiste, en Mar-a-Lago, México se envolvía en la bandera nacional y se enfilaba al Castillo de Chapultepec.

Política para dummies: la política es la esencia del poder.

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El voto demócrata cruzó la línea Maginot y se pasó al territorio del populismo puritano y racista de Trump y la sociedad progresista mexicana que había derrotado al PRI decidió optar por la oposición de derecha-ultraderecha que construyeron Claudio X. González, Lorenzo Córdova Vianello, José Woldenberg y la alianza PRIANREDE.

Los liberales estadounidenses y mexicanos abandonaron muy rápidamente el barco nel neoconservadurismo en modo del liberalismo y éste con un disfraz de socialdemocracia aguada que ocultó el neoliberalismo o derechismo económico y abandonó el espacio político-ideológico de un progresismo social que también fue aplastado por el neopopulismo.

La derecha neopopulista en Estados Unidos y el neopopulismo asistencialista México consiguieron realinear a la sociedad que se quedó sin el contrapunto de una izquierda socialista; el Partido Demócrata devino en una organización de lobbies corporativos que dominaron las decisiones del capitolio y sumieron a la sociedad norteamericana en una de las crisis sociales más graves de los últimos 50 años y en medio de esa desorientación y desarticulación social emergió el discurso populista conservador de Trump basado en el principio fascistoide del líder bonapartista que regresaría no la grandeza sino cuando menos mínimos de bienestar a la sociedad estadounidense que algún tiempo se presentó como el sueño americano del confort.

El reacomodo ideológico en México comenzó en 1988 cuando el Partido Comunista Mexicano de Arnoldo Martínez verdugo hizo emerger desde el fondo de su alma al priista que llevaba adentro y entregó las banderas de la izquierda socialista a la corriente pospopulista del cardenismo para disolver el simbolismo del PCM y dar a la luz al PRD en modo de priismo revolcado. López Obrador recogió esas banderas perredistas en el 2006 y construyó su movimiento populista –también en modo bonapartista–, en tanto que el PRD comunista-poscardenista fue deslavando su ideología bajo el control corrupto de los Chuchos –Ortega y Zambrano– hasta convertirlo en el partido que se puso a la cola de la alianza PRIAN-Claudio X—woldenberianos transicionistas y terminó apuntalando la candidatura ultraderechista de Xóchitl Gálvez Ruiz.

La sociedad progresista en México y Estados Unidos se fue ahogando en las contradicciones ideológicas del liberalismo ideológico conservador y el populismo personalista se consolidó en las figuras de Trump y López Obrador y la izquierda socialista fracasó en la que debe haber sido la tarea número uno de su corto plazo: la construcción de una ciudadanía, en tanto que el populismo bonapartista de derecha en EU y asistencialista en México desactivaron el potencial ciudadano para convertirlo en un lumpemproletariado sin ideas ni destino.

Las sociedades ciudadanas de México y Estados Unidos perdieron sus liderazgos políticos que le daban sentido a sus propuestas liberales y devinieron en masas beneficiarias del asistencialismo de Estado, en tanto que la parte más consciente de la sociedad se fue diluyendo ante la falta de liderazgos y proyectos sociales: Trump y López Obrador como figuras salvadoras en tanto liderazgos personales fuertes, pero con proyectos económicos alineados a los modelos del liberalismo moral en modo de neoliberalismo económico.

Trump y López Obrador deben ser estudiados como figuras de liderazgo en medio de confrontaciones ideológicas que carecieron de estructuras de dirección social y política para resumir sus propuestas justamente en el modelo bonapartista de concitar el apoyo de las clases dominantes empresariales y productivas para estabilizar crisis económicas que estaban ya rompiendo los acuerdos sociales mínimos, todo ello en medio de la parte más importante de este escenario de realineamiento ideológico social conservador: la crisis en la dirección económica de la empresa privada, el aumento del deterioro social y la incapacidad del Estado neoliberal para regresar a mínimos de bienestar.

Las victorias de López Obrador y Trump se deben analizar en el contexto del fracaso político e ideológico del centro-izquierda, de la lumpenproletarización de las masas no propietarias y de la transfiguración de la ciudadanía en pueblo-masa.

En Estados Unidos y México, pues, no ganaron Trump ni López Obrador, sino que perdió la izquierda socialista como último reducto de la ciudadanía.

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El dato más significativo lo dio a conocer el general divisionario Ricardo Trevilla Trejo en su discurso de toma de posesión del cargo de secretario de la Defensa Nacional en una imponente ceremonia castrense en el colegio militar de Tlalpan.

En su alocución, el general Trevilla aportó un concepto novedoso en la doctrina militar y lo llamó: “igualdad sustantiva” para asegurar y comprometerse a que se cumpla “la plena participación de las mujeres en todos los niveles y ámbitos (militares) que informa de las leyes y reglamentos”.

Reconoció que durante la gestión del general secretario Luis Crescencio Sandoval González aumentó el impulso castrense al papel de la mujer en la estructura institucional, pero anunció que “ahora es el momento de crear las condiciones para que ejerzan el mando y conduzcan a hombres y mujeres por igual para que lleguen a constituirse en inspiración para las nuevas generaciones”.

Este compromiso del general Trevilla Trejo es lo más revolucionario en la estructura social militar: anuncia que mujeres con grados máximos de generalas tendrán ya mando de tropas y espacios en los diferentes niveles de las estructuras castrenses y que en esa tropa también participarán mujeres como soldados en funciones y misiones, no solo en áreas activas de seguridad que hasta ahora eran exclusivas de los hombres.

Este compromiso y el concepto de “igualdad sustantiva” quedó grabado ya como el gran compromiso del área militar con la condición de género de la presidenta Sheinbaum Pardo como comandante suprema (el concepto de comandanta lo reconoce la Real Academia española como la compañera o esposa del comandante, pero tendrá ya que ajustarse el uso de comandanta como grado activo) de las Fuerzas Armadas de aire mar y tierra.

El otro anuncio de alto valor en la doctrina de seguridad que comienza para el gobierno actual lo refirió al general Trevilla Trejo en la decisión votada en las instituciones legislativas y cumpliendo todos los procedimientos constitucionales para adscribir a la Guardia Nacional a la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional, sin que pierda sus compromisos también de respeto a las reglas civiles. En este contexto, el nuevo secretario de la Defensa Nacional dijo que ese paso histórico en la consolidación de una fuerza de seguridad civil dentro de la doctrina militar constituye “su consolidación como Fuerza Armada permanente” y contribuirá “a aprovechar nuestra sólida infraestructura de manera similar como ha ocurrido en otros países”.

El posicionamiento del nuevo secretario de la Defensa Nacional fue muy claro en el anuncio de continuidad del papel de las Fuerzas Armadas de apoyo al desarrollo nacional en cumplimiento estricto a sus misiones constitucionales reconocidas en sus principales reglamentos. Lo dijo con claridad: “seguiremos siendo un aliado estratégico en el desarrollo de infraestructura y proyectos prioritarios del Gobierno federal, con total honestidad y rendición de cuentas. No habrá impunidad a quien se aleje de estos preceptos. En este punto quiero enfatizar que debemos estar conscientes que la seguridad y progreso nacional son aspectos fundamentales indivisibles para dar viabilidad al Estado mexicano, por lo que las Fuerzas Armadas seguirán jugando un papel fundamental en estos aspectos”.

Dentro de la doctrina que explica de manera constitucional el papel de las Fuerzas Armadas en esas estructuras del poder de gobierno mexicano, el nuevo secretario de la Defensa Nacional reconoció que en esa dependencia “se tendrán diversos ejes rectores para el fortalecimiento de los que hoy quiero destacar: el bienestar de los soldados, guardias nacionales y sus familias, y el desarrollo institucional y la seguridad y el progreso de México“, elementos que forman parte ya de la doctrina de seguridad interior de las Fuerzas Armadas que la Sedena ha consolidado a partir del 2018 y continuará en el sexenio 2024-2030.

Aunque era lógico, no estuvo por demás que el general Trevilla Trejo refrendara de manera significativa la disciplina constitucional e histórica de las Fuerzas Armadas en el aparato del poder político nacional: “hoy como ayer, los integrantes de las Fuerzas Armadas permanentes incluida la Guardia Nacional cerramos filas para escribir juntos con la sociedad y gobierno un nuevo capítulo en la historia de nuestro querido México”.

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Ante la falta de fuerza proletaria ideológicamente organizada de los trabajadores del Poder Judicial y los partidos de oposición desideologizados y ajenos a la sociedad, los diputados del PRI, del PAN y de Movimiento Ciudadano no tuvieron más argumento el martes en la sede alterna de la Cámara de Diputados que gritar que había muchos jóvenes estudiantes en la calle protestando contra la reforma judicial.
No ha faltado en la argumentación la referencia obvia al 68 estudiantil que fue estructurado y movilizado por la izquierda universitaria y la izquierda comunista para protestar solo contra la represión de granaderos y sin hacer ningún planteamiento democrático, ni presentar –como sugería José Revueltas– alguna propuesta concreta para reformular la educación superior que en ese entonces capacitaba los recursos profesionales del Estado priista ya conservador y la UNAM que funcionaba como aparato ideológico del PRI.

Algunos han escrito con timidez el recuerdo del grupo #YoSoy132, aquella protesta estudiantil que nació en la conservadora Universidad iberoamericana y que fue movida por los políticos Manuel Camacho Solís y Marcelo Ebrard Casaubón tratando de utilizarla como grupo opositor al apanicado candidato presidencial priista Enrique Peña Nieto en 2012. Aunque se colocó en el centro ideológico, el 132 estaba más inclinado al conservadurismo panista que a la entonces candidatura populista perredista de Andrés Manuel López Obrador.

Los grupos estudiantiles que protestaron ayer no configuraron ningún movimiento de masas y solo se identificaron como estudiantes de las escuelas de derecho públicas y privadas, sobre todo de la UNAM, pero sin aclarar que el área de derecho en la Universidad Nacional y en el Instituto de Investigaciones Jurídicas es el refugio político-ideológico del constitucionalismo conservador del PRI. Y en las escuelas privadas de derecho se capacita con buenos niveles de educación para el modelo económico de la empresa privada.
Por cierto, en redes sociales se identificó a uno de los dirigentes de los grupos estudiantiles universitarios que protestaron en los últimos días en las marchas en el Congreso contra la reforma judicial: Arturo Chaikovski, operador juvenil de manifestaciones en 2003 a favor de la coalición PRI-PAN y ahora identificado como presunto estudiante de la FES Aragón en la organización de protestas juveniles, aunque en sus mensajes aclarando que los participantes no deben estar afiliados –aunque él sí— a algún partido político, administración universitaria o autoridad.

Los estudiantes de derecho tienen razones suficientes para inquietarse y protestar contra la reforma judicial, porque su implementación estaría construyendo un nuevo sistema jurídico publico diferente al escalafonario y meritocrático que enseñan en las escuelas. Inclusive, y es la parte más grave del nuevo sistema judicial, todo el plan de estudios actual de las escuelas de derecho no va a servir para las nuevas reglamentaciones y leyes que implementaría la reorganización del aparato judicial con la reforma, y en consecuencia, los estudiantes que egresen del sistema educativo jurídico no tendrán funcionalidad en el nuevo Poder Judicial en curso.
Pero, aun así, las protestas estudiantiles tampoco alcanzaron a construir un verdadero bloque de poder como en el 68 o en el 2012 y solo quedaron en pequeños grupos que fueron a protestar a gritos al congreso y que rápidamente se trasladaron agitadamente a la Magdalena Mixhuca donde se estaba instalando el pleno para la discusión y aprobación de la reforma judicial. Los videos muestran a pequeños contingentes estudiantiles bloqueando las calles y confrontándose con la sociedad, algunos desgastándose en tratar de explicarles a los automovilistas que su protesta tenía razón porque se estaba instalando, decían, una dictadura judicial, ante la mirada atónita de quien no pudieron circular en las calles con sus vehículos.

Las referencias de los diputados a los estudiantes que protestaban en las afueras del improvisado salón de pleno legislativo carecieron de fuerza y de intencionalidad y quedaron en meras referencias que no provocaron reacción alguna entre los legisladores. Y hasta donde se pudo ver el martes, no hubo una sinergia o articulación orgánica de las luchas entre los trabajadores del Poder Judicial que fueron a defender su empleo y los estudiantes que protestaban contra el cambio en el modelo jurídico de la República porque les afectaba su ritmo de capacitación educativa.

Queda para la anécdota el hecho de que el abogado constitucionalista Ricardo Monreal Avila había sido exaltado por estudiantes de derecho por el tono de sus clases, pero el martes fue denostado por su papel central en la aprobación de la reforma judicial.

Política para dummies: la política como memoria puede ser una pesadilla.

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Ahora, después de las elecciones, y con la calma que viene después de la tormenta, deben releerse algunos textos en los que este grupo de intelectuales llegó a tergiversar la racionalidad política –a pesar de sus estudios posdoctorales– con tal de acomodar la realidad a sus deseos pasionales antipopulistas.

En febrero de 2024, en el tiempo político de la elección presidencial, el exconsejero del INE Ciro Murayama Rendon escribió un ensayo en la revista (A) Nexos para sacar su bola de cristal y sus cartas esotéricas y concluir que Morena perdería las elecciones de 2024 por una lectura sesgada de las alternancias habidas en México a nivel federal y estatal desde 2000.

Aunque usaba la información estatal, Murayama, con sus torcidos razonamientos escondidos, en realidad mandaba un mensaje sobre la presidencial: “actualmente hay más del doble de posibilidades de que un partido en el poder pierda las elecciones a que siga al frente del Ejecutivo local. Estas cifras (sus otras cifras) revelan que México vive una auténtica era de alternancias y que predomina el voto de castigo”.

A partir de su experiencia como segundo al mando político e ideológico del INE bajo la presidencia del consejero Lorenzo Córdova Vianello, Murayama se avienta el tiro de prever desde febrero que “por primera vez Morena tiene más que perder, seis entidades donde ya gobierna, que ganar”. Muy deprimido debe haber quedado el exconsejero electoral con el saldo real: Morena se alzó con la victoria en seis ciudades que gobernaba y de paso le arrebató al PAN el simbólico bastión de Yucatán.

El razonamiento del economista y politólogo Murayama fue más de deseo que de realidad: “la historia nos dice: en siete de cada diez elecciones locales triunfan las oposiciones; el partido que gana por primera vez un gobierno tiene más de la mitad de probabilidad de dejarlo en la siguiente elección; no hay fuerzas inmunes a las derrotas y es muy complicado regresar al poder tras perderlo”.

Con la elección presidencial en el escenario, el pronóstico de la bola de cristal de Murayama anticipó –desde su punto de vista, claro– la derrota presidencial de Morena: “el intenso pluralismo y la volatilidad caracterizan al electorado mexicano, no su adhesión incondicionalidad a uno u otro partido. Todo esto anticipa un buen número de alternancias locales en 2024 y en decenas de renovaciones de gobiernos en los años por venir”.

El tsunami morenista del dos de junio ahogó en su resaca la credibilidad de Murayama.

El intelectual que se entusiasmó en modo peronista con la candidatura de Santa Xóchitl fue el escritor Héctor Aguilar Camín, autor de libros sobre democracia y director de la revista (A) Nexos. En su columna del martes 4, dos días después del tsunami morenista, la capacidad de raciocinio político del intelectual puede resumirse en una palabra: el saldo electoral lo dejó con la boca abierta.

Su artículo se parece más a un mensaje en botella echado al mar desde la Isla de la Incomprensión (la R. mete su cuchara): reclama de manera severa que los mexicanos hayan votado por Morena a sabiendas de que viene, dice, una tiranía, una dictadura. El responsable de ese gran esfuerzo en el Instituto de Antropología e Historia para realizar fichas de más de 5,000 libros de política mexicana en toda la historia nacional confiesa socráticamente que sólo sabe que no sabe nada: “confieso que no entiendo esa pulsión profunda y mayoritaria de los votantes.” Y luego razona: “¿por qué han votado así? No lo sé. Me propongo explorar sus razones (quizá un posdoctorado de política social-electoral, aconseja la R.). Pero son claras sus consecuencias”.

Lo que no reconoce el intelectual orgánico de la derecha es que se trató de un acto democrático, aunque lo escribe sin entender lo que escribe: “los votantes mayoritarios del 2 de junio decidieron ponerse sin reservas en manos del siguiente gobierno, dándole los poderes necesarios para que haga lo que quiera con ellos”. Cualquier manual de ciencia política, dice con modestia la R., señala que eso se llama… democracia y que para eso votan los ciudadanos.

Y cierra su texto con un razonamiento irrazonable: “¿eso es lo que quieren los votantes? ¿Quedar en manos de lo que quieran sus políticos? No lo sé”.

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La decisión de echar mano de los militares para temas vinculados con la seguridad no fue del actual sexenio, sino que viene desde el punto clave en que el Estado priista abandonó el control directo de las bandas delictivas y se modernizaron e institucionalizaron las doctrinas de seguridad pública –es decir: de delincuencia común– en tanto que el desbordamiento de la inseguridad afectaba la estabilidad indispensable para la inversión, el desarrollo y el funcionamiento democrático republicano.

El relevo estratégico de viejos políticos priistas por tecnócratas en 1983 se reconoció en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno del presidente Miguel de la Madrid, el primero de largo ciclo de planeación nacional: la doctrina de seguridad nacional que se establecía en términos de defensa ante cualquier acoso intervencionista extranjero se trasladó a lo que la Constitución ya asumía desde el venero de la Constitución de Cádiz de 1812 y que después se extendería a las constituciones de 1824, 1857 y 1917: la seguridad interior como función del Estado para combatir a la delincuencia dentro de la República que afectaba la estabilidad política, democrática, económica y de desarrollo.

El problema ha radicado en que la fracción VI del artículo 89 constitucional establece con claridad la facultad presidencial para ejercer el criterio de seguridad interior en el mantenimiento de la estabilidad dentro de las fronteras, sin pasar por permisos legislativos especiales. Sin embargo, es de las pocas facultades constitucionales presidenciales que carece de ley reglamentaria y que ha tenido de manera paulatina ajustes en la Carta Magna para permitir que los militares auxilien a las fuerzas policiacas de seguridad en el combate contra grupos delictivos organizados que tienen capacidad de violencia superior a la de las policías convencionales.

Toda la larga lista de libros que se han publicado en los últimos tres años sobre las actividades de las Fuerzas Armadas en las tres seguridades –pública, interior y nacional– no se ha tomado el cuidado de revisar con doctrina jurídica las facultades legales de las leyes que amparan la actividad castrense y que se engloban, como lo recordó el presidente López Obrador el lunes 6 de mayo, en cinco misiones legales:

1.- Defender la soberanía nacional en un escenario internacional plagado de vientos de guerra e intervencionismos directos e indirectos, sobre todo de Estados Unidos que quiere meter militares americanos o misiles ofensivos en zonas presuntamente controladas por cárteles del narcotráfico dentro de México

2.- El cuidado de la seguridad interior como la función del Estado de participar en actividades que garanticen soberanías y derechos en zonas institucionales y territoriales que aparecen como objetivos de captura por parte del crimen organizado. Las Fuerzas Armadas han fortalecido la estructura de seguridad interior frente a grupos delictivos que tienen alta capacidad económica, de armas de fuego y criminal y que han sometido a zonas territoriales de la soberanía del Estado a sus intereses delictivos.

3.- La participación de las Fuerzas Armadas en el desarrollo social y en actividades que tienen que ver con garantizar el bienestar de mexicanos en zonas apartadas de la República o lejos de los intereses de las empresas comerciales y en actividades de construcción de infraestructura.

4.- Contribuir al desarrollo de México es una de las funciones y misiones de las Fuerzas Armadas que consta en sus documentos orgánicos y que permite la utilización de la capacidad del Ejército y la Marina en la construcción y mantenimiento de la infraestructura que de modo natural el sector privado desdeña por escasa utilidad empresarial.

5.- El papel fundamental, reconocido en el mundo, de la participación de las Fuerzas Armadas en labores de auxilio a la población civil en casos de desastre, como es el Plan DN-III que ha sido ya tomado por otros ejércitos del mundo para darle una funcionalidad práctica y social a la capacidad de organización de las Fuerzas Armadas.

El recordatorio presidencial sobre las misiones constitucionales de las Fuerzas Armadas exhibe la parcialidad de libros y estudios que desdeñan la función castrense en la estabilidad y soberanía de la República.

Política para dummies: la política, de nuevo Hobbes, revela que los pactos sin espada carecen de eficacia.

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