A esta generación nos tocó una de las etapas más inauditas de la era moderna. Guerras, sequías, hambrunas, desastres naturales, cambio climático, desigualdades crecientes, pobreza lacerante de millones de personas. Visto así, parece el Apocalipsis. Pero no, simplemente es una de las caras del cambiante mundo en el que vivimos.

Mientras se mantenga la incertidumbre sobre la intensidad y duración de la pandemia, las economías y las sociedades seguirán con cierres y paralizaciones intermitentes. Los avances de la vacunación presentan un ritmo insuficiente y reflejan grandes desigualdades entre los países según su nivel de desarrollo económico y social y, sobre todo, su capacidad financiera y de negociación para acceder a las vacunas.

Estos temas se sitúan en el centro de las reflexiones y las grandes tendencias en curso en las economías y sociedades a nivel mundial, y los efectos sanitarios de la pandemia y sus  repercusiones económicas, sociales y ambientales en nuestro mundo.

Todos tenemos tareas pendientes por desarrollar. Para llevarlas a cabo, deben participar los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado y otras partes interesadas, y sobre todo, se debe acelerar la acción para subsanar las deficiencias sistémicas en la implementación de la Agenda 2030 que establece la declaración política del Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible celebrado bajo los auspicios de la Asamblea General en 20191.

En México, las cosas no parecen ir también. En donde hay seres que matan por matar: inmigrantes, ciudadanos comunes, entre delincuentes a los que las autoridades ni buscan, ni investigan. Y  hay que darles abrazos, no balazos o en su defecto acusarlos con su mamá: grotesca premisa que arroja que México ha tenido los tres años más violentos en la historia reciente.

Aquí, la corrupción y los flujos ilícitos de capitales son el pan de cada día, por lo que se debe poner fin a la hemorragia financiera y robo que provocan la corrupción, la deuda pública y la evasión fiscal. Y qué decir de la distribución injusta de la inversión y el gasto público, ya que en muchas ocasiones las decisiones políticas sobre inversiones y gasto público no se rigen por criterios de justicia social, sino de conveniencia.

Otro dilema más es la acceso injusto a la información y exclusión de los espacios de toma de decisiones sobre políticas que influyen en nuestras vidas, donde hay un déficit democrático, falta de transparencia, escasez de mecanismos de participación ciudadana y debilidad de sistemas de rendición de cuentas por parte del gobierno a la ciudadanía, las élites capturan el sistema político en beneficio propio.

Qué decir del difícil acceso desigual al capital, conocimiento y la tecnología,  pues  nuestra posibilidad de progresar como individuos depende de la oportunidad que tenemos para acceder a conocimientos, tecnología y capital, muy simple: siempre la educación será la creadora de oportunidades.

México y el mundo tienen grandes retos para este 2022. Se deben de frenar las enormes causas que generan la desigualdad para que podamos reducir la tendencia actual, tan peligrosa, injusta e inaceptable.

Es más, solo así evitaremos que México y el mundo vuelva a recorrer los caminos que lo han llevado a sufrir unos efectos de la pandemia que han sido devastadores, que se han prolongado ya durante un año y que dificultan los avances hacia una rápida recuperación y un desarrollo sostenible.

Estamos ante uno de los retos más importantes de la humanidad y muy pocos sospechaban el giro que tomarían nuestras vidas. Hoy es una realidad de la cual no podemos escapar, no hay ser humano sobre la faz de la tierra que no haya experimentado un profundo cambio a partir de esta pandemia.

Nos tocó parar, aceptar, re-plantear y volver a organizar nuestro diario vivir. Hoy la invitación es mantenernos positivos y ponerle el pecho y el corazón a esta nueva realidad. Como en toda crisis, debemos aceptar cada parte del proceso de acomodación. Este proceso no es fácil, estar confinado no es natural para el ser humano.

Hoy, es anti-natural quedarnos en un lugar, pero nos tocó. Que el 2022 sea un año de logros, la humanidad, ha logrado sortear una y otra vez las tempestades. Que esta generación, sea la que quede en los hitos de la historia como aquella que logró sortear la vida en medio de una de las peores crisis sanitarias. Feliz 2022 a todos nuestros lectores.

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Auditar a decenas de entidades del gobierno federal, estados, municipios y alcaldías, conlleva por supuesto ataques cibernéticos. No hay que señalar con el dedo acusador, pero cuando están de por medio licitaciones, contratos y el manejo de recursos millonarios cuyo origen es el presupuesto, hay muchos involucrados que prefieren lanzarse al espionaje cibernético para rastrear como los están investigando. Les dicen, los “burócratas de cuello blanco”.

Es el caso de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que sabe que buscarán infiltrar sus sistemas informáticos, y al respecto, se protege con cinco empresas contra ataques cibernéticos.

En el oficio número UGA-A/091/21, del 10 de noviembre de 2021, mediante el cual se dio respuesta a la solicitud de información sobre el “contrato o contratos con las empresas que detentan la detección y protección de ataques cibernéticos a todas las instancias que integran a la Auditoría Superior de la Federación”, existe información relevante.

En cumplimiento del criterio 03/19, se identificaron del 10 de noviembre de 2020 a noviembre de 2021, cinco contratos en los que entre sus alcances se encuentra la detección y protección de ataques cibernéticos a la ASF, mismos que se encuentran vigentes, y se identifican con los números  ASF-UGA-DAJ-DGS002/2020, ASF-UGA-DAJ-DGS-003/2020, ASF-UGA-DAJ-DGS-005/2020, ASF-UGA-DAJ-DGS035-20 y ASF-UGA-DAJ-DGS-088/2020.

En información revelada a esta columna, se establece que junto con los beneficios del desarrollo tecnológico y la inminente transformación digital dentro de la ASF, también se generan nuevos riesgos y amenazas de seguridad sobre la infraestructura, redes, plataformas y servicios que la ASF utilizan para entregar sus productos a la ciudadanía.

Para justificar la contratación de firmas anti hacker, se estableció que resulta necesario y urgente adoptar las medidas necesarias para garantizar la continuidad y seguridad de sus servicios, así como la integridad y confidencialidad de la información en poder de la ASF, particularmente cuando se trata de datos personales.

De manera interna, el organismo dependiente de la Cámara de Diputados  cuenta con servicios de ciberseguridad en diferentes capas de la infraestructura tecnológica de la ASF, estos servicios constan de “seguridad perimetral” al contar con equipos firewall next generation, con los cuales se minimizan los riesgos de afectación por malware, intrusos, acceso no autorizados, y contra modificación de la información contenida en los portales de internet de la ASF.

De acuerdo a la operación de sus protocolos, se instaló un programa llamado “endpoints” para generar soluciones que monitorean los equipos portátiles, PC de escritorio conectados a la infraestructura tecnológica para detectar actividades sospechosas como malware, virus y ataques cibernéticos.

Para una navegación segura en sus sistemas, se utilizan soluciones de ciberseguridad para contener las amenazas provenientes de sitios web de mala reputación, así como para reducir infecciones de malware, virus y en el peor de los escenarios ransomware que codificaría la información de los equipos de la ASF.

Sobre “protección de pérdida de datos”, generaron una herramienta que tiene como finalidad prevenir las fugas de información confidencial de la ASF, que comprueben la validez de los usuarios que pueden enviar y recibir esta información, sin que esto implique un riesgo de seguridad de la información.

Uno más es el “acceso remoto seguro”. Según los datos, este mecanismo –acceso remoto seguro– protege la transmisión de datos confidenciales cuando los usuarios de la ASF acceden a las aplicaciones desde 23 dispositivos no conectados a la red interna de la institución que incrementen la productividad del personal.

Además utilizan un mecanismo de “cifrado de discos”, cuyo servicio de cifrado ayuda a proteger los datos en los equipos portátiles y equipos de escritorio para que solo puedan acceder a ellos personas con autorización.

Los enemigos cibernéticos están por todos lados. ¿Pero porqué la ASF se protege tanto contra delincuentes cibernéticos? La respuesta es sencilla, muchos son los auditados y buscan vulnerar los sistemas de la dependencia.

No hay que ser mal pensado, ¿cómo señalar con el dedo acusador a miles de funcionarios públicos de alto nivel que todos los años manejan millones de pesos del presupuesto y hacen desfalcos? No sean así, los ataques cibernéticos contra la ASF vienen de otro lado, la burocracia de “cuello blanco”, es bien portada.

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Los grandes conglomerados empresariales y las cadenas farmacéuticas, verán en el corto plazo un mercado multimillonario a causa del coronavirus. Tal y como ha quedado fehacientemente patente aquí hay un mercado masivo que todos se quieren comer, que representa mucho dinero, y mucho más en influencia geoestratégica. La salud de los ciudadanos para algunos es lo de menos, y tratan de vender únicamente una solución a un problema macroeconómico, facilitando alcanzar la inmunidad de rebaño.

Algunos fabricantes y dirigentes mundiales parecen preocuparse estricta y exclusivamente por dar una solución a la grave pandemia global.

En medio de la crisis sanitaria, por ejemplo, el laboratorio Pfizer que elabora con BioNTech una de las vacunas contra la Covid-19, se frota las manos y anticipa en todo el mundo una cifra de ventas de 33 mil 500 millones de dólares en 2022.

Un colectivo de ONGs internacionales entre las cuales figura Oxfam denuncia la situación de monopolio de estos grandes laboratorios y los precios exorbitantes que pagan los países para vacunar a su población.

Y es que el surgimiento de la nueva ola de contagios ha puesto nuevamente en atención sobre las condiciones y limitaciones de la oferta de vacunas a nivel mundial. La esperanzadora alternativa provista por la ciencia en tiempo récord para combatir la mayor pandemia del último siglo queda desdibujada por la evidencia de un avance lento y desequilibrado de la imprescindible y urgente necesidad de una vacunación mundial generalizada.

De todas formas, y por el juego de presiones y de intereses privados en juego, las negociaciones de vacunas en el marco de la emergencia sanitaria mundial tomaron una dinámica desequilibrada y perturbada. Por lo pronto, los vendedores han exigido a los gobiernos que las negociaciones sean reservadas, y de allí el misterio de los precios que se pagan] y de las exigencias planteadas en cláusulas contractuales que, de transparentarse, evidenciarían a la sociedad otras inconcebibles ventajas y prebendas exigidas por los oferentes (grandes pagos anticipados, condicionalidad de entrega, garantías de no exponerse a riesgos de juicios en tribunales locales, costos de logística y seguros y muchos más) y la subordinación y postración para el demandante.

Aquí en México la información sobre las compras ha sido reservada por cinco años. De manera reciente, India y Sudáfrica presentaron una propuesta común ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) solicitando la suspensión temporaria de los derechos de propiedad intelectual relacionados con las vacunas y tratamientos contra el Covid-19.

Como era de esperarse, ésta fue rechazada en un principio  por los países más desarrollados como Estados Unidos, la Unión Europea y Gran Bretaña, de donde por cierto son originarias empresas proveedoras actuales de vacunas, alegando que una restricción al derecho de propiedad intelectual podría ser considerada una usurpación y limitaría el incentivo privado para realizar futuras inversiones en investigación y desarrollo.

América Latina debe tomar un rol activo ante un debate que ha comenzado a abrirse a nivel mundial y que debe reforzarse ante tanta desproporción y desequilibrio en la accesibilidad a las vacunas. Paradójicamente, en el caso de las vacunas contra el Covid-19, no se justifica el reclamo de una renta tecnológica garantizada a largo plazo con el monopolio de patente reclamado por las empresas por un periodo de 20 años.

Las inversiones de éstas fueron realizadas en forma abrumadora con fondos y el apoyo de los países a través de enormes subsidios, anticipos de compras a riesgo, puestas a disposición de institutos de investigación pública, y ayuda directa a la realización y seguimiento pruebas de campo. La desgracia mundial tiene a sus ganadores, y será en breve que la comercialización de la vacuna tendrá un latente mercado en puerta. Veremos.

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Si de ahorrar recursos públicos se trataba, las cosas no han quedado tan claras. La cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) será sin duda el mito financiero de la actual gestión por diversas aristas. Por lo pronto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), ha negado una y otra vez a esta columna la información de todas aquellas empresas privadas que los demandaron por cancelar contratos. E incluso, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha sido desmentida por el gobierno de la 4T, cuando reveló que los costos por cerrar la obra tuvo un elevado margen financiero a lo previsto.

Un informe en poder de esta columna realizado por el organismo dependiente de la Cámara de Diputados, titulado “Razones para la cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto en Texcoco”, establece que el NAICM tuvo un costo 232% mayor a lo previsto por el gobierno del presidente  Andrés Manuel López Obrador.

El incremento en los recursos, simplemente ascendió a 331 mil 996 millones 517.6 mil pesos, monto que aún por los largos litigios podría incrementarse.

Y es que de acuerdo con la ASF, la administración actual estimaba un coste de 100 mil millones de pesos, sin embargo, la diferencia alcanza los 231 mil 996 millones 517.6 mil pesos.

De acuerdo al documento, se identificó que el costo total de la cancelación del NAICM estimado por la ASF de 331 mil 996 millones 517.6 mil pesos, es superior al costo de 100 mil millones de pesos calculado por la SCT.

Hay algo revelador que establecieron los auditores. Esto fue que la SCT consideró la inversión ejecutada y el valor de la terminación anticipada de los contratos, “pero no incluyó las implicaciones derivadas del esquema de financiamiento definido para la construcción, ni los costos legales involucrados”.

Dentro del costo total de la terminal aérea, 163 mil 540 millones 720.5 mil pesos, equivalente al 49.3%, fueron por gastos ya erogados a 2019, que incluye no los no recuperables de la inversión ejercida en el periodo 2014-2018, por 70 mil 497 millones 352.1 mil pesos; además de la terminación anticipada de los contratos y convenios de obra, adquisiciones y servicios  por 7 mil 629 millones 862.8 mil pesos.

Por su parte, los costos derivados del esquema de financiamiento para la construcción del proyecto, relativos a la recompra del 30.0% de los bonos emitidos por 50 mil 887 millones 785.8 mil pesos; la liquidación de certificados bursátiles de la Fibra-E  por 34 mil 27 millones 215.6 de pesos.

Los costos legales derivados de la cancelación del proyecto por 498 millones 504.2 mil pesos; además de 168 mil 455 millones 797.1 mil pesos por costos adicionales que se derivan de obligaciones pendientes para la cancelación (la liquidación de la totalidad de los bonos emitidos, contratos pendientes de liquidar, así como juicios y demandas en proceso.

La última palabra no está dicha. Este informe ya es examinado por un equipo de auditores del mismo organismo independiente al que realizó la primera revisión. Además de que ya metió la mano el Comité de Integridad Institucional, que busca prevenir, identificar, atender y dar seguimiento a conductas contrarias a su política de integridad, así como posibles conflictos de intereses.

Es decir, se está examinando el proceso de la auditoría hecha al cierre del aeropuerto, para hacer las aclaraciones pertinentes en relación con los costos presentes y futuros de la realización del proyecto.

Pero como puede ser posible que se ponga en tela de juicio, una auditoría generada por una de las instituciones más respetadas dentro del gobierno. “La política de integridad de la ASF indica que a fin de generar confianza y credibilidad en la sociedad, se debe garantizar que los servidoras públicos y el personal que se contrate para realizar un trabajo en nombre de la institución, guíen su actuar acorde con los principios, valores, reglas de integridad y los criterios rectores señalados en los códigos de ética y de conducta, así como las directrices para prevenir conflicto de interés”, estableció el organismo.

Los códigos de ética aquí no caben. Son costos y punto. ¿Cuánto se pagará realmente por cancelar Texcoco? ¿Algún día lo sabremos?

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Los juniors de la élite política durante la época del PRI y el PAN, tenían acceso a todos los nichos de inversión. Las relaciones políticas del más alto nivel por parte de sus familiares o concretamente de sus padres, los mantenía en negocios donde pocos podían incursionar como lo es la industria petrolera. Este fue el caso de Gonzalo Gil White, hijo de Francisco Gil Díaz, todo poderos secretario de Hacienda con Vicente Fox, y de José Antonio Cañedo White, sobrino de Guillermo Cañedo White, un influyente socio-empresario en Televisa y adentrado en el sector del deporte a nivel mundial.

Documentación en poder de esta columna, revelan como Gonzalo Gil y José Antonio Cañedo fueron herederos de Perforadora Oro Negro, una empresa que entró a negocios con Petróleos Mexicanos (Pemex) de la mano de poderos ex funcionario panistas y priistas, y que hoy, lejos de terminar sus problemas legales con la 4T, se dirimen arbitrajes legales en el extranjero y se negocia la recuperación de 500 millones de dólares que Afore Citibanamex y SURA ingenuamente invirtieron en la firma como socios. Los perdedores: miles de trabajadores que ni enterados están que invirtieron sus ahorros en una empresa en quiebra y con pleitos legales.

Oro Negro fue constituida en 2009 e inició operaciones en el negocio del petróleo en 2012 durante el gobierno del ex presidente Felipe Calderón, fue fundada por el ex secretario de Hacienda (2000-2006), Francisco Gil Díaz, y los ex directores de Pemex, Luis Ramírez Corzo, y Juan José Suárez Coppel, amplios conocedores del ramo energético.

La empresa adquirió mediante deuda contraída en el extranjero, a cinco empresas que ellos mismos crearon: Fortius, Laurus, Primus, Impetus y Decus. Hace un mes aproximadamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó el amparo de Oro Negro, quien demandó a Pemex por más de mil millones de dólares. La empresa perforadora, buscaba demandar a la paraestatal por el presunto incumplimiento de contratos de arrendamiento de cuatro, de sus cinco plataformas marítimas. Asimismo, se confirmó la orden de aprehensión en contra de Gonzalo Gil White,  por haber desviado más de 650 millones de pesos del grupo Oro Negro.

El pleito se originó en 2017 con Peña Nieto en la presidencia y Emilio Lozoya al frente de Pemex, cuando cayó el precio del petróleo, en ese periodo, Pemex buscó renegociar los contratos de las plataformas de perforación Primus, Laurus, Fortius y Decus, propiedad de Oro Negro, a lo que la empresa se negó y demandó por incumplimiento.

Posteriormente, Oro Negro se declaró en quiebra. La intervención judicial de la empresa reveló manos manejos por parte de sus principales directivos Gonzalo Gil y José Antonio Cañedo. Ambos, actualmente prófugos de la justicia.

Pero esto está lejos de acabar. Los accionistas de Oro Negro, han denunciado una presunta persecución sufrida en nuestro país donde tienen abiertas ocho investigaciones penales, por lo que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) con sede en Toronto, Canadá,  tiene en curso un arbitraje abierto contra fiscalías mexicanas.

Una de ellas es la Fiscalía General de la República, por lo que el tribunal de arbitraje le ha ordenado proporcione información relativa a dos investigaciones en contra de Oro Negro, según la Resolución Procesal Número 6 del tribunal y “para que se abstenga de agravar la controversia con medidas injustificadas”.

En junio de 2018, accionistas de la petrolera fundamentaron el origen estadounidense  de Oro Negro y presentaron este arbitraje contra México en CIADI invocando el entonces Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), acusando a Pemex de haber dado un trato preferencial a otros competidores.

La Resolución Procesal Número 6, ha ordenado a México que “haga todos los esfuerzos para colaborar para que el arbitraje se lleve a cabo de manera efectiva, y que se abstenga de adoptar cualquier medida no justificada que pueda agravar la controversia, por lo que solicita que proporcione información concreta sobre la existencia de cualquier investigación en contra de Oro Negro”.

Se sabe, incluso, que Citibanamex denunció ante el juez que lleva el concurso mercantil de quiebra de Oro Negro, para pedir la protección de sus intereses como titular de 49.36% de las acciones de esa empresa, esa participación, la obtuvo en 2013 mediante una inversión de su Afore en Axis Capital, un fondo creado por Gonzalo Gil White.

En síntesis, nada se sabe del Fideicomiso Accionista de Integradora de Servicios Petroleros Oro Negro número F/169852, que se hizo de casi la mitad de Integradora de Servicios Petroleros Oro Negro a través de diversas inyecciones de capital mediante un instrumento denominado CKD Axis 1.

De esta manera, Axis se convirtió en el mayor accionista de Oro Negro lo que volvió a Oro Negro en una compañía mayoritariamente propiedad de trabajadores mexicanos a través de sus ahorros en fondos de pensiones desde 2013. Hoy, no se sabe nada de esos 500 mdd en inversiones por la cadena de litigios. Esta, es sólo parte de la herencia silenciosa de Calderón-Peña: el caso Oro Negro.

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Media docena de gubernaturas que se disputarán en México el próximo 5 de junio de 2022, serán el laboratorio de cómo están organizadas las fuerzas políticas más representativas del país, además de que en esta contienda se incluye uno de los estados más importantes de la 4T por ser una de las entidades con más rezago social: Oaxaca.

De cara a esta contienda proselitista, los gobernadores que dejarán su cargo, al que llegaron en 2016, son cuatro panistas: Francisco Javier García Cabeza de Vaca en Tamaulipas, Martín Orozco Sandoval en  Aguascalientes, José Rosas Aispuro, de Durango, y Carlos Joaquín González de Quintana Roo; mientras que Alejandro Mural en Oaxaca y Omar Fayad en Hidalgo, son militantes del PRI.

Por el momento, de las seis gubernaturas que se disputarán el próximo año, el PAN ya dio por perdidas cinco y sólo tiene esperanzas de ganar la de Aguascalientes. Marko Cortés, presidente del blanquiazul, compartió el pronóstico con militantes panistas en Aguascalientes, a quienes apremió a conservar la unidad para no dejar ir la plaza.

Dicho sea de paso, Oaxaca y Tamaulipas, son estados de vital importancia para Morena la primer semana de junio de 2022, las cuales marcarán la segunda etapa del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aprovechando la polémica dentro del PAN por los dichos de Marko Cortés vaticinando un fracaso electoral de la oposición en las elecciones del año próximo, Mario Delgado, dirigente de Morena, ha salido a la plaza pública anunciando la estrategia electoral de Morena, y afirmando que irán por las seis gubernaturas en juego en el 2022.

De manera reciente, el líder morenista ratificó la alianza con el Partido del Trabajo, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, con los que competirán bajo la coalición de “Juntos Haremos Historia”, tal como lo hiciera en la mayoría de los estados en las 15 elecciones a gobernador que se celebraron este año.

Pero pongamos una especial atención a un estado en particular. A Oaxaca, el presidente le ha puesto especial dedicación y empeño, con cerca de 23 giras, el aumento del padrón de beneficiarios de los programas sociales, incluida la construcción de caminos vecinales con el uso de mano de obra local.

Y es que luego de que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Morena emitió la convocatoria para el registro de aspirantes a candidatos a las seis gubernaturas que se disputarán en 2022, 12 aspirantes, hombres y mujeres, anunciaron su inscripción con la intención de abanderar a este partido en Oaxaca.

Uno de ellos es el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Luis Antonio Ramírez Pineda.

Licenciado en Economía por el ITAM, y con una Maestría en Política Social y Planeación en la London School of Economics and Political Science; Ramírez Pineda busca apuntalarse como uno de los serios aspirante al gobierno del estado.

El reto para esta plaza histórica, sin duda es de gran relevancia para la 4T. Ubicado en la región suroeste de México, Oaxaca es el tercer estado con mayor porcentaje de su población en condiciones de pobreza con el 66.4% de su población, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).  De 2008 a 2018, éste porcentaje se incrementó al pasar de 61.8 a 66.4%, incluso, en 2016, representó el 70.4 por ciento.

En cuanto a la población en condiciones de pobreza extrema, si bien hubo una reducción de 5.1% en los últimos 10 años –según el Coneval– hoy el 23.3% de su población se ubica en esa condición, lo que lo coloca como la tercera entidad con más habitantes con carencias por debajo de la línea del bienestar, sin duda, un reto para la 4T.

Los datos son poco halagueños para los habitantes de Oaxaca, pues el 76% aún carece de acceso a la seguridad social, el 58% de servicios básicos en la vivienda y el 27% a la alimentación.

Oaxaca, necesita un gobierno moderno… y en Morena lo saben. La excelente relación del presidente López Obrador con Ramírez Pineda, le da un voto de confianza al director del ISSSTE, el otro, se lo tendrá que dar la encuesta con que elegirán a su candidato para 2022. Las elecciones rumbo al 2022, comienzan a encenderse.

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Los acontecimientos ocurridos con la muerte del joven actor Octavio Ocaña a manos de policías municipales de Cuautitlán Izcalli, no es un caso aislado. Desde hace unos años, el actuar de estas unidades de seguridad pública han sido puestas en entredicho: actúan con prepotencia con vendedores ambulantes, no tienen protocolos de actuación y muchas veces mueren los detenidos, son golpeados, nunca escuchan argumentos legales y son violentos. Me consta.

El resultado es una desconfianza pública extrema acerca de la aplicación de la ley, la falta de una denuncia correspondiente a la mayor parte de delitos y la ausencia de una investigación de los pocos delitos que se registran. Una desbordante impunidad ha llevado a muchos tomadores de decisiones, así como ciudadanos, a ver al cuerpo policial municipal en términos de una “causa perdida”.

Sin embargo, existen evidencias disponibles que comprueban que sí es posible una reforma a las policías municipales para que puedan combatir el delito de manera eficaz y responsable. Para efectuar un cambio tal, los gobiernos federal, estatal y municipal deberán invertir en exhaustivos esfuerzos de reforma policial que generalizan capacidades investigativas y la debida capacitación de policías para cuando éstos interactúan con ciudadanos y víctimas.

Una evaluación. El 23 de septiembre de 2020, World Justice Project y el Mexico Institute del Wilson Center convocaron en conjunto una mesa redonda virtual a fin de hablar de problemas interrelacionados que surgen de la impunidad y la inseguridad en México, así como del papel del cuerpo policial municipal en su forma de obstáculo y a la vez agente de cambio.

A grandes rasgos, ahí se estableció, que en la gran mayoría de casos criminales —tales como asaltos, robos y fraudes— la mayor parte de la población mexicana suele tratarse sólo con policías locales. El INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) ha realizado encuestas que demuestran que las percepciones de ciudadanos acerca de su seguridad personal, tienen una correlación directa con la confianza que tengan en cuerpos policiales municipales.

Tal hallazgo sugiere que los retos a que se enfrenta la seguridad en México no pueden resolverse tan sólo a través de cuerpos policiales federales. El país, por ende, enfrenta una paradoja con notables implicaciones en términos de política pública: mientras los cuerpos policiales municipales son en gran parte los responsables de la impunidad y las causas de ésta, esos mismos cuerpos, para los expertos, deberían constituir una parte principal de las soluciones.

Hay que ser claros: en México, no se investiga, ni mucho menos se cierran la gran mayoría de casos criminales, debido a una ambigüedad legal, se descartan la mayor parte de denuncias. Pese a que los policías son los primeros respondientes, se les prohíbe recibir denuncias. Si alguien llega a ser la víctima de un delito menor, probablemente no va a estar tan dispuesto a pasar horas en el Ministerio Público a causa de un agravio de que cree seguro no se va a resolver.  ¡Si no se denuncia la infracción, tampoco será investigada!

Esta tendencia ha empezado a cambiar, por ejemplo, algunos cuerpos policiales locales en México incluso presentan denuncias digitalmente; práctica que sin embargo resulta poco común, ya que las investigaciones policiales de delitos deberán ser inteligentes, estratégicas y contar con una clara orientación comunitaria.

Los datos no son nada alentadores para la policía municipal.  Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSPU) esta institución es la peor evaluada ya que el 52.2 % de la población externó se desconfianza ante esta autoridad.

Peor aún, de los dos mil 439 municipios, más de 400 no cuentan con policía municipal, el 40.5 % de los policías perciben entre mil y cuatro mil  pesos mensuales, el 20.4% gana menos de mil pesos al mes, el 68.3% de los policías municipales tiene un nivel de educación básica, y existe un analfabetismo de casi un 2% en sus filas.

Se trata de encontrar una salida a este dilema. Los policías municipales no pueden seguir violentando derechos humanos. Se deben de encontrar fórmulas de entendimiento entre la autoridad y el ciudadano. La civilidad, es lo que más nos hace falta en este momento. Y todos debemos cooperar.

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La frontera común entre México y Estados Unidos sufre de graves problemas históricos. Para nadie es un secreto que esta vecindad, ha generado infinidad de controversias binacionales para uno y otro lado de la línea divisoria entre ambas naciones. Ahí, todos los días ruedan miles de millones de dólares, pero no por el intercambio comercial, sino por el tráfico de drogas, la venta ilegal de armas, el flujo ilícito de ciudadanos, la venta de niño(a)s, la trata de personas, el comercio sexual y cientos de delitos que se cometen a diario.

Para ambas administraciones, es de vital importancia que se desarrollen acuerdos para minimizar estas contrariedades sociales que pone en riesgo miles de vidas. En pocas palabras, Estados Unidos pone a los farmacodependientes, y México, a los muertos.  Pero la realidad es otra. De manera oficial,  la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)  informó mediante una petición de información que los acuerdos generados entre ambas naciones se dan “de forma verbal”.

Recordemos que el pasado 16 de enero de 2020, hubo una visita oficial de una delegación de Estados Unidos encabezada por el fiscal general, William Barr; el embajador, Christopher Landau; el subprocurador general asistente, Bruce Swartz; el ministro consejero de la embajada, John Creamer; el coordinador de asesores del fiscal general, Brian Rabbitt y el agregado jurídico de la embajada, John Capinen.

Estos funcionario estadounidenses, se reunieron con los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo (ahora gobernador de Sonora); de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; de Gobernación, Olga Sánchez (ahora senadora); de Defensa Nacional, general Luis Crescencio; de Marina, almirante José Rafael Ojeda; el consejero jurídico del Ejecutivo Federal, Julio Scherer; el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía; el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto; el jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, general Homero Mendoza; el jefe del Estado Mayor de la Armada, almirante Rosendo Escalante; el procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero y el secretario general del Centro Nacional de Inteligencia, Francisco Acuña.

Pues bien, para analizar qué fue lo que se pactó de manera oficial, se pidió copia de todos los documentos que contengan información acerca del programa común binacional para reducir el tráfico de armas, drogas y recursos financieros de las redes de delincuencia transnacional, en tierra, mar, puertos y aeropuertos, que se acordó durante la visita a México del fisca William Barr el 16 de enero de 2020.

Al respecto, la “oficina del canciller” señaló que no contaba con facultades para conocer de lo peticionado, en tanto que la Dirección General de Comunicación Social, precisó que después de realizar una búsqueda en sus archivos electrónicos y físicos no había localizado la información solicitada, “ya que en la reunión referida por la persona particular no se había firmado documento alguno y que los compromisos habían sido tomados de forma verbal, puntualizando que no era necesario declarar su inexistencia de manera formal”.

Se me informó que la SRE no respondió satisfactoriamente el derecho de acceso a la información del particular, aunado a que fue omisa en turnar a todas sus unidades administrativas competentes tales como la Subsecretaría de Relaciones Exteriores (SSRE); la Subsecretaría para América del Norte (SSAN) y la Dirección General para América del Norte (DGAN).

Mediante un recurso de revisión, argumenté que estas instancias de conformidad con la normatividad de la SRE, son competentes para conocer de lo requerido, ya que se encargan, entre otras cosas, de suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, autorizar la celebración de convenios y bases de colaboración; coordinar las acciones en el exterior de las dependencias y entidades gubernamentales; así como, elaborar informes y análisis políticos para la formulación de la política bilateral con las regiones del área.

Además, expuse, que se encargan en representar a la SRE en foros y eventos nacionales e internacionales, suscribir acuerdos; así como para servir de conducto institucional para transmitir instrucciones sobre asuntos de política bilateral a los titulares de las representaciones diplomáticas.

Todo fue inútil: los acuerdos de primer nivel con la Unión Americana son letra muerta. La SSRE, manifestó de manera tajante, “que esa Subsecretaría no intervino de ninguna forma en los preparativos de la visita a México del fiscal William Barr, ni en la reunión de seguimiento a esta visita. Tampoco se recibió copia de conocimiento de algún documento como los que requiere el solicitante”.

Por su parte, la SSAN mencionó que el subsecretario para América del Norte no tomó parte del encuentro, por ende no se generó documentación al respecto. En tanto,  la Dirección General de Asuntos Especiales (DGAE) planteó que ningún funcionario de esa Dirección General participó en el desarrollo de la visita del Fiscal General de EU a nuestro país y “no ha recibido documentos ni información relacionados con la visita en comento”.

Debemos ser claros: la frontera México-Estados Unidos y, en general, las relaciones entre los dos países han sido un espacio y un marco para la cooperación y la definición de retos transfronterizos. En la actualidad, los problemas de violencia, inseguridad y crimen organizado han cuestionado severamente la estabilidad fronteriza y la seguridad nacional de ambos países.

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Sobre el ambiente histórico nacional a causa del asesinato de candidato presidencial de 1994, Luis Donaldo Colosio Murrieta, siempre habrá un villano favorito llamado Carlos Salinas de Gortari. Durante el sepelio del sonorense, Salinas llegó muy solemne a dar el pésame a la viuda Diana Laura, pero cuando se acercó al féretro a realizar una guardia de honor, se llevó tremenda abucheada y el grito de los asistentes de “él fue, él fue, él fue”. El colmo fue el montaje de Salinas de Gortari, ya como ex presidente, cuando se declaró en huelga de hambre en una casa de la ciudad de Monterrey, para lograr hablar con el presidente de ese entonces Ernesto Zedillo y que éste manifestara públicamente que él, no estaba involucrado en el asesinato de Colosio.

De acuerdo al expediente al que se tuvo acceso, generado en 1996, cuando Luis Raúl González Pérez era el subprocurador especial de la entonces PGR para investigar el caso, sobre salen 52 tomos que contienen 20 mil 455 fojas, más 110 anexos y 182 ampliaciones de declaración, lo que suma un total de 732 atestados ministeriales, se formularon 245 solicitudes de información a diversas dependencias, 191 investigaciones de la Policía Judicial Federal y 168 dictámenes periciales.

Por si fuera poco, según el documento, se habían recabado 550 declaraciones, pero hay cinco en especial de estos personajes: Manuel Camacho Solís (†), José Córdoba Montoya, Manlio Fabio Beltrones y Ernesto Zedillo. Y  una más, con fecha  26 de noviembre de 1996, dirigida a Luis Raúl González Pérez –cuarto subprocurador especial designado– firmada por Carlos Salinas de Gortari.

En esta declaración, al ex mandatario federal establece algunas importantes revelaciones. “Deseo afirmar primero que todo y sin equívoco alguno, que las filtraciones y acusaciones que se han hecho circular en mi contra en  el curso de los últimos meses, y hasta el día de ayer en torno al asesinato de Luis Donaldo Colosio, son absolutamente falsas e irresponsables, y carecen de todo fundamento”.

Carlos Salinas expuso que el crimen en contra de Luis Donaldo Colosio, “fue, y que quede muy claro, un golpe tremendo en contra mía y de mi gobierno. Si alguna estrategia política quedó dañada a raíz del crimen,  fue la que compartimos Colosio y yo con las principales fuerzas representativas de la sociedad mexicana”.

Siendo el personaje público más informado de su momento, y que orquestó diversos movimientos estratégicos como el envío del ex gobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones a entrevistarse con el autor material, Mario Aburto, dijo. “No tengo ninguna información con relación a la autoría material del atentado, que no sea la que se ha generado en el curso de las investigaciones. Como bien se sabe, las investigaciones que se llevaron a cabo en el curso de mi administración, coincidieron en la responsabilidad directa del asesino confeso, Mario Aburto”.

Salinas detalló no tener tampoco información “con relación a la autoría intelectual, si ésta fue otra que la del propio asesino, aunque tampoco puedo asegurar, por no tener las bases para hacerlo, que no ha existido al momento una conspiración por detrás del atentado”.

Sobre el discurso que pronunció Colosio el 6 de marzo de 1994 en el Monumento a la Revolución, y que el círculo rojo identificó como un distanciamiento, expresó. “Y del cual, se han querido hacer infundadas interpretaciones me permito comentar que en la historia de las campañas presidenciales del PRI, muestran que los candidatos van tomando su propio perfil, lo que se refleja en sus pronunciamientos públicos”.

Un punto central que señaló fue sobre la seguridad del candidato, al respecto dijo que fue el propio Luis Donaldo Colosio quién le pidió expresamente que su jefe de seguridad fuera el general Domiro Roberto García Reyes. “Luis Donaldo me explicó que tenía muy alta estima al desempeño del general Domiro García, como responsable de la seguridad en las visitas de su Santidad el Papa a México”.

Sin lugar a dudas en este país, la muerte de Colosio desató una crisis política, social, económica y de inseguridad que hasta la fecha no se ha detenido. En pocas palabras, asesinar a un candidato presidencial, bajo un evidente magnicidio orquestado develó a una nación descompuesta en sus entrañas administrativas. Nadie fue y nadie supo. Cuando la pregunta fue directa al poderoso creador de la inteligencia política y extinto Fernando Gutiérrez Barrios sobre quién mató a Colosio, sólo asistió: “Fuente Ovejuna, todos y nadie”.

El 23 de marzo de 1994 México empezó a cambiar, el país entró en un proceso de violencia que 27 años después todavía no cesa, porque vivimos en una estructura social, que para mal, se puede todo. Cuando el mismo ex presidente de la República, según sus argumentos, no supo que pasó, comenzó  el verdadero problema: la impunidad.

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Esto no es habitual. Simplemente es un asunto de seguridad nacional. Resulta que como seguimiento al monopolio que tiene General Electric para la recarga de los dos reactores nucleares de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, se pidió el contrato de la empresa que actualmente detenta esta recarga que venció en 2020, y sorpresa, resulta que no están en periodo de recarga según la respuesta oficial de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que es muy peligroso para la actividad de generación de energía y para la estabilidad de los reactores con que opera.

De acuerdo a la solicitud de información con folio 1816400246521, se solicitó a la CFE, el “contrato o contratos con la empresa que detenta la recarga nuclear, en actual proceso o periodo, de los dos reactores que operan en la Central Nuclear de Laguna Verde, ubicada en Veracruz”.

Le cuento amigo lector, la respuesta simplemente fue sorprendente. “Se envía la siguiente respuesta en atención a la solicitud de información No. SAIP-21-2465, por parte de la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas (GCN) de la Comisión Federal de Electricidad, se informa que la Central Nuclear actualmente no se encuentra en periodo de recarga, por lo que se declara inexistente la información solicitada, de acuerdo con el criterio 7/17 emitido por el pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales”.

Cabe señalar que bajo el clandestino escenario de la opacidad administrativa, se encuentra el caso del contrato de la Adjudicación Directa Internacional número ADI-CI-006-16 para la contratación del “suministro de ensambles de combustible nuclear y sus servicios asociados de ingeniería” para la Central Termonuclear de Laguna Verde, celebrado entre la CFE y la empresa Global Nuclear Fuel-Américas (GNF), LLC, firmado el 15 de febrero de 2015 y que venció el 25 de septiembre de 2020, valuado en 64 millones 411 mil dólares.

Y es que una auditoría interna realizada a este procedimiento de licitación realizado por Transparencia Mexicana, revela un largo y tendencioso proceso de concurso, por parte de CFE, cuando la paraestatal era dirigida por Enrique Ochoa Reza, para favorecer a Global Nuclear, una empresa propiedad mayoritaria de la estadunidense General Electric.

Esta información establece que por el momento, la Central Nuclear ha quedado sin un proveedor de manera formal, cuando la documentación establece que el contrato para el “suministro de ensambles de combustible nuclear y sus servicios asociados de ingeniería” venció hace un año aproximadamente, lo que pone en el limbo de gestión a la empresa atómica, por lo que el actual titular de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, deberá enfrentar una nueva licitación cuyos costos para este tipo de contratos rondan los 65 millones de dólares.

Según este informe, hasta ahora se ha dependido de un sólo fabricante y se ha tenido que adquirir el combustible extraído a base de “uranio natural” bajo un contrato suscrito hace 5 años, en el cual, muchas de las actividades que se realizan no estaban bien definidas en sus planteamientos desde antes de la firma del convenio internacional.

En el ambiente político y de los expertos en energía atómica, se pide que la CFE “habrá” el concurso de licitaciones internacionales y considerar otros proveedores para hacerse del “combustible nuclear”, para lograr mayor independencia, y bajar los costos en relación con los fabricantes de este tipo de energéticos que operan en todo el orbe.

En contexto, fue a finales de 2014 cuando la Central Nuclear, realizó bajo la solicitud de pedido 500547964, la apertura de una licitación internacional para adquirir “combustible nuclear”, dado que vencía el contrato con General Electric firmado en 2009. La pesquisa sobre este proceso de licitación, detalla que su justificación se sustentó “en el suministro de ensambles de combustible nuclear tipo GE14, para seis recargas en las dos unidades de la Central Nuclear, así como los servicios de ingeniaría asociados consistentes en el diseño de los ensambles, fabricación y soporte de las recargas, incluidos los servicios de monitoreo en los ciclos en que operen los ensambles de combustibles”.

Se determinó incluso, el procedimiento técnico para la entrega del combustible. En la solicitud de pedido generada por el área de ingeniería del reactor de la Gerencia Nucleoeléctrica Laguna Verde, se establece que se requirieron 3 recargas para la unidad 1 (recargas 18, 19, y 20) y 3 recargas para la unidad 2 (recargas 15, 16 y 17).  Y hoy, simplemente, Laguna Verde está en el limbo, sin recargas, y sin procedimiento de  licitación. Para la 4T, hay prioridades de seguridad nacional.

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