Ahora que el Consejo Nacional de Morena se reunió para establecer el método y las reglas del juego en la selección de su candidato presidencial, salió a relucir uno de los aspectos más oprobiosos de un gobierno: la censura.

De acuerdo a los parámetros establecidos por el máximo órgano de gobierno de Morena, las llamadas “corcholatas” deberán “evitar los medios reaccionarios, conservadores, adversarios de la Cuarta Trasformación y partidarios del viejo régimen”.

La prohibición anterior es una declaración de que la censura, las listas negras y “el bozal” son algunos de los mecanismos que utiliza Morena para no atender las solicitudes informativas que les hagan los medios.

En la historia de la democracia moderna de México, nunca se había recurrido a una expresión literal como la anterior, no solamente por ser oprobiosa, sino porque al mismo tiempo pinta de cuerpo entero a un partido político y exhibe su intolerancia e incapacidad para alentar el diálogo con todas las voces que participan en una democracia.

El propio Andrés Manuel López Obrador, en sus épocas de eterno aspirante presidencial, buscó esos espacios de los cuales su partido ahora reniega; en no pocas ocasiones acudió a ellos y salió airoso de los cuestionamientos, de la dureza con la cual le planteaban las preguntas y eso le ayudó a crear una imagen de luchador, le permitió alcanzar audiencias que por sí solo no lo hubiera logrado y con eso pudo convencer a esos 30 millones de votantes que le dieron la confianza en el 2018.

Pero ahora resulta que en México tenemos una categorización de los medios de comunicación y de los periodistas: “los que están conmigo y los que están contra mí”. Para los primeros todas las canonjías y prebendas, para los otros el destierro y el desprecio.

En el periodismo, es un principio básico el cuestionamiento y en no pocas veces puede resultar incómodo, pero un político avezado y fraguado en el quehacer público comprende la importancia de enfrentarse a esos retos; sabe que si logra salir airoso sus bonos crecen y su imagen se fortalece.

Solamente los gobernantes o políticos timoratos, los apocados y aquellos que se sienten con la verdad absoluta son incapaces de enfrentar cuestionamientos; solamente aquellos que tienen mucho que esconder no quieren las preguntas incómodas y buscan los espacios a modo, los de aquellos que los tratarán con terciopelo.

¿A dónde acudirán a entrevistas “las corcholatas”? Esa pregunta no tiene respuesta porque la instrucción dictada por el Consejo de Morena, pero sugerida desde Palacio Nacional, no hay que ser ingenuos; es tan ambigua que merece precisión.

En este punto se espera que la dirigencia morenista de a conocer la lista de aquellos medios vetados y los que son aprobados como “afines” a la Cuarta Trasformación. Dejarlo a criterio de las propias “corcholatas” presupone de entrada una trampa porque lo que no está precisado está generalizado.

Será interesante conocer el criterio para la creación de esa “lista negra” porque ya de entrada presupone un acto de censura, una intimidación contra “las corcholatas”, una “bozal” a la medida para Marcelo Ebrard, pero sobre todo es una exclusión a contentillo de medios específicos que resultan incómodos para el régimen.

Es válido que un candidato se niegue a dar entrevistas, es válido que por estrategia opten por acudir o no a determinados espacios; lo que no se vale es que sea su partido el que los limite y más que lo haga bajo la consigna de que hay enemigos en los medios.

Ciertamente existen líneas editoriales que pueden ser adversas a la Cuarta Trasformación, pero también es evidente que en la diversidad y pluralidad se construye una democracia. Cuando se censura, se limita y se excluye, lo que se exhibe es el deseo de una visión unipersonal incapaz de aceptar que puede ser sometida al escrutinio social y periodístico no para denostarla, sino con el fin de contrastarla y darle a los ciudadanos un espectro más amplio del panorama y las opciones que tiene a fin de que su decisión electoral sea informada y no producto de una lucha de sordos y mudos.

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La misión de los partidos políticos en el mundo es buscar acceder al poder a través de conquistar el electorado. Para eso se constituyen, porque la vida de una organización política está sustentada en la participación político-electoral; renegar de esa misión que les compete es traicionar a los electores.

El partido Movimiento Ciudadano, acaba de anunciar que no participará con candidatos propios o en alianza con otros partidos, en las elecciones a realizarse en Coahuila y Estado de México; la decisión la justifican con un argumento baladí, como ese de que no hay condiciones y que esos procesos electorales serán una farsa.

Movimiento Ciudadano marca como premisa que ambas elecciones están pactadas: Morena se quedará con el Estado de México a cambio de otorgar impunidad a la clase política que ahí gobierna actualmente y a cambio va a cederle al PRI la gubernatura de Coahuila.

Pero ese argumento es el que más fortalece la obligación de participar y exhibir esas mafias que presume existen; es precisamente por eso que debe competir para brindarle al electorado otra opción diferente.

Pero en lugar de eso declina participar y vuelve a darle la espalda a su militancia y a sus electores. Todo parece indicar que aquello de lo que acusa Movimiento Ciudadano a los otros, es precisamente lo que ellos mismos padecen.

Acusa la existencia de una mafia electoral que ya pactó esas elecciones, pero su inacción en esos procesos lo deja ver como cómplice por omisión. En este caso su declinación termina por favorecer a Morena y con esa abstención favorece al que lleva mayoría. Es decir, de nueva cuenta, la dirigencia de Movimiento Ciudadano vuelve a tomar una decisión que al final termina por favorecer a su viejo aliado, el presidente López Obrador.

Puede ser cuestionable esa terquedad de no ir en alianza, pero es aceptable porque a final de cuentas eso le ha permitido establecer una diferencia con los otros partidos políticos; lo que no se puede aceptar es que sin mayor pudor determine salir de la lucha electoral y que lo haga bajo el argumento de que no existen condiciones paritarias para competir.

El partido de Dante Delgado pareciera ser un aliado emboscado de Morena y del presidente López Obrador. Cuando Morena propuso que se sancionara con penas más severas las críticas al Ejecutivo, la iniciativa se aprobó en comisiones con el voto de Morena y sus aliados, entre ellos Movimiento Ciudadano; la iniciativa se truncó porque luego fueron exhibidos por el propio Andrés Manuel López Obrador que anunció vetaría esa ley en caso de ser aprobada.

Más recientemente, en la manifestación ciudadana para defender al INE, donde participó una gran masa ciudadana, el gran ausente fue Movimiento Ciudadano, dejaron la sensación de que para ellos no es asunto prioritario e importante defender al INE y menos ubicarse al lado de los ciudadanos, le hicieron “fuchi” a esa convocatoria como si esa lucha fuera convocada por los partidos políticos opositores.

Su ausencia de esa movilización ciudadana lo ubicó al lado de aquellos que promueven el “Plan B” y lo alejó de las clases medias, el segmento poblacional que mayoritariamente salió a manifestarse para exigir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare inconstitucional ese proyecto electoral que promueve el gobierno en turno.

Son este tipo de decisiones, sumando ahora su declinación a participar en los procesos electorales de Estado de México y Coahuila, lo que ha marcado a Movimiento Ciudadano como un aliado de Morena, pero que se niega a salir del clóset.

Pero también es momento de decir que más allá de los triunfos electorales que ha tenido en elecciones estatales como la de Jalisco o Nuevo León, en el resto del país carece de simpatías electorales y en los procesos para este año no superaba la barrera de los 10 puntos en las preferencias electorales; esa pobreza electoral también marca a un partido que pretende ser de los grandes, pero que se muestra muy chiquito.

En todo esto tampoco es asunto menor que a pesar de no ser actor electoral porque abandona el campo de pelea, aun así nos sigue costando y renuncia a la elección, pero no renuncia a las prerrogativas que se le otorgan para que participe en la contienda.

Vendrá el 2024 y veremos si este desprecio de Movimiento Ciudadano es castigado por los electores al ubicarlo como un aliado de clóset de Morena o si en lugar de eso se les premia y se le reconoce como una postura auténticamente diferenciada de los otros partidos opositores.

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La concentración ciudadana del pasado domingo no es un hecho casual y tampoco es un evento fortuito, lo que ahí se dejó sentir es la polarización que ha generado el presidente Andrés Manuel López Obrador y que ha dejado agraviada a una buena parte de la sociedad: también queda claro que más allá de los excelentes números de la popularidad del presidente López Obrador, también es muy evidente que cada vez crece el segmento de sus opositores.

Pero lo más trascedente es esa capacidad de la sociedad civil para salir a manifestarse y plantear que no se trataba de ir en contra de nadie, sino en pro de la democracia y de la libertad, esto es importante en la narrativa porque no se trata de un movimiento anti AMLO, sino que tiene un cariz de exigencia a las instituciones.

Que aspectos observamos en esta manifestación para defender al INE del “Plan B”:

En primera instancia que la gran mayoría de los participantes son integrantes de las clases medias, la mayoría con un cierto nivel de estudios que se sienten agraviados por el presidente, por su narrativa, por sus insultos y diatribas, pero sobre todo por la sensación de que se están dando pasos para afianzar una hegemonía de partido, que no quieren volver a repetir.

Esas clases medias que tanto ataca López Obrador, son a ellos a quienes se dirige como “fifís”, “fachos”, “aspiracionistas”, o “conservadores” y es en ese segmento donde más impacto negativo han tenido las decisiones tomadas por el actual gobierno federal

Otro detalle que debe considerarse es que la exigencia ya no es a los partidos políticos; en la primera marcha se les exigía se mantuvieran firmes y no permitieran la reforma constitucional, los partidos cumplieron y por eso surgió este Plan B que se aprobó con la mayoría legislativa de Morena y sus aliados; ahora, el llamado es para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que hagan valer la constitución y no permitan la aplicación de las normas legales contenidas en el “Plan B”.

No es casual que los oradores principales fueron ministros, magistrados, reconocidos abogados o personajes con un amplio conocimiento de las leyes; porque lo que hizo la sociedad civil fue mandar el balón a la cancha de la SCJN. Un tema de leyes debe ser confrontado por los que saben de leyes.

La mega concentración ciudadana también evidenció que los partidos políticos opositores son de muy poco alcance y de una visión muy nublada por su propia soberbia. Pero lo más grave, es que quienes se dicen opositores, como Movimiento Ciudadano, en muchas ciudades se negaron a participar. Ese desprecio es algo que tarde o temprano se los va a cobrar la misma sociedad a la que le dieron la espalda.

Y es que no se trata que sean oposición en las Cámaras legislativas, también era un buen momento para unirse a una causa popular, justo del mercado electoral al que le van a ir a pedir el voto el año entrante.

La concentración fue un éxito. Primero porque se estima una participación nacional cercana a los 2 millones de personas que en 120 ciudades de México y del extranjero salieron a participar, muchos de ellos son arrepentidos de haber votado por López Obrador hace cuatro años.

Fue un éxito porque se exhibió una oposición que no requiere de dinero público para organizar eventos y protestar; porque 2 millones de participantes pueden ser pocos o muchos, depende de quien califique, pero es un evento de descontento espontáneo que establece una base opositora al régimen.

El síntoma más evidente de que fue un acto exitoso es precisamente la reacción de descalificación que el presidente López Obrador hizo en su conferencia mañanera del lunes 27; los adjetivos y los señalamientos son la manifestación de que una fuerza como esa le generó una enorme molestia y gran desazón.

Pero el éxito más notorio es apreciar como las acciones del presidente han terminado por unir a un gran segmento poblacional que no duda en manifestarse y expresar el rechazo a lo que ofrece el gobierno. Eso, en una sociedad poca afecta a la participación en protestas sociales, es el verdadero éxito.

Y sin embargo, ni siquiera esto da garantía de que Morena vaya a perder la elección del 2024; todavía se requiere más, ¡mucho más!

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El juicio contra Genaro García Luna, en una Corte de Nueva York, es un salpicadero de podredumbre que embarra a todos: los que gobernaron en el pasado reciente no salen bien librados y los gobiernan actualmente, tampoco.

Si bien es cierto que son pocas las pruebas que se han presentado y muchas las expresiones de: “me dijeron”, “me contaron”, “alguien los vio”, “me enteré”, pero en muy pocas ocasiones hay una evidencia o prueba que sustenten esas expresiones.

Cierto también que los testigos y sus testimonios no son dignos de toda credibilidad, no olvidarse que algunos de ellos hicieron pacto con los fiscales de Estados Unidos para recibir reducciones de condenas pues enfrentan procesos por narcotráfico y ya fueron condenados, algunos otros son ex funcionarios de seguridad pública que enfrentaron procesos por estar coludidos con grupos criminales.

Es evidente, más allá de lo que dictamine el jurado, que Genaro García Luna estuvo inmerso en muchos actos ilegales, que su presencia en las áreas de seguridad pública favorecieron a determinados grupos criminales y que no es una perita en dulce.

Pero sentar en el banquillo de los acusados a García Luna, para el gobierno de México tenía la implicación de que también sería juzgado el expresidente Felipe Calderón y en ese punto es muy poco lo que se aportó.

Sin embargo, el propio López Obrador también recibió una salpicadura de la podredumbre que se esparce en el juicio.

Y es que “El Rey” Zambada además de declarar que le había entregado 5 millones de dólares en un maletín a García Luna en un lujoso restaurante de la Ciudad de México; también declaró que mensualmente hacía entrega de 300 mil dólares a las autoridades de la Ciudad de México, justo cuando López Obrador gobernaba la Capital del país y Marcelo Ebrard Casaubón era el secretario de Seguridad Pública.

Si desde el gobierno federal tomaron como ciertos los dichos de algunos testigos protegidos, quienes declararon que García Luna pagaba cifras millonarias al dueño del periódico “El Universal”; si le dieron cabida a las versiones de que en diferentes lugares y momentos se reunió con narcos que le pagaron cifras millonarias a cambio de protección; entonces la misma validez deben tener las declaraciones en el sentido de que ellos recibían fuertes sumas de dinero de esos mismos grupos criminales.

En un país donde la corrupción es el eje donde giran muchas decisiones política y donde no existe línea divisoria entre el poder público y el poder criminal, que un gobierno extranjero enjuicie a un funcionario de sexenios pasados y utilizar para ello a narcotraficantes o exfuncionarios corruptos, es un arma de dos filos que puede terminar por afectar a quienes pretendieron sacar beneficios políticos del juicio, porque ellos tampoco están exentos de ser señalados.

Y eso precisamente es lo que sucedió.

Lo que deja ver este juicio, si creemos las versiones de los testigos, es que el narcotráfico penetró todas las estructuras de gobierno y corrompió a unos y otros sin discriminar a nadie.

Porque si bien es García Luna quien está sentado en el banquillo de los acusados, no es un secreto que los bandos políticos en México están atentos a todo lo que ahí se dice para sentar a sus rivales.

Así han estado. De pronto, surge un señalamiento que exhibe a uno y lo pone en el banquillo, pero luego la situación se invierte porque los acusadores se vuelven acusados y son los que son señalados.

Lo que nos deja claro es que en México no hay “puros” ni “limpios”; también es evidente que la corrupción, la complicidad y el dinero del narco, son capaces de corromper las más puras conciencias y con ello financiar fortunas personales o proyectos políticos.

Como diría José López Portillo: “la corrupción somos todos”.

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El debate en torno a la constitucionalidad del plan B electoral del presidente López Obrador está en plena ebullición, ya se sabe que al no poder lograr que pasara su reforma constitucional, el plan B fue un Frankenstein que se armó con ideas y ocurrencias, algunas de ellas violatorias de la propia Constitución.

Mientras que el presidente López Obrador acusa de todo a los consejeros del INE y los tacha de ser unos “vividores” a costillas del erario público, desde el otro frente le responden que su plan B no debe pasar y convocan a la sociedad civil organizada a defender la institución.

Dentro del INE, ya ni los consejeros que son hechura de la Cuarta Trasformación, están convencidos de que la intención presidencial es la correcta y como prueba es que se han rebelado sumándose al bando de Lorenzo Córdova.

A través de su secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el presidente ordenó a sus legisladores que se le “pegara una arrastrada al INE”, eso significa ahorcarlo financieramente.

Y es que desde la tribuna presidencial lo que se ha puesto a debate es el costo del Instituto; el decir de la parte oficial es que los 14 mil millones de pesos de presupuesto que se le asignan es mucho dinero del erario y se ha sembrado la idea de que ese dinero se despilfarra.

Al Presidente López Obrador se le olvida que muchos de esos “despilfarros” de los que ahora se quejan son producto de su berrinche cuando perdió la elección el 2006, es decir los candados que ahora tienen los procesos electorales fueron impulsados desde la fuerza opositora que llegó a tener el propio López Obrador.

Al Presidente también parece olvidarse que el INE, en realidad resulta más barato que sus obras emblemáticas. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles costó nueve veces más que el INE; el Tren Maya, al momento es 15 veces más caro, la refinería de “Dos Bocas” es casi 30 veces más cara.

Pero eso es algo que el presidente López Obrador obvia en su discurso, lo evita a conveniencia y se centra solamente en establecer que al interior del Instituto existe una casta dorada que medra presupuestalmente y que se han adueñado de los procesos electorales.

Cierto es que se deben eliminar privilegios a los Consejeros, también es verdad que hay muchos aspectos por mejorar en nuestra democracia; pero cualquier proyecto de mejora se debe hacer bajo un consenso y con la aprobación generalizada de la sociedad, no con base en ideas preconcebidas ni ocurrencias del momento, pero sobre todo, menos con la intención de controlar procesos electorales para favorecer un proyecto político personal.

Ahora, si vamos a hablar del costo del INE, también hablemos de su valor.

¿Cuánto vale que podamos tener elecciones confiables? ¿Cuánto vale que nuestro voto cuente y que para ejercerlo solamente debamos acudir a una casilla electoral en los momentos marcado para ello y con nuestra credencial de elector? ¿Qué valoración se le da a estar en una lista nominal o padrón electoral confiable y que garantiza la unicidad del voto?

¿Cuál es el valor de poder decidir libremente que gobierno o gobernante es el que más nos conviene? ¿Qué valor le damos a la democracia y a la participación ciudadana para decidir el rumbo político, económico y social de México?

Una democracia es costosa, pero es todavía más caro perder la libertad de elegir, es muy oneroso no tener confianza en la organización de las elecciones; es deprimente, socialmente hablando, que el gobierno –sea cual sea su color o ideología—no respete la decisión ciudadana, altere los resultados y además violente las reglas electorales a conveniencia y con interpretaciones a modo.

La realidad es que el INE vale mucho más de lo que cuesta y los resultados demuestran que desde el momento en que los procesos electorales fueron dejados en manos de los ciudadanos y los gobiernos fueron echados de su organización, se lograron transiciones políticas pacíficas y el voto del ciudadano contó y se respetó.

Para que el lema maderista de “Sufragio Efectivo y No reelección” siga teniendo algún valor, es menester defender al INE, intentar sus mejores y permitir que siga ganándose la confianza de los ciudadanos.

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La fuerza de una nación radica en la fortaleza que muestran sus instituciones, son como los pilares que sostienen una democracia, entre más débiles son, entonces la democracia también se tambalea y es presa fácil del ataque de cualquiera que intente someterlas.

En el último año y en lo que va del actual, tres instituciones de gran trasdendencia entraron en crisis: el Instituto Nacional Electoral (INE); la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El INE es objeto de una furiosa andanada presidencial, no solamente lo quieren debilitar, también buscan desaparecerlo para controlar los procesos electorales. Si bien en la Cámara de Diputados se pudo salvar de manera momentánea, el ataque no ha cesado y existen intentonas por debilitarlo, sea en lo presupuestal, en su capacidad operativa, en su credibilidad y en su independencia.

La decidida participación de la sociedad civil, que se manifestó en las calles y obligó a los partidos políticos de oposición a montar un escudo de defensa al INE, son el bastión inexpugnable que el Presidente de la República y su partido, Morena, no han podido perforar.

Pero el INE no se ha salvado y sigue en riesgo de ser arrollado por la intentona presidencial de desaparecerlo y con eso tomar el control de los procesos electorales.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, también sufrió un intento de ser tomada. Desde la Presidencia de la República se promovió la candidatura de Yasmín Esquivel Mossa para presidir ese poder y nada parecía que podía impedirle consumar su meta.

Pero fue un reportaje periodístico que mostró el plagio de la tesis con la cual obtuvo su licenciatura en derecho por la UNAM, cometido por la señora Esquivel Mossa, lo que a final de cuentas logró lo que nadie había podido.

Con muy malos argumentos, con argumentaciones que fueron desmoronándose, la señora Esquivel Mossa fue exhibida y finalmente las autoridades de la UNAM aceptaron públicamente que ella había cometido plagio. Al final la SCJN se encaminó a seleccionar a la magistrada Norma Piña como su presidente y con ello se mantuvo su independencia.

Pero no se ha terminado el capítulo; mientras la señora Yasmín Esquivel siga en una magistratura que no le corresponde y para la cual no reúne los requisitos, las acciones, sentencias y observaciones que emita la SCJN estarán en entredicho. El asunto es mucho más grave de lo que parece, porque impacta directamente en la credibilidad y la honorabilidad que todos los magistrados deben exhibir y que es el garante de una justicia recta, imparcial y apegada la norma jurídica.

Pero en la SCJN tampoco se han pronunciado por compartir un espacio con una plagiaria. Los Magistrados han sido tímidos para emitir un posicionamiento al respecto y esperan que sea la moralidad de la señora Esquivel Mossa la que al final de cuentas la obligue a renunciar.

Eso no va a pasar. Si como comprobó la UNAM plagió una tesis, su ética es cuestionable y por tanto su talante moral es mínimo.

Y es aquí donde aparece la UNAM. La Máxima Casa de Estudios de México entró en crisis, pero no por un ataque presidencial directo o porque Morena lo hubiese planeado. Su crisis obedece a la tibieza de sus propias autoridades.

La UNAM corroboró públicamente el plagio de la señora Esquivel Mossa, pero eso no fue suficiente para que desde sus órganos de gobierno se estableciera una sanción a la ex alumna que violó la ética universitaria y que se apropió del trabajo realizado por otro alumno.

La credibilidad de la UNAM, su prestigio y honorabilidad son cuestionados hasta por el presidente López Obrador, quien ahora dice que no resuelven y todo se le va en “choros mareadores”. Tiene razón.

En un acto de tibieza y cobardía, el rector de la UNAM, el doctor Enrique Graue Wiechers ha venido repitiendo que no tienen atribuciones jurídicas para atender el caso, que están impedidos para anular el título de la maestra y que no va aceptar presiones de nadie. Debería ser al contrario: sentirse presionado para salvaguardar el prestigio, la historia y la congruencia de la Universidad y su autonomía. Esas tres instituciones son de suma importancia porque significan procesos electorales limpios, aplicación estricta de la ley y educación superior de calidad para trascender. Las tres están debilitadas y corresponde a todos salir a defenderlas.

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En todas las crisis que ha debido sortear el presidente Andrés Manuel López Obrador, en las que enfrentan otros personajes cercanos a sus afectos, existe una tendencia común: siempre buscan ser las víctimas.

Esto no es una acción protagónica, se trata de toda una estrategia que le ha funcionado y que forma parte de los manuales para atender crisis.

Vea usted estos ejemplos:

Si el Tren Maya no avanza y los grupos ecologistas lo frenan con amparos que ganan en los tribunales, el presidente de inmediato se victimiza y dice que es un ataque de los enemigos de su trasformación.

Cuando la reforma electoral o la de electricidad no transitaron a su favor en el poder legislativo, también fue un intento de conservar el status quo y con ello perjudicar al presidente López Obrador, es decir otra vez es una víctima.

Cuando el periodista Ciro Gómez Leyva sufrió un atentado, el presidente de inmediato declaró que podía tratarse de un evento para desestabilizar su gobierno y con ello afectarlo en la gobernabilidad del país. Otra vez, él era la víctima.

Luego de los accidentes que se han presentado en el sistema de trasporte colectivo Metro, en la Ciudad de México, la gobernadora Claudia Sheinbaum ha hecho todo lo posible también por hacerse la víctima, por eso incluyó en la narrativa para explicar los acontecimientos el término sabotaje. Si hay sabotaje entonces no es la falta de mantenimiento o el abandono en que se tiene ese medio de trasporte, es una mano enemiga que busca desprestigiarla y con ello es la víctima.

La todavía ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de quien la UNAM declaró que plagió su tesis para obtener la licenciatura en derecho, también se apegó a la estrategia de victimizarse. En su caso alegó que ella no fue la plagiaria sino la plagiada, que se trataba de una embestida por ser mujer y que todo era producto del racismo en su contra.

En los manuales para operar crisis se establece que al finalizar uno de estos eventos, el juicio público siempre se establece en uno de cuatro resultados: villano, héroe mayor, héroe menor, víctima.

Dado que en ninguno de estos casos se puede ser el héroe, al no existir condiciones de opinión pública que permitan esa valoración, y terminar en el juicio público como el villano no es opción dado que implica aceptar toda la carga negativa que conllevan estas situaciones.

Entonces lo que queda es ser víctima. Pero no se trata de una víctima para todos, lo que se intenta es ser víctima para un público cautivo, uno que cree absolutamente todo lo que dice el presidente o los suyos, un auditorio que le es fiel y que en su disonancia cognoscitiva jamás van a aceptar que todo lo malo que se dice es verdad.

Para la gente que no es adepta a la 4t, el presidente es un ecocida con el Tren Maya, un dilapidador de recursos públicos con “Dos Bocas”, Claudia Sheinbaum es negligente y por tanto responsable de lo que sucede en el Metro, Yasmín Esquivel Mossa cometió plagio y su aferramiento a la silla de Magistrada es una muestra de incongruencia y falta de ética.

Pero para los 15 millones de seguidores que tiene el presidente López Obrador y que le son incondicionales, todo se reduce a campañas orquestadas, sabotajes, embates de la oposición, acciones de “los conservadores” para no perder privilegios. Es decir, la 4T es víctima de un ataque constante por parte de sus opositores.

Y esos 15 millones de seguidores, lo creen a pie juntillas, también lo repiten, lo debaten y descalifican a quien les demuestra lo contrario.

Entonces cuando el presidente o sus allegados se acogen a la estrategia de victimizarse, no es que pretenden convencernos a los demás, a los que ya perdieron, en realidad están dándole mantenimiento a la falacia de la disonancia cognocitiva de sus seguidores y con eso los mantienen fieles.

No es mala estrategia si se considera que un voto duro de 15 millones de personas, casi les garantiza ganar la presidencia de la República el 2024.

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Las batallas por la sucesión presidencial suelen ser crueles y sanguinarias, no es poca cosa lo que está en juego y por ello quienes aspiran, suelen ir accionando al ataque contra aquellos que los van superando, esa es una constante en todo proceso de sucesión y en el caso de México eso es una constante.

Mientras la oposición se debate en una lucha por nombrar un candidato medianamente competitivo –porque no tienen uno que realmente reúna los números para ganar la elección, al menos no hasta ahora–, en Morena ya van muy avanzados.

El Presidente López Obrador abrió el juego con tres aspirantes a los que él mismo bautizó como sus “corcholatas”: Claudia Sheinbaum, gobernante de la Ciudad de México; Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores y Adán Augusto López, Secretario de Gobernación.

Se estila, aunque no es una regla que suela seguirse, que al momento de “destapar” a los aspirantes, siempre se les proteja con la presencia de otros que hacen la vez de pararrayos y puedan desviar golpes y escudar a quien será sucesor.

En el caso actual, todo indica que la favorita del Presidente es la señora Claudia Sheinbaum y los otros dos van tras ella; su primer meta debe ser rebasarla en las preferencias electorales, algo que no ha sucedido. Adan Augusto López, en este caso, pareciera ser ese escudo para ella, pero no es el caso de Marcelo Ebrard.

De hecho, al interior de Morena e incluso en el gabinete del Presidente se da una lucha sorda por la sucesión presidencial.

La gobernadora de la Ciudad de México no es la más efectiva gobernante y eso quedó plasmado en la elección del 2021 cuando perdió la mitad de las delegaciones que componen la Ciudad de México, electoralmente ese aviso es muy importante dado que ahí es donde se ubica el bastión de votos más importante para Morena y la Ciudad de México fue durante los pasados 20 años el principal impulsor de las figuras que ahora esperan suceder a López Obrador: Marcelo Ebrard, gobernó ahí y ahora lo hace la señora Sheinbaum.

Apenas el viernes de la semana pasada, el equipo de Marcelo Ebrard presentó una denuncia ante el INE acusando a Claudia Sheinbaum de utilizar recursos públicos para financiar su adelantada campaña electoral. Si procede o no, no importa. Lo trascendente es el golpeteo al interior y los caminos que siguen.

Luego de esa denuncia que se dio a conocer el viernes, el sábado sucedió el accidente en la Línea 3 del Metro, con una persona muerta y casi un centenar de heridos. El evento no solamente mereció ser nota nacional, también fue la oportunidad para que todas las baterías dispararan en contra de la señora Sheinbaum.

Fue tan duro el golpeteo que los gobernadores de Morena y el propio presidente López Obrador salieron a defender a la Gobernadora de la Ciudad de México. Pero el impacto de esa defensa fue mínimo ante una opinión pública que emitió un juicio público e hizo responsable a la Gobernadora de la tragedia en el Metro de la Ciudad de México.

Luego de comprobarse la precariedad con la cual opera ese sistema de trasporte, de conocerse que le quitaron el 17.6 por ciento de su presupuesto, de que falta mantenimiento y de que los sistemas electrónicos para garantizar seguridad en las rutas son inexistentes, los señalamientos arreciaron en contra de la Gobernadora de la Ciudad de México.

Ante ello cambió la narrativa y se sacó, como si fuera un as bajo la manga, el cuento de que existen evidencias de que lo sucedido no fue un accidente derivado de las condiciones tan precarias en las cuales opera el Metro, sino que todo se debió a un sabotaje.

Esa es una versión muy socorrida por la 4T, la usó el Presidente en varias ocasiones y ahora quiere sacarle provecho la señora Sheinbaum, el problema es que de seguir por ese camino todo indicaría que al único que pueden culpar es a Marcelo Ebrard.

¡Curioso! Que la tragedia de la Línea 3 del Metro, no solamente termine victimizando a Claudia Sheinbaum, sino que además sea el método para descarrilar a Marcelo Ebrard. Porque la oposición no tiene esos alcances y no les suma puntos una acción de esa naturaleza.

Así que mientras el círculo rojo de Morena cierra filas con ella, el círculo verde la condena y la hace responsable.

Son los tiempos políticos actuales, crueles y sanguinarios, donde las víctimas colaterales no importan. Lo que importa es ganar sin importar el precio.

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El presidente Andrés Manuel López Obrador y todos sus aliados políticos montaron toda una campaña de desprestigio en contra del Instituto Nacional Electoral (INE); lo hicieron aduciendo lo costoso que resulta ese organismo, señalando que el árbitro electoral no es imparcial y que los procesos electorales son injustos. Por ello presentaron una reforma constitucional electoral cuya intención era desaparecer el INE y que las elecciones volvieran a ser organizadas por el gobierno.

Eso no solamente es una regresión negativa; implica volver a las dudas sobre la limpieza de los comicios e implica que el gobierno sería juez y parte en los comicios electorales, pero además, al pasar el padrón electoral a la Secretaría de Gobernación es darle al gobierno en turno el control de los electores.

En su existencia como árbitro electoral, el INE ha organizado más de 300 procesos electorales, todos se resolvieron por la vía institucional, eso permitió que ahora la alternancia política se convirtiera en una regla y que el partido gobernante gane una de cada tres elecciones.

Es decir, el INE garantiza que los procesos electorales sean confiables y que los votos ciudadanos se cuenten bien y que cuenten, es decir que tengan el peso específico de la voluntad plasmada por los electores al cruzar las boletas.

El único gran escándalo que marcó la capacidad organizativa del INE fue la elección del 2006 y fue producto del coraje del ahora presidente López Obrador, tras perder la elección presidencial por un estrecho margen.

Sin embargo, estos que ahora buscan desaparecer al instituto electoral gobiernan gracias al proceso electoral sin mancha que organizaron el 2018 y a que el conteo de votos fue tan pulcro que le permitió a López Obrador asumir la presidencia de la República.

Si hay una institución que tiene la confianza de los ciudadanos es precisamente el INE. Al menos un 70 por ciento expresa que confían en los procesos que organiza; están convencidos de que sus votos serán bien contados y entienden que ejercer su derecho al voto garantiza transiciones democráticas apegadas a la legalidad.

El gran argumento del gobierno del presidente es que el INE resulta muy costoso; sin embargo ese precio que se paga por procesos electorales deriva de todos los candados que los propios partidos políticos han ido imponiendo para que la autonomía de la institución sea la punta de lanza para elecciones creíbles y equitativas.

Mucho se ha dicho que el INE es costoso, lo cierto es que su presupuesto ha venido a la baja: el 2021 ejercieron 20 mil millones de pesos, este 2022 su presupuesto fue de 13 mil 914 millones de pesos, una reducción de poco más de 6 mil millones de pesos y con una consulta nacional promovida por el Presidente de la República y que además de costosa fue innecesaria y de muy baja participación.

El Presidente argumenta que los 11 millones de pesos que se paga de salario a los Consejeros, es mucho dinero, pero eso no es nada si se considera que la señora Beatriz Gutiérrez Müller, tiene una partida para ella sola de 32 millones de pesos; que el presidente y su familia viven en Palacio Nacional y eso tiene un costo mensual de 6 millones de pesos (72 millones de pesos al año) y tiene a su disposición 160 empleados.

El pasado 7 de noviembre se anunció que el INE contrató un seguro de gastos médicos mayores para sus empleados por un monto de 295 millones de pesos y el Presidente y sus voceros se escandalizaron; el pasado 2 de diciembre la Fiscalía General de la República anunció que contrató un seguro de gastos médicos mayores por 440 millones de pesos (105 millones más caro que el del INE) y nadie se quejó ni lo consideró un gasto superfluo.

En medio de esta batahola que se formó en torno al INE, las “corcholatas” del presidente se lanzaron desaforadas a una campaña electoral adelantada, con la eventualidad de que pasara la reforma constitucional electoral, el INE se abstuvo de emitir alguna sanción por el derroche de recursos públicos, los viajes, los eventos proselitistas, las marchas, las bardas pintadas y otras acciones que entran dentro del concepto de “campañas anticipadas”.

Sin embargo, cuando los ciudadanos salieron a marchar en su defensa y luego de que en legislativo se estableció que la iniciativa presidencial no tenía los votos suficientes para ser aprobada, el INE sacó los dientes.

Apenas el viernes 1 de diciembre, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE dictó un plazo de 24 horas para que la gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se deslinde públicamente de la campaña ilegal de pintas, lonas y publicaciones en redes sociales que aparecen a su favor y que pretenden posicionarla como la candidata de Morena para la elección presidencial del 2024.

Eso se espera del INE, que no deje a nadie se adelante y que de manera ilegal pretenda sacar ventaja. Ahí radica la importancia de tener órganos electorales autónomos, que hagan respetar la ley y no se intimiden ante nada ni nadie.

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La marcha del pasado 27 de noviembre no fue tan exitosa como el propio presidente Andrés Manuel López Obrador pensaba, esa manifestación le mostró una realidad, que si bien no es una alerta roja, sí debe encender los focos amarillos en su cuarta trasformación y debe ser un llamado de atención para su principal “corcholata”, Claudia Sheinbaum.

De entrada vamos a aceptar que marcharon 1.2 millones de simpatizantes del presidente López Obrador, acarreados o no, la cifra es pobre si se consideran varios factores.

En primera instancia, debemos recordar que AMLO ganó con una votación que superó los 30 millones de votos; pero para el 2021 esa votación se desinfló y perdió diez millones de votos; se estima que el voto duro de Morena puede ser de máximo 15 millones de seguidores.

Esa cantidad le da suficiente espacio y margen para ganar la presidencia de la República a cualquiera de sus candidatos, pero no le garantiza el control del legislativo y eso sería una debacle para un gobierno que aspira a querer destruir todo lo construido en el pasado, para desde ahí erigir un nuevo modelo de instituciones.

Que a la marcha “solamente acudiera” 1.2 millones de personas, representa que ni siquiera el 10 por ciento de sus seguidores acudió a la convocatoria. Pero además, queda claro que al salir a marchar también aceptó que solamente gobierna para una fracción de mexicanos y que desprecia a la otra, incluso esos que votaron por él el 2018 y que ahora están decepcionados.

Un segundo aspecto es que esa marcha no tuvo réplicas en otras ciudades, todo el capital se puso en una sola manifestación. Quizá hubiera generado un impacto mayor si en lugar de concentrarse exclusivamente en la Ciudad de México, se hubiera encargado a gobiernos estatales y municipales que en sus principales ciudades también se organizaran marchas de apoyo.

No es lo mismo que marche 1.2 millones de personas concentradas en una ciudad, que organizar una mega manifestación a nivel nacional: la logística hubiera resultado más fácil, la movilización habría resultado más barata, el impacto hubiera sido mucho más porque las imágenes de muchas marchas, con contingentes numerosos pudo abrir la especulación respecto de cuantos marcharon y seguramente hubieran sido más de ese 1.2 millones que ahora presumen.

Tercero, una manifestación de 1.2 millones de personas en la Ciudad de México, es pobre. No debe olvidarse que es la Capital de la República el bastión de Morena, es ahí donde gobiernan al mayor número de personas y si se considera la cercanía con entidades como Puebla, Morelos, Guerrero, incluso Veracruz, esa cantidad es muy pobre.

Aquí es donde aparece Claudia Sheinbaum. Por ser la sede de la concentración a ella le correspondía llenar las calles con simpatizantes, pero es evidente que no fue así y eso se explica porque la Ciudad de México está dividida en dos grandes sectores: los que gobierna Morena y la otra mitad que gobierna la Alianza Va por México.

No solamente se trataba de darle una muestra de apoyo al Presidente, también era el momento para que ella mostrara el músculo político, la capacidad organizativa. Si ya estaba decidido utilizar los recursos del erario público, era el momento para que los manifestantes que ahora presumen se multiplicaran por dos o por tres. Con una aportación de contingentes de esa magnitud, la gobernadora Sheinbaum no habría necesitado que sus seguidores insultaran y agredieran a Marcelo Ebrard.

En síntesis, el presidente López Obrador volvió a comprobar que sin recursos públicos que inflen artificialmente su movimiento, no tiene la convocatoria que logró en su campaña electoral. También comprobó que concentrarse en un solo lugar solamente exhibió a un gobierno necesitado de respaldo popular, pero pudo ser más efectivo si todo ese apoyo se hacía sentir en todos los lugares, donde alcaldes y gobernadores o gobernadoras de Morena tiene el control territorial y los padrones a la mano para movilizar a un mayor número de personas.

Finalmente también pudo comprobar que Claudia Sheinbaum no tiene el arrastre popular que ella presume, que en la Ciudad de México es vulnerable y que ni siquiera con la presencia del mismo Presidente logra crecer y convocar ciudadanos a las marchas de apoyo al Presidente.

Festinar que marcharon 1.2 millones de personas, es reconocer que el apoyo al presidente López Obrador se reduce al 1 por ciento de la población en México y deja abierta la puerta para que esos votos desencantados que han perdido en estos cuatro años puedan ser explotados por la oposición.

Pero tiene una gran ventaja: la oposición no existe.

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