DE PUÑO Y LETRA/Columna Política
Cancún.- Más allá de las que dicen fueron negociaciones millonarias que hicieron que la hasta hace unos meses la titular de Secretaría de Finanzas (SEFIPLAN), Johnet Torres Muñoz, fuera inscrita en primer lugar en la lista plurinominal del PVEM y en donde el saliente gobernador del PRD-PAN, Carlos Joaquín González, compró ese escaño a Jorge Elimio González Martínez el “Señor Verde”, para gozar de impunidad a la hora de la aprobación de sus turbias cuentas públicas de su pésimo gobierno que resultó más nefasto que el de su antecesor Roberto Borge a quien tanto criticó, está el hecho de que por más votos que dicha franquicia electorera haya obtenido, está el hecho de que la mayoría de ellos, sino es que todos fueron comprados.
Ahí están los videos en las redes sociales y que fueron también presentados por diversas fuerzas políticas en donde lo electores se quejan de que no les pagaron, pese a mostrar las fotografías de su voto en su celular, en especial el PAN y PRD, partidos que ya no quisieron saber más del “ingrato” Carlos Joaquín y por eso le negaron un espacio para colocar a Joahnet Torres.
Pero ahora una vez pasados los comicios, el PVEM le urge recuperar y acrecentar el dinero que utilizaron para comprar dichos votos a sus “padrinos”, entre ellos el ex titular de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes en Q. Roo y también ex legislador, Francisco Elizondo, y quien en estos comicios fungió como delegado nacional del PVEM. Por lo que ahora como perros hambrientos quieren presidir este año la JUGOCOPO ( Junta de Gobierno y Coordinación Política), del Congreso estatal, cuanto les corresponde hasta dentro de un año, eso si no es que por sus turbios antecedentes legalmente pueden quedar impedidos.
PROMESAS INCUMPLIDAS
Y es que según trascendió, muchos empresarios de la construcción a los que Elizondo pese a ser licenciado en Derecho, en sus tiempos de responsable del Centro SCT, según trascendió, también invirtieron a cambio de que les volvieran a vender contratos con la nueva administración. De lo que recuerda la población de su pésima gestión es el socavón que se hizo sobre la carretera Cancún-Tulum en 2015 y que las empresas que contrató dicho funcionario tardaron meses en arreglarlo.
DESPOJO TRAS DESPOJO
Ahora lo más nuevo es que dicho cártel del Despojo, mismo que el portal LATINUS, lanzó a la fama, todavía el año pasado, se informó que socios y amigos cercanos al diputado local del Partido Verde Ecologista, Gustavo Miranda y quien estuvo al frente el año pasado de la JUGOCOPO, y su progenitora, Erika García Deister, así como uno de sus operadores Jorge David Segura Rodríguez, e incluso el ahora presidente estatal y síndico de Benito Juárez, Luis Pablo Bustamante Beltrán, simularon un despido laboral para hacerse de un condominio en las torres Maioris Tower de Puerto Cancún, y en donde declararon que ganaban 3 mil pesos diarios, es decir 90 mil pesos al mes.
Sin embargo que se sepa, jamás declararon ante el SAT dicha cantidad, por lo que podría tratarse de un caso de “lavado de dinero”, si las autoridades federales entre ellas la UIF y FGR, investigarán.
La más reciente denuncia exhibida por “Latinus” se presentó también ante la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje (JECyA) de Cozumel (2015) por Jorge David Segura Rodríguez, Esaú González Cruz, Florentina Araujo Zamora y Xavier Miro Solórzano, quienes encabezaron el expediente laboral número 153/2015.
La simulada relación de trabajo culminó también con un fallo que decretó la adjudicación de un lujoso departamento en el Residencial “La Vista el Table Cancún”.
A los tres años de que los supuestos empleados ganaron la demanda (2018), uno de los involucrados identificado como Segura Rodríguez constituyó la empresa Xolos Transfers, S.A. de C.V. (20% de acciones), cuyo socio es precisamente Gustavo Miranda, a cuya madre quitaron el bien inmobiliario. Otros integrantes de la sociedad fueron identificados como Obed Rafael Laguna Hernández y José Jesús Toscano Ruvalcaba.
De acuerdo con “Latinus”, la empresa del todavía legislador, quien a través de una iniciativa pretendió perpetuarse por 12 años en el cargo y de sus amigos tiene por objeto social la prestación y explotación del Servicio Público de Autotransporte Federal de Turismo, según la inscripción en el Registro Público de la propiedad y del Comercio de Quintana Roo.
Entre los servicios que ofrecen según declararon, están los de transportación privada, tours a zonas turísticas, traslados al aeropuerto y recorridos a las zonas arqueológicas de Tulum, Cobá y Chichén Itzá. El contacto para cotizaciones remite a Obed Laguna, quien presume ser empresario transportista.
Pero las relaciones del “Cártel del despojo” llegaron también al ámbito laboral.
En el equipo de trabajo de Gustavo Miranda funge como subsecretario de Servicios Administrativos de la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo, Eugenio Segura Vázquez, quien es primo de Jorge David Segura Rodríguez, de acuerdo a empleados del Congreso.
Otra integrante del “Cártel del despojo” es Mónica Adriana Meléndez Martínez que laboró como jefa de departamento en el Congreso del Estado de Quintana Roo, mediante un nombramiento que le fue otorgado por el secretario general y diputado electo, Renán Eduardo Sánchez, el 5 de septiembre de 2020.
La mujer de acuerdo a diversos medios informativos, “es mano derecha Gustavo Miranda y constituyó la empresa Grupo EG Miranda, S.A. de C.V. en 2017, cuyo objeto social es adquirir, enajenar y administrar toda clase de bienes muebles e inmuebles, en la cual tiene 40 por ciento de acciones mientras que José Luis Téllez Sosa, igual con 40, y el diputado Gustavo Miranda el 20 por ciento”.
Esa misma colaboradora del legislador también simuló conforme al diario Luces del Siglo, un juicio laboral (junto con Christian Izxel Andrade Martínez) contra Erika García y sus empresas, el cual inició ante la misma Junta de Cozumel bajo el expediente 151/2015.
“A diferencia de las anteriores demandas donde los supuestos quejosos aseguraron que percibían un salario mensual de 90 mil pesos, la socia del diputado local afirmó que en las empresas de Erika García tuvo un sueldo de 250 mil pesos mensuales, con cuyo reclamo logró quedarse con un departamento en la Torre Emerald Residential Tower & SPA, con un valor actual de más de 30 millones de pesos.
El bien inmobiliario lo adquirió parcialmente Erika García Deister de la vendedora Adriana Zavala Lara, en cuya operación entregó 18 millones de pesos de contado y el resto pactó pagarlo a crédito.
Como parte de los acuerdos dejó como garantía los departamentos del Maioris Tower (adjudicado a Luis Pablo Bustamante Beltrán) y del Residencial “La Vista el Table Cancún” (obtenido por Mónica Adriana Meléndez), este último con un valor de 8 millones de pesos.
Erika García selló la operación comercial de la Torre Emerald sin tener garantías que le pertenecieran, con lo que habría replicado el mismo modelo varias veces en Cancún.
Del primer juicio simulado, agrega “Latinus”, la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo abrió de oficio una carpeta de investigación “al encontrar elementos suficientes””, hasta ahí la información del diario y lo más criticable es que las autoridades de la Fiscalía estatal no han movido un dedo.
SIN ANESTESIA
Total impunidad en esta entidad, no en vano el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, calificó como “pillos”, a los seudo empresarios que se han hecho multimillonarios pese a ser verdaderos delincuentes ambientales. ¿Y los del PVEM que supuestamente defienden la ecología? No hacen nada porque son iguales o peores ¡Pobre entidad!
