El paquete fiscal permitirá continuar con el manejo transparente y eficiente de las finanzas públicas para beneficio de toda la ciudad
l secretario municipal, Alejandro Ruz Castro y la directora de Finanzas y Tesorería, Laura Muñoz Molina, acudieron esta tarde al Congreso del Estado para hacer la entrega del paquete fiscal del Ayuntamiento para el próximo año, el cual está integrado por la Ley de Ingresos para el ejercicio 2023 y la Ley de Hacienda.
Dicho presupuesto cumple con el compromiso del Alcalde Renán Barrera Concha de continuar con el manejo transparente y eficiente de las finanzas públicas para seguir proporcionando a la ciudadanía más y mejores obras y servicios a fin de mantener la calidad de vida en la capital yucateca.
Ley de Ingresos del Municipio de Mérida 2023
“Las instrucciones del Alcalde son muy claras, diseñamos un presupuesto que se adapta a las necesidades técnicas y humanas de toda la ciudad de Mérida y sus 47 comisarías, considerando el reto que hoy tenemos que es dotar de obras y servicios de calidad a toda la población sin importar en que zona del Municipio se encuentren”, declaró el Secretario Municipal.
Aseguró que este paquete fiscal también está elaborado bajo un esquema de responsabilidad social alineado a ejes, metas y objetivos de la administración pública municipal, con el fin de continuar avanzando hacia el desarrollo ordenado que requiere la ciudad.
“El presupuesto para el ejercicio 2023 que hoy presentamos se rige bajo el mandato del artículo 134 constitucional, a fin de que los recursos económicos se administren como siempre lo hemos hecho, con eficiencia y transparencia”, destacó.
Los funcionarios entregaron el paquete fiscal a Víctor Hugo Lozano Poveda, Diputado Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Yucatán y Adrián Anguiano Aguilar, secretario general del Poder Legislativo.
Ruz Castro recordó que dicha iniciativa no contempla la creación de nuevos impuestos, ni de nuevos derechos, se considera únicamente la actualización de valores catastrales afectados por el índice inflacionario topado al 8%, esto en apego a lo establecido en la Carta Magna.
