Exfuncionarios de Rolando Zapata Bello les cancelan el pago de pensiones “al encontrarse inconsistencias en el procedimiento en las que se otorgaron, en decisiones tomadas en los últimos días de la administración pasada”, informó, Mauricio Tappan Silveria, consejero Jurídico.
Son 10 exfuncionarios que iban a recibir 366 mil 219 pesos al mes; es decir, 4 millones 394 mil pesos al año; cada uno pretendía cobrar una cantidad que va de los 46 mil pesos mensuales a 19 mil pesos; sin embargo, el gobierno estatal frenó esta acción, y evitó una carga monetaria al erario.
El resolutivo de la cancelación de las pensiones de los exfuncionarios de Rolando Zapata, fue notificada este lunes, por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán.
Tappa Silveria, indicó que actualmente existen 7 casos similares, las cuales se encuentran en litigio y que esperan de una pronta resolución.
Ninguno de los 10 exfuncionarios de Rolando Zapata tenía derecho recibir pensión, de acuerdo con la resolución emitida por el Tribunal; esto “por no satisfacer los requisitos y no cumplir con las formalidades legales para su otorgamiento”, detalló el funcionario.
Destacó que el gobierno del estado, en un compromiso con la sociedad yucateca de administrar de forma eficiente y transparente los recursos públicos “hizo valer la ley, y se canceló las pensiones asignadas en los últimos días del gobierno estatal anterior, que evidentemente fueron concedidas de manera unilateral”.
¿Quiénes son los exfuncionarios de Rolando Zapata que iban a cobrar pensiones?
Los 10 exfuncionarios estatales que iban a cobrar las pensiones son: Eduardo Batllori Sampedro y Daniel Quintal Ic, extitulares de las secretarías de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Obras Públicas, respectivamente, quienes iban recibir 46 mil pesos mensuales. También, José Ignacio Mendicuti Pavón, quien fuera representante del exgobernador Rolando Zapata Bello en la Ciudad de México, iba a recibir pensión de 45 mil pesos al mes.
Asimismo, se cancelaron las pensiones a los exdirectores Ariel Enrique Azcorra Padilla, del Fideicomiso Público de la Reserva Territorial de Ucú; Jesús Antonio Paz Pineda, de la Unidad de Asesores; Elda María Vargas Jiménez, de Procesos Transversales de la Secretaría de Administración y Finanzas, cada uno de ellos iban a recibir 40 mil pesos mensuales.
Fernando José Castro Novelo, de Comunicación Social, iba cobrar 35 mil pesos; Luis Humberto Hoyos Schlamme, de la Fábrica de Postes, 30 mil pesos; Beatriz Eugenia Solís Sánchez, departamento de Desarrollo, Cultura y Actividad Física de Jubilados y Pensionados del Isstey, $25 mil al mes; y Gaspar Javier Arceo Peniche, a quien de último minuto se le asignó una pensión de 19,219 pesos al mes, pero tampoco cobrará.
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