• Concamin y CCE chocan por incentivos
• Medida “discriminatora” y “excluyente”
• Beneficios para 10 de 72 sectores económicos

El pasado 11 de octubre, el gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se otorgan estímulos fiscales a sectores clave de la industria exportadora consistentes en la deducción inmediata de la inversión en bienes nuevos de activo fijo y la deducción adicional de gastos de capacitación.

Si bien esta medida, aunque sesgada y poco clara aún, tiene una justificación y objetivo claro, según el decreto, pues está encaminada a fortalecer al sector industrial exportador, aprovechando el nearshoring.

Incluso antes de anunciarse oficialmente, los incentivos fiscales significan cambios importantes en la política industrial del gobierno de la 4T y por lo mismo comenzaron a hacer ruido entre los empresarios y a generar posiciones discordantes.

Por supuesto, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), que preside José Antonio Abugaber Andione, empresario ligado y muy cercano colaborador del actual presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes Díaz, a quien sucedió en el cargo en la Concamin, elogió de inmediato la medida, así como las acciones del gobierno.

“Con estas acciones, el gobierno de México da muestras claras de compromiso con la política industrial que el país necesita para capitalizar la coyuntura, que se traduzca en más crecimiento económico, creación de empleos y bienestar para la población”, dijo Abugaber.

Abundó en que “con este decreto, podremos consolidar nuestra posición como principal socio comercial de los Estados Unidos y se dan pasos firmes para construir la región más competitiva del mundo”.

Sin embargo, un par de días después el Consejo Coordinador Empresarial, de Francisco Cervantes Díaz, también surgido de las filas de la Concamín, se pronunció en contra de los incentivos fiscales, calificándolos como una medida totalmente “discriminatoria”.

El gobierno adopta una política industrial con incentivos fiscales para 10 de los 72 sectores que conforman la economía nacional, mediante incentivos fiscales como la depreciación acelerada o inmediata de las inversiones de diversos tipos. Además, establece que aplicarán “cuando estos contribuyentes se dediquen a la producción, elaboración o fabricación industrial de los bienes que se señalan, y además los exporten”.

A través del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp), el CCE calificó a la medida como “discriminatoria”, ya que selecciona sólo algunos sectores de la economía. Además es “excluyente”, al no considerar otros sectores, particularmente los no exportadores, los menos avanzados y los que menos se han aprovechado de las ventajas de la apertura en el pasado, donde naturalmente abundan las micro, pequeñas y medianas empresas.

Enfatizó en que “dicha exclusión naturalmente aplica a regiones también menos favorecidas por la apertura”.

Por supuesto los empresarios aglutinados en el CCE dejaron clara su posición ante el anuncio hecho en el DOF, pues para ellos, excepto para los de la Concamin, esta política industrial selectiva implica riesgos, “ya que parece ser violatoria del código de subsidios y subvenciones de la Organización Mundial de Comercio, al que se acogen nuestros socios comerciales, notablemente EU y Canadá”.

Advierte que empresas o incluso los gobiernos de estos países podrían impugnar la medida, ya que los beneficios fiscales sólo aplican a las exportaciones. Son subsidios a la exportación, que están prohibidos.

Los beneficiados

De acuerdo con el decreto de incentivos fiscales, los sectores beneficiados son aquellos cuyos productos están destinados a la alimentación humana y animal; fertilizantes y agroquímicos; materias primas para la industria farmacéutica; componentes electrónicos diversos;  maquinaria de relojes, instrumentos de medición, control y navegación, y equipo médico.

También los que fabrican baterías, acumuladores, cables, enchufes y otros productos de electricidad; motores de para automotores con diversas tecnologías; equipo electrónico y sistemas y componentes para automotores; motores de combustión, turbinas y transmisiones para aeronaves; y equipo no electrónico para usos médicos, de laboratorio  y dentales, además de productos para  la producción de obras cinematográficas o audiovisuales.

La deducción es de 86% para automóviles, autobuses, camiones de carga, tractocamiones, montacargas y remolques, cuya propulsión sea a través de baterías eléctricas recargables, motor eléctrico que además cuenten con motor de combustión eléctrica o con motor accionado por hidrógeno, así como 86% para aviones dedicados a la aerofumigación agrícola.

Aplicará una deducción de 88% para computadoras personales de escritorio y portátiles, servidores, impresoras, lectores ópticos, graficadores, lectores de código de barras, digitalizadores, unidades de almacenamiento externo y concentradores de redes de cómputo, así como 89% para dados, troqueles, moldes, matrices y herramental y 89% para maquinaria y equipo destinados directamente a la investigación de nuevos productos o desarrollo de tecnología en el país.

Se dice por ahí que los empresarios, como los gitanos, no se leen la mano entre ellos, pero tratándose de medidas de la naturaleza de los incentivos fiscales muy cómodos para algunos y discriminatorios para otros, pues representan montos de dinero importantes, evidentemente que las posiciones chocan y si bien en la actual administración el sector empresarial ha estado totalmente alineado y sometido a la voluntad del Ejecutivo Federal, este cambio de rumbo en la política industrial podría romper la supuesta unidad del sector privado.

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• Más recaudación y bajar déficit, imprescindible
• Mayor impuesto al ahorro en 2024
• FMI sugiere reformas estructurales
• Inmobiliarias en la mira de la Cofece

La necesidad de recursos adicionales para atender las crecientes erogaciones del gobierno, ahora especialmente por el costo de los proyectos insignia y la prisa por terminarlos, se ha incrementado rápida y significativamente.

Infinidad de analistas y centros de investigación económica han insistido que la sostenibilidad de las finanzas públicas corre un riesgo importante, sobre todo ante la decisión de elevar el gasto a niveles sin precedente, evidentemente con propósitos políticos en el año electoral.

El costo del servicio de la deuda pública en México es sumamente elevado. De acuerdo con datos del Dataset: Government at a Glance – 2023 edition. OCDE, en 2022 dicho costo equivalía al 2.8% del PIB. Ocupaba el sexto lugar entre 43 países, según la membresía de la OCDE y otras economías emergentes. Y es probable que suba en ese ranking en 2024.

Según la estimación oficial, ya habrá aumentado a 3.4% en 2023 y se proyecta a 3.7% para 2024. Para los especialistas, esto claramente añade a la preocupación por la situación fiscal del país. Los aspectos preocupantes de la dinámica fiscal aconsejan que la Ley de Ingresos de la Federación sea aprobada con menor déficit y deuda, así como con un menor gasto.

De acuerdo con el procedimiento legislativo, al cierre de octubre el Congreso tiene que aprobar la Ley de Ingresos de la Federación 2024 (LIF), que incluye tanto los ingresos del sector público consolidado como el flujo de endeudamiento del mismo. Con ese límite la Cámara de Diputados debe aprobar el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Los procesos de aprobación de la LIF (ambas cámaras) y el PEF tienen que estar terminados el 15 de noviembre.

La iniciativa de ley de ingresos prevé obtener recursos presupuestarios por un total de 7 billones 329 mil millones de pesos, cifra 0.8% mayor en términos reales a la estimada para el 2023, aunque menor en 1.8% al monto aprobado para este año.

La base del cálculo de los ingresos del erario es el crecimiento previsto de la economía, mismo que el programa oficial estima en 3.0%, cuando la expectativa de los especialistas ronda el 1.9%.

Además, el programa fiscal para 2024 contempla un aumento de impuestos: la retención del ISR por intereses obtenidos por el ahorro se multiplica casi por 10, pasa de 0.15% a 1.48.

Para los analistas, esto es preocupante ya que, a pesar de la probable y aparente sobreestimación de los ingresos, los recursos no son suficientes y se tendrá que recurrir a nueva deuda.  La insuficiencia de ingresos del sector público para financiar el proyecto de PEF es significativa. Equivale a un billón 737 mil mdp de financiamiento, es decir endeudamiento neto del sector público.

FMI sugiere reformas estructurales

En su actualización de proyecciones económicas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) enfatiza que la economía global continúa recuperándose de la pandemia, la invasión de Rusia a Ucrania y la alta inflación y que su resiliencia ha sido notable.

Pese al impacto de la guerra en los precios de alimentos y energía y la restricción monetaria sin precedentes para bajar la inflación, la actividad económica se ha desacelerado, pero continúa moviéndose lentamente, aunque de manera desigual con amplias divergencias entre países.

Así, el crecimiento de la economía global pasará de 3.5% en 2022, a 3.0% en 2023 y a 2.9% en 2024, con desaceleración más pronunciada en los países avanzados y, en menor medida, en los países emergentes.

El FMI ajustó al alza las estimaciones de crecimiento, respecto a sus números de julio pasado, para Estados Unidos a 2.1 y 1.5% para 2023 y 2024, pero bajó las de la zona euro a 0.7 y 1.2%. Además, estima menor crecimiento económico para China: 5.0% en 2023 y 4.2% en 2024, frente a los previos de 5.2 y 4.5%.

En el caso de México, se registraron ajustes al alza de 0.6 puntos porcentuales en este año y el próximo a 3.2 y 2.1%.

Con un panorama de menor crecimiento, tasas de interés más altas y espacio fiscal reducido, el FMI enfatiza que las reformas estructurales son clave para recuperar crecimiento más adelante.

Inmobiliarios, en la mira de la Cofece

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) inició una investigación de oficio por la posible realización de una concentración ilícita en el mercado de comercialización de avisos inmobiliarios clasificados en territorio nacional.

Debido a su importancia para la economía nacional y su impacto en el bienestar de la población, este sector se definió como uno de los prioritarios para la Comisión en su Plan Estratégico 2022-2025 y por ello se mantiene una constante vigilancia de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) en dicho sector.

La autoridad aclaró que esta investigación no debe entenderse como un prejuzgamiento sobre la responsabilidad de agente económico alguno, pues hasta el momento no se han identificado violaciones a la normativa en materia de competencia económica.

Advierte, sin embargo, que si al término de la investigación se encuentran elementos que presuman una violación a la LFCE, quienes resulten responsables serán llamados a un procedimiento seguido en forma de juicio para que presenten su defensa y manifestar lo que a su derecho convenga.

La Autoridad Investigadora exhorta a toda aquella persona u organización vinculada al mercado de comercialización de avisos inmobiliarios clasificados en territorio nacional, a que, si conoce o tiene información que pueda ser relevante para esta investigación, la presente ante esta Comisión.

De comprobarse la realización de una conducta anticompetitiva, el o los agentes económicos responsables podrían ser sancionados hasta por el 8% de sus ingresos y podría ordenarse la desconcentración total o parcial de la posible concentración ilícita. Por su parte, los directivos que hayan participado directa o indirectamente en concentraciones ilícitas podrían ser inhabilitados hasta por 5 años y multados hasta con 200 mil UMA.

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• Endeudamiento histórico, sin responsabilidad
• Deuda pér capita en 2024: 127 mil pesos
• Traspasos hipotecarios fraudulentos

Agustín Vargas

Desde 2009, la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF) y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) han estado desequilibrados, pues se proponen ingresos por debajo de lo necesario para cubrir el gasto público.

Desde entonces –si no es que tiempo más atrás–, las metas anuales de endeudamiento no se cumplen, aunado a que los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) 2024 postergan el tiempo para regresar al equilibrio presupuestario, poniendo en riesgo la sostenibilidad fiscal de largo plazo enmarcada por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH).

Se supone que para el 2024, el gasto público se reduciría y que, por lo tanto, los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), es decir, el endeudamiento, bajaría de 4.1% a 2.7% del PIB. Al menos eso es lo que el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda, había expuesto en el Paquete Económico de hace un año. Algo totalmente alejado de la realidad, como muchas de las cosas que han sucedido en este sexenio.

Resulta que el Paquete Económico 2024, se propone un gasto mayor por 766 mil 398 millones de pesos y el doble de endeudamiento: 5.4% del PIB. Además, los intereses correspondientes al pago de la deuda pasarían de 3.5% a 3.8% del PIB (1 billón 263 mil 994 mdp), superando el gasto en educación de 3.1% del PIB (1 billón 096 mil 544 mdp) y salud de 2.9% del PIB (990 mil 974 mdp).

Por tal razón, el indicador de la deuda pública por persona seguiría en aumento, pues pasaría de 118 mil 780 pesos en 2023, a 126 mil 818 pesos en 2024, incluyendo desde recién nacidos hasta las personas de mayor edad. En este sentido, las niñas y niños estarían heredando obligaciones sin que exista una fuerte inversión en su educación y en los cuidados que requieren para su bienestar.

Estos puntos y otros igual de importantes, han sido analizados por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) ante la discusión y eventual aprobación de la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación 2024.

En el documento titulado “El déficit y la deuda de los CGPE 2024. Postergar decisiones y heredar obligaciones”, el CIEP enfatiza que para asegurar la sostenibilidad en el largo plazo, es necesaria una reforma fiscal que revise la situación financiera del gobierno federal, sus organismos y empresas; así como analizar el incremento en los gastos comprometidos.

Ante todo, destaca el organismo, se necesitan recursos para enfrentar en tiempo y forma, las demandas de la población, así como dirigir los programas a áreas prioritarias como educación, salud y primera infancia.

Traspasos fraudulentos

La práctica de los traspasos inmobiliarios, en particular los relativos a las casas habitación, es tan común en la cultura de los mexicanos que casi nadie reparaba en ellos.

No obstante, en la actualidad esa práctica comienza a preocupar no sólo a quienes la llevan a cabo, sino a las propias instituciones de vivienda y financieras que otorgan créditos para la adquisición de bienes inmuebles, particularmente el Infonavit.

Para ese instituto de vivienda, la persona que contrata el crédito es la única responsable de terminar de pagarlo y esta obligación no se puede transferir a alguien más.

Si alguien acepta “comprar” su casa a través de un traspaso podría ser víctima de fraude, pues no contaría con un documento que avale que sea el dueño o dueña de la casa.

Por esa razón, quien o quienes compran casa mediante traspasos de un crédito Infonavit podrían convertirte en víctima de fraude y perder su dinero.

Esto es así porque el Infonavit (y en general ninguna financiera) no contempla en su normativa ni en ningún otro documento jurídico la figura del traspaso; además, desde la originación del crédito hasta la firma de la escritura de la vivienda, existe una cláusula que establece que no se puede transferir la obligación adquirida ante el Infonavit; es decir, es obligación de la persona que contrató el crédito terminar de pagarlo.

Estos son los riesgos que se tienen al “comprar” una casa a través de un traspaso:

Se pagaría el crédito a nombre de otra persona, pero no contarían con algún documento que avale tú eres la dueña o dueño de la casa; para reclamar el derecho sobre la vivienda, se tendría que iniciar un juicio que podría tardar varios meses o años en resolverse.

Además la carta de la liberación de la hipoteca, al concluir el pago del crédito, se emitiría en favor del acreditado original y no del que adquirió mediante traspaso, aunque éste haya terminado de pagar el financiamiento. Por tanto, la escritura de la vivienda, seguiría a nombre del acreditado original.

La persona que tramitó el Crédito Infonavit podría “traspasar” el mismo financiamiento a varias personas de manera fraudulenta y los compradores no contarían con ningún derecho sobre la propiedad.

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Escríbanos también a avargas@habitatmx.com

*Periodista, director de la Revista Hábitat Mx

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Agustín Vargas*

Los bancos de México, en general, han mantenido bajo control su apetito al riesgo cuando se trata de la banca minorista: se han enfocado en clientes de ingresos medios y altos, así como en grandes corporaciones y en pequeñas y medianas empresas (pymes) con mejor calidad crediticia.

Este enfoque conservador es una respuesta a los obstáculos como el amplio sector informal que hay en México, que prefiere las transacciones en efectivo; un alto nivel de desigualdad de ingresos, y el ineficiente estado de derecho que prevalece en el país.

Todo esto significa que el acceso a los servicios bancarios en México es bajo en relación con el que existe en países pares de América Latina y en mercados emergentes.

Para Standard and Poor´s (S&P Global Ratings), que recientemente analizó la inclusión financiera en México y la disrupción tecnológíca de las instituciones crediticias,  el “pecado original” de los bancos comerciales que operan en el país, ha sido el bajo nivel de acceso del público mexicano a sus servicios.

En la actualidad, el crédito total al PIB se estabiliza en 40% —una cifra baja respecto a los índices que han alcanzado sus pares en América Latina y de los mercados emergentes— y el bajo nivel de acceso a los servicios bancarios no ha mejorado ni siquiera con la implantación de nuevas tecnologías en el sector financiero.

Esto se debe a la amplia fuerza de trabajo informal en México, que prefiere en gran medida las transacciones en efectivo; al alto nivel de disparidad de ingresos, y a su débil estado de derecho, mismo que dificulta a los bancos la recuperación de las garantías.

Los bancos comerciales que sí atienden a clientes minoristas se han concentrado en aquellos con buena capacidad de pago de deuda —básicamente, los sectores de ingresos medios y altos de la población.

El estudio de la agencia internacional destaca que estos clientes parecen estar abiertos a utilizar soluciones financieras digitales; sin embargo, advierte que siguen mostrando una mayor preferencia por los bancos tradicionales debido a la preocupación suscitada por los casos de fraude y robo de identidad, que han aumentado a medida que se han generalizado la inteligencia artificial (IA) y las nuevas tecnologías.

Baja en tasas, en 2024

El próximo jueves 28 de septiembre, Banco de México que encabeza Victoria Rodriguez Ceja, anunciará su decisión de política monetaria. Todo parece indicar que dejaría sin cambios su tasa de interés de fondeo en 11.25%. La justificación detrás de la decisión es que la inflación mantiene su proceso de moderación a tasa anual, con la posibilidad de que cierre el año cerca de 4.50%.

Incluso, es factible que todavía en septiembre se acerque a 4.30%, nivel relativamente aceptable para la autoridad monetaria, aunque el rubro subyacente seguiría cercano al 6.0%.

En este sentido, según destacan los analistas de CIBanco, lo que más interesa a los operadores e inversionistas es cuándo la autoridad monetaria mexicana podría iniciar a reducir su tasa de interés. El Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED)  la semana pasada anunció que las tasas se mantendrían en niveles máximos todavía por un tiempo mayor al pronosticado originalmente.

Si bien consideran que la puerta para los recortes antes de que concluya el 2023 todavía no se cierra por completo, estiman que es difícil que termine sucediendo, por lo que la primera reducción debería suceder en 2024.

La primera razón para justificar este escenario es que las minutas del último encuentro de política monetaria muestran que los integrantes de la Junta de Gobierno del Banxico consideran adecuado mantener el nivel actual de la tasa de referencia por un periodo prolongado.

Aunque la expresión es completamente subjetiva, dicen los especialistas, difícilmente aplicaría para un periodo menor a seis meses. Las reuniones que le restan a Banxico en este 2023 son en noviembre y diciembre. Cualquier ajuste en alguno de estos dos encuentros, no cae en la categoría de sostener la premisa de que fue un “periodo prolongado”.

La segunda razón es que todavía existen preocupaciones sobre la inflación, ya que el balance de riesgos se mantiene sesgado al alza, por lo que la convergencia a la meta puntual de 3.0% todavía tomará tiempo, lo que justificaría que la autoridad se mueva con cautela.

La economía mexicana ha sorprendido en su desempeño durante los primeros ocho meses del año, con una expansión cercana al 3.5%. Aunque es una buena noticia, puede estar teniendo implicaciones para la dinámica de cierto grupo de precios, sobre todo de servicios.

El principal activo de un banco central es la credibilidad, por lo que es de esperar que Banxico busque enviar mensaje de compromiso con la estabilidad de los precios. Con ello, los analistas de CIBanco estiman que el primer recorte a la tasa de fondeo podría darse en el primer trimestre de 2024. Eso significa que hasta entonces, el dinero comenzaría a abaratarse un poco.

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*Periodista, director de la Revista Hábitat Mx

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• Violencia e inseguridad factores
• Emigración récord de documentados
• Brecha salarial, incentivo
• México principal receptor de visas

En las últimas semanas arreciaron los flujos migratorios de mexicanos hacia los Estados Unidos, fenómeno que se ha agravado todavía más por la oleada de migrantes de otras nacionalidades que intentan llegar a la Unión Americana cruzando por nuestro territorio.

A la par de las señales de recuperación de los flujos migratorios de México y de otros países de América Latina y el Caribe hacia Estados Unidos posterior al inicio de la pandemia por Covid-19, se observan importantes factores que continúan propiciando estos desplazamientos, además de la exacerbada violencia e inseguridad que se ha desatado en casi toda la República Mexicana.

La amplia brecha salarial existente entre México y Estados Unidos continúa siendo uno de los incentivos para el flujo migratorio de población mexicana al vecino país del norte.

Una persona de nacionalidad mexicana con estudios de secundaria, en promedio puede ganar 14 veces más en Estados Unidos que en México (3,672 vs. 261 dólares mensuales corrientes) y en el caso de una con estudios de licenciatura esta diferencia es de 8.5 veces más en Estados Unidos que en México (4,792 vs. 562 dólares mensuales corrientes).

No obstante, en Estados Unidos existen diferencias significativas entre los niveles de ingreso promedio de la población migrante mexicana y la población nativa, siendo en promedio menores aquellos del primer grupo, aun considerando las diferencias por nivel educativo.

De acuerdo con el Anuario de Migración y Remesas México 2023, elaborado conjuntamente por el Consejo Nacional de Población y BBVA México, otro de los factores relevantes ha sido la recuperación de la demanda de empleo. En junio de 2023, la tasa de desempleo para los migrantes mexicanos se ubicó en 3.6%; es decir, niveles históricamente bajos.

Esto es un factor que ha contribuido a un aumento de los flujos de remesas a México en los últimos años. No se trata de un fenómeno inusual: en el pasado se han visto incrementos similares en los flujos de remesas hacia México en episodios en los que el  mercado laboral en Estados Unidos ha mostrado  niveles de fortaleza como el actual.

En ese sentido, la migración a Estados Unidos se incrementó en los últimos dos años, incluyendo a la población migrante mexicana que pasó de 11.9 millones en 2021 a 12.2 millones en 2022, de los cuales 4.1 millones tenían la ciudadanía estadounidense, 3.0 millones poseían una Residencia Permanente Legal y 5.1 millones eran no documentados.

Migrantes, niveles récord

En términos de flujo migratorio, se pueden observar importantes incrementos tanto en la emigración mexicana no documentada como en la documentada. En el caso de los primeros, el primer semestre de 2023 registró 381 mil encuentros de migrantes mexicanos con la autoridad migratoria de Estados Unidos (aprehensiones y expulsiones), lo que representó un aumento de 7.5% con respecto al segundo semestre de 2022.

Es importante mencionar que en mayo de este año el presidente Joe Biden terminó las expulsiones por Título 42 (aquellas realizadas por argumentos de Salud Pública), de tal manera que a partir de junio de 2023 ya no se efectúan “expulsiones inmediatas” bajo el recurso legal del cuidado de la Salud Pública y se contempla únicamente las “aprehensiones” consideradas por el Título 8.

Este incremento de encuentros con la autoridad migratoria dio lugar a niveles de población mexicana devuelta por Estados Unidos que no se registraban desde 2013, con 258 mil eventos registrados en 2022 y teniendo como principales estados de devolución a Chiapas, con 11.4% del total de los eventos, seguido de Guerrero (10.1%) y Oaxaca (8.9%).

En cuanto a la emigración mexicana documentada a Estados Unidos se encuentra que no solamente se ha incrementado en los últimos dos años, sino que ha crecido a niveles récord.

Los principales impulsores de este incremento han sido la emisión de visas tipo H-2A referentes a trabajo agrícola las cuales se ubicaron en 276 mil en 2022, y las visas tipo H-2B que son otorgadas para “trabajo temporal realizando otros servicios” de las que se emitieron 85 mil en ese año para la población migrante mexicana.

Cabe resaltar que en ambos tipos de visa México se coloca como el principal receptor, representando el 92.5% del total de las emisiones de visas H-2A y 67.7% de las visas H-2B.

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• 2024: mayor deuda y fragilidad fiscal
• Gasto récord en 2024
• Pensiones, desigualdad perpetua

El Paquete Económico 2024 se presenta en un contexto económico global de crecimiento, con una inflación que ha disminuido y con tasas de interés que se mantienen elevadas. Sin embargo, la propuesta para el próximo ejercicio fiscal plantea impulsar el gasto a través de un mayor déficit público, situación que sorprende ya que ni en la pandemia se pretendió elevar tanto el gasto.

Diversos analistas y centros de investigación económica han analizado el último paquete económico de la actual administración y coinciden en la necesidad de una reforma fiscal, pues no obstante que se proponen mayores recursos para pensiones, salud y educación, incrementa el endeudamiento de manera exponencial.

Los especialistas advierten que se requiere reforzar las fuentes de ingreso, de lo contrario se pueden enfrentar serios problemas para el financiamiento de programas presupuestarios en los tres niveles de gobierno.

Los Criterios Generales de Política Económica 2024 proponen un endeudamiento sin precedentes, equivalente al 5.4% del PIB. La aparente disminución del indicador de la deuda en 2023, se debe a cambios metodológicos en el cálculo del PIB y no a una disminución del saldo.

Aunado a ello, el costo financiero de la deuda pública, es decir el pago de intereses y demás accesorios inherentes a la misma, incrementaría 11.8% para 2024: el costo de la deuda del Gobierno Federal aumentaría 16.1% y el de las empresas productivas del Estado disminuiría 7.4%.

A su vez, el gasto neto total propuesto en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo año alcanza una cifra récord de 9.06 billones de pesos. Sin embargo, el 80% de este gasto se encuentra comprometido en el pago de pensiones, gasto federalizado y costo de la deuda, principalmente.

Debido a la caída de los ingresos y al incremento del gasto, el espacio fiscal o mejor dicho el margen de maniobra del presupuesto se reduce 57% respecto a 2023. O sea, a menos de la mitad.

Pensiones, desigualdad perpetua

El 22% del gasto neto total es para pensiones y dadas las características del programa se perpetúa la desigualdad entre la población adulta mayor. El gasto promedio anual en pensiones per cápita de la CFE equivale a 6.6 veces el gasto promedio anual en pensiones del IMSS y 29 veces la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (PBAM).

Al distribuir los dos billones de pesos propuestos para pensiones con información de la Encuesta Nacional Ingreso Gasto 2022, elaborada por el Inegi, se tiene que el decil de mayores ingresos recibe 4.6 veces más recursos de pensiones que el decil de menores ingresos.

En relación al gasto educación si bien presentaría un incremento de 2.7%, estos recursos alcanzarían cifras mínimas como proporción del PIB y del gasto total desde 2016. El 85.5% del incremento se centra en pago de nómina, previsiones salariales, apoyo administrativo y en servicios de educación básica para la CDMX, dejando de lado la educación inicial y la incorporación de nuevas tecnologías.

Los recursos de los programas emblemáticos de la actual administración: Becas Universales; Programa La Escuela es Nuestra (PLEEN); y Universidades para el Bienestar, no presentan cambios significativos. Además, se mantiene una brecha presupuestaria de 0.81 puntos del PIB respecto a la recomendación internacional de destinar entre 4 y el  6 % del PIB en educación.

La SHCP ha proyectado un déficit público de 4.9% del PIB y primario de 1.2%, que resultaría en un aumento a 48.8% del Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) al cierre del siguiente año desde el 46.5% del PIB contemplado para fin del año en curso.

Estas cifras implican un ingreso tributario del orden del 14.4% del PIB. De aprobarse el déficit presupuestario seria el mayor en décadas y frente a los riesgos que prevemos en el panorama presentan un riesgo para la calificación crediticia de los bonos del gobierno mexicano.

A pesar de que este año los analistas privados han sido menos acertados en las estimaciones en materia de actividad económica, la previsión de la SHCP sobre el crecimiento pone en tela de juicio la razón deuda a PIB porque pudiera incrementarse aún más si no se alcanzaran las proyecciones realizadas.

Si bien es cierto que este presupuesto está en línea con lo observado en este sexenio, y no contempla mayores impuestos, nuevamente se está sobrestimando el escenario macroeconómico y se considera que muestra una evidencia en la fragilidad fiscal para la siguiente administración. La herencia entonces para el sucesor de Andrés Manuel López Obrador: endeudamiento exorbitante y fragilidad de las finanzas públicas.

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• Estados más violentos, beneficiarios
• Desplazados aceleran el flujo
• Superpeso e inflación las merman

La política de seguridad que instrumentó el presidente Andrés Manuel López Obrador desde una perspectiva retórica fundamentada en su frase “abrazos no balazos” si bien ha sido un fracaso ha tenido frutos, al menos, en materia económica, específicamente en el incremento del flujo de remesas al país, que tampoco es para vanagloriarse.

Uno de los factores que ha influido en ello, sin duda es el incremento de migrantes mexicanos hacia los Estados Unidos provenientes, principalmente, de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Guerrero y Chiapas, entidades que han sido las más azotadas por la imparable violencia y falta de seguridad que padecen sus habitantes, lo cual ha generado al mismo tiempo, paradójicamente, que dichos estados sean los principales receptores de remesas.

De acuerdo con las más recientes cifras del Banco de México, en junio pasado ingresaron a México 5,572 millones de dólares por concepto de remesas familiares, que equivale a un alza de 8.3% respecto del mismo mes del año previo.

Ese monto es el segundo más elevado recibido en un solo mes, superado solamente en mayo cuando por el efecto del “Día de las madres” llegaron 5,693 millones de dólares. Con este dato, las remesas acumularon una racha de 38 meses consecutivos con crecimiento, iniciada desde mayo de 2020, en la cual promedian una tasa de incremento anual de 16.9%.

En el mes de junio de 2023 se registraron 13.7 millones de operaciones para el envío de remesas a México, 8.5% más que en el mismo mes de 2022, con 12.6 millones de transacciones. La remesa promedio se ubicó en 406 durante junio, sólo un dólar inferior a lo registrado en junio del año previo.

Durante el primer semestre de 2023, las remesas acumularon un flujo de 30,238 millones de dólares, cantidad 9.9% mayor a lo reportado en el primer semestre de 2022, cuando contabilizaron 27,516 millones de dólares.

La apreciación del peso frente al dólar y la inflación en México han mermado estos importantes aumentos de las remesas en dólares a los hogares mexicanos. Durante junio, el tipo de cambio pesos por dólar promedió 17.29 pesos, 13.4% menor al mismo mes del año anterior; mientras que en ese mismo periodo la inflación anualizada en México fue de 5.1%.

En junio pasado los hogares mexicanos recibieron 96,300 millones de pesos por concepto de remesas. En términos reales, este monto fue mayor a lo percibido durante enero y febrero de 2023; pero es 15.1% inferior al monto máximo de poder adquisitivo que lograron alcanzar en julio de 2022.

Estados más beneficiados

El año pasado, los estados con mayor dependencia hacia estos flujos de divisas fueron Michoacán (16.4%), Guerrero (16.4%), Chiapas (14.9%), Oaxaca (14.8%) y Zacatecas (14.4%).

La información del Banco de México revela que durante el primer semestre de 2023, Jalisco se mantuvo en primer lugar como el estado que más recibió remesas en el país, con 2,648 millones de dólares.

Le siguió Guanajuato, con 2,613 millones de dólares y en tercer lugar se ubicó Michoacán con 2,601 millones de dólares. Se estima que cada uno de estos tres estados cerrarán 2023 con flujos anuales de remesas superiores a 5,000 millones de dólares.

Llama la atención que Guanajuato ha tenido una acelerada dinámica en la recepción de remesas, lo que le ha permitido desplazar a Michoacán al tercer puesto, y de mantenerse su ritmo de crecimiento observado (+9.4% anual) podría convertirse a finales de año en la entidad que más reciba remesas a nivel nacional.

Es notable el fuerte crecimiento de las remesas a Chiapas registrado en los últimos años, que lo ha posicionado como el cuarto estado que más recibe estos recursos. En el primer semestre de 2023 llegaron a Chiapas 2,056 millones de dólares, que equivale a un aumento de más de 50% respecto del mismo periodo de 2022. En lo que va de 2023, es el estado con el mayor incremento en sus flujos de remesas.

Otras entidades federativas que también han registrado importantes aumentos en sus flujos de remesas familiares, aunque en menor intensidad, fueron Baja California Sur (+34.6%), Puebla (19.1%), Estado de México (+18.1%) y Aguascalientes (16.1%). Durante el primer semestre de 2023 solo dos entidades registraron decrementos en sus ingresos por remesas: Sinaloa (-5.1%) y Tabasco (-3.3%).

San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas, ya se posiciona como el municipio que más recibe remesas en el país, con 420 millones de dólares (md) recibidos en el primer semestre del año. Ya ha desplazado a Tijuana, en Baja California, a la segunda posición, con un flujo de 386 md.

Le siguen en relevancia otros municipios en el país que son importantes centros urbanos como Guadalajara (330 md), León (305 md), Morelia (304 md), Puebla (282 md), Aguascalientes (282 md) y Monterrey (278 md). Después de estas importantes urbes, aparece otro municipio de Chiapas en la novena posición: Comitán de Domínguez (241 md).

En el mapa de las remesas del Banco de México destaca también otro municipio, pero este ubicado en el estado de Guerrero, que se ha visto fuertemente beneficiado por el flujo de divisas provenientes del exterior. Se trata de Tlapa de Comonfort, localizado en la zona montañosa del estado, a 180 kilómetros al este de Chilpancingo, capital de la entidad gobernada por la morenista Evelyn Salgado.

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• Grandes contribuyentes aportan 165 mil mdp
• IDEI debuta en Bolsa
• Constructoras mejoran indicadores
• Serfimex soltará créditos

De los logros que ha tenido la actual administración, justo es reconocerlo, es la simplificación administrativa para el pago de impuestos y la regularización de contribuyentes que se instrumentó al inició de esta administración, con el objetivo de elevar la recaudación tributaria.

Uno de los puntos destacados de los programas fiscales fue brindar confianza a los contribuyentes para que éstos pudieran hacer la autocorrección en sus declaraciones de impuestos ante las autoridades tributarias si por alguna u otra razón tenían irregularidades o, bien, no habían presentado en tiempo y forma sus declaraciones.

La confianza a los contribuyentes y la autocorrección han rendido sus frutos, pero más importante aún es la fiscalización que se ha llevado a cabo sobre los grandes contribuyentes; es decir, sobre las grandes empresas o corporativos habituados en el pasado a evadir y eludir el pago de impuestos.

Sólo en el primer semestre de este año, gracias al Programa de Fiscalización a Grandes Contribuyentes y por auditorías, el Servicio de Administración Tributaria (SAT),  que encabeza Antonio Martínez Dagnino, recaudó 165 mil 120 millones de pesos.

Con estas acciones, que tienen como objetivo erradicar prácticas con las que se evita o disminuye el pago de impuestos, se logró además la regularización total o parcial de 644 de este tipo de contribuyentes.

El Informe Tributario y de Gestión del segundo trimestre de 2023 reporta que el SAT recaudó 1 billón 120 mil 45 millones de pesos de Grandes Contribuyentes, lo que representó 49% de los ingresos tributarios totales recaudados durante ese periodo, que asciende a 2 billones 275 mil 86 millones de pesos.

Destaca la retención de impuestos sobre la renta (ISR) por sueldos y salarios de las personas morales, rubro que presentó el mayor crecimiento durante el primer semestre, al incrementar 58.6 mil millones de pesos, respecto al año pasado, ubicándose en 581.5 mil millones.

Esto derivado de que en 2021 entró en vigor el decreto que modificó diversas disposiciones referentes a la subcontratación laboral, lo que obligó a las empresas a la sustitución patronal y generó un aumento sostenido de las retenciones netas de sueldos y salarios. Durante el segundo trimestre de 2023, el número de empleadores subió 3.2% y el de empleados 3.3 por ciento.

Cabe mencionar que del total de contribuyentes activos con obligaciones fiscales (62 millones 942 mil 315), 96% corresponde a personas físicas y 4% a personas morales. En este último se encuentran los Grandes Contribuyentes, que representan el 0.02% del padrón.

IDEI debuta en Bolsa

Grupo Bolsa Mexicana de Valores (Grupo BMV), que preside Marcos Martínez Gavica y dirige José Oriol Bosch, dio la bienvenida al mercado de valores a Internacional de Inversiones (IDEI), al celebrar su debut mediante la emisión de Bonos Verdes ligados a la Sostenibilidad, conocidos como “super green bonds”.

Con esta emisión por un monto de 800 millones de pesos, IDEI, desarrollador inmobiliario líder en proyectos sustentables que preside Alberto de la Garza Evia, se convierte en el primer emisor de este tipo de instrumentos en México y a nivel mundial en el sector inmobiliario.

Los fondos obtenidos mediante esta emisión permitirán a IDEI, ampliar sus propiedades con certificación medioambiental EDGE o LEED, con el objetivo de mejorar la eficiencia energética entre un 20% y un 40%.

Con una historia de 50 años, IDEI es el principal desarrollador inmobiliario de la zona metropolitana de Monterrey. Su portafolio incluye espacios de oficinas, desarrollos residenciales y complejos comerciales en Nuevo León y Texas, Estados Unidos. Adicionalmente, IDEI administra más de 13 mil millones de pesos en fondos privados para inversionistas y family offices.

Constructoras mejoran indicadores

De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC), elaborado por el  Inegi, el valor de la producción generado por esas unidades económicas aumentó 6.7 %, en términos reales en junio de 2023, respecto a mayo pasado.

A tasa mensual, en el mes de referencia y con cifras ajustadas por estacionalidad, el personal ocupado total incrementó 1.6 %; las horas trabajadas, 1.9 % y las remuneraciones medias reales, 0.9 por ciento.

A tasa anual y con cifras desestacionalizadas, el valor real de la producción de las empresas constructoras creció 27.8 %; el personal ocupado total, 3.4 %; las horas trabajadas, 9.9 % y las remuneraciones medias reales 4.7 %, en junio de 2023.

Serfimex soltará créditos

En un entorno donde el precio de las viviendas nuevas sigue al alza, con un  aumento anual del 12.7%, atribuido a la disminución en el inventario y una sólida demanda de propiedades, los desarrolladores enfrentan la necesidad de obtener nuevas fuentes de financiamiento para contrarrestar los incrementos causados por la inflación y el aumento en los costos de materiales.

Para brindar apoyo financiero a los constructores de vivienda, Serfimex, Sociedades Financieras de Objeto Múltiple que dirige José Achar Abadi, anunció que en lo que resta de este año y el 2024, tiene previsto otorgar créditos puente por valor de 2,000 millones de pesos a desarrolladores inmobiliarios.

Según Serfimex, los proyectos a financiar abarcarán primera vivienda o para uso vacacional y se cubre desde viviendas de interés social hasta residencias de lujo.

La colocación de créditos, según dijo José Luis González, director de crédito puente en la sofom, se enfocará principalmente en los estados de Durango, Coahuila, Jalisco y Baja California Norte y Sur. Los financiamientos cubrirán plazos de hasta 48 meses, con montos que oscilan entre 10 y 100 millones de pesos, aunque comentó que seguirán trabajando en toda la República.

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• Regresividad en programas oficiales
• Se reduce acceso a salud y educación
• Crédito Infonavit, sólo para algunos

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, dio a conocer recientemente su medición de la pobreza para 2022. Los datos del organismo pusieron muy contento al presidente Andrés Manuel López Obrador  y a todos sus súbditos, porque según el Coneval la pobreza se redujo sensiblemente entre 2018 y 2022.

El señor de Palacio celebró y presumió que en el periodo mencionado 5.1 millones de personas en México dejaron de ser pobres, gracias a la mejoría de los ingresos por los incrementos a los salarios mínimos y a las transferencias de los programas sociales, aunque –y eso no lo dijo— en el mismo lapso 400 mil mexicanos pasaron al nivel de pobreza extrema.

Lo que no dijo tampoco el señor López Obrador es que las carencias sociales en el país han aumentado significativamente durante su mandato, al tiempo que muestran serios retrocesos y reflejan la preferencia oficial por las transferencias en efectivo por encima de los servicios sociales.

El estudio del Coneval es una medición multidimensional que toma datos de la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares para 2022 (ENIGH 2022) publicada recientemente por el Inegi y de otras fuentes que identifican las carencias de la población respecto a los derechos sociales que le corresponden.

En contraste con el impacto de los ingresos en la pobreza, las carencias sociales muestran serios retrocesos entre 2018 y 2022. El número de personas con al menos tres de las seis carencias que define el Coneval, se elevó considerablemente en 7.1 millones de personas, para llegar a 32 millones o más de 28% respecto a 2018.

La menor pobreza junto a las mayores carencias sociales es muestra clara de la preferencia del gobierno por las transferencias en efectivo a la población, prácticamente como dádivas sin condiciones, por encima de los servicios sociales que por la ley privilegia.

Regresividad en programas

Pero la estrategia del gobierno no beneficia necesariamente a los más pobres. El hecho de que la pobreza moderada se redujo y la extrema se elevó entre sus primeros 4 años, es señal de una forma de regresividad en los programas oficiales.

Por ejemplo, el gasto en salud de los hogares del decil más bajo de ingresos creció 90% en términos reales entre 2018 y 2022, lo que está necesariamente relacionado con un manejo deficiente del sector salud.

El deterioro de los servicios públicos sociales, o el aumento de las carencias, entre 2018 y 2022 desafortunadamente se concentra en las áreas de formación de capital humano: educación, alimentación y salud.

El rezago educativo aumentó en 1.6 millones, el acceso a alimentación nutritiva y de calidad bajó en 4.1 millones y, notoriamente, la población que se quedó sin acceso a servicios de salud -o cobertura de salud pública- aumentó en 30.3 millones; la carencia de este servicio pasó del 16.2% a 39.1%.

Quienes perdieron el acceso a la salud han tenido que gastar más en los servicios y medicinas que antes recibían por parte del Estado -como el seguro popular-, lo que seguramente empujó a muchas familias que están cerca de los umbrales de pobreza a caer en ella. No es menor, se trata de 30 millones de personas que perdieron la cobertura de salud, incluyendo el año de la pandemia.

Si no se revierte rápidamente el deterioro en materia de carencias sociales, que hace más vulnerable a la población, el impacto en el ingreso futuro de los hogares y en el desempeño de la economía será nocivo.

La preferencia oficial por programas de transferencias directas refleja una decisión presupuestaria implícita en contra de la formación de capital humano -salud, educación, alimentación-, con graves implicaciones.

Sin dejar de reconocer el valor de la disminución de la pobreza que se ha logrado vía transferencias monetarias y aumentos administrativos de salarios (mínimos), lo mejor para la población y el país es que a futuro los programas sociales avancen con educación útil para el progreso de las personas, con salud adecuada para todos, con más productividad y con verdaderas oportunidades de movilidad social. Es decir, con más componentes que promuevan el capital humano y un auténtico bienestar.

Crédito Infonavit, para algunos

En los últimos años, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), que dirige Carlos Martínez,  ha implementado diversas reformas y programas con el objetivo de mejorar la accesibilidad y las condiciones de los créditos hipotecarios, buscando facilitar la adquisición de vivienda para los trabajadores mexicanos.

En este contexto, la encuesta del “Termómetro Laboral”, de OCCMundial, en su semana 166 (del 4 al 11 de agosto), preguntó a los trabajadores mexicanos si consideran que las actualizaciones realizadas por el Infonavit lo convierten en un medio efectivo para que comprar una vivienda.

Al respecto, 33% de los encuestados manifestó que el crédito destinado a la adquisición de vivienda resulta beneficioso solamente para algunos, el 25% aseguró que el Instituto no es efectivo y el 15% restante admitió no estar informado.

Por su parte, un 28% de los participantes en el sondeo consideró que el crédito del Infonavit sigue siendo el mejor medio para que los trabajadores puedan adquirir una vivienda. Al respecto destacaron  tres razones: El reciente incremento a la línea de crédito; las atractivas tasas de interés y la posibilidad de realizar aportaciones directas al capital del crédito.

Se les preguntó cuál es la opción más conveniente al momento de utilizar el crédito Infonavit, a lo que el 49% dijo que comprar una casa o un terreno; 24% consideró el retiro del ahorro de la subcuenta como la mejor opción; 16% dijo que la compra de materiales para la construcción y el 10% restante comentó que es mejor usar otros medios como el autofinanciamiento, Fovissste o a través de instituciones bancarias.

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• Revaluación del peso la favorece
• Paradoja del superpeso
• Mejora recaudación tributaria
• Para la Marina grupos aeroportuarios

Recientemente, el peso mexicano se ha fortalecido respecto del dólar estadounidense; al respecto, el Gobierno Federal ha señalado que esto se debe a la implementación de su política económica.

Sin embargo, la apreciación del peso genera costos para algunos sectores económicos y para las finanzas públicas, pero al mismo tiempo –y esto es la paradoja del asunto– favorecería la deuda per cápita de los mexicanos. Por ello, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) analizó el impacto de la apreciación del peso en algunas variables de la economía.

En el documento ‘Apreciación cambiaria y finanzas públicas. ¿Peso fuerte o debilidad del dólar?’, el CIEP analiza algunos determinantes del tipo de cambio y refiere dos impactos relevantes: una caída en los ingresos petroleros y una reducción de la deuda por persona.

Por un lado, de mantenerse la apreciación del peso, el país asumiría un costo de 75 mil 555.6 millones de pesos, principalmente por menores ingresos petroleros. Asimismo, señala que, con información a junio, se ha observado una reducción de 31.3% respecto de lo estimado en la Ley de Ingresos de la Federación, tanto en los ingresos tanto de Pemex, como del Fondo Mexicano del Petróleo.

Por otro lado, refiere que el menor tipo de cambió ha permitido la reducción en la deuda por persona, la cual bajó 7% al pasar de 113 mil 719 pesos al cierre de 2022, a 107 mil 145 pesos al mes de junio del presente año.

Es importante resaltar que el peso mexicano no es la única moneda que se ha apreciado respecto del dólar estadounidense en lo que va del año; otras monedas de la región como el peso colombiano y chileno, así como el real brasileño también lo han hecho.

De hecho esta situación comenzó a observase desde octubre de 2019, cuando el dólar dio muestras de debilidad, ocasionada, principalmente, por las tasas de interés reales negativas que rigieron desde esa época.

El CIEP resalta que existen diversos factores que provocan variaciones del tipo de cambio, entre las que se encuentran las expectativas de desempeño económico, el hecho de que el peso sea una de las monedas más utilizadas en los mercados internacionales de divisas; y que la tasa de interés real de México sea superior a la estadounidense.

De hecho, la lentitud con la que la Reserva Federal ha elevado sus tasas y el temor de que al hacerlo ocasione una desaceleración en la economía estadounidense también han influido de manera determinante para la apreciación de nuestra moneda y otras de Latinoamérica.

Cabe destacar aquí como lo han hecho notar diversos especialistas, que sólo con fundamentos económicos sólidos y finanzas públicas sostenibles será posible mantener una moneda fuerte en el largo plazo.

Recaudación favorable

El Servicio de Administración Tributaria (SAT), dio a conocer los ingresos tributarios de enero a julio de 2023, la cual tuvo un crecimiento real de seis por ciento respecto al mismo periodo del año pasado.

Con información preliminar, la recaudación acumulada de enero a julio de 2023 alcanzó los 2 billones 641 mil 428 millones de pesos, lo que representa un incremento de 297 mil 331 millones de pesos, en comparación al mismo periodo de 2022 y un crecimiento real de 6.0% respecto al mismo año.

De este modo, de 2018 a 2023 el crecimiento real del ingreso tributario neto ha sido de 11.6%, destacó el organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El SAT, que encabeza Antonio Martínez Dagnino, reiteró que la recaudación tributaria es la fuente principal de financiamiento del Gobierno Federal, por lo que de manera permanente se trabaja para lograr que sea eficiente y erradicar prácticas a través de las cuales algunos contribuyentes evitan o disminuyen su pago de impuestos.

Para ello, se implementó el Plan Maestro de Fiscalización y Recaudación 2023, el cual incluye esquemas de gestión de autoridad, acciones de fiscalización, combate a la corrupción y mejor atención al contribuyente. Destacó que los incrementos en la recaudación de 2023, han sido posibles gracias al esfuerzo de los contribuyentes por cumplir con sus obligaciones fiscales.

Grupos aeroportuarios a la Marina

Las entidades paraestatales Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V. y Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. quedarán agrupadas al sector coordinado por la Secretaría de Marina, establece el Acuerdo publicado el pasado 8 de agosto en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El acuerdo rubricado por el presidente Andrés Manuel López Obrador; el secretario de Marina (SEMAR), José Rafael Ojeda Durán, y el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jorge Nuño Lara, establece que éste entrará en vigor a los 60 días naturales siguientes a su publicación en el DOF.

Durante este periodo la SICT, en su calidad de coordinadora de sector de las tres entidades paraestatales, realizará la actualización del capital social de éstas con base en los estados financieros auditados al cierre del ejercicio fiscal inmediato anterior. La SICT también se encargará de la total transferencia de las acciones representativas del gobierno federal y demás acciones previstas en las disposiciones jurídicas aplicables.

La SICT y SEMAR serán responsables del proceso de transferencia de los recursos humanos, financieros y materiales con que cuentan las entidades paraestatales que se mencionan en el acuerdo. Así como proporcionar la información necesaria para la integración de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal que corresponda, en el ámbito de su competencia.

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