Auditar a decenas de entidades del gobierno federal, estados, municipios y alcaldías, conlleva por supuesto ataques cibernéticos. No hay que señalar con el dedo acusador, pero cuando están de por medio licitaciones, contratos y el manejo de recursos millonarios cuyo origen es el presupuesto, hay muchos involucrados que prefieren lanzarse al espionaje cibernético para rastrear como los están investigando. Les dicen, los “burócratas de cuello blanco”.

Es el caso de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que sabe que buscarán infiltrar sus sistemas informáticos, y al respecto, se protege con cinco empresas contra ataques cibernéticos.

En el oficio número UGA-A/091/21, del 10 de noviembre de 2021, mediante el cual se dio respuesta a la solicitud de información sobre el “contrato o contratos con las empresas que detentan la detección y protección de ataques cibernéticos a todas las instancias que integran a la Auditoría Superior de la Federación”, existe información relevante.

En cumplimiento del criterio 03/19, se identificaron del 10 de noviembre de 2020 a noviembre de 2021, cinco contratos en los que entre sus alcances se encuentra la detección y protección de ataques cibernéticos a la ASF, mismos que se encuentran vigentes, y se identifican con los números  ASF-UGA-DAJ-DGS002/2020, ASF-UGA-DAJ-DGS-003/2020, ASF-UGA-DAJ-DGS-005/2020, ASF-UGA-DAJ-DGS035-20 y ASF-UGA-DAJ-DGS-088/2020.

En información revelada a esta columna, se establece que junto con los beneficios del desarrollo tecnológico y la inminente transformación digital dentro de la ASF, también se generan nuevos riesgos y amenazas de seguridad sobre la infraestructura, redes, plataformas y servicios que la ASF utilizan para entregar sus productos a la ciudadanía.

Para justificar la contratación de firmas anti hacker, se estableció que resulta necesario y urgente adoptar las medidas necesarias para garantizar la continuidad y seguridad de sus servicios, así como la integridad y confidencialidad de la información en poder de la ASF, particularmente cuando se trata de datos personales.

De manera interna, el organismo dependiente de la Cámara de Diputados  cuenta con servicios de ciberseguridad en diferentes capas de la infraestructura tecnológica de la ASF, estos servicios constan de “seguridad perimetral” al contar con equipos firewall next generation, con los cuales se minimizan los riesgos de afectación por malware, intrusos, acceso no autorizados, y contra modificación de la información contenida en los portales de internet de la ASF.

De acuerdo a la operación de sus protocolos, se instaló un programa llamado “endpoints” para generar soluciones que monitorean los equipos portátiles, PC de escritorio conectados a la infraestructura tecnológica para detectar actividades sospechosas como malware, virus y ataques cibernéticos.

Para una navegación segura en sus sistemas, se utilizan soluciones de ciberseguridad para contener las amenazas provenientes de sitios web de mala reputación, así como para reducir infecciones de malware, virus y en el peor de los escenarios ransomware que codificaría la información de los equipos de la ASF.

Sobre “protección de pérdida de datos”, generaron una herramienta que tiene como finalidad prevenir las fugas de información confidencial de la ASF, que comprueben la validez de los usuarios que pueden enviar y recibir esta información, sin que esto implique un riesgo de seguridad de la información.

Uno más es el “acceso remoto seguro”. Según los datos, este mecanismo –acceso remoto seguro– protege la transmisión de datos confidenciales cuando los usuarios de la ASF acceden a las aplicaciones desde 23 dispositivos no conectados a la red interna de la institución que incrementen la productividad del personal.

Además utilizan un mecanismo de “cifrado de discos”, cuyo servicio de cifrado ayuda a proteger los datos en los equipos portátiles y equipos de escritorio para que solo puedan acceder a ellos personas con autorización.

Los enemigos cibernéticos están por todos lados. ¿Pero porqué la ASF se protege tanto contra delincuentes cibernéticos? La respuesta es sencilla, muchos son los auditados y buscan vulnerar los sistemas de la dependencia.

No hay que ser mal pensado, ¿cómo señalar con el dedo acusador a miles de funcionarios públicos de alto nivel que todos los años manejan millones de pesos del presupuesto y hacen desfalcos? No sean así, los ataques cibernéticos contra la ASF vienen de otro lado, la burocracia de “cuello blanco”, es bien portada.

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De hecho, el organismo federal ordenó la notificación de varios oficios en relación con conducta presuntamente irregular en su carácter de Instancia Ejecutora.

Lo anterior, según el Convenio de Concertación con la Secretaría de Desarrollo Rural, durante el primer semestre de ese año.

Cabe recordar que el empresario Pedro Cabrera Quijano dirigió durante más de 11 años, hasta noviembre de 2019, la citada fundación.

Ésta es encargada de organizar y poner en marcha la Expo Campo para promover el consumo de lo que produce Yucatán.

Debido a lo anterior, el empresario Pedro Cabrera se encuentra en el ojo del huracán y tiene un panorama incierto, pues las investigaciones avanzan.

Desvíos

En su momento, la ASF encontró una anomalía que asciende a 47 millones 268 mil pesos, corresponde a recursos asignados por Sagarpa a tres asociaciones y empresas.

Entre ellas está Fundación Produce Yucatán, A.C.

Los recursos fueron asignados para el desarrollo de proyectos, pero no se ejecutaron e, incluso, el dinero se terminó desviando.

“En las visitas domiciliarias realizadas por los auditores comisionados de la ASF, se constató que ninguno de los tres proyectos se encuentra concluido ni en funcionamiento.

“Además de que se distrajo parte de los recursos otorgados para fines distintos de los establecidos en el componente”, señala la denuncia.

A todo ello se suman múltiples irregularidades más por las cuales se calcula un fraude al erario que, en números exactos, asciende a 529 millones 864 mil 600 pesos.

Investigada desde el 2016

En 2016, la Sagarpa ejerció un presupuesto de 1,342,500 miles de pesos para el Programa de Fomento a la Agricultura, Componente Innovación Agroalimentaria.

Lo anterior, en los conceptos de Proyectos de Innovación y Desarrollo Tecnológico para Regiones y Prioritariamente a Sistemas Producto Básicos y Estratégicos Agrícolas.

Así como Proyectos de Investigación Aplicada y Transferencia de Tecnología para Atender las Necesidades Principalmente de los Cultivos Básicos y Estratégicos Agrícolas, y otros más.

De estos, se revisó el 100% de las erogaciones realizadas, correspondiente a 1,342,500 miles de pesos, que se integran por 1,188,000 miles de pesos por concepto de subsidios para el componente.

También, 114,038.3 por gastos de operación relativos a la Coordinadora Nacional de la Fundaciones Produce, A.C. (Cofupro), la cual fungió como Instancia Ejecutora, y gastos de capacitación, tecnología y Sistema de Padrón Único de Beneficiarios ejercidos por la Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico (DGPDT) de la Sagarpa.

Así como 29,086.7 miles de pesos relativos a la Unidad Técnica Operativa y 11,375 miles de pesos por supervisión; estos dos últimos ministrados a la Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, A.C. (CCRC).

Se demanda la recuperación de más de 500 mdp

Se tiene como antecedentes las auditorías practicadas a la Sagarpa, con motivo de la Fiscalización Superior de los últimos cinco años.

En éstas, se han observado diversas conductas irregulares en la aplicación de los recursos del subsidio operados por los beneficiarios, así como en gastos asociados a la operación de los programas revisados que han presentado comprobantes simulando la adquisición de bienes para la obtención de los apoyos y posteriormente los cancelan.

Este esquema implicó la supuesta aplicación del recurso, la simulación de proyectos y proveedores no localizados, los cuales a pesar de no acreditar los trabajos emitieron comprobantes fiscales, con lo cual se presume la inexistencia de las operaciones que amparan.

Tras las múltiples investigaciones y observaciones, se destaca la demanda de recuperar 596,677.3 miles de pesos, de los cuales 66,812.7 miles de pesos fueron operados y 529,864.6 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables.

Larga cola

De igual forma, la Cofupro ministro? recursos públicos federales del Componente Innovación Agroalimentaria 2016, en el Estado de Yucatán a cinco beneficiarios por un total de 52,795.4 miles de pesos, y se practicaron visitas domiciliarias a tres de ellos, los cuales recibieron en conjunto 49,808.4 miles de pesos.

Se comprobó que el beneficiario Fundación Produce Yucatán, A.C. recibió recursos públicos federales del Componente por 12,108.3 miles de pesos, para la ejecución del proyecto denominado “Centro Nacional de Innovacio?n y Transferencia de Tecnología del Chile Habanero (CNITT)”, los cuales se catalogaron en el concepto del apoyo “Proyectos de Innovación y Desarrollo Tecnológico para Regiones y Prioritariamente a Sistemas Producto Básicos y Estratégicos Agrícolas”.

Sin embargo, como resultado de la visita domiciliaria que realizo? personal de la ASF en el domicilio donde se debió ejecutar el proyecto, se constató que el beneficiario utilizo? injustificadamente 500 mil pesos para el pago de su proveedor ESSA Servicios Administrativos, Laborales, Contables y Financieros, S.A. de C.V.

Lo anterior, por servicios de guardias de seguridad privada y de limpieza, así como para gastos administrativos en general, conceptos excluidos para el devengo de los recursos en este componente, lo que evidencio? que fueron aplicados en fines distintos de los autorizados, distrayéndolos de su objeto.

Cabe señalar que éstas son sólo algunas de las irregularidades.

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