La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) solicitó información a un usuario para indagar la sustracción de recursos de su tarjeta de teletrabajo operada por la firma Servicios Broxel, en un caso que se suma a múltiples inconformidades expresadas en redes sociales sobre el funcionamiento y la atención de la empresa.

La denuncia fue difundida en redes sociales por el afectado, quien señaló que en enero su tarjeta de teletrabajo quedó sin saldo tras la desaparición de 3 mil 412 pesos, sin aviso previo ni explicación. El usuario indicó que, tras presentar una inconformidad, la empresa respondió un mes después que el reclamo no procedía y que el manejo de los recursos debía revisarse con la institución que realizaba los depósitos.

El problema, explicó el afectado, es que los recursos provenían del Instituto Federal de Telecomunicaciones, un órgano autónomo federal que dejó de operar el programa en octubre de 2025 por lo que actualmente no existe una instancia administrativa a la cual acudir. La tarjeta era utilizada para el pago de servicios básicos como luz, internet y telefonía.

Tras la publicación del caso, la Condusef respondió públicamente al usuario, solicitándole enviar la información por mensaje privado para revisar la situación y brindarle orientación. Cabe destacar que la información oficial del programa Tengo Vales, disponible en el sitio de Broxel, se señala que el saldo disponible no tiene fecha de vencimiento.

El caso no es aislado. En los últimos días, usuarios han expresado en X diversas quejas contra la empresa, principalmente por fallas en la aplicación, dificultades para registrar tarjetas, demoras en la atención telefónica y problemas para consultar saldos o realizar operaciones. Algunos reportes señalan tiempos de espera de hasta una hora en el servicio de atención y errores recurrentes en los procesos de verificación.

Las inconformidades surgen en un contexto en el que Broxel mantiene presencia en distintos programas públicos y privados de dispersión de recursos y servicios financieros. La acumulación de reportes ciudadanos ha incrementado el escrutinio sobre la calidad del servicio y los mecanismos de atención a usuarios.

Recientemente, la empresa también ha sido objeto de cuestionamientos en Jalisco, donde fue contratada para operar la “Tarjeta Única” del sistema de transporte público, esquema que implica el registro y tratamiento de datos personales y biométricos de los usuarios. El programa contempla hasta cinco millones de tarjetas con vigencia hasta 2030.

Además, a nivel federal, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno mantiene bajo revisión una licitación relacionada con vales electrónicos adjudicada a la compañía en medio de señalamientos por fallas en la captura económica de la propuesta de Broxel y riesgos operativos en la entrega de los apoyos.

En su historial figuran sanciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por incumplir disposiciones en materia de prevención de lavado de dinero y por proporcionar información falsa e incompleta. Estos antecedentes se suman a los cuestionamientos recientes sobre la operación y el servicio de la empresa.

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Por Antonio Carrera.

La empresa Servicios Broxel, S.A.P.I. de C.V., propiedad de Gustavo Gutiérrez Galindo, volvió a colocarse en el centro de investigaciones tras ser contratada para operar la “Tarjeta Única al Estilo Jalisco”, programa que condiciona el acceso al subsidio del transporte público en la entidad y que implica el tratamiento de datos personales y biométricos de millones de usuarios.

El esquema establece que quienes utilicen la tarjeta pagarán 11 pesos por viaje, mientras que aquellos que no cuenten con el plástico deberán cubrir una tarifa de 14 pesos. En el caso de estudiantes, el costo queda en 5 pesos. Sin embargo, para obtener la tarjeta, los usuarios deben realizar un registro obligatorio en línea que, aunque se encuentra habilitado desde el 12 de enero, desde su apertura, presentó saturación y fallas técnicas.

Además, el proceso tiene un punto ineludible, donde no es posible avanzar si no se aceptan los términos y condiciones y el aviso de privacidad establecidos por Broxel. De acuerdo con esos documentos, la empresa queda autorizada para recopilar y tratar datos personales y biométricos de los usuarios. La información incluye nombre, identificación oficial, domicilio, así como huellas dactilares, reconocimiento facial, iris, patrón de voz, firmas y, en determinados casos, videograbaciones.

El aviso de privacidad también prevé que la información recabada pueda utilizarse para estudios de mercado, análisis de consumo y promoción de productos financieros de la propia empresa, incluidos créditos. La aceptación de estas condiciones resulta obligatoria para acceder al subsidio del transporte público.

Mientras que el plano financiero, el contrato contempla que Broxel reciba una comisión mensual de 5.45 pesos por cada tarjeta activa. La licitación LPN 690/2025 considera hasta cinco millones de tarjetas y una vigencia que se extiende hasta el año 2030. A ello se suman cargos directos a los usuarios por reposición del plástico, transferencias, recepción de remesas y pago de servicios.

Al respecto, el Congreso del Estado exhortó al gobernador Pablo Lemus a vetar el aumento de la tarifa y a revisar los fundamentos técnicos y presupuestales del ajuste. Los legisladores pidieron al Consejo de Participación Ciudadana y Popular convocar un referendo sobre la tarifa y la tarjeta, luego de recabarse más del 250% de las firmas necesarias. Además, se formó una comisión especial para auditar el servicio y el contrato con Broxel.

En el caso también interviene la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), quien inició una investigación de oficio sobre la tarjeta, además de solicitar información a la Secretaría del Sistema de Asistencia Social para detectar posibles fallas u omisiones en la entrega y operación.

A nivel federal, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno mantiene bajo investigación la licitación LA-06-400-006400001-N-19-2025 de vales electrónicos de despensa para trabajadores federales adjudicada a Broxel, tras una inconformidad presentada por otra empresa participante por presuntas irregularidades en la propuesta económica.

Este antecedente se suma a las preocupaciones que han surgido en Jalisco sobre el alcance del programa de transporte, el manejo de datos sensibles y el modelo de negocio de la empresa encargada de operar el sistema. El acceso a un beneficio público queda condicionado a la aceptación de un esquema financiero privado.

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El procedimiento, organizado por la Secretaría de Hacienda, operó este año bajo reglas distintas. La dependencia eliminó el esquema de subasta inversa que funcionó durante seis años y lo sustituyó por un formato de oferta única. Con ello, cada participante debió subir una sola propuesta económica sin oportunidad de modificarla en tiempo real.

La convocatoria también fijó un descuento inicial obligatorio de 2.75%. Esta condición redujo el monto base —10 mil 337 millones 990 mil pesos— a un Precio Máximo de Referencia de 10 mil 053 millones 695 mil pesos, parámetro que definió el techo de las propuestas.

Solo dos empresas se presentaron en esta edición. Broxel ofreció un descuento de 3.01% y Toka Internacional uno de 2.84%. En el caso de Broxel, la plataforma mostró en ceros los apartados donde corresponde capturar el precio unitario, el importe sin impuestos y el total de la oferta económica, información que debe coincidir con el documento PDF cargado por el licitante.

Fuentes del sector señalaron que un proceso consolidado previo registró un escenario similar: un proveedor obtuvo la adjudicación aun cuando la plataforma mostraba valores en ceros en los campos obligatorios. Ese antecedente incrementó la atención sobre el criterio que aplicará ahora la autoridad al determinar el fallo.

Esta licitación incorporó además un ajuste logístico. El tiempo para entregar las tarjetas electrónicas se redujo a cinco días naturales, en contraste con los 10 días hábiles establecidos anteriormente. En caso de resultar adjudicatario, el proveedor deberá distribuir 800 mil tarjetas en más de 2 mil 100 puntos del país en ese plazo.

La operación exige también capacidad financiera para adelantar más de 10 mil millones de pesos en un periodo corto. Broxel participa de forma paralela en contratos de gran escala, como el de vales del Gobierno de la Ciudad de México y otros programas federales que representan compromisos por varios miles de millones de pesos.

Especialistas consultados explicaron que los tiempos acotados elevan la probabilidad de errores en la personalización, activación o distribución de las tarjetas. Una falla en cualquiera de esos procesos afectaría la entrega de vales de fin de año a cientos de miles de trabajadores federales y la operación regular de más de 200 dependencias.

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Nacida durante el sexenio de Felipe Calderón, Broxel, empresa de servicios financieros propiedad de Gustavo Gutiérrez Galindo, construyó en poco más de una década una red de contratos públicos que a la fecha supera los 25 mil millones de pesos, un ascenso que tomó impulso durante la administración de Enrique Peña Nieto y cuyo historial hoy es revisado por diversas instancias federales.

Desde su creación, en 2011, Broxel encontró terreno fértil en programas públicos de prestaciones y vales. Durante el gobierno de Peña Nieto, su presencia se disparó en organismos como el Infonavit, donde entre 2016 y 2024 obtuvo al menos diez contratos por 701 millones de pesos, ocho de ellos por adjudicación directa. Ese patrón motivó una denuncia presentada en 2025 ante el propio Instituto, turnada también a la FGR, la SFP, el SAT y la UIF, para indagar posibles conflictos de interés y triangulación de recursos iniciados desde esos años.

A nivel estatal, el mayor empuje provino de gobiernos panistas. Entre 2021 y 2024, las administraciones de Aguascalientes, Guanajuato, Yucatán y Querétaro otorgaron a la firma más de 860 millones de pesos en contrataciones públicas, de las cuales 21 de 38 fueron por adjudicación directa.

El expediente también incluye episodios bajo observación regulatoria. En 2020, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sancionó a su filial Broxel Transfer por incumplimientos en prevención de lavado de dinero; y en 2022 multó a otra de sus razones sociales por entregar información falsa o incompleta.

A ello se suma que entre 2019 y 2025 la empresa retrasó la devolución de 121 millones de pesos en vales no entregados al Gobierno de la Ciudad de México, obligando a la Secretaría de Finanzas a emitir múltiples oficios para exigir los reembolsos, según se constató en documentos obtenidos vía transparencia.

Pese a estas alertas, Broxel acumula convenios en administraciones estatales y en distintos organismos federales, varios de ellos derivados de contratos iniciados al amparo de gobiernos panistas y priistas.  El historial, que mezcla montos millonarios, irregularidades operativas y una tendencia recurrente de adjudicaciones6 directas, ha encendido focos rojos en áreas federales que hoy analizan el origen y evolución de esta red de asignaciones públicas.

Esto ocurre, mientras la administración de Clara Brugada se encuentra en plena definición de la licitación para los vales de despensa de fin de año, un contrato estimado en más de 3 mil 700 millones de pesos. Servicios Broxel, que ha mantenido la adjudicación desde 2019, busca continuar al frente.

Personas cercanas al proceso aseguran que el exsecretario de Gobernación y actual senador Adán Augusto López habría desplegado gestiones para presionar a funcionarios capitalinos y operar, a través de medios de comunicación, una estrategia favorable a la empresa con el fin de influir en el resultado del proceso. Estas maniobras, aseguran, han generado tensión política en torno al fallo, programado para hoy lunes 10 de noviembre.

En paralelo, Gustavo Gutiérrez Galindo, fundador y director de Broxel, ha sido vinculado con actores políticos y empresariales desde los años en que su compañía comenzó a obtener contratos federales y estatales. Según fuentes consultadas, durante la última década mantuvo presencia frecuente en uno de los palcos del equipo Miami Dolphins, espacio donde solía reunirse con funcionarios y representantes de distintas dependencias, mientras su firma ampliaba su red de convenios públicos.

De acuerdo a un periodista mexicano que asistió a uno de esos partidos de la National Football League (NFL), uno de los empresarios que fueron ubicados en estas reuniones es Víctor Manuel Álvarez Puga, empresario actualmente requerido por la Fiscalía General de la República por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal relacionados con esquemas de outsourcing.

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