Casi todos los enfoques razonados sobre el partido Morena y el proyecto político del presidente López Obrador han equivocado el marco de análisis político: asumen la 4ª-T y sus instrumentos políticos como si fueran del PRI, cuando las dos experiencias políticas son iguales, pero no son lo mismo.

Si el presidente hubiera decidido la institucionalización de Morena, las decisiones de institucionalización de su movimiento debieron de haber seguido otros senderos: estructura corporativa, representación de clases y sobre todo una dirigencia de alto nivel –diríase que, como en el pasado priísta, de rango funcional a la altura del gabinete político–, pero desde el principio de su sexenio el presidente se deslindó de Morena y de sus necesidades.

En términos sintetizados, el presidente López Obrador nunca pensó en Morena como un partido político de un proyecto sistémico y una nueva élite gobernante, sino que asumió a su organización solo como una agencia de colocaciones, aprovechando inclusive las confusas reglas electorales que rigen a los partidos. Por eso dejó a Yeidckol Polevnsky como presidenta al arranque del sexenio y luego la relevó por Mario Delgado, dos de las figuras que trataron de administrar la organización, pero sin construirlo como partido.

El rechazo presidencial a la posibilidad de que Porfirio Muñoz Ledo fuera presidente de Morena el año pasado respondió a la negativa de iniciar a medio sexenio y con el adelanto político de la sucesión presidencial de 2024 la construcción de un partido real, porque en el fondo una estructura formal de partido dificultaría el mecanismo presidencial-personal de selección del candidato del 2024. Delgado pareció entender el escenario presidencial y solo se ha dedicado administrar las decisiones y a definir candidaturas en función de popularidad y subordinación presidencial.

El presidente López Obrador tuvo conocimiento de los conflictos del PRI como partido cuando derivó en una organización sin ideología y con una estructura que obstaculizaban las decisiones presidenciales. El régimen político actual puede caracterizarse como un sistema de ejercicio personal del poder político, sin ningún partido que obstaculice la toma de decisiones. El presidente de la República en el viejo régimen priista tenía que lidiar con entendimientos, negociaciones e imposiciones para mantener bajo control a la estructura corporativa inventada por el presidente Cárdenas.

Lo ocurrido con Morena en estos cuatro años de dominio lopezobradorista –desde las elecciones de julio de 2018– revela una intencionalidad antipartidista: un liderazgo sin representación, ausencia de grupos dominantes, asunción de la militancia en lo individual y no como representación de clase o corporaciones, desarticulación en el papel tradicional de los partidos con el gobierno en el poder presidencial y cuando menos la mitad de estados de la República sin estructura funcional de comités directivos locales, además del retraso en la configuración de algunas de las estructuras del partido que se han pospuesto, como el consejo político.

El escenario de desorden político que ofreció Morena era previsible y ha estado siempre descontado por el propio presidente de la República, porque sigue prevaleciendo en el ánimo de sus seguidores aquella amenaza de que Morena se ajustaba a sus necesidades o el propio presidente se salía del partido. En la mitad del sexenio, el presidente no se ha preocupado por darle funcionalidad al partido.

En los hechos, Morena ha funcionado –y lo seguirá haciendo– como un movimiento de movimientos y una aduana para el reparto de candidaturas a cargos públicos, pero no le ha permitido convertirse –como en tiempos del viejo PRI– en la estructura de control de postulaciones. El modelo de las encuestas que no han podido demoler los precandidatos presidenciales le ha quitado al partido –aún como mecanismo presidencialista– cualquier intervención en la designación de candidatos.

En la realidad política, Morena es el presidente de la república. Y lo será en los juegos de tensiones de poder que se vienen en la designación del candidato presidencial, con el escenario de que los aspirantes saben que no cuentan con el partido ni con sus militantes y todo es espacio de competencia estará en los límites del poder presidencial.

De ahí el reporte de las elecciones del domingo en Morena: todo salió como estaba previsto.

Política para dummies: La política se ejerce con el poder, no con la ciencia política.

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A pesar de los esfuerzos personales de los presidentes estadunidenses de Nixon a Biden para tratar de entender a su vecino geopolítico, en los hechos México no es un asunto de relación personal de los presidentes, sino una prioridad de seguridad nacional. Una frase se coló en la declaración de Biden; “lo que pasa en México repercute en nosotros”.

En este sentido, la principal responsable del mexican desk (escritorio de asuntos mexicanos) del gobierno de EE. UU. no será el embajador o la embajadora en México aún sin conocerse, sino la embajadora en retiro diplomático Roberta Jacobson, quien fue representante en México un año de Obama y año y medio de Trump.

Jacobson continuará el enfoque de seguridad nacional que tuvieron dos encargados de asuntos mexicanos que fijaron el tema México: el analista de la CIA y luego director de asuntos latinoamericanos del Consejo de Seguridad Nacional con Ronald Reagan, Constantine Menges, por recomendación del senador ultraderechista Jesse Helms. Menges acuñó el concepto que sigue vigente en EE. UU.: “México (es el) próximo Irán en nuestras puertas”, una revolución religiosa y populista. Luego estuvo el embajador John Dimitri Negroponte 1989-1993, pero con una carrera sólida en la estrategia clandestina de seguridad nacional de la Casa Blanca; Negroponte consolido el Tratado de comercio Libre como el factor de sumisión de México a la lógica de seguridad nacional estadunidense.

En este contexto se localiza el nombramiento que hizo el presidente Biden de Jacobson como la responsable de la agenda de México en EE. UU.: la embajadora es experta en relaciones diplomáticas, pero sensible a los enfoques de seguridad nacional. Su habilidad estratégica le ha permitido laborar para republicanos como George Bush Jr. y Donald Trump y demócratas como Barack Obama. Fue, por su enfoque de seguridad subsecretaria adjunta de Estado para Canadá, México y el Tratado en el gobierno de Obama.

Jacobson fue designada embajadora en México por el presidente Obama, pero permaneció año y medio durante el gobierno del republicano Trump, aunque sin capacidad de movimientos porque los asuntos reales de las relaciones diplomáticas pasaron a responsabilidad directa del yerno presidencial Jared Kushner para una diplomacia personal de intereses.

El cargo de Jacobson en la administración actual de Biden revela, al mismo tiempo, la jerarquización estratégica de México en el tablero geopolítico de la Casa Blanca: el tema de la frontera bilateral de más de tres mil kilómetros abarca todo el flanco sur de EE. UU., de la bahía militar de San Diego hasta la punta de la península de Florida que hace frontera estratégica con el caribe aún cubano-soviético. Y los tres temas en la frontera son clave para la Casa Blanca: migración ilegal, cárteles del crimen organizado en tráfico de drogas por corrupción en ambos lados y puerta sur de seguridad nacional sudamericana.

En este sentido se localiza la decisión presidencial de Biden de incrustar las funciones de Jacobson en el seno del Consejo de Seguridad Nacional, un organismo asesor de funciones y no operativo, salvo por el papel del teniente coronel Oliver North desde el CNS para el financiar de manera ilegal a la contra nicaragüense con tráfico de armas a Irán. El papel de Menges en el CSN fue de prender focos de alarma –ya no de alerta– sobre México y de participar en el intento de Reagan y el director de la CIA William Casey en 1985 para fabricar un reporte que dijera que México estaba al borde el caos. La historia la contó Bob Woodward en su libro Velo. Las guerras secretas de la CIA.

Jacobson, por tanto, será la encargada de la Casa Blanca del tema México desde la perspectiva de seguridad nacional.

Sinaloa. Tres doritos después. Luego de acusar de corrupción a Rubén Rocha Moya, hoy candidato de Morena al gobierno de Sinaloa, el hasta hace poco candidato del Partido Sinaloense y Movimiento Ciudadano, Héctor Melesio Cuén Ojeda, ha decidido sumarse al carro morenista a cambio de alguna posición menor. Es el caso típico de “tres doritos después”: de mendigo a millonario. Ahora el morenista Rocha va a tener que asumir parte del desprestigio de su exacusador, mientras el candidato del PRI-PRD-PAN, Mario Zamora Gastélum, sólo tiene que esperar que la alianza Cuén-Rocha le traslade votos.

Política para dummies: La política no es diplomacia, sino dominación de poder.

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No hay un examen previo de conocimientos políticos, institucionales y constitucionales para ejercer los oficios de presidente de la república, gobernador, alcalde, senador o diputado. Pero debiera haberlo. La administración de la polis requiere de sensibilidad, conocimiento y experiencia en política y poder.

Los partidos han acudido a figuras públicas del espectáculo para ofertar candidatos que les den votos. En privado, los dirigentes de los partidos buscan sólo porcentajes electorales para mantener el 3% mínimo que les permita seguir con el registro legal y presupuesto público. Sin embargo, con figuras del espectáculo están mandando un mensaje equivocado: ser gobernados y regidos por ídolos de la imagen.

Cuando menos una veintena de personalidades del espectáculo, todas exitosas, aparecen en candidaturas: tres aspirantes a gobernador, siete a alcaldes y diez a diputados. Las demás candidaturas se han asignado a políticos profesionales, aunque con la certeza de que todos, actores y profesionales, carecen de conocimientos políticos y de Estado para ejercer los cargos, con excepciones que tampoco garantizan eficacia porque se someten a mandos superiores.

Los aspirantes a cargos públicos debieran tener en claro cinco escenarios claros que los tendrían que llevar a reflexiones propias para mantener sus objetivos públicos:

1.- Cuál es su enfoque sobre el problema central de crimen organizado que ha desplazado al Estado de los órganos de gobierno y que ha asesinado a decenas de diputados, alcaldes y exgobernadores. ¿Están dispuestos a arriesgar la vida para ejercer el cargo?

2.- ¿Cuál es su experiencia en manejo presupuestal como para asumir lineamientos de ejercicio de gasto bajo el control de la Auditoría Superior?

3.- Cuál es su propuesta en tres rubros: crisis económica, crisis de seguridad y crisis de salud, pero en términos cuantificables, precisos y programáticos.

4.- ¿Estarían dispuestos a renunciar a sus riquezas y a ingresos extra salariales propios y de los cargos públicos para vivir de manera exclusiva del salario, con observación abierta de la ciudadanía?

5.- ¿Cuál sería su propuesta de administración del aparato público que les corresponde para evitar asesorías o funcionarios que gobiernen desde las sombras?

Y a los aspirantes a legisladores habría que agregarles dos preguntas más: ¿conocen el proceso de funcionamiento del sistema político, del desequilibrio de poderes y de formación constitucional de leyes? Y otra: ¿qué paquete legislativo van a promover desde su curul?

La ex Miss Universo Lupita Jones ha declarado (Reforma, 18 de febrero) que no tiene experiencia, “pero tampoco mañas”. Sin embargo, en el oficio público, las dos prácticas se asumen con el cargo. Y al final de cuentas, la parte más importante va implícita: los aspirantes a políticos en cargos públicos carecen de experiencia en la política mexicana donde sobrevive el más fuerte.

Los aspirantes a gobernadores y alcaldes debieran de adelantar su percepción sobre las policías municipales, sus diagnósticos del crimen organizado en las estructuras de sus municipios, su valoración del presidencialismo en sus etapas de dominación absolutista, sus conocimientos contables para administrar los recursos presupuestales y, sobre todo, si tienen conocimiento de las deudas que tienen sus haciendas estatales y municipales con los compromisos a más de trienios y sexenios.

Y los aspirantes a diputados debieran de adelantar a qué comisiones legislativas quisieran llegar, por qué y con qué agenda, y definir por anticipado si van a obedecer a su líder-pastor legislativo o a los intereses ideológicos, políticos y de componendas de sus partidos.

Y sobre la realidad-real: ¿tiene el portero Jorge Campos (PES) un diagnóstico del crimen organizado y la pobreza en el municipio de Acapulco? ¿Tiene datos Lupita Jones (PAN) de la prostitución, las mafias, los polleros, el narco y las apuestas que tienen el control de Baja California? ¿Con qué fuerza política negociaría Ernesto D´Alessio (PES) como gobernador de Nuevo León con la plutocracia que domina al estado? ¿Qué saben seis actores aspirantes a alcaldías de CDMX de los cárteles que controlan el poder y el crimen en la capital?

No tienen experiencia, no tienen mañas, pero tampoco conocen la realidad efectiva (Machiavelli) que define la política mexicana en modo de crimen organizado o mafia de poder.

Política para dummies: La política es, en el modelo insuperable de Machiavelli y la verdad efectiva, un oficio sin ética.

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Han sido los propios partidos los que están poniendo en duda su papel en el sistema político: al seleccionar a candidatos-pantalla que sólo le lleven votos, están olvidando que el Congreso es la institución de ejercicio de la soberanía popular, el poder que vigila a los otros dos poderes y el encargado de redactar leyes a favor de la sociedad.

Los partidos, todos, están usando las listas para ganar votos con candidatos de presencia popular mediática en actividades ajenas a la política, pero controlando la definición de plurinominales –no hacen campaña sino ganan votos por partido– para los profesionales que realizan las negociaciones oscuras de leyes y funciones y que requieren de experiencia parlamentaria o cuando menos política.

En este contexto, los legisladores han carecido desde hace tiempo de representación del pueblo, a menos que el pueblo quiera ser gobernados por cantantes, deportistas, luchadores con máscara, actores o actrices o hasta personajes populares vernáculos. En este sentido, los cargos de elección popular han perdido su referente de Estado. Ahí está el caso ejemplar del futbolista Cuauhtémoc Blanco, ídolo popular que ganó la gubernatura de Morelos y que ha mostrado su nula capacidad profesional, intelectual, política y de Estado.

El poder legislativo y los poderes ejecutivos estatales y municipales se van a mover entre dos extremos: el de Jesús Martínez Palillo como actor crítico y azotador de políticos en las carpas en los años cincuenta –del presidente Miguel Alemán y del regente Ernesto Uruchurtu– con sketch de discursos latigueantes de burlas contra el poder o el ideal del barón de Montesquieu que construyó una propuesta de división de poderes que debían configurar un Estado formal. Ante la incapacidad política, de estructuras y carencia de masas, los partidos han optado por el modelo Palillo.

El poder legislativo y los poderes ejecutivos estatales y municipales forman parte de la estructura de configuración de la república. En la teoría, el poder legislativo es autónomo y su papel además de hacer leyes, es el de vigilar a los otros dos poderes. Por su composición nacional, las dos Cámaras constituyen la soberanía popular o el pueblo representado.

Hoy parece olvidarse que los legislativos nacieron como parlamentos para oponerse al absolutismo de los reyes europeos. La Carta Magna de 1215 marcó el principio de limitación del poder totalizador de los reyes, quienes subían impuestos a capricho para financiar sus guerras o mantener sus cortes. El parlamento se fundó, así, bajo una consigna que debe seguir siendo vigente: “no hay contribución sin representación”, ahora como no hay poder absoluto sin representación.

En México las Cámaras han sido apéndices del ejecutivo por configuración del sistema político juarista-porfirista-priísta vigente a través del partido en el poder. Por eso, la oposición parece decidida a olvidarse de su papel, equilibrador, vigilante y estabilizador y convertir a las cámaras en carpas de merolicos.

En lugar de políticos profesionales, en las listas de aspirantes antes y ahora aparece una diversidad de oficios sociales y populares ajenos a las labores de construcción del edificio legal y la vigilancia de su funcionamiento. El último movimiento social fracasado fue el de Sí X México, que redactó una agenda y pactó con los partidos de oposición PRI-PAN-PRD su cumplimiento, pero en las listas de estos partidos no aparece la sociedad civil activa y crítica, sino los mismos cartuchos quemados de siempre. Hay que reiterar el caso de la familia priísta Moreira-Viggiano que tendrá en una misma cámara al jefe de la familia, a su esposa, a su hijo y a su secretario particular.

Los partidos han dejado de ser movimientos de masas, de ideologías, de propuestas, de factores de equilibrio y de verdadera representación social de la soberanía popular para convertirse en camiones recogedores de cachivaches, conocidos en el lenguaje de ciencia política propuesta por Otto Kirchheimer como partidos catch-all o partidos cacha-todo o, en mexicano, partidos recogedores de basura.

La transición mexicana a la democracia se propuso en otros términos, pero quedó en una transición hacia el mismo sitio. Hoy el congreso es igual –lo que quiere decir: peor— que en los tiempos gloriosos de Miguel Alemán y la política domesticada como en la época de oro del viejo PRI.

Política para dummies: La política es una tarea de responsabilidad, pero en México aparece como oficio callejero.

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