Después de las elecciones de gobernador, las próximas se celebrarán en junio del próximo año 2023; sin embargo, el consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello y el consejero activista Ciro Murayama Rendón terminarán su gestión en abril del próximo año y ya no tendrán ninguna injerencia en esas votaciones.

El efecto calendario inevitable y la iniciativa de reforma electoral presentada por el presidente López Obrador y Morena tendrán cuatro pistas de atención electoral: la reforma, la designación de cuatro de once consejeros, la designación de un nuevo consejero presidente y el obligado relevo del secretario ejecutivo del Instituto porque el actual, Edmundo Jacobo Molina, fue impuesto en una votación adelantada, irregular y con la complicidad panista para que Córdova pueda mantener el control del INE hasta 2026.

Sea cual fuere el camino que tome la iniciativa de reforma electoral, lo único que queda claro es que llegó a su fin el modelo electoral que impuso el presidente Carlos Salinas de Gortari en 1990 para disfrazar de reforma lo que fue solo la continuidad maquillada del viejo modelo de la Comisión Federal Electoral de Manuel Bartlett Díaz que lo entronizó en el poder en 1988.

Salinas, Jorge Carpizo MacGregor y Ernesto Zedillo inventaron una estructura centralizada en un Consejo electoral nominado en un principio por decisión presidencial y después repartidos los consejeros entre los partidos registrado, para evitar la creación de una autoridad electoral autónoma de manera absoluta. No por menos, por ejemplo, el gran cacique electoral del INE es José Woldenberg, primer consejero presidente que fue designado por Salinas, Héctor Aguilar Camín y Zedillo por su articulación orgánica al modelo de democracia política delegativa sobre la cual nunca perdió el control la autoridad presidencial. Córdova y Murayama fueron asesores de ese primer Consejo electoral de Woldenberg.

La perversión salinista creó un Instituto Electoral que debiera ser autónomo del presidencialismo agobiante y de los partidos registrados, pero el mecanismo de designación de consejeros quedó en manos de los partidos políticos que votaban por mayoría a los seleccionados, pero también por una triple sobrerrepresentación de partidos en la mesa-herradura del Consejo del INE por permitir la presencia de consejeros votados por partitos, representantes directos de los partido y legisladores con representación de partidos.

El INE ha tenido varias reformas: Salinas lo creó dejando al secretario de Gobernación como presidente del organismo, Zedillo lo quitó con la decisión de consejeros designados por el presidente de la república y la reforma del 2014 fue pactada por el presidente Peña Nieto y el PAN para colocar a Córdova Vianello como el consejero presidente que representara los intereses de esas dos fuerzas políticas ante la avalancha que ya se preveía de López Obrador rumbo a las elecciones de 2018.

En este contexto, el INE nunca ha sido un organismo autónomo en términos reales, con escenarios grotescos como la complicidad del presidente Vicente Fox con la lideresa priísta magisterial Elba Esther Gordillo para imponer en 2004 al consejero presidente Luis Carlos Ugalde y luego destituirlo de manera vergonzosa por su incapacidad para manejar a favor de Felipe Calderón Hinojosa las elecciones presidenciales de 2006. Y en el mismo escenario queda la decisión política del presidente Peña Nieto para mantener como consejero presidente a Córdova Vianello en 2015, después de que se dieron a conocer grabaciones donde este funcionario insultaba de manera racista a representantes indígenas que exigían derechos electorales burlándose de la forma de hablar, circunstancias que debieron haber provocado su cese fulminante por la violación de las leyes contra el racismo.

Con el apoyo del PRI, del PAN y del PRD ya sin Cárdenas ni López Obrador, Córdova y Murayama se asumieron como Cuarto Poder autónomo del Estado –con reglas salariales doradas— y se autodotaron de la función de representar y defender el modelo de democracia representativa como un dique de contención a las propuestas de democracia participativa del López Obrador y desde el INE se construyó la narrativa de acusar al presidente de la República de gobernante populista autocrático.

Córdova y Murayama agotaron el modelo salinista del INE y su proceso de salida abre la gran oportunidad para construir, ahora sí, una autoridad electoral autónoma del poder presidencial.

Política para dummies: la política es la demagogia de la democracia. El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la pública.

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El nombre quedó a disposición del Instituto Nacional de Derechos de Autor y fue adquirido de manera directa y el derecho de marca fue comprado a sus anteriores propietarios. El autor de Indicador Político, que fue director interino de El Independiente en 2004 antes de ser clausurado, será el director general del nuevo proyecto que responderá a la necesidad de rescatar la pluralidad en los medios y de acompañar a la sociedad en lo que debería ser una segunda y más profunda transición a la democracia.

El nuevo periódico abrirá sus puertas a periodistas y analistas de todas las corrientes ideológicas para evitar la parcialidad de la coyuntura y para ofrecerle a los lectores un escenario interpretativo abierto de la pluralidad del pensamiento periodístico mexicano.

Asimismo, el nuevo El Independiente eludirá las trampas de la confrontación parcializada y tratará de demostrar que hay un país dinámico, vivo y expectante fuera de Palacio Nacional, de las mañaneras y de la figura del presidente de la república. Los medios de comunicación cayeron en el espacio reducido de la confrontación personal, a pesar de que el país tiene una serie de temas nacionales que requieren de la observación y el análisis periodístico hasta ahora marginado en las páginas de los medios escritos.

La dirección y administración de El independiente nada recogerá de los conflictos del pasado, con excepción del compromiso incluido en el nombre. La función de observadora crítica de la realidad que tiene la prensa se ha visto acotada por el activismo de confrontación de colaboradores periodísticos que representan grupos de interés involucrados en la disputa por el poder político.

La historia reciente del periodismo muestra que en el periodo 1968-2000, la prensa de papel fue clave en el proceso de transición mexicana de un régimen autoritario a uno con mejores –aunque incompletas— reglas democráticas, contribuyó a la destrucción del viejo sistema presidencialista como la estatua de Lenin y al PRI como el muro de Berlín del sistema político priísta autoritario.

La transición democrática del 2000 se extravió en la incapacidad del presidente Fox y sus colaboradores para entender las tareas de la construcción de un nuevo sistema/régimen/Estado, en la falta de un proyecto democratizador por Calderón y en la restauración del PRI salinista neoliberal con Peña Nieto. La nueva alternancia del 2018 fue atrapada por la vorágine de un proyecto social-popular, el deterioro del modelo PRI-PAN-PRI y los estragos de la pandemia estallada en 2020.

Ahora mismo, la prensa se encuentra en un espacio estrecho y desfavorable de diálogo tenso con el presidente de la república, pero descuidando su función de una observación crítica de toda la realidad mexicana. Afuera de Palacio Nacional existe una república que está esperando debatir su realidad para encontrar caminos de salida de una complicada crisis general que tiene su explicación en el fracaso del PAN y del PRI para construir y andar un tránsito hacia una república de leyes e instituciones.

La pluralidad de colaboradores de El Independiente determinará la voluntad de sus editores y directivos para darle prioridad al análisis, salirse de la confrontación con los poderes institucionales y plantear necesidades y opciones que ayuden a reencauzar la viabilidad republicana sin ahogarse en las confrontaciones con los poderes institucionales. En el periodo de la primera transición 1968-2000, la prensa demostró su capacidad para jugar un papel clave en la desactivación del régimen autoritario y represivo del PRI. La alternancia partidista en la presidencia de la república en 2000, 2012 y 2018 no pudo existir sin el dinamismo crítico y propositivo de la prensa de papel, toda vez que la prensa electrónica ha sido brazo operador de los intereses corporativos de los propietarios de las concesiones de radio y televisión.

El Independiente abrirá canales de comunicación circular con la sociedad para incorporarla como objetivo central de su tarea a la renovación y construcción de esa república de leyes e instituciones que ha sido un pasivo y una deuda de la transición frustrada.

Política para dummies: la política tiene en la prensa un espacio vital para el debate democrático.

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La edición número 11 de la revista digital Palacio Nacional 2024 busca abrir un debate sobre la crisis ideológica de México: la inexistencia histórica –José Revueltas dixit— de un partido socialista de la clase obrera y la imagen de los despojos del PRD aliado nada menos que a sus enemigos de ideas: el PAN en fase de ultraderecha y el PRI reconstruyendo la opción neoliberal salinista.

El análisis de la revista (https://indicadorpolitico.com.mx/?page_id=12227) parte del criterio de que la única opción de izquierda es la que tiene definiciones ideológicas socialistas. En este sentido, la única izquierda socialista mexicano fue, con todas sus contradicciones, limitaciones y burocracias, el Partido Comunista Mexicano, cuyo final histórico en 1989 representó la disolución de la opción socialista y dejó el escenario ideológico entre el PRI neoliberal, el PAN derechizado y Morena con un alcance solo populista.

El PCM terminó su ciclo histórico con un registro legal como partido institucionalizado, pero en 1989 cedió no solo el documento, sino que los últimos comunistas abdicaron a sus compromisos ideológicos para consolidar el nacimiento del PRD como una izquierda priísta y poscardenista ajena a la disputa por el poder en nombre de la inexistente clase obrera.

La revista toca, pues, un punto sensible en el escenario ideológico del país y advierte una línea política de derechización de la república.

Otro de los temas que aborda la revista Palacio Nacional 2024 es la recuperación histórica de la sucesión presidencial de 1940, cuando el radicalismo ideológico del presidente Cárdenas tuvo que optar entre un sucesor aún más radical (Francisco J. Múgica) o un conservador que tranquilizar a la inestabilidad social y política del país (Manuel Avila Camacho). La decisión es de sobra conocida: el radical Cárdenas optó por sacrificar su proyecto revolucionario en aras de la estabilidad de la república.

El analista Rafael Abascal y Macías hace una revisión de la tendencia electoral en Quintana Roo y sostiene la ventaja de Morena en la lucha por la gubernatura. El reportero Francisco Gómez Maza posiciona la disputa por la presidencia en dos proyectos “peleados a muerte”: el de la derecha empresarial aliada al PAN y el de objetivos sociales de Morena.

La politóloga Patricia Campos retoma el sobrecalentamiento de las redes alrededor del periodista Carlos Loret de Mola hice pregunta sino estaría siendo considerado como candidato presidencial a partir de la popularidad mediática. El analista Diego Velázquez recupera una de las grandes propuestas de modelo de interpretación política que realizó Miguel Basáñez a finales de los ochenta respecto a que la lucha por la presidencia es una disputa por la hegemonía económica a partir de la configuración de camarillas.

Gerardo Lozada Morales le entra el tema sobrecalentado de la circunstancia que es la guerra comunicológica entre los medios de información tradicionales en contra del gobierno actual y una sociedad civil que quiere participar desde las redes sociales sin encontrar caminos adecuados para ello. El politólogo Samuel Smith borda sobre el papel de las redes cibernéticas en la disputa política y previene de que el avance electoral de Morena en las elecciones de junio próximo abrirá aún más la brecha entre el escándalo político y la efectividad electoral.

El analista Guillermo Buendía explora lo que está ocurriendo en la oposición partidista y comienza a plantear los primeros análisis sobre la posibilidad aún no concreta de que pudiera existir una candidatura de unidad de toda la oposición, un fenómeno político que tuvo éxito en plazas de férrea consolidación priísta como Oaxaca, aunque con resultados poco eficaces por el desorden entre los planes de gobierno de las fuerzas que configurarían la alianza y la inexistencia de un programa común –que fue posible en Italia y Francia en los setentas–. Para Buendía, el peso de la candidatura de unidad opositora lo dará la participación del empresariado y su red de intereses.

El debate sobre la elección presidencial del 2024 ahora centrado en la fase de sucesión presidencial o el proceso que conduce el presidente de la república en turno para definir la candidatura de su partido está calentando ya los motores de los partidos.

Política para dummies: en política el futuro es ayer.

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1.- La estructura de propiedad privada de los medios en la definición de políticas editoriales de confrontaciones con el gobierno.

2.- El trasfondo de la disputa por las partidas presupuestales publicitarias del Estado para los empresarios del periodismo.

3.- La identificación de intereses detrás de la crítica.

4.- La responsabilidad del Estado y las instituciones para definir el marco de protección al derecho a la crítica.

5.- El papel de la prensa como contrapeso de los abusos de poder.

El caso de la prensa industrial estadunidense ante Donald Trump y Joseph Biden es un ejemplo para el estudio del funcionamiento de los medios: ¿son parte de la estructura opositora que beneficia a los adversarios de los titulares del poder o ejercen la crítica como un equilibrio político sin intereses particulares?

El presidente Trump tuvo que lidiar con el establishment de comunicación como lobby del aparato de poder liberal y caracterizados como mainstream media o medios de comunicación dominantes que históricamente se dedicaron a apuntalar la ideología del capitalismo estadunidense. La libertad de contenido y de opinión, por ejemplo, en el The New York times no radica en su enfoque de liberalismo democrático, sino que su funcionamiento depende de la cotización de sus acciones en la Bolsa de Nueva York. El The Washington Post de Watergate no supo lidiar con los grandes interese corporativos y se vendió al empresario Jeff Bezos, dueño nada menos que de Amazon y hoy el hombre más rico del mundo con 180 mil millones de dólares de fortuna personal.

La alternancia del modelo político y económico neoliberal PAN-PRI a Morena se encontró con los espacios dominantes de los grandes medios beneficiarios de la publicidad oficial puestos al servicio de la crítica al modelo político popular del presidente López Obrador y ahí se ha establecido una interpretación sesgada del populismo, desdeñando de manera ostentosa el señalamiento del politólogo Arnaldo Córdova en su ensayo La ideología de la Revolución Mexicana en el sentido de qué el proyecto histórico del movimiento social era, en sentido estricto, populista-popular.

El proyecto político de López Obrador ha carecido de la construcción de nuevas instancias de poder en materia de comunicación, a partir del modelo de Althusser de que los medios y la educación son aparatos ideológicos del Estado en sus variantes conservadora, centrista o revolucionaria. La política de comunicación de la 4ª-T se agotó en la centralización de las decisiones de distribución publicitaria, descuidando el territorio de la construcción de consensos y del fortalecimiento de una nueva propuesta ideológica.

A la vuelta de tres años de gobierno, las conferencias de prensa mañaneras apenas han alcanzado para ordenar el mensaje gubernamental, aunque creando un embudo que al final ha disminuido el papel dinámico de la comunicación política del gobierno en el fortalecimiento de los consensos. La apertura al periodismo de redes fue desordenada porque no anticipó la construcción de espacios libres de las interferencias e instrucciones de los dueños empresariales de los grandes medios de comunicación dominantes.

El conflicto Loret-López Obrador debe sacar al gobierno y al Estado de la confrontación personal y debería de conducir a un replanteamiento del marco jurídico de la libertad de expresión. El presidente de la república ha acertado en su señalamiento a la estructura empresarial-ideológica detrás de las denuncias de Loret, pero ha carecido de la construcción de espacios informativos alternativos con fortaleza ética para discutir los mismos asuntos con referentes de denuncia social y no de representación de intereses opositores ocultos con malicia detrás de periodismos exitosos.

Los grandes medios afectados por el estilo atrabancado de Trump se aliaron en el 2020 para apoyar sin pudor la candidatura electoral de Joseph Biden en actos políticos que nada tenían que ver con el periodismo de compromiso social. Basta revisar las páginas de los medios estadounidenses que son presentados hoy como catedrales del periodismo libre envueltos en campañas de distorsión informativa en contra de los republicanos.

El periodismo de intereses empresariales y publicitarios es una desviación del periodismo democrático.

Política para dummies: la política es la disputa por el poder, en tanto que el periodismo es el ejercicio de la responsabilidad social.

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El affaire Loret-López Obrador debe situarse en la verdadera dimensión del conflicto: el periodismo como ejercicio de la responsabilidad social o el periodismo como producto de una militancia política y empresarial opositora. Si algún caso debiera servir como catalizador del ejercicio de la información, no existe ningún otro en México que el del columnista Manuel Buendía, asesinado el 30 de mayo de 1984 cuando se disponía a publicar informaciones sobre funcionarios y empresarios articulados al naciente modelo de los cárteles del narco.

La línea entre ambos tipos de periodismo es muy tenue y no siempre será comprendida por la sociedad como destinataria de la difusión de informaciones sobre el ejercicio del poder público. Una cosa es que los medios necesiten de financiamiento empresarial ante la pasividad y mezquindad de la sociedad para financiar medios a su favor y otra cosa que se ejerza un periodismo opositor y al servicio de los intereses de políticos y empresarios contrarios a los denunciados.

La prensa escrita funcionó, en el modelo de Althusser, como aparato ideológico del Estado hasta 1968. La siguiente etapa fue 1976 cuando el gobierno federal aprovechó las contradicciones internas en la cooperativa Excélsior para empujar la decisión de Julio Scherer García de abandonar la dirección del diario y lanzarse a la aventura de la revista Proceso. En 1988 el politólogo y político Manuel Camacho Solís preguntó al columnista por qué los medios impresos habían apuntalado la candidatura disidente de Cuauhtémoc Cárdenas.

La transición política mexicana, que alcanzó su punto máximo con la alternancia partidista en el 2000, nunca se preocupó por impulsar una transición en los medios de comunicación. Fox o López Obrador, dos presidentes de la transición, carecieron en su acceso al poder de una propuesta de reorganización de la prensa política y aprovecharon la dependencia de los medios respecto de la publicidad gubernamental para mantener controles y supeditaciones, con el reclamo adicional de que la sociedad y los empresarios tampoco le pusieron atención a la construcción de la viabilidad de la prensa para construir medios de interés social sin dependencia de los intereses oficiales y privados.

El gobierno lopezobradorista redujo la política de comunicación social del Estado al recorte de publicidad a los medios de propiedad empresarial, pero sin construir alguna estrategia de apuntalamiento a los periodistas que realmente han estado preocupados por darle una dimensión social a su oficio. Los empresarios de la prensa impactaron el recorte publicitario con disminución de salarios, prestaciones y beneficios a los trabajadores de la información y convirtieron sus medios en espacios opositores aliados a los empresarios que tomaron, de manera reducida, el espacio publicitario gubernamental.

La otra decisión gubernamental fue circunscribir la política de comunicación social a la conferencia de prensa matutina diaria, pero sin lograr su objetivo de romper con la estructura empresarial de los medios ni construir nuevos espacios para periodistas con capacidad de gestión pero sin recursos para crear medios sin la dependencia empresarial. Este modelo de presidencia unitaria contextualiza una táctica de comunicación que cuestiona difusión de denuncias, aunque sin darle a los profesionales de la información el reconocimiento como constructores de opinión pública.

Con una oposición menguada que le regatea espacios a empresarios activistas, el poder empresarial como grupo de presión contra el poder establecido se ha refugiado en medios de comunicación de corte empresarial o han financiado modelos como Latinus, aunque con el objetivo específico de hacer política opositora y no usar el poder de la información para construir sociedad civil, dinamizar la sociedad política y, como señalara el decreto de la libertad de imprenta de 1810, para educar al lector como ciudadano.

La ola de apoyo con el hashtag #TodosSomosLoret debiera ser #TodosSomosManuelBuendia, un heredero sin regateos del modelo de periodismo de Francisco Zarco y comenzar con la reapertura del expediente del asesinato de Buendía en 1984 que fue manipulado por el presidente Miguel de la Madrid y el presidente Salinas de Gortari para esconder la responsabilidad gubernamental.

Política para dummies: la política es un juego de intereses entre los funcionarios y los empresarios, pero marginando a la sociedad.

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No debiera causar sorpresa, pero de todos modos ha llamado la atención la dinámica mediática en redes a favor de Carlos Loret de Mola por su confrontación directa y personal con el presidente de la república. Pero debajo del ruido en las redes sociales se localiza la incorporación de los medios de comunicación como voceros de un bloque político conservador y empresarial.

La defensa a Loret por parte de la sociedad y otros medios nunca se vio en esa dimensión en casos concretos anteriores: el boicot publicitario de la ultraderecha empresarial de Juan Sánchez Navarro contra el Excelsior de Julio Scherer García, el golpe para destituir a Scherer con el apoyo presidencial, el boicot publicitario de López Portillo contra Proceso en 1981 y 1982 por notas publicadas, el asesinato artero de Manuel Buendía cuando se disponía a publicar nombres de funcionarios involucrados en el narcotráfico y desde entonces los asesinatos contra periodistas por labores de denuncia, como Javier Valdez, Miroslava Breach, los casos concretos del 2000 a la fecha y las decenas de periodistas que han tenido que acudir al mecanismo de protección ineficaz del Estado.

La personalización de conflictos de la prensa en nada abona a lo que debiera ser una agenda concreta de construcción de leyes e instituciones que protejan, garanticen y promuevan el periodismo crítico. Asimismo, esta personalización suele ocultar la diferenciación entre el periodismo crítico en función de las necesidades informativas de la sociedad y el periodismo crítico financiado y promovido por grupos que disputan el poder desde la izquierda a la derecha.

Los presuntos abusos de poder contra la prensa no pasan por las instituciones que tienen la función de garantizar el Estado de derecho y entonces se promueve el escándalo en redes. La falta de organización periodística profesional ha llevado solo a la contabilidad de agresiones y no ha derivado en ninguna iniciativa legal para reconstruir el marco jurídico de la libertad de expresión.

Los medios afectados aplican el método de María Félix en La Cucaracha cuando sus tropas le avisan que se terminaron las municiones para sus rifles, a lo que ella les responde: “pues miéntenles la madre que también les duele”. La falta de vinculación de las estructuras legislativas con grupos sociales vulnerables ante el poder ha impedido la creación de leyes que garanticen las libertades de expresión, de imprenta, de prensa y de pensamiento, y se ha dado el caso de que hasta el Instituto Nacional Electoral que se ha autoerigido como el Ministerio de la Democracia Neoliberal también coarta la libertad de expresión y persigue con inquisiciones judiciales a quienes se salen de sus reglamentos autoritarios que desconocen los mandatos constitucionales.

El análisis objetivo del caso Loret no puede dejar de lado el punto central que afecta el ejercicio social de la libertad de expresión: la propiedad privada de los medios de comunicación o los capitales empresariales poderosos que utilizan el financiamiento de la prensa crítica para defender sus intereses. Ahí ha fallado la oposición panista y ahora morenista porque no contribuyeron a modificar esta estructura de dominación ideológico-cultural de los medios al servicio de sus propietarios empresarial.

Tampoco escapa al enfoque analítico el hecho de que los principales promotores del apoyo a Loret sean aquellos que han sido ubicados como defensores del modelo neoliberal-conservador que en el pasado habían participado de los beneficios presupuestales vía contratos y apoyos existentes e inocultables.

La prensa crítica comercial pasó de sector invisible del sistema político/régimen de gobierno/Estado constitucional priísta a enfoques mediáticos contrarios a cambios en los intereses partidistas en el poder. No debe olvidarse el hecho también inocultable de que la única izquierda socialista –el Partido Comunista Mexicano– se postró al PRD priísta de Cárdenas y López Obrador y no construyó una alternativa, con la imagen patética del PRD hoy aliado al PRI, al PAN y a la Coparmex en su lucha contra el proyecto social lopezobradorista.

La prensa mexicana ha acumulado agravios serios contra los poderes políticos y empresariales, pero es la hora en que la respuesta es de gritos, quejas y alianzas con la derecha empresarial y partidista que no busca redefinir el marco jurídico de las libertades de prensa, sino solo ajustar cuentas con el grupo político en el poder presidencial.

Política para dummies: la política tiene, reconoció Lasswell, un papel preponderante en la guerra ideológica de propaganda.

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La esencia del poder político del sistema presidencial mexicano fue la capacidad absolutista del presidente en turno para designar-imponer al candidato presidencial y usar todo el aparato público para hacerlo ganar. La crisis del mecanismo popularizado como dedazo presidencial se colapsó al interior del PRI en 1988, causo la pérdida de la presidencia en el 2000 y el 2006 y no pudo reconstruirse en el 2018.

El proceso de designación del candidato del partido en el gobierno federal para el 2024 ha revivido –aunque no restaurado– el formato del dedazo presidencial, como se ha mostrado después de las elecciones legislativas de junio del 2021. Sin embargo, el modelo presidencialista de designación del candidato de Morena tuvo su primer tropiezo grave con la exclusión del líder senatorial morenista Ricardo Monreal Avila y la decisión del excluido de asumirse como precandidato aún sin el beneplácito presidencial. El columnista Roberto Vizcaíno Aguilar recoge la percepción de que la precandidatura de Monreal fuera del carril presidencial ya prendió y el disidente estará de alguna forma en la boleta presidencial, con o sin apoyo del presidente de la república.

La edición No. 10 de esta semana de la revista digital Palacio Nacional 2024 editada por Indicador Político (https://indicadorpolitico.com.mx/?cat=2986) se refiere a la implosión del dedazo presidencial en la designación del candidato de morena para el 2024 y explica de que manera existe una crisis en la estructura presidencial del poder, toda vez que la fuerza del presidente en turno para mantener la continuidad personal, de proyecto y de grupo se basa en la capacidad para operar la designación y victoria del candidato del partido en el gobierno.

Esta crisis en el mecanismo de sucesión presidencial ha conducido a un nuevo tropiezo en el agotamiento progresivo de la estructura de poder en México: el sistema político, el régimen de gobierno y la legitimidad constitucional. Sobre todo, pudiera estar adelantando el colapso del presidencialismo absolutista que fundó la clase postrevolucionaria en el periodo 1917-1946.

La implosión en el formato del dedazo llevó a la derrota del PRI en el 2000, a la del PAN en el 2012 y de nueva cuenta a la del PRI en 2018. El punto central de este análisis radica en el hecho de que el gobierno de Morena nunca tuvo el objetivo de transformar o modernizar el sistema político priísta y en los hechos el morenismo ha significado la restauración del ciclo progresista del PRI que fue descalabrado por el proyecto neoliberal de Carlos Salinas de Gortari en el periodo 1980-2018.

La edición No. 10 de Palacio Nacional 2024 recuerda los problemas de la crisis sucesoria de 1988, cuando Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano abrió una fractura histórica en el PRI al intentar una elección más democrática –tipo elecciones primarias de Estados Unidos– para una votación abierta con participación de la base militante, tratando de quitarle al presidente de la Miguel de la Madrid el poder absoluto para designar al candidato del partido en el gobierno.

Además de analizar la implosión en el modelo presidencialista de sucesión 2024, la revista recoge un primer acercamiento a la tendencia que están mostrando las encuestas a dos y medio años de las elecciones y las cifras siguen colocando a Morena con una amplia ventaja respecto a los partidos y una cómoda delantera sobre la coalición PRI-PAN-PRD-Coparmex-Claudio X. González.

En este sentido, el politólogo Samuel Schmidt realiza la primera revisión crítica del papel que están jugando los empresarios en el juego sucesorio para tratar de ganarle la presidencia al candidato morenista. Gerardo Lozada Morales procesa el mecanismo de sucesión 2024 desde una lectura de Machiavelli. Y los analistas Patricia Campos y Diego Velázquez escriben sobre la indispensable reparación de daños para evitar una ruptura interna de lo que hoy es una fractura y sobre la existencia de una nomenclatura política dentro de Morena.

Política para dummies: la política es la habilidad para percibir las crisis internas con anticipación y evitar la guerra de posiciones dentro de la coalición dominante.

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Lee también: Biden-Kerry: el posimperialismo capitalista de la Casa Blanca

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Fracasada la reconstrucción de la guerra fría por la imposibilidad de Rusia y China de regresar a los tiempos del equilibrio bélico nuclear, la Casa Blanca de William Clinton a Joseph Biden ha tratado de construir nuevos valores de dominación de países antes dependientes de la competencia capitalismo-comunismo.

Se trata de un modelo al que se puede caracterizar –a reserva de estudios científicos sociales más profundos– como posimperialismo, es decir, el ejercicio del poder absoluto de dominación de Estados Unidos y Rusia para construir alianzas militares-estratégicas-económicas como en los mejores años de la guerra fría entre Brézhnev y Ronald Reagan.

La visita del excandidato presidencial demócrata John Kerry a México en su condición de comisionado especial para el cambio climático estuvo precedida de mensajes de endurecimiento de la Casa Blanca contra aquellos países que no se sometan a los intereses estadounidenses englobados en el concepto estratégico de “cambio climático”.

Pero existen evidencias de que es cambio climático carece de consenso interno, como se vio en la decisión del presidente Donald Trump al abandonar el Pacto de París. Ahora Biden quiere caracterizar la estrategia de cambio climático como un instrumento de presión política y geopolítica de la Casa Blanca sobre los países que tienen prácticas productivas rudimentarias y que carecen de posibilidades de reconversión industrial para tratar de frenar el deterioro del medio ambiente.

Lo mismo ocurre con otras cuatro variables que habían sido inofensivas en la política exterior imperial de Estados Unidos y que hoy son instrumentos de coerción y dominación sobre otros países: el narcotráfico en los países productores y traficantes, pero frente a la demanda de droga de la sociedad estadounidense que tiene que ser satisfecha de cualquier modo; la democracia que quiere reconstruir a EU como el faro internacional de un sistema político que sirve exclusivamente a los intereses del capitalismo explotador; la ciberseguridad que forma parte de la estrategia de seguridad nacional de la Casa Blanca, pero como factor de dominación de otros países y de control de los avances tecnológicos; y el regreso de Washington a su papel de policía del mundo para vigilar con el ejército el funcionamiento del capitalismo imperial en todo el mundo, aunque después de los fracasos militares en el Medio Oriente.

Ninguno de estos cinco puntos que definen hoy la política de seguridad nacional de la Casa Blanca tiene la suficiente validez como para convertirse en un factor de dominación y subordinación imperial, como lo era hasta hace poco el comunismo por su condición de amenaza de sistema productivo frente al capitalismo depredador que vivía de la exacción de recursos de los demás países del mundo.

México tendría condiciones y circunstancias para darle el avión al enviado Kerry, aunque la oportunidad existe para reclamar la influencia negativa del capital estadounidense invertido en sectores productivos y especulativos mexicanos y asumir el argumento de que primero resuelva Estados Unidos el problema de su capacidad productiva que deteriora el medio ambiente y después estaría en condiciones de buscar cooperación de la buena voluntad de otros países para darle prioridad al cambio climático.

Como se vio en la visita de Kerry, el presidente Biden utilizó el cambio climático como un pretexto para que la Casa Blanca anunciara una etapa de presiones sobre decisiones soberanas de México con respecto a su capacidad productiva, pero con la decisión imperial oculta de que la presidencia de Estados Unidos es una extensión de los negocios de explotación capitalista de la inversión norteamericana en el mundo. En este sentido, Kerry debió haber sido recibido como un lobista de los capitales depredadores de la inversión estadounidense y no como el representante de un Estado.

Biden, por los suelos. la aprobación presidencial de Joseph Biden anda ya por los suelos. La estadística consolidada del sitio Real Clear Politics registró que la aprobación llegó a 39.8% contra una desaprobación de 54.4%, la más baja que haya tenido algún presidente estadounidense.

Política para dummies: la política es el mecanismo de dominación sobre el otro y se define en realidad como poder imperial.

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Con el gusto de los que esperan que la Casa Blanca salve a México del proyecto de fortalecimiento del Estado de la 4ª-T, el secretario estadounidense de Estado, John Kerry, estuvo ayer en México para utilizar la política de cambio climático como un mecanismo de presión política contra la reforma eléctrica del gobierno mexicano y favorecer los intereses de las empresas privadas americanas.

Kerry, aplastado como candidato presidencial demócrata en 2004 por el presidente George Bush Jr., fue rescatado por Biden con el encargo de reconstruir la política exterior imperial de Estados Unidos y regresar a los tiempos de la guerra fría ideológica y económica que fue perdida por la Unión Soviética de Gorbachov.

El gobierno de Biden ha posicionado el tema de cambio climático como un instrumento de coerción contra los demás países del mundo, obligando a gastos extraordinarios que debiliten las finanzas públicas de los potenciales adversarios de Washington.

Para el caso de México, Biden y Kerry están destruyendo el famoso y muy promocionado espíritu del Entendimiento Bicentenario bilateral para centralizarlo en la nueva hegemonía de la Casa Blanca en temas vitales como narcotráfico, migración, subordinación económica y productiva a los intereses de las empresas estadounidenses en el marco del Tratado de Comercio Libre y ahora en la agenda estadounidense de recomendar respeto a la libertad de prensa en México, cuando la Casa Blanca de Bush Jr. y de Obama limitaron el ejercicio de la prensa libre en Estados Unidos y tienen a varios periodistas arrinconados en demandas que han llegado a la Corte Suprema.

Kerry está redefiniendo la política exterior de la Casa Blanca en su tránsito de la famosa diplomacia de las cañoneras que justificó guerras de dominación imperial por la actual diplomacia de defensa de las empresas privadas en el extranjero, en este caso México, contra decisiones soberanas para regular la inversión extranjera estadounidense antes dedicada a la exacción de recursos naturales y económicos.

La agenda de cambio climático se quiere aplicar en México para obligar al retiro de la iniciativa de ley de reforma eléctrica que está revisando de manera crítica los contratos que le entregó el gobierno de Peña Nieto a empresas extranjeras, sobre todo estadounidenses, a fin de reconstruir la preponderancia del Estado mexicano sobre el recurso de la generación privatizada de energía eléctrica.

La Casa Blanca, el Departamento de Estado, legisladores de ambos partidos en el Capitolio y la embajada de Estados Unidos en México han intensificado sus presiones sobre el gobierno mexicano para impedir la aprobación de la ley con amenazas de ejercicio de poder político institucional, sustituyendo los tribunales de controversias que deberán de aplicarse en el caso de las empresas afectadas.

En este sentido, la Casa Blanca está usando el cambio climático como un mecanismo de dominación imperial estadounidense sobre México y otros países y violentando los acuerdos soberanos y sobre todo las relaciones bilaterales que quisieron ser reconstruidas con el espíritu del Entendimiento Bicentenario y que hoy carecen de valor por el activismo de Washington sobre decisiones de soberanía mexicana.

El peso asimétrico de la política exterior de Estados Unidos se ha puesto al servicio de los intereses de las empresas estadounidenses y sus utilidades en el sector eléctrico que han sido conminadas a revisar contratos que beneficiaban las utilidades y no la prestación de un servicio social. De ahí que el secretario de Estado de la Casa Blanca deba ser tratado como un abogado litigante de negocios de empresas estadounidenses y no como el representante de una nación.

Inflación no cede. El último reporte del INEGI sobre la inflación señala el mantenimiento de la tendencia alcista de los precios y llegó anualizada en enero de 2022 a 7.07%. La meta gubernamental para todo el año es de 3.4%. Los precios de la canasta básica siguen creciendo por descuidos en la política agropecuaria y por la intervención de los intereses del crimen organizado en la captura de sectores productivos de alimentos.

Política para dummies: la política es la mano del poder de los intereses empresariales de las grandes potencias.

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En su edición semanal No. 9, la revista digital Palacio Nacional 2024 (https://indicadorpolitico.com.mx/?p=15975) enfoca un primer vistazo a los escenarios electorales del PAN, después de la victoria contundente de Vicente Fox en 2000, de la victoria apretada de Felipe Calderón Hinojosa en 2006 y su derrota en el 2012 ante el PRI.

El analista Armando Reyes Vigueras hace un recuento de la participación electoral del PAN en votaciones presidenciales y destaca de manera significativa aquel año de 1976 en que el partido se fracturó por la irrupción empresarial vía el ejecutivo privado José Ángel Conchello Dávila, la influencia del grupo Monterrey y la ruptura de los Garza Sada y seguidores con el gobierno de Echeverría por la expansión del Estado y la política exterior hacia Cuba y Chile, además del propio asesinato del jefe empresarial Eugenio Garza Sada.

A 45 años de ese error político histórico, el escenario del PAN no es el mejor. Concluye Reyes Vigueras:

“Es cierto que esta cercanía con el sector empresarial anti AMLO pudiera representar el acceso a los recursos necesarios para una campaña que le ayude a obtener votos, pero no contar con una candidatura atractiva pudiera dar al traste con este esfuerzo, pues –resumiendo un poco lo dicho en este texto— el PAN es hoy un partido que ha perdido su base electoral, con conflictos internos, cuestionado hasta por sus propios exmilitantes y sin un plan B para remontar posiciones y recuperar espacios perdidos.

“Por lo anterior, no sería de extrañar que no postule candidato propio en 2024 y caiga en brazos de quien le indiquen sus nuevos aliados, sean los de ‘Sí por México’, el PRI o el PRD, o hasta Movimiento Ciudadano, pues Dante Delgado no ve con malos ojos apoyarse en el membrete azul para tratar de ganar dicha elección”.

En su editorial institucional, la revista Palacio Nacional 2024 plantea el desafío de la reforma electoral en el tema central de la capacidad presidencial de designar al candidato de su partido y los conflictos que han estallado en el partido en el poder desde las designaciones presidenciales de 1976. En este sentido, plantea la necesidad de implementar el mecanismo de elecciones primarias como votaciones de candidatos a presidente de la República y senadores para romper de cuajo la herencia nefasta del sistema político priísta que le otorga al presidente en turno la facultad metaconstitucional y personal de imponer la candidatura oficial.

El analista Samuel Schmitd profundiza el conflicto entre el presidente de la República y el líder senatorial morenista Ricardo Monreal Ávila en su texto “El efecto Monreal” y refiere el segundo poder metaconstitucional del jefe del ejecutivo federal que consiste en el derecho de veto a un candidato ajeno a sus confianzas, si es que no puede o no quiere privilegiar el dedazo directo.

El politólogo Diego Velázquez desarrolla un tema que ha venido estando en el ambiente político desde el 2012 y que define como el factor Putin o la capacidad del presidente ruso para intervenir con todo su poderío cibernético en zonas de su interés geopolítico, sobre todo porque es la hora en que Estados Unidos no pudo frenar el intervencionismo cibernético de Putin en las elecciones del 2016 a favor, según algunas revelaciones periodísticas, de la candidatura de Donald Trump.

La oferta de contenido editorial de Palacio Nacional 2024 incluye la revisión de Rafael Abascal de las tendencias electorales y conflictos en la elección de gobernador de Oaxaca por su importancia en la elección presidencial, además de textos de Francisco Gómez Maza, Guillermo Buendía, Patricia Campos y Gerardo Lozada, y un texto histórico que recuerda la sucesión presidencial de 1928 y el referente histórico de que ahí habría nacido el modelo político transexenal del maximato del presidente Plutarco Elías Calles, un hecho que bien pudo no haber sido tan estricto porque el papel del jefe máximo de la revolución fue muy corto y en 1936 fue arrestado por el presidente Cárdenas y enviado al exilio a Los Ángeles, California, de donde regresó como caudillo desarmado.

Política para dummies: la política es un proceso histórico progresivo que más vale no olvidar por su potencialidad conflictiva.

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