Corrupción

‘Alimentos a sobreprecio’: el negocio de la familia Landsmanas y otros grupos empresariales

La Chispa — Thu, 22 Jan 2026 22:54:25 +0000

Por Antonio Carrera.

Un grupo empresarial mexicano vinculado a la familia Landsmanas, encabezado por Jack Landsmanas Stern, figura en investigaciones relacionadas con la venta de alimentos con sobreprecios destinados a Venezuela, dentro del programa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). El caso forma parte de una serie de indagatorias que documentan la participación de intermediarios privados en contratos de importación de alimentos durante el gobierno de Nicolás Maduro.

La destitución de Alex Saab como ministro de Industria y Producción de Venezuela reactivó líneas de investigación abiertas en torno a las empresas que participaron en la cadena de suministro del programa CLAP. Saab, empresario colombiano sancionado desde 2019 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, fue señalado por autoridades estadounidenses como operador de una red de contratos inflados para la importación de alimentos. En ese entramado aparecen compañías ligadas al Corporativo Kosmos, el grupo empresarial de la familia Landsmanas.

Kosmos y otras firmas relacionadas habrían participado en la exportación de alimentos a Venezuela mediante esquemas de intermediación que incluyeron empresas offshore y contratos con precios por encima del valor de mercado. Estas operaciones motivaron indagatorias tanto en México como en Estados Unidos.

La familia Landsmanas, conocida en México por su presencia en la industria alimentaria y por contratos públicos de distribución en cárceles mexicanas, ha estado en la mira de ambos países.

De acuerdo con El Financiero, en México, desde los últimos meses de la gestión de Alejandro Gertz Manero en la Fiscalía General de la República, se abrió una investigación en la que se señaló la presunta complicidad de altos funcionarios cercanos al gobierno de Claudia Sheinbaum.

Señala el diario que el vínculo entre Landsmanas y Saab no se traduce necesariamente en una relación comercial formal directa; sin embargo, ambos aparecen mencionados en investigaciones sobre las cadenas de negocios vinculadas a los contratos para los CLAP, por sospechas de financiamiento irregular, incluso bajo la categoría que Estados Unidos emplea para investigar posibles vínculos con actividades de financiamiento al terrorismo por su relación con el régimen venezolano.

Desde 2019, autoridades mexicanas habían iniciado investigaciones que incluyeron a cerca de 23 empresas por lavado de dinero, triangulaciones financieras y ventas de productos a precios inflados, asociadas con el envío de alimentos desde México a Venezuela.

La familia Landsmanas ha negado reiteradamente tener vínculos con Saab o participar en negocios ilícitos relacionados con los CLAP, sosteniendo que sus operaciones comerciales obedecen a actividades legítimas dentro del sector alimentario.

En este contexto, también se ha documentado la relación de Jack Landsmanas con Turbofin, empresa dedicada al arrendamiento de vehículos que ha obtenido contratos públicos de alto monto en diversas entidades del país. Turbofin es propiedad de Aby Lijtszain y Bernardo Lijtszain, quienes también controlan Grupo Traxión, compañía del sector transporte y logística que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores.

Traxión, al operar como empresa pública, está sujeta a obligaciones de revelación financiera ante inversionistas y autoridades bursátiles. Turbofin, en cambio, opera como empresa privada y ha sido señalada en reportes periodísticos por la adjudicación de contratos sin licitación para el arrendamiento de patrullas y vehículos oficiales, lo que ha generado cuestionamientos sobre los mecanismos de contratación utilizados y las redes empresariales involucradas.

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Amañan licitación para el Tuzobús-Hidalgo

La Chispa — Sun, 14 Dec 2025 21:27:39 +0000

Buscan beneficiar a la empresa Rommify Capital SA de CV, de Juan Carlos Martínez Domínguez y Luis Ricardo Guinea Prado, personajes que se han enquistado en los últimos sexenios en las más altas esferas de la clase política hidalguense.

Este lunes se daría el fallo de la licitación EA-913003989-N879-2025, convocada por la Oficialía Mayor del Gobierno de Hidalgo, para el arrendamiento de 80 autobuses para los próximos 2 años que serán integrados a la flotilla del Tuzobús a partir del próximo año 2026, que de acuerdo a denuncias estaría direccionada presuntamente a la empresa Rommify Capital SA de CV, constituida el año 2020, pero que desde el 2022 tiene como socio o accionista principal a Juan Carlos Martínez Domínguez, uno de los personajes más oscuros que se ha mantenido vigente como proveedor desde los sexenios priistas de Francisco Olvera Ruiz y Omar Fayad Meneses, pese a que presentó la oferta más cara con $662,421,775.24 pesos.

Según documentos oficiales, Rommify Capital SA de CV fue constituida el 02 de octubre 2020 ante la fe de la Notaria Pública No. 21, María del Consuelo García Curiel, de Pachuca, siendo los socios originales la persona física Luis Ricardo Guinea Prado, y el otro socio es la razón social Green Movi SA de CV, una empresa que fue ampliamente beneficiada con contratos por más de 250 millones de pesos en la administración de Fayad Meneses.

Meses antes de la toma de posesión del morenista Julio Menchaca Salazar, como Gobernador de Hidalgo, registros de la Rommify Capital señalan que el 25 de mayo 2022, ingresó a la empresa como socio Juan Carlos Martínez Domínguez, quien tomó un total de 150 acciones, dejando a Guinea Prado, con 40; y a Green Movi, con solo 10 acciones de participación.

Martínez Domínguez, quien también aparece como socio en una red de empresas que han sido ampliamente beneficiadas con contratos en las administraciones anteriores, entre ellas: CELMILENIUM SA de CV, Holy Cheese Food México SA de CV, Hermes Games SA de CV, Fibra OPCE SA de CV, Financiera Milenium SA de CV SOFOM ENR y Aero Servicios Ejecutivos RM SA de CV, entre otras, ha sido señalado e investigado por diversos medios locales por la venta a sobreprecio de tabletas electrónicas al gobierno de Hidalgo. Una de sus empresas vendió 15 mil tabletas electrónicas por 87 millones de pesos, pero una investigación de la UIF reveló que los aparatos tenían un costo real de casi 36 millones de pesos.

El empresario, también fue uno de los señalados en el esquema conocido como la “Estafa Siniestra”, que destapó Santiago Nieto cuando ocupó la FGE de Hidalgo, que implicó la simulación de contratos y servicios con empresas fantasma para desviar dinero del presupuesto público. Los fondos, que ascendían a más de 520 millones de pesos, que estaban destinados originalmente a obras públicas, salud y otros servicios esenciales.

LICITACIÓN A MODO

A mediados de 2025 el Gobierno de Hidalgo anunció la compra de 42 unidades; sin embargo, posteriormente, el esquema cambió a un arrendamiento de 80 autobuses, sin que se haya hecho público un estudio costo-beneficio del cambio, ni un dictamen técnico, ni el impacto presupuestal multianual.

Pese a ello, la convocatoria para Licitación Pública Nacional EA-913003989-N879-2025, fue publicada el pasado 27 de noviembre de 2025 por la Oficialía Mayor del Gobierno de Hidalgo para el arrendamiento de 80 autobuses: 42 de 80 pasajeros, y 38, de 50 pasajeros, que se sumaran a la flotilla del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo (SITMAH).

Durante las juntas de aclaraciones, empresas como Integra Arrenda y Forza Arrendadora Automotriz documentaron una serie de ‘candados’ para beneficiar a uno de los concursantes, dado que por el tiempo de entrega originalmente pactados en la convocatoria, que señalaba que los 38 vehículos de 50 pasajeros, se deberían entregar a más tardar el 30 de enero del 2026, y el arrendamiento tendría una duración de 26 meses a partir del 01 de febrero del 2026 al 31 de marzo del 2028; mientras que los otros 42 vehículos de 80 pasajeros, se deberían entregar a más tardar el 31 de marzo del 2026 y el arrendamiento tendría una duración de 24 meses a partir del 01 de abril del 2026 al 31 de marzo del 2028.

Sin embargo, tras la junta, la convocante modificó los plazos para las entregas: los 42 autobuses de 80 pasajeros será para el 31 de marzo de 2026 con un arrendamiento entre el 01 de abril de 2026 al 31 de marzo de 2028 (24 meses); mientras que los otros 38 autobuses de 50 pasajeros la entrega sería para el 30 de abril de 2026, siendo el arrendamiento entre el 01 de mayo de 2026 al 31 de julio de 2028 (26 meses).

Aun así, los participantes ven casi imposible que se pueda cumplir en tiempo y forma con la entrega de las unidades en los nuevos plazos acordados, a no ser que uno de los concursantes, como Rommify Capital, haya contado con antelación con ‘información privilegiada’.

Lo más extraño, denuncian empresas, es que Rommify Capital, en su giro no incluye ni la comercialización ni arrendamiento de unidades de transporte de estas dimensiones, lo más cercano o parecido se acordó en una modificación al objeto social realizado en 2022, donde se especifica lo siguiente: “El comercio al por menor de automóviles y camionetas usados”, en ninguna parte de su objeto social ni en las modificaciones, señala un rubro sobre el servicio requerido en la licitación EA-913003989-N879-2025.

Según el calendario de la licitación, el pasado 8 de diciembre, en una junta de aclaraciones exprés, pues solo duró 25 minutos, se hicieron cambios relevantes a la convocatoria: Ampliación de plazos de entrega, ajuste de dimensiones técnicas de los autobuses, exigencia de una sola carrocería y marca para ambos tipos de unidades y la exigencia de certificación EURO VI o EPA 24.

LAS EMPRESAS PARTICIPANTES

Según la apertura de propuestas, las empresas participantes son: Jetvan Car Rental SA de CV, de Cuauhtémoc Velázquez García, que uno de los proveedores más recurrente de los tres niveles de gobierno, con antecedentes de controversias públicas y según el expediente SANC-0001/2020 sufrió una inhabilitación de un año por irregularidades en la ejecución de contratos.

La empresa Jetvan Car Rental ofertó por el arrendamiento de las 80 unidades un monto de $431,976,805.17 pesos; cabe señalar que Forza Arrendadora Automotriz, SA de CV, una de las que se ha quejado de las irregularidades en la presente licitación, ha compartido representante legal con Jetvan en la persona de César Gerardo Matamoros Vargas, lo que habla de una estrecha relación de negocios entre ambas razones sociales.

La otra empresa es Arrendadora de Muebles e Inmuebles SA de CV, empresa fundada en Playa del Carmen, Quintana Roo, que recientemente ha obtenido contratos en alcaldías de la Ciudad de México para el arrendamiento de camiones y patrullas, pero que no se le conoce socios ni otros antecedentes. La empresa ofertó por los servicios $625,914,760.91 pesos.

La otra propuesta fue presentada por la citada Rommify Capital SA de CV, empresa hidalguense con domicilio en Zona Plateada, Pachuca de Soto, y que tiene un amplio historial de contratos recientes en Hidalgo con Oficialía Mayor, DIF estatal, STCH y municipios.

Recientemente firmó el contrato PMMR-SA-026-FORTAMUN-2025, 2 de julio de 2025, para el arrendamiento de patrullas en el municipio de Mineral de la Reforma por un monto de $13,777,737.60 pesos; en el DIF Estatal obtuvo el contrato DIF/DAJ/0120/2025, enero de 2025, para el arrendamiento de vehículos y equipo de transporte 2025-2026 por un monto de $26,352,339.78 pesos; el contrato 034/2025, del 7 de abril 2025, para el arrendamiento 58 camionetas pick up, modelo 2025, por un monto de $23,100,184.32 pesos; el contrato 033/2025, firmado el mismo 7 de abril para el arrendamiento de vehículos por un monto de $12,550,692.38 pesos.

El año pasado obtuvo el contrato 102/2024 para arrendar 175 vehículos por un monto de $155,754,234.72 pesos; en 2023, firmó el contrato 421/2023, por un monto de $49,012,320 pesos. En total suma contratos por más de 300 millones de pesos en la actual administración hidalguense.

ESTE LUNES EL FALLO

La propuesta de Rommify Capital para el arrendamiento de los 80 autobuses es la más alta económicamente: $662,421,775.24 pesos, superando por más de 230 millones de pesos a la oferta más baja.

El fallo para adjudicar los servicios, cuya responsabilidad pesa sobre los funcionarios Edgar Orlando Ángeles Pérez, titular de la Oficialía Mayor del Gobierno de Hidalgo; Humberto Cabrera Román, director del SITMAH; y Lyzbeth Robles Gutiérrez, secretaria de Movilidad del Estado de Hidalgo, está programado para este lunes a las 11:00 horas.

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Cuatro exfuncionarios de Silvano Aureoles detenidos por corrupción

La Chispa — Sun, 02 Mar 2025 18:31:46 +0000

Cuatro exfuncionarios de Silvano Aureoles detenidos por la Fiscalía General de la República (FGR) han causado un gran revuelo en la política mexicana. La noche del sábado 1 de marzo de 2025, la FGR presentó ante una jueza de control del Reclusorio Oriente a los cuatro excolaboradores de la administración del exgobernador de Michoacán por los delitos de peculado, administración fraudulenta, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.

¿Quiénes son los cuatro exfuncionarios de Silvano Aureoles detenidos?

Se trata de:

Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas.
Mario Delgado Murillo, exdelegado administrativo de la Secretaría de Finanzas y Administración.
Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad Pública (SSPC).
Elizabeth Villegas Pineda, exfuncionaria de la SSPC.

Los cuatro exfuncionarios de Silvano Aureoles detenidos fueron enviados al Reclusorio Oriente en la Ciudad de México, donde deberán comparecer ante la autoridad judicial.

La FGR revela el monto del daño patrimonial

Durante la audiencia, la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción expuso que el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, junto con los implicados, habría generado un daño patrimonial al estado mexicano y a Michoacán de hasta 5 mil 186 millones de pesos entre 2015 y 2021.

¿Cómo operaba la red de corrupción?

Los recursos presuntamente fueron destinados a la construcción de cuarteles para la SSPC en varios municipios de Michoacán, entre ellos:

Lázaro Cárdenas
Uruapan
Coalcomán
Huetamo
Jiquilpan
Apatzingán
Zitácuaro

Sin embargo, las investigaciones señalan que la empresa “Inmobiliaria DIP”, inicialmente encargada de rentar inmuebles para dichos cuarteles, recibió pagos inflados por mantenimiento y servicios, y posteriormente, el ex gobernador autorizó la compra de los terrenos a precios excesivos.

¿Dónde está Silvano Aureoles?

Ante estos hechos, la jueza de distrito especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal de la Ciudad de México, Patricia Sánchez Nava, emitió una orden de aprehensión contra Silvano Aureoles, quien hasta el momento sigue prófugo.

El sábado surgieron rumores de que Silvano Aureoles pudo haber sido detenido en Zapopan, Jalisco. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum evitó confirmar la detención de Silvano Aureoles, argumentando que la información corresponde a la Fiscalía General de la República.

¿Qué sigue en el caso de los cuatro exfuncionarios de Silvano Aureoles detenidos?

Los cuatro exfuncionarios permanecerán en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones. La FGR seguirá presentando pruebas para determinar el grado de responsabilidad de cada implicado y si se giran nuevas órdenes de aprehensión en contra de otros excolaboradores del gobierno de Silvano Aureoles.

El caso de los cuatro exfuncionarios de Silvano Aureoles detenidos pone nuevamente en la mira la gestión del exgobernador de Michoacán y su posible responsabilidad en uno de los escándalos de corrupción más grandes en la historia del estado.

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Vinculan a Fidel Giménez Valdez Román con desvíos en Morelos

La Chispa — Fri, 24 Jan 2025 23:16:42 +0000

A los 100 días de su administración, Margarita González Sarabia, gobernadora de Morelos, hizo públicas una serie de irregularidades, omisiones y desvíos durante el gobierno del exfutbolista Cuauhtémoc Blanco. Las denuncias alcanzaron las 17 secretarías, entre ellas la de Obras Públicas, que encabezó Fidel Giménez Valdés Román.

Fidel Giménez Valdés Román es un personaje que tiene varias cuentas pendientes con la justicia. En el caso concreto del servicio público, informes presentados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), muestran que entre 2019 y 2023, periodo en el que Fidel Giménez Valdés Román participó en el Gobierno de Morelos, el ente fiscalizador detectó un gasto irregular de 3,269 millones de pesos, por parte de diferentes dependencias entre ellas la de Obras Públicas.

En 2019, primer año en que Fidel Giménez Valdés Román encabezó la Secretaría de Obras Públicas, iniciaron los problemas en cuanto a transparencia de las cuentas del gobierno. Solo en ese periodo se detectó un hueco en las finanzas de 2,200 millones de pesos, sobre los cuales no se dio ninguna explicación. El grueso de ese monto, unos 1,850 millones, se le perdió el rastro al llegar a las diferentes dependencias estatales, que no rindieron cuentas sobre el dinero, entre ellas la de Obras Públicas de Giménez Valdés Román.

La Secretaría de Obras Públicas, durante la administración de Fidel Giménez Valdés Román, es una de las tres secretarías, junto con Educación y Salud, que concentran enormes faltantes de dinero. El otorgamiento de contratos a empresas de manera directa era un factor común durante la gestión de Giménez Valdés Román, como también lo era la adjudicación a compañías que no tenían experiencia en el sector o la inconclusión de construcciones que ya se habían pagado. En 2019, el órgano contralor detectó que Morelos había abonado 7,9 millones de pesos por cuatro obras supuestamente terminadas, un colector sanitario en Amayuca, un cruce de carretera en Jantetelco, un pozo de agua potable en Temixco y una cancha de fútbol 7 en Emiliano Zapata, las cuales nunca entraron en operación.

Fidel Giménez Valdés Román es uno de los exfuncionarios de Morelos que están siendo investigados.

FIDEL GIMÉNEZ VALDÉS ROMÁN, EXPEDIENTE LEGAL ABULTADO

A su paso por la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Morelos en época del Gobernador Cuauhtémoc Blanco, Giménez Valdés Román intentó cobrar un pagaré falso junto con su pareja, Claudia Fabiola Tostado Jiménez. El afectado era nada menos que su suegro, José Guadalupe Tostado.

Desde su puesto, Fidel Giménez Valdés Román presionó a los magistrados del estado y hostigó al señor Tostado haciendo valer sus influencias como funcionario público.

En este caso, un Tribunal Colegiado Federal dictó sentencia definitiva, por lo que quedó comprobada la participación de Fidel Giménez Valdés Román en la falsificación del pagaré junto con su pareja.

Sin embargo, Fidel Giménez Valdés Román mantiene esta cuenta pendiente con la justicia, ya que la sentencia lo condena a pagar los gastos y costas relacionados con el juicio, a lo que se ha negado.

Además, como consecuencia de la falsificación del documento, Giménez Valdés Román está denunciado penalmente bajo el expediente número SJ01/3235/2018, por ser copartícipes en la realización del delito, lo que podría derivar en su detención.

Sus deudas con la justicia no terminan ahí. El juzgado octavo en materia civil con base en Cuernavaca, Morelos, dictó sentencia definitiva sobre el expediente 489/2013, en donde se condena a Fidel Giménez Valdés Román a reconocer su paternidad, reclamada por Nidiyare Olguín Avilés, caso en el que también no ha cumplido.

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Infonavit expone graves casos de corrupción en proyectos de vivienda

La Chispa — Wed, 08 Jan 2025 18:17:32 +0000

Principales casos denunciados

Fondo de Estímulo a la Redensificación y Utilización de Vivienda (FERUV)
Entre 2013 y 2018, este fondo destinó 3 mil millones de pesos para la construcción de 8,852 viviendas. Actualmente, 18 desarrolladores adeudan 962 millones de pesos y dejaron inconclusas 700 viviendas.
Crédito Integral Total (CIT)
Este programa, creado por la Dirección Sectorial de los Trabajadores, manejó un presupuesto de 724.5 millones de pesos para 9,451 viviendas. Sin embargo, 13 desarrolladores acumulan deudas superiores a los 1,000 millones de pesos, y el 75% de las viviendas no fueron construidas.
Crédito Integral
Entre 2014 y 2019, solo se construyeron 366 viviendas pese a los recursos asignados. Las aprobaciones se realizaron sin la validación de un subcomité del Instituto.
SOFOM Crédito para Ti, S.A. de C.V.
Esta sociedad recibió 14 proyectos para construir 1,543 viviendas entre 2020 y 2024. La empresa fue creada por una integrante de la Comisión de Vigilancia del Infonavit, quien actualmente forma parte de su órgano de gobierno.
SOFOM Solución de Inmuebles y Medios Express, S.A. de C.V. (Solimex)
De los 31 proyectos asignados a esta empresa, el 63% no inició construcción, dejando un adeudo superior a los 800 millones de pesos. A pesar de las irregularidades, Solimex recibió 16 proyectos adicionales.

Infonavit expone graves casos de corrupción en proyectos de vivienda

Falta de supervisión y medidas futuras

Romero Oropeza destacó que las direcciones sectoriales de Trabajadores y Empresarial decidieron no someter sus declaraciones patrimoniales y de conflicto de interés a la fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación ni de la Secretaría de la Función Pública. Además, informó que desde 2014, de 834 proyectos aprobados, solo el 24% de las viviendas planeadas han sido entregadas.

Para evitar la repetición de estos casos, el Infonavit trabaja en una nueva estrategia para supervisar los proyectos y la administración de recursos. Según Romero Oropeza, la corrupción fue facilitada por un mecanismo que entregaba fondos a desarrolladores a través de intermediarios financieros no regulados, lo que dificultaba la supervisión de las obras.

Respuesta del gobierno federal

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respaldó las denuncias y anunció que en los próximos días dará a conocer el monto total del fraude cometido contra los ahorros de los trabajadores. Asimismo, destacó la importancia de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones públicas para proteger los derechos de los trabajadores.

Con estas medidas, el Infonavit busca recuperar la confianza de los trabajadores y garantizar que sus recursos sean utilizados de manera eficiente para mejorar su calidad de vida.

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Fernando Schütte Elguero: Empresario acusado de fraude y sus adjudicaciones directas

magaly — Mon, 09 Dec 2024 21:25:26 +0000

En 2016, Fernando Schütte Elguero enfrentó acusaciones de fraude inmobiliario por un monto de 40 millones de pesos, pero a través de su firma EGP Evaluación y Gestión de Proyectos, siguió obteniendo adjudicaciones directas, incluida una serie de ellas luego de que se emitiera una orden de aprehensión en su contra.

La controversia se originó por la venta de departamentos en un inmueble ubicado en la calle Roberto Koch, en Paseos de las Lomas, donde Schütte Elguero y su socio, Francisco Javier de Pablo Serra, no informaron que el edificio estaba en garantía con BBVA Bancomer. Ante esto, los compradores emprendieron acciones legales, acusando un fraude.

A pesar de que en 2016 el Juez 39 penal del Reclusorio Preventivo Oriente dictó una acción penal contra Schütte, las adjudicaciones a su empresa como EGP Evaluación y Gestión de Proyectos SA de CV y Edificación y Desarrollo Bloque SA de CV, no cesaron. En 2017, EGP firmó un convenio con el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (INFONACOT) y obtuvo cuatro contratos sin concurso (2018-2022) en otras entidades como el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), donde José Alfonso Iracheta Carroll era el titular desde diciembre de 2018.

Antes de la denuncia por el fraude, Schütte Elguero también había sido beneficiado con adjudicaciones en instituciones como el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y Petróleos Mexicanos (Pemex). En su historial, Schütte también se desempeñó como secretario técnico de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública de la Comisión Nacional de Seguridad (CNSSP).

En EGP Evaluación y Gestión de Proyectos, además de Schütte Elguero, se encuentra Mario Moisés Rozenstein Szraiber, quien presidió la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales y fue denunciado por la Función Pública por vender un predio del gobierno federal en Sierra Gorda, Lomas de Chapultepec, a precios por debajo del mercado.

Schütte Elguero fue también fundador de otras empresas en el sector inmobiliario, como Edificación y Desarrollo Bloque, en la que participa Amado Felipe Vega Robledo, político priista que coordinó a los seguidores de Xóchitl Gálvez durante su campaña presidencial.

El hijo de Schütte Elguero, Javier Schütte Ricaud, fundó en 2018 el despacho Schütte y Delsol Gojon Abogados. Aunque la firma no goza de gran prestigio, ha tomado casos mediáticos, como el de Ainara, quien demandó a la youtuber YosStop. Además, en la página oficial de su firma, se jacta de defender exitosamente a un Subsecretario del Gobierno Federal acusado de extorsión y filtración de audios de miembros del gabinete.

A principios de diciembre, la firma comenzó a representar a Hernán Gómez Bruera, señalado de presuntamente cometer daño moral, pornografía en perjuicio de un menor de edad, además de acoso sexual en el Congreso Iberosfera 2022, entre otros abusos contra el alumnado.

A lo largo de su carrera, Javier Schütte Ricaud no ha revelado las percepciones que obtuvo durante su tiempo como asesor jurídico en la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación.

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Abandona Masari Casa de Bolsa su intento de operar como banco

magaly — Mon, 25 Nov 2024 19:23:00 +0000

Ernesto López Quezada, director general y representante legal de Masari Casa de Bolsa, S.A., formalizó el 17 de junio ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) el desistimiento de la solicitud para convertirse en institución de banca múltiple.

La decisión fue tomada en un escenario influido por los escándalos que señalan a Manuel Herrejón Suárez, director ejecutivo de la firma; a Óscar Herrejón Caballero, detenido en Roma bajo acusaciones de agresión sexual, y a Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI, al afectar la reputación de la empresa.

Masari Casa de Bolsa considera viable el modelo de un banco con mayores requisitos de capital, según el comunicado firmado por López Quezada, sin embargo, la decisión de desistir de la solicitud presentada en 2023 se debe a cambios en los términos del proyecto. No obstante, la empresa expresó su intención de enviar una nueva solicitud en el futuro, al dejar a salvo su derecho para reiniciar el proceso.

La operación se realizaría a través de la sociedad Canario Montgomery Burns y un fideicomiso, según los documentos entregados al regulador como parte de la petición presentada por la Casa de Bolsa, a los que este medio tuvo acceso. Estos revelaron que Manuel Herrejón planeaba convertirse en accionista con la inyección de 130 millones de pesos al proyecto, fondos provenientes parcialmente de donativos de su padre.

Se han presentado públicamente tanto Óscar Herrejón Caballero como Manuel Herrejón Suárez en compañía de Alejandro Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y exgobernador de Campeche, quien enfrenta múltiples acusaciones por la presunta comisión de delitos.

A raíz de una invitación que le hizo el propio “Alito”, Herrejón Suárez fue nombrado secretario de Vinculación Empresarial del Comité Ejecutivo Nacional dentro de dicha fuerza política en 2021, según explicó el directivo de Masari en una entrevista del 17 de enero de 2022, la cual puede encontrarse en YouTube.

Detención y extradición de Óscar Herrejón

El 14 de junio, Oscar Herrejón Caballero fue detenido en Italia tras una orden de búsqueda internacional emitida por Interpol. La captura tuvo lugar durante la boda de Manuel en una zona exclusiva del país europeo. Herrejón Caballero enfrentaba acusaciones en el Estado de México por el presunto delito de violación equiparada contra una de sus colaboradoras.

La orden de aprehensión ejecutada fuera del país no tuvo efectos, aunque el Juez Noveno de Distrito del Estado de México otorgó una suspensión provisional, según informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

La extradición del conocido financiero y ex alto ejecutivo bancario fue confirmada por fuentes, tras haber estado detenido durante cuatro meses.

La presión sobre las autoridades judiciales para garantizar un juicio sin irregularidades y centrado en los derechos de las víctimas aumenta con esta extradición, que ocurre durante el mandato de Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México.

La FGJEM señaló en su comunicado que Herrejón será ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya de Juárez al llegar a México, y que será la Autoridad Judicial quien se encargue de determinar su situación legal.

El tema será revisado por un juez que estará bajo la supervisión de Ricardo Sodi, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.

Tras su detención en abril e indagatoria por violación en agravio de otra víctima, Oscar Herrejón fue presentado ante un juez en el Penal de Santiaguito, quien determinó no vincularlo a proceso. Sin embargo, el Ministerio Público ajustó el expediente de investigación y solicitó una nueva orden de aprehensión por la presunta violación perpetrada contra la primera víctima, cuya situación es evaluada por el Poder Judicial, según la Fiscalía.

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XAO Technologies, favorita en Salud Oaxaca; $138.7 mdp en contratos por ‘dedazo’

La Chispa — Tue, 12 Nov 2024 19:27:04 +0000

En enero pasado, Hugo Alberto Espinoza Morales, jefe de la unidad de recursos materiales y servicios generales de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), orquestó la entrega por ‘dedazo’ (adjudicación directa) de un contrato por $120 millones de pesos a XAO Technologies SA de CV, ligada al empresario regiomontano Manuel Cantú Puebla, violando la Ley de Adquisiciones y Arrendamiento por sobrepasar el límite presupuestario establecido para ser otorgado sin licitar.

Además, en la dependencia se mantiene en total opacidad al no hacer publica toda la información del contrato No. 11, relacionado el servicio de osteosíntesis, procedimiento clave en el tratamiento de fracturas complejas, por un monto total de 120 millones pesos a favor de la empresa XAO Technologies SA de CV con vigencia entre el 15 de enero y el 12 de diciembre de 2024.

Pero no solo fue ese contrato, sino que Hugo Alberto Espinoza Morales, le entregó sin licitar otro bajo el número 507-2022, firmado el 29 de diciembre de 2022 para el mismo servicio de osteosíntesis por un monto de $18,750,000 pesos con la vigencia entre el 1 de enero al 31 de mayo de 2023.

Es decir, en solo dos contratos sin licitar, XAO Technologies SA de CV, ligada al empresario regiomontano Manuel Cantú Puebla, facturó la suma de 138 millones 750 mil pesos a los Servicios de Salud Oaxaca, gracias a Espinoza Morales.

Este mismo servicio de osteosíntesis, fue realizado en años anteriores por la razón social XAO Medical SA de CV, también de Manuel Cantú Puebla, como el Contrato de prestación de servicio No. 2017 por un monto de $11,052,534.45 pesos; y el DGSSO/SGAF/DIMSG/URMSG/105/2016 y el $633,706.96 pesos.

MANUEL CANTÚ PUEBLA

Manuel Cantu? Puebla era un empresario modesto en Monterrey, Nuevo Leo?n. Con sus actividades empresariales, como persona fi?sica y con sus razones sociales, apenas obteni?a contratos por 500 mil pesos – el ma?s alto de 700 mil pesos – anuales con el gobierno de ese estado del norte del país y/o con el IMSS, como por ejemplo, el O3M0061 para la adquisición de mobiliario y equipamiento para centros de mezclas, régimen ordinario, Ejercicio 2023 por $328,582.68 pesos; o el contrato IMSS-OAX-113-2022, por $594,529.01 pesos para la adquisición de material de osteosíntesis y endoprótesis, ejercicio 2022.

El contrato SADA-ADTC-42FI43-022-2023 en Guadalupe, Nuevo León, para la adquisición de un monitor de signos vitales portátil por $327,593.34 pesos; el SADA-ADTC-42FI43-022-2023 para la adquisición de un aspirador de secreciones portátil por $327,593.34 pesos.

Como se observa, nunca antes había tenido contratos donde se manejarán recursos millonarios, pero con Hugo Alberto Espinoza Morales, llegaron los servicios por 120 millones de pesos.

Cantú Puebla llegó a Oaxaca en 2014, gracias a su relacio?n con Ricardo Cid de Leo?n Rica?rdez, ex secretario particular de Jorge Castillo Di?az, ex funcionario del gobierno de Oaxaca y señalado como el principal operador del ex mandatario Gabino Cue? Monteagudo.

Ambos son socios en una empresa denominada Botaneros de Alimentos Divertidos SA de CV con el objeto social “explotación de restaurantes, bares, salones para convenciones, eventos y similares; asi? como elaboración y preparación de todo tipo de alimentos y bebidas en sus diferentes modalidades”.

Desde la administración de Cue? Monteagudo, el regiomontano Cantú España empezó a ganar contratos: En 2015, sin licitar la razón social XAO Technologies obtuvo un contrato con el Seguro Popular de Oaxaca por $5,662,207 pesos para la adquisición de material de osteosíntesis y su asistencia técnica.

El 20 de mayo de 2016 gana otro contrato sin licitación de por medio bajo el mismo concepto, ahora por un monto de $19,784,071.72 pesos. Ya en el sexenio de Alejandro Murat, ganó otro contrato en Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) por un monto de $633,706.96 pesos en diciembre de 2016 y uno ma?s por el mismo monto el 30 de abril de 2017.

El 30 de diciembre de 2017 firma un contrato por adjudicación directa por $10,742,428.47 pesos.

En 2018 obtuvo en la SSO dos contratos: uno por $21,000,000 pesos, signado el 25 de mayo 2018, y en esa misma fecha, otro de $18,103,448.28 pesos. Todos por el servicio de contratación de materiales, accesorios y suministros médicos y materiales y de cirugía (osteosíntesis).

SIMULANDO LICITACIONES

El manejo de los procesos de los procesos de contratación por parte de Hugo Alberto Espinoza Morales, deja entrever la simulación de licitaciones, donde participaban empresas con fines o nombres en común, para favorecer a empresas como XAO Technologies SA de CV.

Un ejemplo es la licitación LPE-SA-SS-0027-11/2021 relativa a la adquisición de equipamiento para fortalecimiento de unidades médicas en las jurisdicciones sanitarias 5 ‘mixteca’ y 6 ‘sierra’ donde participaban las razones sociales XAO Technologies SA de CV, Grün Software Group SA de CV y Torres Bátiz Pacífico SA de CV.

De acuerdo con documentos de esa licitación, XAO Technologies la representaba Heriberto Martínez Miguel, mientras que por Grün Software Group lo hacía Carlos Alberto Hernández González, quien de acuerdo con su perfil en la red Linkedin al mismo tiempo trabajaba como junior consultant en la firma XAO Technologies; es decir, era un empleado de Manuel Cantú Puebla, por lo que había un interés en común entre estas dos empresas.

En ejemplo, las dos empresas Grün y XAO se llevaron cada una un lote por $320,226.12 y 5,572,358.12 pesos, respectivamente.

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Red de corrupción en Salud con Hugo Alberto Espinoza Morales

La Chispa — Tue, 29 Oct 2024 16:28:29 +0000

Mientras miles de oaxaqueños sufren de las graves deficiencias en hospitales estatales, como la falta de personal y medicinas, Hugo Alberto Espinoza Morales, jefe de la unidad de recursos materiales y servicios generales de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), sigue lucrando con las adquisiciones y servicios en el sector salud.

Lo anterior lo denuncian trabajadores, quienes señalan que los contratos y licitaciones, que son publicados parcialmente en los órganos de difusión y transparencia (sin documentos de soporte), son una vil simulación para beneficiar solo a las empresas a las que Espinoza Morales le pone el dedo.

“Hay que recordar que este funcionario fue operador de Germán Tenorio Vasconcelos, quien fue secretario de Salud en los primeros cuatro años del gobierno de Gabino Cué Monteagudo, y fue inhabilitado para ocupar cualquier puesto público durante 13 años, por casos de negligencia, enriquecimiento ilícito y nepotismo, donde Espinoza Morales ocupó la cartera de subdirector de administración y finanzas, y desde entonces ha tejido una red de tráfico de influencias y corrupción, que debe ser investigada por el gobernador Salomón Jara Cruz y Efrén Emmanuel Jarquín González, encargado de despacho de Servicios de Salud de Oaxaca (SSO)”, señalan los denunciantes.

Los denunciantes señalan que Hugo Alberto Espinoza Morales fue señalado en su momento por participar en un esquema de desvíos con transferencias bancarias millonarias poco transparentes, sin licitación alguna, una de ella realizada el 18 de marzo de 2016 por 20 millones 567 mil 997.12 pesos desde el banco Banorte cuenta No. 0227887431 a nombre de los Servicios de Salud de Oaxaca (GTS DE OP 2014 DIFUSIÓN 2014), en beneficio de la cuenta 002610700283858877 del banco Banamex a nombre de la Corporación de Medios de Información S.A. de C.V., perteneciente al entonces ex candidato de MORENA a la diputación federal por el distrito del centro, Humberto López Lena.

En el reporte de Transferencia SPEI, se establece que son recursos del programa FASSA (Fondo de Aportaciones de los Servicios de Salud), pero el sello de la unidad de finanzas encabezada por Salime Díaz Tanus viene tachado y en donde aparece que es Ejercicio 2013, le enciman a mano un cuatro para figurar que son provenientes del año fiscal 2014.

En el reporte de la transferencia también sella y firma el subdirector de administración y finanzas, Hugo Alberto Espinoza Morales, quien se hizo cómplice de este movimiento monetario a todas luces irregular.

CREANDO EMPRESAS

Uno de los casos, señala la muy amplia denuncia entregada (con documentos y datos precisos) es la razón social Multiservicios Especializados Beraldis, S.A. de C.V., una empresa que apenas se constituyó el pasado 28 enero de 2023, según costa en la inscripción al RPC realizado por el Notario Público No. 111 de Oaxaca, Ricardo Harp Cruces.

Según el documento, los socios o accionoistas de la empresa Multiservicios Especializados Beraldis son Luz Mercedes Velasco Orozco, Mayra Edith Santiago Fregoso y Ximena González Santiago, quien cuando se realizó la inscripción contaba con apenas 21 años de edad.

Lo más extraño de todo, es que a los tres meses de ser constituida, el 6 de abril de 2023, la empresa ganó su primer gran contrato en Servicios de Salud de Oaxaca para la adquisición de cámaras de vigilancia por un monto de $11 millones 031 mil 749.64 pesos, contrato del que se desconoce los términos y los alcances, pues no está publicado por ningún lado.

El otro gran contrato fue por adjudicación directa, sin licitación de por medio, el pasado 15 de enero de 2024 por un monto de $15 millones 807 mil 871.48 pesos, del cual se desconoce el objeto, pues en los general del contrato 29 se omite toda la información, términos y alcances.

Por Pedro García.

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Funcionario denunciado por abuso de confianza podría dirigir Generación VI de CFE

magaly — Thu, 17 Oct 2024 20:42:58 +0000

Miguel Ángel Bastarrachea Chan, exsubgerente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la Península de Yucatán, se perfila como candidato para dirigir la Dirección General de Producción en la EPS Generación VI. No obstante, su trayectoria se encuentra bajo escrutinio debido a denuncias de mal manejo de recursos, abuso de autoridad y su responsabilidad en un accidente automovilístico, que dejó a una familia lesionada.

De acuerdo con las denuncias, durante su periodo como subgerente regional, Bastarrachea se habría auto autorizado comisiones ficticias para fines personales con viáticos pagados por la CFE, violando las normas internas de la compañía.

Además, papelería oficial exhibe que este funcionario firmó documentos como si fuera Agustín Ildefonso Herrera Siller, director de Generación VI, lo que podría constituir el delito de usurpación de funciones y abuso de confianza

EL ACCIDENTE DE MÉRIDA

Otra de las denuncias que arrastra Miguel Ángel Bastarrachea, procede de julio de 2020 cuando se vio involucrado en un accidente en Mérida, Yucatán, mientras conducía una camioneta RAM 1500 arrendada por la CFE. El choque ocurrió contra un Nissan Sentra en el que viajaba una familia con dos niñas menores de edad, una de ellas de tan sólo nueve meses.

Según el informe policial homologado, la camioneta cruzó con luz roja, causando la colisión. El funcionario, sin embargo, declaró ante la CFE que se encontraba en funciones oficiales al momento del accidente, aunque videos de vigilancia y el parte policial demuestran que vestía ropa informal —playera, short y sandalias—, vestimenta prohibida por las normas internas de la empresa para ingresar a sus instalaciones.

El informe policial también señala que Bastarrachea se negó a someterse a un examen toxicológico tras el incidente, lo que incrementó las dudas sobre su conducta.

Una denuncia ciudadana presentada contra Miguel Ángel Bastarrachea, acusa que el funcionario habría manipulado el proceso administrativo tras el accidente automovilístico, el cual resultó en la pérdida de la camioneta RAM 1500, color blanco modelo 2022.

Según la acusación, Bastarrachea retrasó deliberadamente el envío del acta administrativa a su centro de trabajo, haciéndolo hasta el 28 de septiembre de 2022, lo que permitió evitar las sanciones estipuladas en la normativa laboral de la CFE.

Por el accidente, la familia afectada también presentó una denuncia ante la FGE contra el funcionario por daños a la propiedad.

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