Detrás de la imagen amorosa y de “hermana del alma”, según un contundente testimonio, se esconde un patrón de manipulación emocional, amenazas, fraudes y abusos.

Claudia Lizaldi es acusada de estafa y amenazas: ¿Por qué huyó de Mérida?

Según lo relatado por un testimonio: todo comenzó con frases como: “Eres mi hermana del alma” y “Te amo, hermana”, una técnica conocida como love bombing. Así, Claudia generó confianza, se volvió cercana y, tras enterarse de que la denunciante tenía ahorros, propuso un supuesto proyecto espiritual: rentar una casona en Campestre para abrir un centro holístico con restaurante, tienda y consultorios.

“Lo espiritual” terminó en advertencias y expulsiones

Pero lo espiritual se volvió sospechoso: le exigió invertir sin firmar un solo papel.

“Hermana, eso es terrenal. Nosotras estamos en otro plano”, le decía Claudia cada vez que pedían formalizar.

Tras invertir todos sus ahorros en remodelaciones, un día simplemente la sacó del proyecto y no le permitió volver a entrar. Al hablar de demandas, Claudia respondió con una advertencia:

“No te conviene verme enojada.”

Claudia Lizaldi es acusada de estafa y amenazas también por lo que ocurrió después: al salir de la cita con su abogado, un auto sin placas ni identificación se le cerró violentamente, con la cajuela abierta y los vidrios polarizados. Una advertencia silenciosa pero brutal.

 Otras víctimas y señalamientos de abuso

La víctima decidió quedarse en silencio. Por miedo. Por seguridad. Pero ya no más.

Otros testimonios aseguran que:

• Fue expulsada del Country Club tras firmas colectivas.

• En otra residencia de playa también la corrieron.

• A un hombre llamado Eli le habría robado 300 mil pesos.

• A una mujer, le quitó muebles al abandonar el lugar.

En un restaurante consumía más de 30 mil pesos al mes sin pagar, y trataba mal al personal.

A una mesera le dijo: “El cubrebocas te quita el oxígeno del cerebro, ¿verdad?”

¿Doble moral en redes sociales?

En redes promueve “amor propio” y “mujeres ayudando mujeres”, pero según la víctima, vivía una relación codependiente con Raúl, un hombre casado.
Cuando él se casó con otra mujer, Claudia aceptó ser la amante, y entró a casa de la esposa para robar un cuadro, contando la historia entre risas.

Deja Mérida tras denuncias y polémicas

Y ahora, todo esto sale a la luz pública justo cuando Claudia anuncia en sus redes sociales que “se va de Mérida” para regresar a la Ciudad de México.

La frase final que lo dice todo

La denunciante cierra su testimonio con una frase contundente:

“Va por la vida robándole a quien se deje. Pero la verdad siempre sale. Ojalá que la vida le regrese todo el daño que ha hecho.”

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Fabiola del Carmen Guerra Abreu, jueza Tercera del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Segundo Distrito Judicial de Campeche, fue señalada en la denuncia que va dirigida al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero; a la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; a Raquel Buenrostro, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno; a Jakson Villacis Rosado, fiscal General del Estado: y autoridades estatales, como presunta integrante de la red criminal.

Juan Carlos Del Río, ex candidato a la gubernatura de Campeche por Acción Nacional, quien es descrito en el documento como cercano a Felipe Calderón y Margarita Zavala, es señalado como líder de la red de extorsión organizada. El escrito detalla que su modus operandi incluye la falsificación de órdenes de compra para presentar facturas falsas a proveedores de Pemex, iniciar procesos penales y, en colaboración con jueces locales, presionar legalmente a las empresas para exigir pagos por servicios inexistentes, aprovechándose de la crisis de pagos en el sector energético.

Para garantizar transparencia en el caso, sin interferencias políticas o de intereses particulares, la acusación solicita la intervención de la Fiscalía Anticorrupción y una auditoría integral completa de los contratos otorgados por Pemex a las empresas relacionadas con los denunciados. Además, exige una investigación exhaustiva contra los hermanos Del Río y la jueza local, así como su vinculación a proceso mediante acciones legales y administrativas pertinentes.

Además de las acusaciones en su contra, el documento detalla que Juan Carlos del Río tiene participación en 19 empresas, entre ellas Aquaservices del Golfo, Becal Inmobiliaria y Constructora, Comercializadora Rigon, Grupo Constructor del Carmen, Grupo Gadesa, Inmobiliaria y Constructora Kan-Pech, Logista Comercial Integrada, Petroexport de México y varias promotoras turísticas localizadas en Veracruz.

Según declaraciones de noviembre de 2024, el ex miembro del PAN afirmó ante los medios que Ciudad del Carmen estaba al borde del colapso debido a los adeudos de Pemex. Del Río González mencionó que, como empresario, enfrentaba retrasos de hasta 10 meses en los pagos por parte de la empresa productiva del Estado.

Ingenieros Electrónicos Civiles y Eléctricos, la empresa de Juan Carlos del Río, habría promovido una serie de litigios contra compañías y personas físicas, detalla la denuncia. El texto advierte que la jueza Tercera del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Segundo Distrito Judicial de Campeche, Fabiola del Carmen Guerra Abreu, sería una pieza clave en estos casos debido a su relación de complicidad con Del Río.

Entre las resoluciones más polémicas emitidas por Guerra Abreu, según se expone, destaca la no vinculación a proceso de Darguin Santiago Nah Echeverría, ex director del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Carmen, y de 16 custodios del penal, acusados por la Fiscalía Anticorrupción de lesiones y abuso de autoridad. Esta acción fue calificada por el abogado Miguel Cicler Pérez como un significativo revés para dicha fiscalía.

A pesar de los antecedentes descritos, la adquisición de coples magnéticos para motobombas fue el propósito del contrato 648024601, asignado en marzo de 2024 por Pemex Exploración y Producción a la empresa de Juan Carlos del Río y Arrendadora Acalsi por un monto de 52 millones 830 mil 238 pesos.

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Fabiola del Carmen Guerra Abreu, jueza Tercera del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Segundo Distrito Judicial de Campeche, fue señalada en la denuncia que va dirigida al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero; a la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; a Raquel Buenrostro, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno; a Jakson Villacis Rosado, fiscal General del Estado: y autoridades estatales, como presunta integrante de la red criminal.

Juan Carlos Del Río, ex candidato a la gubernatura de Campeche por Acción Nacional, quien es descrito en el documento como cercano a Felipe Calderón y Margarita Zavala, es señalado como líder de la red de extorsión organizada. El escrito detalla que su modus operandi incluye la falsificación de órdenes de compra para presentar facturas falsas a proveedores de Pemex, iniciar procesos penales y, en colaboración con jueces locales, presionar legalmente a las empresas para exigir pagos por servicios inexistentes, aprovechándose de la crisis de pagos en el sector energético.

Para garantizar transparencia en el caso, sin interferencias políticas o de intereses particulares, la acusación solicita la intervención de la Fiscalía Anticorrupción y una auditoría integral completa de los contratos otorgados por Pemex a las empresas relacionadas con los denunciados. Además, exige una investigación exhaustiva contra los hermanos Del Río y la jueza local, así como su vinculación a proceso mediante acciones legales y administrativas pertinentes.

Denuncian a Juan Carlos del Río por presunta estafa en Campeche

Además de las acusaciones en su contra, el documento detalla que Juan Carlos del Río tiene participación en 19 empresas, entre ellas Aquaservices del Golfo, Becal Inmobiliaria y Constructora, Comercializadora Rigon, Grupo Constructor del Carmen, Grupo Gadesa, Inmobiliaria y Constructora Kan-Pech, Logista Comercial Integrada, Petroexport de México y varias promotoras turísticas localizadas en Veracruz.

Según declaraciones de noviembre de 2024, el ex miembro del PAN afirmó ante los medios que Ciudad del Carmen estaba al borde del colapso debido a los adeudos de Pemex. Del Río González mencionó que, como empresario, enfrentaba retrasos de hasta 10 meses en los pagos por parte de la empresa productiva del Estado.

Ingenieros Electrónicos Civiles y Eléctricos, la empresa de Juan Carlos del Río, habría promovido una serie de litigios contra compañías y personas físicas, detalla la denuncia. El texto advierte que la jueza Tercera del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Segundo Distrito Judicial de Campeche, Fabiola del Carmen Guerra Abreu, sería una pieza clave en estos casos debido a su relación de complicidad con Del Río.

Entre las resoluciones más polémicas emitidas por Guerra Abreu, según se expone, destaca la no vinculación a proceso de Darguin Santiago Nah Echeverría, ex director del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Carmen, y de 16 custodios del penal, acusados por la Fiscalía Anticorrupción de lesiones y abuso de autoridad. Esta acción fue calificada por el abogado Miguel Cicler Pérez como un significativo revés para dicha fiscalía.

A pesar de los antecedentes descritos, la adquisición de coples magnéticos para motobombas fue el propósito del contrato 648024601, asignado en marzo de 2024 por Pemex Exploración y Producción a la empresa de Juan Carlos del Río y Arrendadora Acalsi por un monto de 52 millones 830 mil 238 pesos.

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