La ex fiscal general de Florida firmó una serie de documentos en los que se incluye el memorándum sobre la erradicación de los cárteles y las organizaciones criminales.

Estados Unidos Declara Guerra Total contra los Cárteles del Narcotráfico: Medidas del Gobierno

“Debemos hacer más que tratar de mitigar los enormes daños que estos grupos causan en EU. No basta con detener la oleada de venenos mortales, como el fentanilo, que estos grupos distribuyen en nuestro país”, señala el documento citado por varios medios.

Para los líderes y gerentes de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales, se incluirán delitos graves y fácilmente demostrables, según la política general de imputación del Departamento de Justicia. Estos incluyen delitos capitales, cargos por terrorismo, extorsión y empresa criminal continua.

Impacto de la guerra total contra los cárteles

El Gobierno de Estados Unidos ha dejado claro que no se detendrá hasta desmantelar las estructuras criminales. La confirmación del Senado de Estados Unidos el pasado 4 de febrero de la nominación de Pam Bondi como fiscal general refuerza esta postura.

Bondi, de 59 años, fue elegida por Donald Trump el 21 de noviembre, en sustitución del legislador Matt Gaetz, quien renunció debido a escándalos sexuales. Trump destacó que Bondi hizo historia como la primera mujer fiscal general de Florida, cargo que ocupó de 2011 a 2019.

Estrategias para asegurar la frontera con México

Como fiscal general, Bondi se ha comprometido a hacer cumplir las leyes para asegurar la frontera con México, abordando problemas como:

• Tráfico de fentanilo
• Violencia de pandillas
• Actividades criminales relacionadas con las políticas fronterizas

La implementación de medidas más agresivas refuerza el compromiso de la administración estadounidense con la seguridad interna y la eliminación de los cárteles y organizaciones criminales en Estados Unidos.

Estados Unidos no dará marcha atrás en su lucha

Con esta declaración de guerra total contra los cárteles, Estados Unidos busca erradicar la presencia del crimen organizado en su territorio. La colaboración entre el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Interna es clave para este esfuerzo.

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Alejandro Gómez Sánchez, fiscal del Estado de México, anunció en conferencia de prensa que deja el cargo en la dependencia estatal debido a razones personales, a pesar de que su gestión debía terminar en diciembre de 2023.

La  conferencia de prensa, fue efectuada en el edificio central de la institución, en donde Gómez Sánchez agradeció a todo el personal que lo acompañó en sus etapas como procurador y fiscal mexiquense.

Recalcó el ex fiscal que está decisión obedece únicamente a razones personales, pues él y su familiar consideraron que había llegado el momento de concluir su ciclo.

“En unos minutos presentaré ante la Sexagésima Legislatura del Estado de México mi renuncia al cargo de Fiscal General de Justicia del Estado de México”.

Detalló que la procuración de justicia es compleja y exige una dedicación absoluta, lo cual conlleva un desgaste físico y emocional.

Trayectoria

En mayo de 2014, durante el gobierno de Eruviel Ávila Camacho, Alejandro Gómez Sánchez fue elegido para dirigir la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), figura que en ese entonces obedecía y daba cuenta directa al Gobierno del Estado de México.

En 2016 se transformó a Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y fue nombrado como fiscal, en el cual se despegaba como dependencia del gobierno estatal y le otorgaban autonomía; desde ese entonces la FGJEM rinde cuentas a los habitantes, a través de la Legislatura Mexiquense.

Alejandro Gómez Sánchez estuvo al frente de la procuración de justicia por ocho años en dos etapas, una como procurador y la última como fiscal.

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La frontera común entre México y Estados Unidos sufre de graves problemas históricos. Para nadie es un secreto que esta vecindad, ha generado infinidad de controversias binacionales para uno y otro lado de la línea divisoria entre ambas naciones. Ahí, todos los días ruedan miles de millones de dólares, pero no por el intercambio comercial, sino por el tráfico de drogas, la venta ilegal de armas, el flujo ilícito de ciudadanos, la venta de niño(a)s, la trata de personas, el comercio sexual y cientos de delitos que se cometen a diario.

Para ambas administraciones, es de vital importancia que se desarrollen acuerdos para minimizar estas contrariedades sociales que pone en riesgo miles de vidas. En pocas palabras, Estados Unidos pone a los farmacodependientes, y México, a los muertos.  Pero la realidad es otra. De manera oficial,  la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)  informó mediante una petición de información que los acuerdos generados entre ambas naciones se dan “de forma verbal”.

Recordemos que el pasado 16 de enero de 2020, hubo una visita oficial de una delegación de Estados Unidos encabezada por el fiscal general, William Barr; el embajador, Christopher Landau; el subprocurador general asistente, Bruce Swartz; el ministro consejero de la embajada, John Creamer; el coordinador de asesores del fiscal general, Brian Rabbitt y el agregado jurídico de la embajada, John Capinen.

Estos funcionario estadounidenses, se reunieron con los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo (ahora gobernador de Sonora); de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; de Gobernación, Olga Sánchez (ahora senadora); de Defensa Nacional, general Luis Crescencio; de Marina, almirante José Rafael Ojeda; el consejero jurídico del Ejecutivo Federal, Julio Scherer; el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía; el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto; el jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, general Homero Mendoza; el jefe del Estado Mayor de la Armada, almirante Rosendo Escalante; el procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero y el secretario general del Centro Nacional de Inteligencia, Francisco Acuña.

Pues bien, para analizar qué fue lo que se pactó de manera oficial, se pidió copia de todos los documentos que contengan información acerca del programa común binacional para reducir el tráfico de armas, drogas y recursos financieros de las redes de delincuencia transnacional, en tierra, mar, puertos y aeropuertos, que se acordó durante la visita a México del fisca William Barr el 16 de enero de 2020.

Al respecto, la “oficina del canciller” señaló que no contaba con facultades para conocer de lo peticionado, en tanto que la Dirección General de Comunicación Social, precisó que después de realizar una búsqueda en sus archivos electrónicos y físicos no había localizado la información solicitada, “ya que en la reunión referida por la persona particular no se había firmado documento alguno y que los compromisos habían sido tomados de forma verbal, puntualizando que no era necesario declarar su inexistencia de manera formal”.

Se me informó que la SRE no respondió satisfactoriamente el derecho de acceso a la información del particular, aunado a que fue omisa en turnar a todas sus unidades administrativas competentes tales como la Subsecretaría de Relaciones Exteriores (SSRE); la Subsecretaría para América del Norte (SSAN) y la Dirección General para América del Norte (DGAN).

Mediante un recurso de revisión, argumenté que estas instancias de conformidad con la normatividad de la SRE, son competentes para conocer de lo requerido, ya que se encargan, entre otras cosas, de suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, autorizar la celebración de convenios y bases de colaboración; coordinar las acciones en el exterior de las dependencias y entidades gubernamentales; así como, elaborar informes y análisis políticos para la formulación de la política bilateral con las regiones del área.

Además, expuse, que se encargan en representar a la SRE en foros y eventos nacionales e internacionales, suscribir acuerdos; así como para servir de conducto institucional para transmitir instrucciones sobre asuntos de política bilateral a los titulares de las representaciones diplomáticas.

Todo fue inútil: los acuerdos de primer nivel con la Unión Americana son letra muerta. La SSRE, manifestó de manera tajante, “que esa Subsecretaría no intervino de ninguna forma en los preparativos de la visita a México del fiscal William Barr, ni en la reunión de seguimiento a esta visita. Tampoco se recibió copia de conocimiento de algún documento como los que requiere el solicitante”.

Por su parte, la SSAN mencionó que el subsecretario para América del Norte no tomó parte del encuentro, por ende no se generó documentación al respecto. En tanto,  la Dirección General de Asuntos Especiales (DGAE) planteó que ningún funcionario de esa Dirección General participó en el desarrollo de la visita del Fiscal General de EU a nuestro país y “no ha recibido documentos ni información relacionados con la visita en comento”.

Debemos ser claros: la frontera México-Estados Unidos y, en general, las relaciones entre los dos países han sido un espacio y un marco para la cooperación y la definición de retos transfronterizos. En la actualidad, los problemas de violencia, inseguridad y crimen organizado han cuestionado severamente la estabilidad fronteriza y la seguridad nacional de ambos países.

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