Detrás de su fachada de gigante de la infraestructura, la empresa que dirige Guadalupe Phillips Margain enfrenta acusaciones de prácticas financieras cuestionables, que hoy afectan a más de 500 familias. Las denuncias, que han llegado hasta la conferencia matutina presidencial, apuntan a que al menos siete empresas tienen pagos pendientes por más de 136 millones de pesos.

Los reclamos provienen de Infraestructura GS, Toposervis y Mezclas Asfálticas y Caminos, que recientemente se sumaron a las demandas previamente interpuestas por KYPCON Ingenieros Civiles, Construcciones Peñascos, ICAPSA Infraestructura de Desarrollo y el empresario Marco Antonio Valdez Gutiérrez. Estos proveedores conforman el grupo “Empresarios Afectados por ICA y sus Filiales”, que busca justicia por los impagos que han puesto en crisis a múltiples compañías.

A lo largo de los años, ICA ha sido una de las principales beneficiadas con contratos de infraestructura pública, con más de 8 mil millones de pesos en proyectos asignados. Sin embargo, su modelo de subcontratación ha generado graves consecuencias económicas para las empresas más pequeñas.

El abogado Jaime Argueta Cid, representante de los proveedores afectados, ha advertido a través de diversos medios que ICA parece operar bajo un “modus operandi” sistemático: subcontrata a pequeñas y medianas empresas con la promesa de contratos sólidos y pagos seguros, pero con el tiempo los adeudos crecen hasta ahogar financieramente a los proveedores. Muchas de estas compañías, confiadas en los acuerdos firmados con la constructora, adquirieron financiamientos para cumplir con sus compromisos, pero hoy se encuentran atrapadas en un callejón sin salida, sin ingresos y con deudas que siguen acumulándose.

Este modelo de operación no solo impacta a las empresas, sino que ha dejado sin empleo a cientos de trabajadores, ya que muchas subcontratistas no han podido cubrir nóminas, prestaciones, finiquitos ni liquidaciones. La crisis se ha agudizado con demandas laborales que ahora enfrentan algunas de estas compañías, que además de no recibir el dinero que ICA les debe, ahora deben responder a litigios iniciados por sus propios empleados.

A pesar de la magnitud del problema, varias empresas han optado por no denunciar por temor a represalias. Según Argueta Cid, hay proveedores con montos pendientes de entre uno y tres millones de pesos que han decidido mantenerse en silencio ante el miedo de quedar vetados en futuras contrataciones o sufrir represalias que comprometan su permanencia en el sector.

El silencio de ICA ante estos señalamientos añade un tono aún más inquietante a la situación. La empresa no ha emitido una postura oficial sobre los adeudos, lo que ha generado incertidumbre entre los proveedores y ha reforzado la percepción de que los impagos no son simples retrasos administrativos, sino una estrategia para postergar indefinidamente sus obligaciones financieras.

Mientras tanto, los afectados han comenzado a preparar nuevas acciones para presionar a ICA y al gobierno federal.  Tampoco descartan acciones de protesta en la Ciudad de México para visibilizar el problema y exigir soluciones. La pregunta que sigue en el aire es clara: ¿hasta cuándo ICA podrá seguir operando de esta manera sin consecuencias?

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Pequeños contratistas denunciarían a ICA por adeudos millonarios 

Detrás de su fachada de gigante de la infraestructura, la empresa que dirige Guadalupe Phillips Margain enfrenta acusaciones de prácticas financieras cuestionables, que hoy afectan a más de 500 familias. Las denuncias, que han llegado hasta la conferencia matutina presidencial, apuntan a que al menos siete empresas tienen pagos pendientes por más de 136 millones de pesos.

Los reclamos provienen de Infraestructura GS, Toposervis y Mezclas Asfálticas y Caminos, que recientemente se sumaron a las demandas previamente interpuestas por KYPCON Ingenieros Civiles, Construcciones Peñascos, ICAPSA Infraestructura de Desarrollo y el empresario Marco Antonio Valdez Gutiérrez. Estos proveedores conforman el grupo “Empresarios Afectados por ICA y sus Filiales”, que busca justicia por los impagos que han puesto en crisis a múltiples compañías.

A lo largo de los años, ICA ha sido una de las principales beneficiadas con contratos de infraestructura pública, con más de 8 mil millones de pesos en proyectos asignados. Sin embargo, su modelo de subcontratación ha generado graves consecuencias económicas para las empresas más pequeñas.

“Modus operandi” de ICA

El abogado Jaime Argueta Cid, representante de los proveedores afectados, ha advertido a través de diversos medios que ICA parece operar bajo un “modus operandi” sistemático: subcontrata a pequeñas y medianas empresas con la promesa de contratos sólidos y pagos seguros, pero con el tiempo los adeudos crecen hasta ahogar financieramente a los proveedores. Muchas de estas compañías, confiadas en los acuerdos firmados con la constructora, adquirieron financiamientos para cumplir con sus compromisos, pero hoy se encuentran atrapadas en un callejón sin salida, sin ingresos y con deudas que siguen acumulándose.

Este modelo de operación no solo impacta a las empresas, sino que ha dejado sin empleo a cientos de trabajadores, ya que muchas subcontratistas no han podido cubrir nóminas, prestaciones, finiquitos ni liquidaciones. La crisis se ha agudizado con demandas laborales que ahora enfrentan algunas de estas compañías, que además de no recibir el dinero que ICA les debe, ahora deben responder a litigios iniciados por sus propios empleados.

Temor a represalias

A pesar de la magnitud del problema, varias empresas han optado por no denunciar por temor a represalias. Según Argueta Cid, hay proveedores con montos pendientes de entre uno y tres millones de pesos que han decidido mantenerse en silencio ante el miedo de quedar vetados en futuras contrataciones o sufrir represalias que comprometan su permanencia en el sector.

El silencio de ICA ante estos señalamientos añade un tono aún más inquietante a la situación. La empresa no ha emitido una postura oficial sobre los adeudos, lo que ha generado incertidumbre entre los proveedores y ha reforzado la percepción de que los impagos no son simples retrasos administrativos, sino una estrategia para postergar indefinidamente sus obligaciones financieras.

Pequeños contratistas denunciarían a ICA y preparan nuevas acciones

Mientras tanto, los afectados han comenzado a preparar nuevas acciones para presionar a ICA y al gobierno federal.  Tampoco descartan acciones de protesta en la Ciudad de México para visibilizar el problema y exigir soluciones. La pregunta que sigue en el aire es clara: ¿hasta cuándo ICA podrá seguir operando de esta manera sin consecuencias?

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Durante su conferencia matutina del 9 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abordó la problemática, luego de ser cuestionada por la reportera Zeltzin Juárez, de Sin Línea Mx, donde señaló que cualquier saldo pendiente será atendido conforme a los procedimientos administrativos.

Entre las empresas afectadas se encuentran ICAPSA Infraestructura de Desarrollo, KYPCON Ingenieros Civiles, Construcciones Peñascos y Marco Antonio Valdez Gutiérrez. Estas compañías han enfrentado despidos, endeudamiento y otras dificultades financieras debido al retraso en los pagos por servicios prestados a ICA y sus subsidiarias, que incluyen Constructora El Cajón, Hidroeléctrica Yesca y Península Maquinaria y Equipo Pesado, entre otras.

La reportera planteó directamente a Sheinbaum si dependencias como Fonatur, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), responsables de contratar a ICA, podrían intervenir para garantizar los pagos y evitar que cientos de trabajadores pierdan sus fuentes de ingreso.

Sheinbaum aseguró que no estaba al tanto de los adeudos específicos, pero destacó que cualquier retraso en los pagos probablemente responde a procedimientos administrativos, como la verificación de estimaciones de obra. “Si tiene adeudos, estoy segura de que los van a saldar. Es un proceso largo que involucra supervisión y validación, pero se atenderá a las empresas afectadas”, afirmó.

Las empresas perjudicadas han solicitado la intervención directa del gobierno para resolver esta situación, ya que consideran que su participación fue clave para la culminación de proyectos estratégicos del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, ya que ni ICA ni filiales han respondido a los intentos de conciliación.

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Claudia Sheinbaum sobre el caso ICA y adeudos a proveedores

Durante su conferencia matutina del 9 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abordó la problemática, luego de ser cuestionada por la reportera Zeltzin Juárez, de Sin Línea Mx, donde señaló que cualquier saldo pendiente será atendido conforme a los procedimientos administrativos.

Entre las empresas afectadas se encuentran ICAPSA Infraestructura de Desarrollo, KYPCON Ingenieros Civiles, Construcciones Peñascos y Marco Antonio Valdez Gutiérrez. Estas compañías han enfrentado despidos, endeudamiento y otras dificultades financieras debido al retraso en los pagos por servicios prestados a ICA y sus subsidiarias, que incluyen Constructora El Cajón, Hidroeléctrica Yesca y Península Maquinaria y Equipo Pesado, entre otras.

La reportera planteó directamente a Sheinbaum si dependencias como Fonatur, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), responsables de contratar a ICA, podrían intervenir para garantizar los pagos y evitar que cientos de trabajadores pierdan sus fuentes de ingreso.

Sheinbaum aseguró que no estaba al tanto de los adeudos específicos, pero destacó que cualquier retraso en los pagos probablemente responde a procedimientos administrativos, como la verificación de estimaciones de obra. “Si tiene adeudos, estoy segura de que los van a saldar. Es un proceso largo que involucra supervisión y validación, pero se atenderá a las empresas afectadas”, afirmó.

Las empresas perjudicadas han solicitado la intervención directa del gobierno para resolver esta situación, ya que consideran que su participación fue clave para la culminación de proyectos estratégicos del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, ya que ni ICA ni filiales han respondido a los intentos de conciliación.

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Entre las compañías afectadas se encuentran Construcciones Peñascos, ICAPSA Infraestructura de Desarrollo, KYPCON Ingenieros Civiles y Marco Antonio Valdez Gutiérrez, quienes han conformado el consorcio “Empresarios Afectados por ICA y sus Filiales”. Las deudas incluyen trabajos en el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y otros proyectos, complicando la operatividad de estas empresas.

Las obligaciones pendientes están vinculadas tanto a ICA matriz como a sus filiales: Desarrolladora de Infraestructura Puerto Escondido, Holding Prefabricados, Península Maquinaria y Equipo Pesado, Constructora MT y Control e Infraestructura del Sureste. Los cambios de domicilio de estas oficinas han dificultado el avance de las demandas legales, según lo reportado por Proceso.

La situación es crítica para algunas empresas como KYPCON, que trabajó en el Tramo 4 del Tren Maya y ha tenido que vender activos para mantenerse operativa, e ICAPSA, que colaboró en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y recurrió a financiamiento externo para solventar sus operaciones. Por su parte, Marco Antonio Valdez Gutiérrez enfrenta dificultades para liquidar sus propias deudas y mantener la maquinaria necesaria para nuevos contratos.

Los adeudos no se limitan al Tren Maya. En julio de 2024, el Consejo de Administración de Operadores del Caribe denunció retrasos en los pagos de ICA por el Puente Vehicular Nichupté, mientras que Energéticos Internacionales (Energex) sigue esperando el reconocimiento de una deuda judicial por 22 millones de pesos.

Entre 2020 y 2024, ICA obtuvo 33 contratos a nivel federal y estatal por un total de 55,346 millones de pesos, según Compranet. Sin embargo, los incumplimientos financieros han generado preocupación entre los proveedores, quienes advierten que la falta de pago afecta la confianza en futuros proyectos de infraestructura.

A pesar de su participación en obras emblemáticas como la Refinería Olmeca Dos Bocas y el Puente Vehicular Nichupté, los problemas financieros de ICA plantean serios retos para las empresas subcontratadas y para la credibilidad de la industria de la construcción en México.

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