Al enterarse de que se llevaría a cabo una reunión entre el Comisariado Ejidal y representantes de una sociedad inmobiliaria para vender tierras ejidales de uso común, integrantes de Defensores de la Tierra y el Consejo Comunitario de Kinchil detuvieron el encuentro y se enfrentaron con elementos policiales.

Enfrentamiento en Kinchil por venta de tierras ejidales genera tensión comunitaria

El conflicto estalló cuando habitantes denunciaron que la asamblea ejidal tenía como objetivo transferir el control de tierras de uso común a una empresa privada, situación que detonó el Enfrentamiento en Kinchil por venta de tierras ejidales y evidenció la división social que atraviesa el municipio de Kinchil. La comunidad organizada acusó que la operación atentaba contra el patrimonio colectivo y vulneraba derechos históricos vinculados a la propiedad social.

De acuerdo a información difundida por Defensores de la Tierra, y el Consejo Comunitario de Kinchil, este 15 de febrero, se celebraría una asamblea ejidal para transferir el control de la tierra a una inmobiliaria, atentando así con el derecho a disfrutar del patrimonio colectivo.

“Entre los puntos planteados también figuraban el avecindamiento de personas desconocidas, lo que les permitiría acceder a tierras ejidales, y la autorización para que el Comisariado disponga de 700 mil pesos provenientes de la renta de antenas de telefonía sin mecanismos de rendición de cuentas”, dice el comunicado compartido por la asociación de kinchileños.

Movilización para proteger tierras ejidales

La movilización fue convocada bajo la consigna de Trabajar y proteger tierras ejidales, en defensa del territorio que por generaciones ha sostenido a decenas de familias. Los inconformes señalaron que la venta podría derivar en contaminación por las inmobiliarias y en la transformación irreversible del entorno natural.

Debido a esta situación, los inconformes convocaron a ejidatarias, ejidatarios y población en general a sumarse a su movilización para impedir el desarrollo de la asamblea. Sin embargo, el Comisario Ejidal José A. Borges, acudió a la reunión con un contingente de elementos de la policía estatal y municipal, quienes restringieron el acceso a la Casa Ejidal.

Tensión en la Casa Ejidal

Esta acción llevó a los inconformes a tratar de ingresar al recinto por otros medios, por ejemplo, colocando escaleras provisionales, lo que desató un enfrentamiento entre uniformados e inconformes. La tensión fue escalando rápidamente hasta convertirse en un nuevo episodio del Enfrentamiento en Kinchil por venta de tierras ejidales, dejando en evidencia el choque entre autoridades y pobladores que defienden la tierra de uso común.

Se reporta que al menos una persona, integrante de los Defensores de la Tierra, resultó lesionada y fue trasladada al IMSS en el municipio de Umán.

Acciones legales tras frenar la asamblea

A pesar de haber logrado frenar la asamblea, Defensores de la Tierra y el Consejo Comunitario advirtieron que iniciaron acciones legales para impedir la inscripción de cualquier acta que vulnere los derechos colectivos.

Las personas que se identifican como afectadas aseguran que las tierras ejidales de uso común sostienen actividades como agricultura, ganadería a pequeña escala, apicultura y recolección de productos del monte. Numerosas familias sin derechos agrarios reconocidos dependen de estos espacios para su subsistencia.

Defensa del territorio frente a intereses inmobiliarios

El Consejo Comunitario reiteró que mantendrá la defensa de las tierras ejidales de uso común y del derecho colectivo a decidir sobre su territorio, frente a intereses inmobiliarios que buscan apropiarse de un patrimonio que pertenece a todas y todos los pobladores de Kinchil. La comunidad insiste en que el diálogo debe prevalecer para evitar que el Enfrentamiento en Kinchil por venta de tierras ejidales escale a consecuencias mayores.

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Bajo el lema “La mejor manera de predecir el futuro es creándolo”, este grupo que ofrece productos inmobiliarios atractivos, saca al mercado este desarrollo con una propuesta única en cuanto a concepto, ofreciendo la esencia de la elegante e histórica Verona.

Productos que ofrece el desarrollo inmobiliario Gran Verona

Grana Verona es el futuro de 802 ofrece y para eso pone en el mercado lotes de inversión de distintas dimensiones para diversos presupuestos que van desde 133 metros cuadrados hasta 746m2.

Plan de financiamiento único del desarrollo inmobiliario Gran Verona

Uno de los mayores atractivos y diferenciador en el segmento, es lo accesible de la adquisición ya que el grupo inmobiliario ofrece extensos plazos de financiamiento de hasta 60 mensualidades sin intereses.

El desarrollo cuenta con atractivas zonas familiares y sociales.

Además de ser un concepto de desarrollo inmobiliario seguro contará con más de 35 amenidades entre jardines, espacios de esparcimiento y convivencia familiar, así como dos casas club Casa Romeo y Cada Julieta con vocaciones diferentes para los eventos sociales.

El cuidado del medio ambiente es importante para el desarrollo inmobiliario Gran Verona

Adicionalmente, siguiendo las normas ecológicas, se instalará una planta de tratamiento de las aguas residuales, áreas verdes y se incentivará a los clientes para que implementen en sus propiedades energías limpias como paneles solares.

Información del desarrollo inmobiliario Gran Verona

En septiembre se pondrá la primera piedra del proyecto, el cual se construirá durante 18 meses y se entregarán a mediados del 2025; el desarrollo se ubica a 8 minutos de Mérida a partir de Periférico a la altura de la salida a Cancún.

Según la informaron de los empresarios Rodrigo Hoil, Ricardo Herrera, Paola Muñiz y Feliz Cabrera, el proyecto será lanzado el 20 de julio a las 20:00 horas en Casa Faller dónde se anunciarán algunas sorpresas que contendrá el desarrollo.

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Las auditorias realizadas a los Ejercicio Fiscales 2019 y 2020 a Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX) evidenció un desfalco de 9 mil 036 millones 845 mil 628.8 pesos, recurso que lejos de ser entregados o destinados para la gente del campo, fueron a parar a manos de un grupo de empresarios que hoy construye un emporio inmobiliario en Yucatán.

Estas anomalías detectadas, llevaron a que René Gavira Segreste, exdirector de Administración y Finanzas de SELGAMEX, fuera vinculado a proceso por las acusaciones de utilizar 100 millones de pesos de la institución para “invertir” en la bolsa, según difundió la propia FGR, pero sobre todo por ser una figura central de la red de corrupción que ha lastrado a ese organismo y que ha beneficiado a empresarios como los hermanos Gregorio Adrián y José Agustín Zamora Flores, así como por Martín Eduardo Ortega Zamora, que a través de Grupo Aura, una empresa de la Ciudad de México, invierten 2,752 millones de pesos en diversos proyectos inmobiliarios, uno de ellos en Telchac Puerto, en Yucatán.

Una investigación realizada por el organismo Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que Grupo Aura, cuya razón social es MIG Investment SAPI de CV, fue constituida en febrero de 2019. A menos de un año de su creación, sus desarrollos de lujo ya se habían convertido en la segunda inversión privada más grande de Yucatán.

Grupo Aura cuenta con dos desarrollos en Mérida: Aura Smart Luxury Living y Distrito Tres 70, y dos desarrollos en las playas del Puerto de Telchac: Aura Coast Telchac y Marena Beach Towers.

Los desarrollos son de lujo; por ejemplo, en Aura Smart Luxury Living, un departamento modelo 100 metros cuadrados con dos recamaras, 2 baños y ½ baños oscila en los $3,679,205 pesos; mientras que en Distrito Tres 70 un departamento de 80 metros cuadrados de construcción cuesta $2´273,920.09 pesos, mientras que uno de 115 m2 oscila en los $2,860,312.59 pesos.

Aura Coast Telchac, es aun más de lujo por estar a orilla del mar, y según la página estructurainmobiliaria.mx un departamento de 163 metros cuadrados ronda en los $5,780,487.51 pesos; mientras que en Marena Beach Towers, el mismo portal publica que un inmueble de 128 m2 su precio es de $4,174,877.11 pesos; en este ultimo desarrollo inmobiliario aparecen como copropietarios Ricardo José Lambretón López Ostoloza y Jorge Enrique Alberts Ponce.

A estos cuatros desarrollos inmobiliarios, la compañía Grupo Aura tiene planes para edificar cuatro complejos más: Aura Towers, Aura City, Marena Lake View y Marena Plaza.

Los hermanos Gregorio Adrián y José Agustín Zamora Flores siguen creando razones sociales para seguir con las artimañas de lavado de dinero y compra de terrenos, así apenas en septiembre del año pasado constituyeron la razón social Centro de Distribución de Constructores, S.A. de C.V. para la compra, venta, importación, exportación, distribución, fabricación, consignación, arrendamiento y comercio en general de toda clase de artículos existentes en el comercio; así como a la fabricación, industrialización, compra, venta, comercialización, distribución, transformación, maquila, comisión, consignación, mediación, intermediación, arrendamiento, subarrendamiento, empaque, embalaje, exportación, importación, representación, negociación, diseño y, en general la realización de todo tipo de actos, contratos, y operaciones que, en forma directa o indirecta se relacionen con cualquier tipo de bienes muebles e inmuebles.

Por su parte, Martín Eduardo Ortega Zamora, junto a Mario Alfonso Guillén Sánchez y la razón social Portafolio A&G, S.A. de C.V., donde son socios los Zamora Flores, constituyó en 2021 en la ciudad de Mérida, Yucatán, la razón social Good House Telchac, S.A. de C.V., cuyo objeto social es adquirir, enajenar, renta, tomar y otorgar el uso y goce por cualquier título permitido por la ley, de todas clase de bienes muebles e inmuebles, en cualquier parte del territorio de la República Mexicana, inclusive en zonas fronterizas y playas; así como a la compra, venta, arrendamiento, fraccionamiento, subarrendamiento, explotación, construcción, diseño y corretaje de bienes inmuebles, cualquiera que sea su naturaleza u origen, inclusive aquellos que provengan de expropiación ejidal.

LOS NEXOS CON LA CORRUPCIÓN DE SELGAMEX

Los accionistas MIG Investment SAPI de CV (Grupo Aura) están ligados, por tres vías, a la presunta red de corrupción que operó Gavira Segreste en Seguridad Alimentaria Mexicana.

La primera vía es a través de una red de seis empresas operada por un facturero que recibieron contratos por 800 millones de pesos de SELGAMEX y que incumplieron con entregar costales, tarimas, pesticidas y lonas que servirían para almacenar los granos que benefician a millones de productores del campo; todas las empresas están vinculadas con los hermanos Zamora Flores.

La segunda es a través de dos convenios por hasta 4 mil millones de pesos firmados con la empresa Grupo Vicente Suárez 73 para procesar y vender leche a Liconsa que actualmente se encuentran bajo investigación de la Fiscalía General de la República.

La tercera vía es a través de unos de sus socios en los complejos inmobiliarios que construyen en territorio yucateco, Jorge Enrique Alberts Ponce, quien a través de empresas como ACURGEN, S.A. de C.V., que obtuvo contratos por más de 6.5 MDP en Liconsa; pero además posee una red de empresas que funcionan como fachada para el levado de recursos como Comercializadora de Bienes Segurimex, S.A.P.I. de C.V., GU Asesores en Protección Privada, S.A.P.I. de C.V., SHELTER Consultores, S.A. de C.V., Ideas, Conceptos y Soluciones, Experiencias Mágicas Turismo Alternativo, S.A. de C.V., COMIEER, S.A. de C.V., la financiera SOLDI Capital, S.A. de C.V.,
Servicios ZUGOPO, S.A. de C.V., y Grupo ZUGOPO, S.A. de C.V.

Pero sus vínculos con el esquema de corrupción de Segalmex no son el único pasado turbio de los socios de Grupo Aura. Algunos de sus accionistas incluso recibieron fondos desviados por la SEDATU durante la gestión de Rosario Robles.

Una auditoría de la Cuenta Pública 2018 muestra que uno de los socios de Grupo Aura está ligado a un amplio esquema de desvío de recursos públicos operado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano cuando esa dependencia fue encabezada por Rosario Robles.

La ASF encontró que IPSA, compañía que había sido contratada por SEDATU para el mantenimiento de la infraestructura informática, no cumplió con los servicios y desvió 1.3 millones de pesos a ACURGEN, empresa constituida por Jorge Enrique Alberts Ponce, quien es otro de los accionistas de Grupo Aura.
Alberts Ponce ha participado en la construcción de tres de los cuatro complejos de Grupo Aura a través de CDC 360 SA de CV, la cual es una compañía “cascarón”.

DEVASTACIÓN EN TELCHAC

Playas vírgenes y dunas con vegetación hasta donde el ojo puede ver. Así es como Minerva Cano recuerda Telchac antes de que el boom inmobiliario que invade a Yucatán alcanzara a este pequeño municipio que se encuentra en una delgada franja entre la Laguna Rosada y el Mar Caribe.

Ahora, dos de los desarrollos de Grupo Aura, Marena Beach Towers y Aura Coast Telchac, se construyen en la línea costera que año tras año es sitio de anidación para las tortugas de carey que llegan a las playas yucatecas. Minerva, como dirigente del Club de Tortugas de Telchac, conoce mejor que nadie el impacto que estos megaproyectos tienen en el largo plazo.

El 4 diciembre de 2020, el presidente municipal de Telchac cortó el listón de inicio de obras de Marena Beach Towers, un desarrollo vertical con dos torres de ocho niveles y 84 departamentos con amenidades como infinity pool, party deck, gimnasio, cancha de pádel, salón de negocios y restaurante en la piscina. Los precios de un penthouse en este complejo pueden llegar hasta los 10 millones de pesos.

Aunque en las actas de MIG Investment SAPI de CV Ricardo Lambretón no aparece como accionista de Grupo Aura, se comprobó que a través de las escrituras de compraventa del Registro Público de la Propiedad, que los cuatro terrenos donde se construye Marena Beach Towers fueron comprados en 16 millones de pesos por Evolution Telchac, una compañía constituida en la CDMX y cuyos socios son otras dos empresas: Portafolio A&G, de los hermanos Zamora Flores, y Negocios Lambretón, de Ricardo Lambretón.

Ricardo Lambretón es un empresario del sector de la construcción que lleva casi la mitad de su vida siendo proveedor del gobierno. En los últimos diez años sus empresas recibieron contratos desde instancias donde René Gavira tuvo puestos directivos. Primero desde la alcaldía Cuajimalpa y más tarde desde Segalmex.

Ocho meses después de la creación de Grupo Aura en febrero de 2019, Ricardo Lambretón firmó como testigo dos convenios por hasta 4 mil millones de pesos para el procesamiento de leche entre Liconsa y Grupo Vicente Suárez 73, una compañía sin experiencia en el ramo constituida por el empresario por el empresario Alejandro Puente Córdoba, ligado a actos de corrupción durante el sexenio de Felipe Calderón.

En agosto de 2020, MCCI hizo públicas las redes de amiguismo que llevaron a Grupo Vicente Suárez a firmar estos convenios multimillonarios con la dependencia. Ignacio Ovalle, director de la dependencia gubernamental, fue presidente de Fundación México con Valores, una organización de Movimiento Ciudadano, partido por el que Puente Córdoba fue candidato plurinominal al Senado en 2012.

¿Los encargados de firmar estos convenios? Manuel Lozano Jiménez y René Gavira Segreste, quienes en ese momento eran, respectivamente, directores de Comercialización y Administración de Segalmex.
Ambos funcionarios fueron cesados y ahora son investigados por la Fiscalía General de la República por presuntos actos de corrupción. Gavira, en específico, por los dos convenios firmados con Vicente Suarez 73.

En una auditoría de Cumplimiento Forense practicada a Liconsa, el exdirector de Operaciones de la dependencia, Bernardo Fernández Sánchez, le dijo a los auditores que el precio de 21 pesos por kilo de crema estipulado en los convenios con Grupo Vicente Suárez 73 fue fijado unilateralmente por René Gavira Segreste, eludiendo la autorización del Grupo Interno de Análisis de Venta de Crema, el órgano colegiado responsable de autorizar su precio.

Para cumplir con el objeto de los convenios, Ricardo Lambretón y Alejandro Puente invertirían en la construcción de dos plantas secadoras de leche en Zacatecas y Tabasco.

En respuesta a un cuestionario enviado por los reporteros de MCCI, Lambretón dijo que sólo firmó como testigo en ambos convenios a petición de Puente y de Liconsa, pero que no participó económicamente en el proyecto.
Hay un vínculo adicional en los desvíos en Segalmex. En su último informe de la Cuenta Pública 2020, la Auditoría Superior reveló que algunos de los costales invernadero, por los que Properloz –otra empresa de la red– recibió 94 millones de pesos, finalmente fueron distribuidos por Grupo Vicente Suárez 73, la empresa que suscribió convenios para procesamiento de leche, en los que Lambretón firmó como testigo.

Incluso, Properloz comparte número telefónico con Denoter, compañía que ha sido utilizada por Agustín Zamora Flores, socio de Lambretón en Marena Beach Towers, uno de los desarrollos de Grupo Aura.

El 13 de noviembre de 2019, los accionistas de Grupo Aura dieron el banderazo de salida para los trabajos de construcción de Aura Smart Luxury Living, un complejo de cuatro torres y 365 departamentos con alberca, cancha de padel, roof garden y gimnasio ubicado en Montebello, una de las zonas de mayor plusvalía en la capital yucateca.

AYUDA EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Una semana después del inicio de las obras en Mérida, Ricardo Reyna Barrera, un exempleado del empresario Ricardo Lambretón quien hoy es director General de Recursos Materiales y Servicios de la Cámara de Diputados, favoreció con un contrato millonario a EAO Digital Solutions, una empresa propiedad de Eduardo Ortega Zamora, uno de los accionistas Grupo Aura. De las seis compañías que inicialmente participaron en la licitación, únicamente tres presentaron propuestas. Una de ellas era Properloz, una empresa operada por un facturero que es parte de la red de Segalmex. Properloz, a su vez, comparte número telefónico con Denoter, empresa ligada con los Zamora.

El 5 de diciembre de 2019, EAO Digital Solutions firmó el contrato DGAJ 121/2019 hasta por 31 millones de pesos para proveer de insumos de papelería y servicio de café a los legisladores federales. Ricardo Reyna Barrera, quien en ese momento era director de Adquisiciones, fue uno de los funcionarios responsables de la licitación.

En su declaración patrimonial y de intereses, Reyna Barrera manifestó haber trabajado en la empresa Sescon Suministros y Servicios de 2017 a 2018. A través de actas obtenidas en el Registro Público del Comercio, MCCI comprobó que Sescon fue constituida por Ricardo Lambretón, quien hasta la fecha es accionista de la compañía.
Es decir, Ricardo Reyna Barrera, exempleado de Ricardo Lambretón en Sescon y actual Director de Recursos Materiales y Servicios de la Cámara de Diputados, benefició a una empresa cuyo dueño es Eduardo Ortega Zamora, accionista de Grupo Aura.

EAO Digital Solutions incluso es la compañía encargada de implementar la tecnología de “hogar inteligente” en los desarrollos de Aura.

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