Carlos Alim Briceño Ramírez podría ser vinculado a investigación luego de presentar su renuncia al cargo de la Notaría número 86.

Lo anterior al encontrarse involucrado en posesión de sumas de dinero superiores a las establecidas por la propia Ley del Notariado local.

Esto, según informó la Consejería Jurídica al cargo de Mauricio Tappan Silveira.

De acuerdo con el aviso publicado el día de hoy por el Diario Oficial del Estado de Yucatán, el Notario, quien recibió el cargo a penas en el 2018, presentó su renuncia.

Y ahora esa notaría con sede en Progreso se encuentra vacante.

“Hago del conocimiento al Notariado del Estado de Yucatán, que la Notaría Pública número ochenta y seis con residencia en Progreso, Yucatán, se encuentra vacante.

“En razón de la renuncia presentada por el titular de ésta, licenciado en Derecho Carlos Alim Briceño Ramírez.

“Por encontrarse en el supuesto establecido en el párrafo tercero del artículo treinta y nueve de la Ley del Notariado de Yucatán”.

Tal artículo establece:

Los Notarios no podrán recibir y conservar en depósito sumas de dinero o documentos que representen numerario, con motivo de los actos y contratos en que intervengan.

Se exceptúan de esta prohibición las cantidades que se destinen al pago de impuestos o derechos que se causen por las operaciones que autoricen.

Briceño Ramírez recibió la patente de notario en abril del 2018, de manos del entonces Consejero Jurídico del Estado de Yucatán, Carlos Pavón Flores.

Esto, meses antes de que termine el sexenio de Rolando Zapata Bello, como Gobernador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Así, investigan cuentas de notario yucateco, Carlos Alim Briceño Ramírez.

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De hecho, el organismo federal ordenó la notificación de varios oficios en relación con conducta presuntamente irregular en su carácter de Instancia Ejecutora.

Lo anterior, según el Convenio de Concertación con la Secretaría de Desarrollo Rural, durante el primer semestre de ese año.

Cabe recordar que el empresario Pedro Cabrera Quijano dirigió durante más de 11 años, hasta noviembre de 2019, la citada fundación.

Ésta es encargada de organizar y poner en marcha la Expo Campo para promover el consumo de lo que produce Yucatán.

Debido a lo anterior, el empresario Pedro Cabrera se encuentra en el ojo del huracán y tiene un panorama incierto, pues las investigaciones avanzan.

Desvíos

En su momento, la ASF encontró una anomalía que asciende a 47 millones 268 mil pesos, corresponde a recursos asignados por Sagarpa a tres asociaciones y empresas.

Entre ellas está Fundación Produce Yucatán, A.C.

Los recursos fueron asignados para el desarrollo de proyectos, pero no se ejecutaron e, incluso, el dinero se terminó desviando.

“En las visitas domiciliarias realizadas por los auditores comisionados de la ASF, se constató que ninguno de los tres proyectos se encuentra concluido ni en funcionamiento.

“Además de que se distrajo parte de los recursos otorgados para fines distintos de los establecidos en el componente”, señala la denuncia.

A todo ello se suman múltiples irregularidades más por las cuales se calcula un fraude al erario que, en números exactos, asciende a 529 millones 864 mil 600 pesos.

Investigada desde el 2016

En 2016, la Sagarpa ejerció un presupuesto de 1,342,500 miles de pesos para el Programa de Fomento a la Agricultura, Componente Innovación Agroalimentaria.

Lo anterior, en los conceptos de Proyectos de Innovación y Desarrollo Tecnológico para Regiones y Prioritariamente a Sistemas Producto Básicos y Estratégicos Agrícolas.

Así como Proyectos de Investigación Aplicada y Transferencia de Tecnología para Atender las Necesidades Principalmente de los Cultivos Básicos y Estratégicos Agrícolas, y otros más.

De estos, se revisó el 100% de las erogaciones realizadas, correspondiente a 1,342,500 miles de pesos, que se integran por 1,188,000 miles de pesos por concepto de subsidios para el componente.

También, 114,038.3 por gastos de operación relativos a la Coordinadora Nacional de la Fundaciones Produce, A.C. (Cofupro), la cual fungió como Instancia Ejecutora, y gastos de capacitación, tecnología y Sistema de Padrón Único de Beneficiarios ejercidos por la Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico (DGPDT) de la Sagarpa.

Así como 29,086.7 miles de pesos relativos a la Unidad Técnica Operativa y 11,375 miles de pesos por supervisión; estos dos últimos ministrados a la Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, A.C. (CCRC).

Se demanda la recuperación de más de 500 mdp

Se tiene como antecedentes las auditorías practicadas a la Sagarpa, con motivo de la Fiscalización Superior de los últimos cinco años.

En éstas, se han observado diversas conductas irregulares en la aplicación de los recursos del subsidio operados por los beneficiarios, así como en gastos asociados a la operación de los programas revisados que han presentado comprobantes simulando la adquisición de bienes para la obtención de los apoyos y posteriormente los cancelan.

Este esquema implicó la supuesta aplicación del recurso, la simulación de proyectos y proveedores no localizados, los cuales a pesar de no acreditar los trabajos emitieron comprobantes fiscales, con lo cual se presume la inexistencia de las operaciones que amparan.

Tras las múltiples investigaciones y observaciones, se destaca la demanda de recuperar 596,677.3 miles de pesos, de los cuales 66,812.7 miles de pesos fueron operados y 529,864.6 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables.

Larga cola

De igual forma, la Cofupro ministro? recursos públicos federales del Componente Innovación Agroalimentaria 2016, en el Estado de Yucatán a cinco beneficiarios por un total de 52,795.4 miles de pesos, y se practicaron visitas domiciliarias a tres de ellos, los cuales recibieron en conjunto 49,808.4 miles de pesos.

Se comprobó que el beneficiario Fundación Produce Yucatán, A.C. recibió recursos públicos federales del Componente por 12,108.3 miles de pesos, para la ejecución del proyecto denominado “Centro Nacional de Innovacio?n y Transferencia de Tecnología del Chile Habanero (CNITT)”, los cuales se catalogaron en el concepto del apoyo “Proyectos de Innovación y Desarrollo Tecnológico para Regiones y Prioritariamente a Sistemas Producto Básicos y Estratégicos Agrícolas”.

Sin embargo, como resultado de la visita domiciliaria que realizo? personal de la ASF en el domicilio donde se debió ejecutar el proyecto, se constató que el beneficiario utilizo? injustificadamente 500 mil pesos para el pago de su proveedor ESSA Servicios Administrativos, Laborales, Contables y Financieros, S.A. de C.V.

Lo anterior, por servicios de guardias de seguridad privada y de limpieza, así como para gastos administrativos en general, conceptos excluidos para el devengo de los recursos en este componente, lo que evidencio? que fueron aplicados en fines distintos de los autorizados, distrayéndolos de su objeto.

Cabe señalar que éstas son sólo algunas de las irregularidades.

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