El punto de inconformidad son los nuevos planes y programas de estudio (materiales y bases de elaboración), dispuestos por el actual gobierno y concebidos bajo su propio enfoque ideológico y pedagógico. Los opositores a los nuevos libros argumentan que no fueron consultados, según lo estipulado por la Ley General de Educación.

El contenido de los libros y su enfoque ideológico es, sin duda, un asunto de la mayor relevancia. Su alcance es nacional. Para dar una idea de lo que está en juego, en la parte técnica, para el ciclo 20-21 –es la información disponible-, la SEP programó entregar 181 millones de materiales educativos.

“Para ese año, la Conaliteg elaboró 8.2 millones de libros para preescolar; 109.4 millones para primaria; 28.8 millones para secundaria; 12.5 millones para telesecundaria; 2.7 millones para educación indígena; 117 mil ejemplares en formato Braille y macrotipo, y 25.7 millones como complemento educativo para el Programa Nacional de Inglés; el Programa Nacional de Convivencia Escolar; el Programa de Escuelas de Tiempo Completo, y la Biblioteca Inicial y Expansión de la Educación Inicial.”

Cada sexenio los gobernantes en turno (que responden a intereses ideológicos y partidistas, y no pocas veces a influencias empresariales) promueven reformas que alcanzan distintos niveles de profundidad y cobertura, en la visión ideológica así como en los contenidos. Es debatible si tales intereses son los que convienen a todo el país o solo a sectores de la sociedad.

Los opositores a los libros de texto impugnados acusan que las autoridades educativas “actuaron a espaldas de los mexicanos” y que los contenidos de los nuevos libros “adoctrinan a los niños y hacen apología de la pobreza”.

Los materiales educativos gratuitos y obligatorios debieran estar al margen de disputas en tribunales, por asuntos ideológicos. Se puede afirmar que son un logro histórico y un legado para el país, más allá de conveniencias partidistas.

Un principio de concordia para poner fin a este interminable diferendo, que cobra forma en cada sexenio en los libros de texto, debiera ser la visión transexenal que establece la Carta Magna en su Artículo 3o., en torno a que la educación pública que imparta el Estado tiene que ser científica, laica, gratuita y obligatoria. Esto por convenir al carácter pluricultural y pluriétnico de la gran nación mexicana, sin menoscabar su honroso origen prehispánico.

Es un desafío que sigue pendiente, pero un requisito para que México avance en la concordia hacia sus grandes metas de progreso con inclusión social.

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La condición de la niñez en México enfrenta un panorama desolador. El riesgo mayor y brutal es el infanticidio vil, sin duda. Así lo reportan las noticias recientes: “Asesinados, 350 niños en la GAM”, fue la nota principal del diario ¡Basta! -medio capitalino, abril 01-23-, que se refirió únicamente al saldo criminal de cuatro años en una sola alcaldía – la Gustavo A. Madero, de 16 que integran la jurisdicción de Ciudad de México. En otro periódico: “La pobreza mata a hijos de jornaleros -El Universal, abril-04-23-”. Esas y otras notas motivan este editorial.

Atentar contra los más indefensos de la sociedad no es humano. Por omisión o comisión se victimiza a los menores. Hay leyes que los protegen, pero reina la impunidad, mientras el problema se agiganta.

Las notas aludidas solo son la punta del iceberg. Los niños mexicanos están bajo ataques cotidianos y persistentes: creciente violencia física o psicológica intrafamiliar, acoso en guarderías y escolar (no pocas veces de los propios maestros); asimismo, por internet; amenazas a su seguridad pública (robos y secuestros para prostituirlos o sustraerles órganos; para mendicidad y trabajos forzados); exposición a publicidad engañosa de bebidas y alimentos chatarra; exposición al bombardeo mediático de antivalores, como la violencia extrema y la “sexualización” prematura.

La forma de “asesinar” a los niños no solo es física. También lo es descuidarlos y atacarlos en sus derechos.

Las limitaciones presupuestales son atentatorias contra su sano desarrollo, son inaceptables y debieran ser punibles.

Los costos son elevados. De acuerdo con estimaciones del Banco Mundial: “En América Latina y El Caribe -México incluido- podrían dejar de ganar 2.1 billones de dólares, por perdidas en aprendizajes, capital humano y productividad”, según Mark R. Thomas, director de esa institución para México, Venezuela y Colombia.

Según el Índice de Pobreza de Aprendizaje, 2019 –citado por el funcionario-, el 40% de los niños y niñas de 10 años, no podían leer y comprender un texto corto apropiado para su edad.

Para empeorar todo, apareció el infausto Covid-19. Millones de menores fueron recluidos en sus modestos hogares sin la infraestructura mínima para las clases a distancia y expuestos a la violencia en el hogar.

A los niños mexicanos de los estratos bajos y medios se los está matando. Valga aclarar que esta situación no es de ahora, pero lo alarmante es precisamente eso, que el problema no se haya atacado frontalmente estando a la vista de todos y en aumento imparable.

Quizás sea esta la peor época para ver la luz por primera vez.

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La irrupción de Tik Tok en el mercado de las redes sociales de internet sumó en pocos años a 1,500 millones de suscriptores en todo el mundo –otras mediciones le adjudican poco más de mil millones-. En Estados Unidos y en México, casi la mitad de los habitantes de cada país ya están activos en esa red.

Por su acelerada penetración y por su impacto social, el tema se discute en las principales oficinas gubernamentales de las potencias hegemónicas.

El debate se calienta. Como se sabe, Tik Tok causó notoria aceptación con su oferta interactiva de videos cortos. Surgió apenas en 2016, en China, con el nombre de Douyin y bajo la matriz de la empresa ByteDance. Al año siguiente, con su actual denominación, estaba en todo el mundo, expandiéndose como un virus. Se le acusa de ser muy adictiva o de promover contenido basura. Cierto, en parte, pero va mucho más allá. El tema rebasa el ángulo empresarial y de entretenimiento.

Desde el ámbito político, el ataque lo desató el gobierno de Estados Unidos al acusar a la plataforma china de usar la red para realizar espionaje y le exige que venda los derechos a un local o que instale sus servidores en territorio estadounidense. Incluso los mandos superiores ordenaron a sus funcionarios subordinados abstenerse de descargar la aplicación.

La sospecha es entendible a partir de los altos riesgos que implica el manejo de los datos personales que posee la plataforma. Y esto abarca a las demás redes sociales (You Tube, Facebook, Instagram, Twitter y otras).

Desde luego que este debate se enmarca en la disputa por la hegemonía global que impulsa a las dos naciones. El caso es que Tik Tok despertó la sospecha de Estados Unidos, no tanto por su atractivo y alcance global, sino por tratarse de una innovación china.

Al margen de cómo se resuelva el diferendo, y con independencia de las intenciones “ocultas” que pudieran alojarse en el emprendimiento asiático, en definitiva, Tik Tok mostró la vulnerabilidad que enfrentan los gobiernos y naciones del orbe.

El impacto social de la citada aplicación es mayúsculo y tiene múltiples caras. Y en este punto aparecen las malas prácticas de muchos tiktokers, que con el afán de lograr aprobación (likes) -que se traduce en dinero ganado- están recurriendo a los peores trucos o motivaciones del ser humano.

Esto es malo porque rebajan la dignidad de las personas, las humillan o agreden; y las dañan moralmente al mostrarlas en su desnudez total ante los ojos de los demás.

Esto es algo que la plataforma debiera regular, junto con autoridades y expertos; en el marco de leyes, valores y principios universalmente aceptados.

Un principio sería que todo se vale, siempre y cuando respete la dignidad humana.

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Al salir de la segunda guerra mundial, los mexicanos nos dedicamos a un modelo exportador diseñado para capitalistas y agricultores nylon, con todas las oportunidades del Estado y del salario empobrecedor para desarrollar las factorías y los peculios de un reducido número de mexicanos.

De ahí vino el mito de que los gobernantes priístas robaban, pero dejaban robar. Eran lo malo por conocido. El alemanismo llegó como un vendaval sobre el país. Los amigos de Miguel Alemán Valdes se llevaron lo que quisieron, pero al menos dejaron el capital en el país. Los funcionarios no volvieron a saber de pobrezas, tampoco sus descendientes.

Pero hay un punto que debemos destacar: los capitanes de los negocios alemanistas no eran secretarios de Estado. Los Justo Fernández, Melchor Perrusquia, Carlos Trouyet, Gilberto Valenzuela, Alberto Pani y compañía procuraban los enjuagues y los capitalizaban atrás de la raya. Rara vez metieron la mano en el presupuesto público. No mataban la gallina de los huevos de oro.

Las grandes obras, las carreteras, las fábricas, los negocios departamentales y las concesiones eran facilitadas ante el gobierno por los hombres de empresa que tuvieron prohibido ingresar a los aparatos del poder.? Nunca se hacían en el plato ni en la mesa donde se comía. Era una regla de elemental observancia.

El sistema quedó tocado por la ambición de negocios de los alemanistas. Después de ahí, casi nada fué igual. Todos los que llegaron juraban por ésta que no venían sólo a robar. Y así fué, queramoslo o no reconocer. Una larga lista de presidentes gozaron de las mieles del poder, agacharon la cerviz ante los gabachos, pero no cometieron el error de desmandarse con los presupuestos

Pero, además, un caporal habilitado para desaparecer toda molestia o irritación popular, todo obstáculo a las actividades del narcotráfico, encubrir todas las sarracinas que se cometan en nombre de la defensa de los intereses norteamericanos, desparecer toda duda de que aquí tienen un protectorado dispuesto a matar para defender al dólar.

Un auténtico traidor a la patria, sin complacencias ni tapujos. Educado para servir y agacharse ante la mínima solicitud, y sin ella. Dispuesto a todo, con tal de conservar su libertad personal, tan amenazada por el juicio popular que exige castigo ejemplar e inmediato.

El remedio no puede ser otro que todo lo contrario a lo que estos sujetos han representado para el país. Por éso nadie se espanta de que se necesita revisar lo entregado, e imponer otro modelo para luchar contra la miseria, el hambre y la injusticia.

Es un imperativo nacional. No lo escucha sólo quien no quiere oir.

fin y al cabo, los pobres ricos sólo son pobres diablos que quieren acaparar más dinero. Ahora los obligaremos a que creen empleos y distribuyan mejor lo que reciban. Ese es el punto fino de la fiesta. Hasta aquí llegaron, porque todos somos iguales. Con éso es con lo que se conforman. Para nosotros todo lo demás.

¿Quedará algo para después? ¿La política podrá hacerse después de semejante dislate? ¿Siguen creyendo, como los que decían que se habían ido, que nadie tiene memoria de lo que han hecho con este país? ¿Puede sobrevivir la Nación?

Si ya se despreció el sentido del voto popular. Si sólo cambió el gobierno administrativo, pero no el sistema, ni el régimen, ni el presidencialismo, ni se va a cumplir ningún compromiso de justicia, redistribución, democracia, planeación, rostro internacional frente a los satrapas,¿ qué es lo que puede quedar?

¿Quién podrá recuperar el ánimo del país para seguir acudiendo a las urnas? ¿Quién podrá ofrecer esperanza si la poca que se tenía ha sido agotada, vaciada de contenido, aniquilada por los que decían que habían llegado para separar el poder económico del poder político?

¿Se puede engañar a todos, todo el tiempo?

El regreso del capitalismo salvaje no es del todo malo, a menos que decididamente se haya buscado perseguir algo peor.? Me temo que ésto ya llegó.

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Otro año de irregularidades en el manejo de los fondos públicos nacionales: al menos 11 mil millones de pesos resultaron sin justificar debidamente en el ejercicio presupuestal 2021, conforme a las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Este órgano fiscalizador es el encargado de revisar y exigir cuentas a los tres poderes de la unión; a todos los organismos o dependencias, personas morales y físicas, públicas o privadas, que ejerzan fondos públicos; en los niveles federal, estatal y municipal.

Como resultado de las irregularidades -y al margen de las aclaraciones que rindan los involucrados-, por lo pronto, hay de por medio al menos 30 demandas interpuestas por la ASF ante la Fiscalía General de la República (FGR). Se presume la comisión de delitos de alto impacto, según el auditor David Colmenares, al rendir su informe el 28 de octubre reciente.

La presentación de la cuenta pública es un evento anual; constituye el espejo del ejercicio presupuestal y de la administración pública. Lo que refleja es que, a pesar del costoso entramado anticorrupción de México, el mal persiste.

Durante décadas, los gobiernos han invertido recursos incuantificables en la creación y mantenimiento de una amplia burocracia; asimismo en la adopción de leyes para vigilar y regular el correcto ejercicio de los recursos públicos.

Sin embargo, pareciera que están de adorno entidades como la Secretaría de la Función Pública; la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), y la propia ASF.

Los funcionarios corruptos violan leyes como la de Fiscalización Superior de la Federación, la de Responsabilidad de los Servidores Públicos; la de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y otras.

El presidente López Obrador repitió -durante su larga lucha por la Presidencia- que “la corrupción es un cáncer” y que, eliminándola, él podría ahorrar millonarios fondos para destinarlos al desarrollo social.

En estos días AMLO cumple cuatro años de aquel festivo acceso al poder, en el políticamente histórico diciembre de 2018. Había muchas esperanzas en el cambio; se sentía el gusto, incluso entre los más escépticos.

Aunque el presidente reitera todos los días que “ya no hay corrupción”, que su sexenio y su equipo de gobierno son diferentes, lo que arrojan los datos de la ASF en estos cuatro años es que los malos manejos persisten.

El tiempo se le acaba al mandatario y la extendida corrupción en todo México será una de sus batallas perdidas. Es un destino inaceptable.

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Desde Filomeno Mata 8

Por Mouris Salloum George

Menuda sorpresa me llevé cuando leí en el Claustro universitario de Chihuahua el principio latino: “Sapere aude”, que se entiende como tener el valor de usar tu habilidad para pensar, algo que, definitivamente, en nuestros tiempos mexicanos no es poca cosa.

“Sapere aude” está en el inicio de todos los estudios modernos sobre el impacto ciudadano de la ley. Podría estar coronando cualquier frontispicio de cualquier universidad de entre las más prestigiadas del mundo. Así como se oye.

El principio “Sapere aude ” fue utilizado en el ensayo “¿Qué es la Ilustración? “, debido al filósofo Emanuel Kant y fue en ese opúsculo cuando se definió por primera vez, en respuesta al absolutismo monárquico, el concepto del Estado de Derecho, nada menos.

Entendido por Kant y por Humboldt como aquél donde la actividad estatal se sujeta, junto con todas sus instituciones, al imperio de la Constitución y de las leyes. Lástima que, desde entonces, el famoso estado de derecho ha sido demasiado torturado, por decir lo menos.

El tan llevado y traído estado de Derecho no es otra cosa que aquél donde la autoridad sólo puede hacer lo que la ley le autoriza y donde los ciudadanos pueden llevar a cabo todo lo que la ley no les prohíbe. Kant lo dijo, y desde entonces es casi un artículo de fe.

Todo lo demás es bisutería, escudo de complicidades, faramallas, distractores de incapaces. 

El estado de Derecho, que ahora funciona lo mismo para un barrido que para un trapeado, no es un adjetivo político de ocasión. Es un auténtico sustantivo político y filosófico que ha resistido el paso de los siglos.

Sin embargo,? son tantos los barbarismos y desatinos para los que se teje y desteje que hasta a los empoderados, en defensa de la mayor crisis de todos los tiempos, arman a contentillo todo un entramado de defensa para defender lo imposible. 

Si hay un reducto donde se puede usar la política sólo como excepción, si acaso para atenuar el mayor o menor agravio en una lesión, ese es el campo de la justicia y de la salud pública. Aquí si es irreductible el principio de dar a cada quien lo suyo.

Y es cierto como lo son pocas cosas en esta vida, que no hay defensa posible, en ningún rincón del mundo, para aquellos servidores públicos que no hayan tomado las providencias necesarias para adquirir las dosis de vacunas indispensables para blindar a la población de una pandemia que ahora sí se salió de control.

A lo mejor, su verdadera apuesta es poner el resto al carácter festivo de los mexicanos, que nunca se arredran ante el dolor. Total, las encuestas que mandaron levantar ya les dijeron que van a arrasar en las próximas elecciones. Los que vengan atraque arreen.

¿Y el maltratado estado de Derecho? Sí, siguen siendo todos los trastupijes conforme a derecho. ¡Para eso me gustaban!

*Director General del Club de Periodistas de México, A.C.

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Desde Filomeno Mata 8

Por Mouris Salloum George

Desde que Michel Crozier, el gran diseñador de la Quinta República gaullista, lo apuntó en su obra cumbre: ” El fenómeno burocrático “, en el mundo se sabe que toda estructura administrativa para ser eficaz y funcional depende de sus rodillas básicas, esos rotores de eficacia que se encuentran en los directores generales de las dependencias. 

Basta y sobra con que cada dependencia tenga dos o tres muy eficientes directores generales para que su trabajo luzca, esto es así en todas las ramas de la administración. Pero de un tiempo a la fecha no aparecen. Los titulares de las secretarías se montan sobre ellas, sin un equipo mínimo que las haga funcionar.

México tiene hoy dos asignaturas pendientes como pruebas que no han sido superadas: la seguridad y la salud. ?En el primero de los casos, la violencia inaudita que se ha desatado sobre periodistas y ciudadanos no tiene parangón con cualquiera de los sexenios recientes.

Era un lugar común el señalar que en materia de seguridad pública y nacional, durante varios sexenios repetían en sus cargos auténticas leyendas del combate al crimen organizado. Las últimas décadas las posiciones rotoras del sistema de seguridad fueron ocupadas por policías profesionales que se habían creado en los intríngulis y en el manejo político de la seguridad.

Y eso no hacía sino reconocer el hecho que desde que los filósofos jónicos establecieron las prioridades superiores del Estado en la seguridad y en la justicia, se aceptaba sin chistar.? Sexenios fueron y vinieron sin grandes curvas de errores y de aprendizajes en los controles criminales del Estado.

En el área de la salud, todos fuimos testigos de las brillantes operaciones desplegadas para combatir las principales epidemias de este país: desde la pulmonía, la viruela, la tosferina, la tuberculosis, ?el sarampión, el paludismo y las fiebres del trópico húmedo, por citar sólo algunas.

Los países latinoamericanos, muchos con un grado de desarrollo relativo inferior al nuestro, han demostrado que en sólo unos meses, con las mismas dificultades de adquisición de vacunas, llevan inmunizados a más del dos por ciento de su población, por decir lo menos.

Chile, Argentina, Venezuela, Uruguay, y varios países centroamericanos superan el porcentaje del 0.5% que exhiben las autoridades sanitarias mexicanas, para desdoro de la administración y del respeto a los derechos fundamentales de la sociedad. Demasiado ruido y muy pocas nueces, parece ser la conclusión. 

Varios directores generales de la Secretaría de Salud se han visto obligados a renunciar, antes de cargar con responsabilidades mayores, que marcarían su carrera de epidemiólogos e infectologos, o simplemente administradores públicos.  Esta es una señal de alarma de que algo no está bien, o de que urge cambiar irrefutablemente a las cabezas superiores de esa administración federal.

Y es que se ha comprobado que los rotores de la administración, los directores generales no pueden obedecer a muchos improvisados que se ponen encima de ellos. Se juegan su prestigio y su futuro.

*Director General del Club de Periodistas de México, A.C.

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