El presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho de la herramienta de consulta un instrumento para validar decisiones; sin embargo, de todas las consultas que ha promovido en ninguna de ellas ha participado el grueso de la población y a pesar de eso las consideró válidas y con ello tomó decisiones que afectaron al país.

La primera consulta, que ni siquiera comprendió o abarcó a la mayoría de los mexicanos, fue referente a suprimir la construcción del aeropuerto en Texcoco, unos cuantos votos y fue suficiente para que se echara al bote de la basura una inversión millonaria que era trascendental para el desarrollo del país, y además, al quedarnos sin la obra nos heredó la deuda a pagar por esa cancelación.

Con una consulta que tampoco logró convocar ni siquiera al 10 por ciento del padrón electoral en Baja California, se canceló la construcción de la planta cervecera “Costelletion Brand”, fue una venganza maquinada por el presidente contra esa empresa que consumó con una consulta que organizó él mismo y que con eso bastó para suspender una inversión de varios miles de dólares en Mexicali.

Vino luego la consulta para enjuiciar a los expresidentes, un ejercicio innecesario y que tampoco logró convocar a los ciudadanos. Estaba claro que más allá de consultar, lo que requería eran pruebas y carpetas de investigación bien integradas. Al final de cuentas fue otro gasto innecesario y una pérdida de tiempo completa porque la participación ciudadana también fue mínima.

Llegó la consulta que organizó el INE, a petición y con la presión del Presidente, para determinar la llamada revocación de mandato. Fueron más de 800 millones de pesos que oficialmente se tiraron a la basura, pero a ese gasto se suma el subejercicio que hicieron gobiernos estatales, municipales para impulsarla.

Pero una vez más, el fracaso

No participó ni siquiera el 15 por ciento del padrón electoral y los 13 millones de votos que se lograron estuvieron muy alejados de los 42 millones que se requerían para que esa consulta tuviera carácter vinculante.

Ahora que le falló la estrategia legislativa para que el Ejército permaneciera en labores de patrullaje en las calles hasta el 2028, la propuesta de AMLO es la de organizar una consulta ciudadana y preguntar si quieren que los soldados continúen en labores de seguridad pública.

Sin embargo, eso está prohibido constitucionalmente y es que los temas referentes a la seguridad pública no pueden ser sometidos a ese tipo de consulta.

Pero esa limitante legal no es impedimento para que el Presidente siga con su idea. Como suele suceder cuando algo se le ocurre, no existe poder humano que lo disuada y menos leyes que se lo impidan. El va porque va.

La consulta que propone el presidente López Obrador ya no se hará con el INE, eso sería violatorio de la ley y por ello el mismo instituto se negaría a ser parte de la organización; pero eso no es impedimento para que desde el púlpito mañanero convoque a sus aliados políticos: diputados, senadores, gobernadores y alcaldes a que se sumen a este evento y en sus municipios, distritos o estados se erijan como los organizadores y con ello preguntar a la población su opinión sobre el tema.

Esa consulta no solamente es ilegal, también es altamente manipulable toda vez que su organización no corre a cargo de una institución con alcance nacional y que le de aspecto vinculatorio, pero además es un dispendio de recursos públicos que solamente favorecen los actos de corrupción porque no existe fiscalización.

También es un acto político y propagandístico porque les abre las puertas a “las corcholatas” para que recorran el país promoviendo la consulta y con ello promoviéndose ellos mismos.

Pero también es una simulación porque más allá de cualquiera que fuera el resultado, seguirá siendo ilegal someter a consulta cualquier asunto que tenga que ver con la seguridad pública.

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Los periodistas en México hemos sido duramente castigados, tanto por políticos como por los grupos criminales; las 16 muertes que contabilizamos en el gremio es una prueba de ello, no hay duda que en las condiciones actuales muchos reporteros buscan zonas de confort donde no incomoden a personajes con poder que puedan lastimarlos físicamente a ellos, sus familias o hacer que pierdan su trabajo por las opiniones vertidas en sus espacios.

Quienes están en posiciones de poder, utilizan su influencia y las redes que tejen, para impedir que se les cuestione.

Si se trata de políticas mujeres que no dan resultados o cuyas propuestas son cuestionadas se cobijan en subterfugios legales como eso de que se trata de violencia política de género en su contra.

Denuncian y someten a los compañeros a fuertes multas, los acusan de acosadores y violentadores, los criminalizan por sus opiniones y con ello los acallan o censuran. Es una nueva forma de atentar contra la libertad de expresión.

Con toda esa parafernalia legaloide le sacan la vuelta a los cuestionamientos y se “vacunan” para nunca ser increpados públicamente por las decisiones que toman y que terminan por afectarnos a todos.

Luego está la censura disfrazada réplica; el presidente de la República es un maestro en estos menesteres, desde su púlpito mañanero y con el espacio “Quien es quién en las mentiras”, pretende desacreditar las voces críticas que se alzan en contra de las decisiones gubernamentales, para López Obrador todo mal comentario es producto de un “amafiamiento” que pretende desprestigiar su gobierno.

De las miles de mentiras que se han dicho en las conferencias mañaneras, de esas, el Presidente no dice nada y ese es precisamente el asunto central. Si no dijera mentiras no diera “carnita” para expoliarlo públicamente y tampoco se preocuparía de lo que se dice de su gobierno.

De esa actitud presidencial apareció una nueva figura, la violencia institucional, gobernantes que achacan sus fracasos a los medios de comunicación o a periodistas en específico y los acosan, hostigan, señalan públicamente y hasta los violentan sin mayor problema porque saben que la impunidad los va a cobijar.

Esa violencia institucional llega al extremo de acusar a los medios de comunicación de ser factores para que los hechos de violencia que afectan zonas, municipios o estados, y que son reportados en las noticias cotidianas, sean el verdadero motivo de la mala imagen de algunas ciudades. Desde la óptica convenenciera de esos gobernantes o políticos, debemos abstenernos de informar sobre la violencia en las calles, en el entendido de que con eso nadie se va a enterar y por ello no se generara un menoscabo a la imagen de una ciudad, municipio o entidad.

Eso es tanto como que la basura en lugar de tirarla, simplemente se esconda.

De todo eso que va formando un caldo de cultivo, lo que sigue es atentar contra la integridad de los periodistas. No es fácil concluir que se generó un clima donde el eslabón más débil es el periodista y que se considera que acallando una voz crítica o incómoda, se acaban los problemas y los señalamientos.

Porque a toda esa situación se agrega un detalle más grave y que termina por cerrar ese círculo vicioso.

Los atentados y crímenes contra periodistas difícilmente se investigan y mucho menos se detiene a los autores materiales o intelectuales de esos hechos. La impunidad se vuelve el manto protector que cobija a todos y mediante el cual se encubre cualquier situación de violencia que padezcan los reporteros, las periodistas o los medios de comunicación.

Sin castigo, el mensaje se traduce en una invitación a seguir atizándole duro a la violencia contra el gremio, al final de cuentas solamente hay que soportar las expresiones de condena, las marchas de los colegas y luego no pasa nada, porque las autoridades no investigan o solamente simulan que lo hacen.

Por eso, podría considerarse que la expresión lanzada por un elemento de la Guardia Nacional a un periodista que cubría una balacera en Caborca pudiera tener sentido: ¡córrale señor reportero!

Pero el reportero solo movió su automóvil y siguió documentado los hechos.

Así estamos todos los periodistas en México: invitados a salir corriendo, pero seguimos documentado lo que sucede a pesar del riesgo que implica ejercer esta profesión.

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En este México surrealista, donde ahora los panistas piden que los militares vuelvan a los cuárteles y en Morena pugnan por militarizar la vida nacional, es necesario precisar que si bien el Presidente Andrés Manuel López Obrador propuso hace poco más de una semana que la Guardia Nacional se integre totalmente a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), eso no es una ocurrencia, en todo caso es una acción establecida en el proyecto de reorganización de la SEDENA.

En mayo del 2021, esa Secretaría planteó lo que sería su reestructuración y la dividió en dos etapas.

La primera consistía en la creación de la Comandancia del Ejército Mexicano, también se consideró la reestructuración de los órganos administrativos de la SEDENA.

La Segunda parte o etapa, considerada la incorporación de la Guardia Nacional como Fuerza Armada.

Por un lado está la parte correspondiente a la Administración Pública Federal (parte administrativa) y por el otro lo correspondiente a las Fuerzas Armadas (parte operativa) donde, según el proyecto presentado al presidente López Obrador, se ubican: la Comandancia del Ejército, la Guardia Nacional, la Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), los Mandos Territoriales y la Inspección del Ejército.

Todo indica que la primera etapa se cumplió en su mayor parte y por ello ahora se avanza a la segunda etapa.

En esta parte la Guardia Nacional pasa a formar parte de la estructura de la SEDENA y tiene el mismo nivel que el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea, los Mandos Territoriales, aclarando que la Defensa Nacional ya ejerce la coordinación operativa de la GN, pero no la ´parte administrativa.

El tema lo destapó el Presidente de la República hace apenas unas semanas, desde entonces existe una andanada de opiniones a favor y en contra. Los que antes pedían que los militares volvieran a los cuarteles son ahora los promotores de que sigan en las calles y la oposición que los sacó a las calles, ahora los quiere de vuelta en sus bases operativas.

Lo que llama la atención es que el proyecto no es para nada nuevo, data desde mayo del 2021; sin embargo a la oposición le pasó de noche y desde el gobierno federal en lugar de socializarlo y “cabildearlo” para evitar suspicacias lo mantuvieron bajo una estricta reserva.

Todavía se desconocen muchos aspectos de ese proyecto de reestructuración, se ignora el alcance y las motivaciones que lo alientan, pero es innegable que está en proceso y paulatinamente se ha cumplido con la disciplina que caracteriza al Ejército.

El asunto no es de menor importancia y para los altos mandos militares representa un paso muy importante para estar al nivel de lo que indican las tendencias de las fuerzas armadas del mundo; sin embargo, en este caso, lo que ha polarizado las opiniones es la forma como el Presidente López Obrador lo planteó.

El debate también implica la parte política donde el cuestionamiento principal es la congruencia entre lo que el propio Andrés Manuel López Obrador y sus seguidores pregonaban en el pasado y como esa argumentación cambió de manera radical para justificar que ahora se haga todo lo contrario.

Pero si se cuestiona al presidente López Obrador por la incongruencia, también debe cuestionarse a la oposición que fue omisa y ni siquiera se enteró, ni se ocupó por conocer los detalles del proyecto de reestructuración de la SEDENA, que si bien puede considerarse un proyecto reservado, no es secreto y en ese punto es momento que ni siquiera existe una comisión legislativa que se ocupe de estudiarlo y considerar la posibilidad de llamar al alto mando del Ejército para que se expliquen los alcances de ese plan.

Un documento que existe desde hace 15 meses y que la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados desconoce, sea porque se lo ocultaron o porque lo tuvieron pero no revisaron, es un acto de omisión que ahora parece se quiere subsanar solamente con posturas políticas.

Lo cierto es que ni la SEDENA explica la importancia estratégica de este plan y a la oposición solamente le importa la raja política que se puede sacar sobre el tema.

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Los procesos electorales del 2021 y los que se realizaron el pasado domingo 5 de junio de este año en seis entidades de México, dan cuenta de un partido Morena que parece un monstruo que devora elecciones porque en ambos casos se llevó la tajada mayor, pero también desnuda a una oposición pasiva, que no trabaja y que se limita a hacer presencia solamente en los procesos electorales.

Que la oposición ganara en Aguascalientes y Durango, perdiendo Quintana Roo, Tamaulipas, Hidalgo y Oaxaca, debe ser considerada una debacle para los partidos opositores y no debieran estar festejando nada.

Cierto que las expectativas de Morena era ganar cinco de las seis gubernaturas; pero el saldo de cuatro no es nada malo y que los partidos opositores pudieran rescatar Durango, para nada representa un triunfo, más bien el retroceso no fue fatal, pero sí siguen yendo en declive.

Lo sucedido no es más que el reflejo de la falta de trabajo político, del abandono de las causas sociales y de la pereza que exhiben para salir a la calle y tomar banderas que sean importantes para los ciudadanos a los que luego van a pedirles el voto.

Los partidos políticos, sobre todo los de oposición que trabajan en alianza (PRI-PAN-PRD) adolecen de operatividad constante en las colonias populares, sus políticos son grandes críticos en redes sociales, pero de ahí no pasan. Esa pasividad que se convierte en inacción los aleja del electorado y le genera dudas a los electores cuando van a pedirles el voto.

Si a lo anterior le añadimos el desprestigio –ganado a pulso—el resultado son procesos electorales que marcan la casi desaparición de algunos de ellos en varias entidades. Véase el caso del PRI en Quintana Roo, donde al no participar en una alianza con los otros partidos políticos prácticamente perdió su registro político al no alcanzar ni siquiera el 3 por ciento de los votos en la elección del pasado domingo.

Ahora, también hay que señalar otra realidad; así como Morena desmembró al PRD, paulatinamente ha ido desmembrando al PRI, no solamente en militancia, también sus figuras; no es poca cosa que el cuasi gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal fue militante del PRI durante 35 años y en Oaxaca, Salomón Jara militó durante 30 años en las filas del PRI.

A los priistas les resulta mucho más fácil aceptar a Morena que al PAN –así como a los panistas les resulta más cómodo emigrar a MC antes que a Morena o al PRI-, de ahí que la migración de los liderazgos del PRI se den muy naturales hacia un partido que ven como la extensión de aquel en el que militaron toda su vida.

Pero el problema central sigue siendo la carencia de trabajo en tierra.

A los partidos políticos de oposición se les olvidó que los votos se ganan ensuciándose los zapatos, trabajando durante muchos meses, incluso años, antes de la elección; tratar de competir contra el gobierno federal y sus recursos, enfrentarse a un partido que sí va a la calle, que sí trata de estructurar grupos de votantes, sin importar que lo haga aprovechándose de los programas clientelares del gobierno, querer conquistar votos solamente con discursos y actos masivos, sin una auténtica oferta política que contrarreste la que ya perciben como benéfica, es como ir a la guerra sin balas.

A la oposición parece que se le olvidó que para ganar campañas electorales se requiere voluntad y disposición; pero también la combinación de un buen trabajo en redes sociales que se asocia con una intensa actividad en las calles, colonias, pueblos y rancherías.

Se pueden tener muchos argumentos para criticar al gobierno federal, a Morena o a la 4T, pero de nada sirven si eso no se convierte en una actitud de enojo.

La oposición olvidó que la gente participa en los procesos electorales cuando está enojada y lo que ahora se aprecia es que siguen enojados, pero con los partidos políticos tradicionales, y en el caso de Morena, todavía no les llega el coraje al grado de que lo rechacen, por el contrario quieren experimentar ese cambio y por eso le regalan el voto.

Y lo más grave es que a pesar de que conocen la fórmula para tratar de revertir sus resultados, no son capaces de refundarse y volver a los orígenes que les dieron votos.

Mientras sigan así, las derrotas seguirán llegando y cada vez estarán más cerca de su desaparición.

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No se puede negar que la asunción del presidente Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México generó altas expectativas de, ahora sí, un auténtico cambio en el quehacer gubernamental en nuestro país: menos corrupción, una reestructuración gubernamental para mejorar dependencias, instrumentar programas y modernizar al gobierno; un presidente de diálogo y acuerdo, un mandato donde la austeridad fuera la carta de presentación.

Pero nos dieron gato por liebre.

Amparado en un discurso que apelaba a combatir la corrupción, el Presidente se enfrascó en ir destruyendo lo que estaba mal, pero sobre todo lo que estaba bien. Lo malo se volvió pésimo y lo que estaba bien simplemente dejó de funcionar.

Íbamos a tener un aeropuerto de primer mundo y se canceló para construir un armatoste que nadie usa pero que además complicó el tráfico aéreo en la Ciudad de México; teníamos el seguro popular y lo cambió por el Insabi, que no funciona a pesar de un enorme presupuesto que se le ha asignado y la prueba es la carencia de medicinas para los pacientes que buscan recuperar la salud. De los servicios de salud como los de Dinamarca ya mejor ni hablamos.

Nos ofrecieron un gobierno austero, del pueblo; pero lo que nos dieron fue uno de los funcionaros que se enriquecieron antes, se siguen enriqueciendo ahora y todo sucede con la venía presidencial. El gobierno se “afrancesó” y ahí está la colección de autos de lujo del fiscal Alejandro Gertz Manero; las propiedades de Bartlett y sus negocios; la vida de lujo de los hijos del presidente.

Los nuevos ricos volvieron a resurgir, como en el pasado que se pensaba desterrado, y no resulta extraño que todos estén ligados a un cargo en el gobierno actual. Desde la familia presidencial, hasta la familia de los funcionarios: negocios, sueldazos, entrega de obras públicas aunque no tengan experiencia ni capacidad para realizarlas; ¿Qué importa? Es la Familia en el poder.

La corrupción está en todos lados, menos en la corte palaciega, esos son impolutos.

El Presidente que llegó con el apoyo de miles de mujeres que le creyeron las apoyaría, les quitó las guarderías, las escuelas de tiempo completo, mandó colocar vallas frente a Palacio Nacional para no tener que atenderlas.

Aquel López Obrador candidato, que clamaba por que el Ejército estuviera en los cuarteles, los metió a todo: constructores, agentes migratorios, encargados de las aduanas, los llevó a la Guardia Nacional, todo se militarizó y tanto amplio el protagonismo de los soldados que hasta los convirtió en la burla del crimen organizado.

Aquel hombre que hablaba de un país donde los jóvenes no caerían en las garras del narcotráfico porque les daría oportunidades, lo que hizo fue engrosar a los cárteles de las drogas, pactar con ellos y hasta hacerse de la vista gorda cuando le financian campañas electorales.

Ese López Obrador al que negaron el diálogo como candidato presidencial y que recurrió a la protesta como fórmula para hacerse oir; también, nomás llegó a la Presidencia, se volvió sordo. No hay diálogo con nadie, todo se basa en la imposición y el chantaje; no argumenta porque todo es autoritarismo; en su diccionario no existe la palabra negociación, solamente acepta el sometimiento.

Aquel hombre que aseguraba era innecesario contratar deuda y que todo se haría con el dinero ahorrado de erradicar la corrupción, ya lleva más de 3 mil millones de pesos solicitados a préstamo, mucho más que su antecesor en todo el sexenio pasado.

El gobierno trasparente se quedó en el discurso: la trasparencia de las grandes obras se volvió objeto de “seguridad nacional”; se cancelaron las licitaciones; las asignaciones directas se volvieron lo común; la mafia del poder de antes sigue siendo la misma de ahora y ahí están las grandes obras.

A los amigos se les perdona todo, a los rivales se les ajusticia, se les fustiga desde la “mañanera”, se les ataca sin misericordia y se les denigra con cualquier tipo de epítetos.

Hoy en México ser médico, científico, periodista, padre de un niño con cáncer, mujer que pide seguridad es asumirse del lado contrario del presidente; su “pueblo” lo componen quienes le aplauden, quienes trabajan para él; sus fieles seguidores y los grupos criminales que lo cuidan en sus giras.

Nos ofreció democracia y libertad, pero nos lleva al autoritarismo y a una nueva dictadura…así como la que pretendíamos evitar cuando se votó en contra del PRI, hace cuatro años.

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Al presidente Andrés Manuel López Obrador no le bastó con “destapar” a Claudia Sheimbaum, Gobernadora de la Ciudad de México; Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores; Adán Augusto Santiago, secretario de Gobernación; tampoco le resulta suficiente que desde su bando estén listos para la sucesión presidencial Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena o al diputado federal del PT, Gerardo Fernández Noroña; toda esa “caballada” es insuficiente y por eso también las trancas a Tatiana Clouhtier, su secretaria de Economía.

Pero por más que pretenda saturar la pista de carreras, la realidad es que en Morena solamente hay dos que van de punteros: Marcelo Ebrard y Claudia Sheimbaum.

Donde la situación se avizora más pobre es en la oposición; en el PRI su figura principal es su dirigente nacional Alejandro “Alito” Moreno, pero no tiene el empaque nacional ni genera las simpatías suficientes entre la población para ser un candidato competitivo. De los gobernadores de ese partido, ninguno tiene auténtica presencia nacional.

En el PAN la figura de la senadora Lilly Téllez ha crecido, incluso supera a Ricardo Anaya y a Damián Zepeda para ser la candidata presidencial; la senadora se ha posicionado tan bien, que en algunas encuestas está por encima de la propia Claudia Sheimbaum; sin embargo quedan dudas respecto al arrastre que pueda tener y los apoyos financieros que pueda lograr para apalancar una candidatura de penetración.

Movimiento Ciudadano tiene en sus filas a una de las figuras políticas ascendentes, se trata de Luis Donaldo Colosio Riojas, quien como alcalde de Monterrey y apalancado en un apellido que no necesita presentación, de pronto superó a personajes de ese mismo partido que se habían convertido en las figuras presidenciales: al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro y al propio gobernador de Nuevo León, Samuel García.

Sin embargo, a fuerza de aceptar la realidad, Morena se presenta como una gran fuerza para el 2024, incluso con un mal resultado en las elecciones de este 2022 y las del 2023; la oposición por separado poco tiene que hacer frente a un partido de estado, que además tendrá un financiamiento sobrado para comprar la elección.

En el caso de la oposición no organizada, como lo es FRENNA, carece de estructuras en tierra, no plantea una propuesta consolidada y su única expresión es la de frenar a López Obrador. Con eso no le alcanza y ya quedó demostrado; en las redes sociales no se derrocan gobiernos, ahí se genera la inconformidad pero es necesario tener organización real para poder ejercer presión y lograr objetivos.

Al momento, FRENNA no ha podido cumplir ninguno de sus objetivos y como oposición en lugar de crecer se ha venido debilitando, justamente por las malas decisiones que toman sus líderes.

Ciertamente la carrera presidencial está muy saturada y todos los carriles parecen estar ocupados, pero muchos de ellos ni siquiera van a correr. Morena va a definir a su candidato/a de acuerdo al ánimo del presidente López Obrador, no hay duda que será el gran elector y por tanto, como suele suceder con las decisiones que toma, la va a tratar de imponer a cualquier costo, tanto dentro de Morena como a la población en general.

La oposición, sin unidad y cohesión, están condenados al fracaso, sea quien sea su candidato.

El problema es la hoguera de vanidades que priva en la parte opositora, todos sienten que pueden tener la tajada más grande del pastel y eso los ciega para entender que solamente unidos tienen posibilidades de competir, y si no ganan al menos mantener el control del poder Legislativo.

En el PRI, el PAN y el PRD eso lo entienden, la parte discordante está en Movimiento Ciudadano, envalentonado por las victorias que ha logrado caminando solo.

Los analistas políticos consideran que la única manera de que Movimiento Ciudadano pueda sumarse a una gran alianza opositora es que sean ellos los que pongan el candidato presidencial, pero su mejor figura es un jovenzuelo que todavía no madura en lo político y cuya mejor carta de presentación es ser conocido por su apellido, pero no por su trabajo y de quien se ignoran sus habilidades políticas.

Que una eventual derrota de Morena en 2022, si es que se consuma en Durango, Aguascalientes, Tamaulipas e Hidalgo, no nuble la visión; para ganar la presidencia en el 2024 se requiere mucho más que grandes nombres, lo principal es estructuras reales en tierra que puedan neutralizar a una bien aceitada maquinaria electoral de Morena.

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Yesenia y Johana son las víctimas diez y once en lo que va del año, mientras que son las víctimas dos y tres de mayo. Con el asesinato de estas dos colegas ya llegamos a 58 asesinatos de periodistas en todo lo que va del sexenio del presidente López Obrador y con esto estamos dentro del sexenio donde mayor violencia se ejerce en contra del medio periodístico.

Esta escalada de violencia en contra del gremio periodística va más allá de considerarlo como una consecuencia de la violencia que desatan los cárteles de las drogas; tanto Luis Enrique Ramírez, como Yesenia Mollinedo y Johana García no trabajaban líneas editoriales policiacas, su trabajo se fundamentaba en los asuntos de índole político.

Con estas escenas de colegas asesinadas, queda claro porque el Parlamento Europeo señaló a México como el país más peligroso para ejercer el periodismo, está claro que el gobierno no solamente fue rebasado, sino que con su incapacidad para brindar justicia a las familias de las víctimas se vuelve un cómplice tácito y genera impunidad, esta impunidad alienta a que los crímenes continúen pues los delincuentes saben que sus actos no les generarán consecuencias de ningún tipo.

El 57 por ciento de las agresiones contra periodistas se concentra en seis entidades: Veracruz, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Sonora y Oaxaca. El 98 por ciento de los casos de asesinatos no se han resuelto y las Fiscalías Estatales o la Fiscalía General de la República tampoco tienen mucha atingencia para atender estos crímenes.

Se ha vuelto tan común el asesinato de periodistas, que el titular de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Jesús Cuevas, ya ni se molesta en ser original en sus expresiones de pésame, tiene un “machote” digital el cual contiene frases comunes y expresiones generalizadas que no dan un viso de esperanza de que se hará justicia.

Esta situación, también ya se ha repetido con insistencia, tiene su origen en ese discurso de odio y polarización que el presidente López Obrador promueve contra periodistas; no es que el incite en contra de los periodistas asesinados, pero sí fomenta ese clima de violencia cuando con la mayor impunidad ataca a periodistas y los vuelve vulnerables al mostrar datos personales que los ponen en situación de riesgo.

Esa actitud del Presidente López Obrador se vuelve el ejemplo a seguir para muchos, ese ejemplo cunde y ya se sabe que no faltan los “aprontados” que sin escrúpulos y sin el menor respeto a la vida no dudan en asesinar a los periodistas que consideran incómodos.

En México los políticos aseguran que se respeta la libertad de expresión, pero tanto crimen y asesinato en contra de periodistas, es una prueba de que esa narrativa es falsa y solamente existe en la mente de los gobernantes. En los hechos todos los días se atenta contra ese derecho de las personas y que es la parte fundamental del ejercicio informativo.

También se ha vuelto común la simulación respecto a la mejora de los mecanismos de protección, las autoridades encargadas convocan a mesas a donde no son invitados los periodistas y ahí toman decisiones sobre protocolos de seguridad que inventan en las rodillas o que consideran “pueden” servir.

El resultado de esa impunidad, de ese discurso de odio que como ejemplo cunde, de esa falta de interés por atender las demandas de los periodistas y de la simulación con la cual pretenden justificar trabajo las autoridades estatales y federales, es esta ola de asesinatos que no tiene fin y donde todos los que ejercemos el periodismo somos potenciales víctimas.

Enero pasado se convirtió en el mes más violento en la historia del periodismo en México con seis asesinatos, con estos tres en mayo vamos en camino a imponer una nueva marca, y por más negativo que esto resulta para la imagen de México, al gobierno no solamente no le importa, hasta parece que lo disfruta, así el grado de indolencia y la falta de respaldo para un gremio que vive entre el rojo de la sangre de los colegas asesinados y el luto por sus crímenes que siguen en la impunidad.

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Si algo ha evitado el presidente Andrés Manuel López Obrador, para que no le abollen la investidura presidencial, es atender a grupos de mujeres, madres de niños con cáncer, ambientalistas que protestan contra el ecocidio en la selva maya, incluso se negó a asistir al Senado de la República a la entrega de la medalla Belisario Domínguez por temor a un enfrentamiento con la senadora Lilly Téllez.

El Presidente ha hecho todo tipo de maromas para que la investidura presidencial no sea mancillada; desde su concepción, López Obrador considera que los reclamos de la gente pueden manchar su gobierno y evita enfrentar a sus críticos bajo ese socorrido pretexto de que la investidura presidencial es tan grande que no puede tener mácula.

Sin embargo, una declaración del ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no solamente manchó la investidura, convirtió al Presidente de México en la comidilla nacional.

En una comunidad cercana a Columbus, Ohio, el ex presidente Donald Trump se burló de la actitud mostrada por López Obrador cuando le pidió “blindar” la frontera con 28 mil soldados para evitar el cruce de migrantes: “nunca he visto a nadie doblarse así”, esto en relación a la poca resistencia que le presentó el Presidente de México cuando lo amenazó con imponer un arancel del 25 por ciento a automóviles y productos agrícolas producidos en nuestro país.

Las relaciones de los gobernantes mexicanos con sus homólogos de Estados Unidos no han sido cómodas para los de este lado; sin embargo, la diplomacia mexicana siempre pudo mantener una postura digna ante las peticiones de los vecinos del norte. En la historia de México no se registra una expresión tan denigrante para un Presidente nuestro como la expresada por Donald Trump.

Contrario a su costumbre de responder con agresiones y burlas, en este caso el presidente López Obrador fue muy discreto en su contestación, de hecho prácticamente se tragó el orgullo y no hizo mucha alharaca por las expresiones de Donald Trump.

Pero si esas declaraciones le dieron una abollada a la investidura presidencial, fue mucho más grave el amago que hizo la DEA.

Hace unas semanas el gobierno de México determinó suspender las operaciones en conjunto con la DEA y alegando la existencia de infiltración de grupos criminales –lo cual no demostró—desarticuló un grupo de agentes mexicanos de élite que habían sido adiestrados por la agencia antidrogas norteamericana para realizar trabajos en conjunto.

Ese grupo élite de policías mexicanos, no solamente tenían bien ganada la confianza de su contraparte estadounidense al haber participado en la detención de varios de los capos de las drogas más importantes, entre ellos Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, también era parte de los acuerdos de colaboración que tienen más de 25 años de existencia.

Al suspender de manera unilateral ese cuerpo ´élite, López Obrador dejó a la DEA sin aliados de confianza en México.

La directora de la DEA, Anne Milgran, mandó un mensaje muy claro para aquellos gobiernos que hacen pactos con los grupos del crimen organizado y aceptan dinero de ellos para financiar campañas electorales; en esa misma declaración precisó que Estados Unidos va a castigar a aquellos políticos que cedan ante los cárteles de las drogas y conviertan sus gobiernos en “narco estado”.

La advertencia fue en todos los sentidos. Estados Unidos no va a permitir: gobiernos corruptos que apoyen a los cárteles de las drogas; no tolerara que esos grupos criminales se inmiscuyan en procesos electorales a través de sobornos; no va a tolerar gobiernos que proteja a estos grupos y menos si dejan que el asesinato y la violencia florezcan por incitación de esos cárteles.

Si bien, la referencia no hacía alusión a México, el mensaje de la DEA y del propio gobierno de Estados Unidos es claro y va en el sentido de que la estrategia de “abrazos, no balazos” es permisiva y favorece el desarrollo de esos grupos criminales.

Todo indicaría que Donald Trump le estaba aconsejando al gobierno de Joe Biden cómo debe actuar ante un Presidente de México que ahora asume una actitud de rebeldía y decide de manera unilateral romper los acuerdos de cooperación.

Al momento, el gobierno de Estados Unidos no ha dejado de estar preocupado por lo que sucede en México, esa preocupación, en los días pasados, se basó en aspectos comerciales que pudieron ser influenciados por la reforma eléctrica que finalmente no pasó; pero ahora se centran en aspectos más importantes como los cárteles de las drogas, su incursión en temas electorales a través del financiamiento y la protección que reciben de los gobiernos.

Nunca ha sido fácil la relación con Estados Unidos, pero siempre se ha manejado con dignidad y diplomacia; hoy eso ya no existe y entonces lo que se viene son las amenazas y los amagos.

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El presidente Andrés Manuel López Obrador puede calificar como “traidores a la patria” a los legisladores que le negaron los votos a su reforma eléctrica, pero en realidad detrás de cada diputado de oposición hubo ciudadanos exigiéndoles que votaran en contra de la propuesta y eso es lo que el Presidente y los suyos no quieren aceptar, que hay un rechazo ciudadano.

¿Cómo no va a ser así? El Presidente acaba de anunciar que su gobierno va a construir un nuevo estadio de beisbol en la ciudad de Tepic, Nayarit; una ciudad que ni siquiera participa en alguna de las dos ligas de beisbol más importantes de México.

Mientras que el Presidente anuncia esta nueva inversión, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos y el de Sonora, Alfonso Durazo andan apurados tratando de que para el año entrante les asignen una parte de los 13 mil millones de pesos que se requieren para construir una carretera que una Chihuahua con el puerto de Guaymas.

Mientras el presidente quiere “macanear” en Nayarit, se le echan a perder más de 130 millones de medicamentos y sigue la escasez, pero lo más grave, es que su gobierno sigue considerando que los niños afectados con cáncer forman parte de un “complot que busca desprestigiar a su gobierno”.

Mientras el Presidente y la bancada de diputados de Morena obligaron al INE a organizar una consulta, que oficialmente costó mil 500 millones de pesos, pero no hay datos de lo que invirtieron gobernadores de Morena y alcaldes de ese partido para financiar los acarreos a una consulta que rechazó el 83 por ciento de los mexicanos; se cancelan las escuelas de tiempo completo alegando carencia de presupuesto.

El centralismo del Gobierno Federal no solamente asfixia a los estados y municipios negándoles recursos que requieren para obras de infraestructura, de pronto también les quita; pero lo más grave es que el dinero se utiliza para financiar los gustos o aficiones que le agradan al Presidente.

Es una constante decir que todo lo que se ha hecho es mejor que lo que había, pero es falso.

El aeropuerto “Felipe Ángeles”, que recién se inauguró, está vacío –solo tuvo 7 vuelos diarios durante el periodo vacacional de Semana Santa y no es mejor que el aeropuerto que se construía en Texcoco, ni siquiera se acerca al aeropuerto “Benito Juárez”, que saturado y todo, sigue siendo el destino preferido de las aerolíneas internacionales.

El Presidente desmanteló el Seguro Popular, un mecanismo de salud que funcionaba bien y que luego de algunos ajustes podría servir mejor, pero se optó por sustituirlo por una nueva figura Insabi, que sigue sin poder resolver los problemas de acceso de familias pobres a los servicios de salud y que es un mar de corrupción.

El presidente López Obrador está empecinado en no enfrentar la ira popular por un aumento en el precio de las gasolinas y mantiene un subsidio del 100 por ciento a los IEPS, eso mantiene el precio en niveles aceptables, pero el costo para las finanzas públicas es altísimo y no se ve que lo puedan mantener por mucho tiempo. Pero lo peor, es que esa medida es para detener la inflación y tampoco eso han podido lograr.

El presidente anunció la creación de una empresa distribuidora de gas a la que denominó “Gas Bienestar”, su misión era vender gas barato, al menos más barato que las empresas comerciales; pero no funcionó.

Está en proceso de construcción el llamado “Tren Maya” y se olvidó de aquella promesa de no talar ni un solo árbol de la selva yucateca; pero lo más grave es el cambio en los trazos originales, la falta de planeación, la carencia de los permisos de impacto ambiental, de remediación, de manejos hídricos; los costos de esta obra se han incrementado exponencialmente, pero eso no importa porque es una de las obras emblemáticas del gobierno federal, aunque todos dicen que será un elefante blanco.

El presidente piensa que todas esas decisiones equivocadas, pero mantenidas a cualquier costo, no le afectan su popularidad y por tanto son aprobadas socialmente; nada más falso, en menos de dos semanas ya enfrentó dos reveses importantes, un rechazo del 83 por ciento que decidió no salir a votar en su Consulta de Revocación y por su necedad de no negociar “ni una coma”, su reforma eléctrica no alcanzó los votos suficientes y fue derrotado por una oposición que se movió unida.

El Presidente llegó a ese momento cuando se empieza a quedar solo. Cuando sus aliados ya no le responden –como no lo hicieron con su Consulta–; cuando la oposición ya no le teme –como no le tuvieron miedo en el Legislativo–, pero ni eso lo lleva a pensar que antes de sus gustos, están las prioridades de México y eso le quita fuerza, le resta poder y lo vuelve vulnerable.

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El programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” nació con la premisa de evitar que jóvenes engrosaran las filas de la delincuencia o se volvieran adictos; su fin es otorgarles una beca y con ello participar en diversas actividades productivas como becarios de empresa, el programa es de los llamados “estrella” del gobierno federal y uno de los que más recursos anuales reclama del presupuesto.

Pero es un programa que no cumple con su esencia.

El 2020 el presupuesto que se le asignó fue de 25 mil 614 millones de pesos; el 2021 se redujó a 20 mil 600 millones; para el 2022 el presupuesto es de 21 mil 592 millones de pesos, el monto de la beca que se otorga este año es de 5 mil 258 pesos mensuales, un aumento de casi 900 pesos con respecto al 2021.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que nomás llegara a la presidencia de la República el narcotráfico sería enfrentado con una nueva estrategia: les iba a quitar el suministro de la mano de obra, particularmente la de los jóvenes a quienes les otorgaría becas y suponía que de esa manera no tendrían necesidades económicas para ser reclutados por la bandas criminales y tampoco caerían en el uso de las drogas.

Pero la realidad muestra una situación muy distinta a la que el presidente previó.

En un informe presentado por el Observatorio Nacional de Prevención de Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes por Parte de la Delincuencia Organizada, un organismo creado al interior de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se emitió una alerta por un aumento en el reclutamiento de menores por parte del crimen organizado.

El informe no cita el número de menores reclutados, pero otra organización, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), establece un aproximado de entre 30 mil a 35 mil los jóvenes que han engrosado las filas de los cárteles de la droga.

Reclutar jóvenes es fácil y cómodo para los cárteles de las drogas, también es, cita el informe: “un recurso humano manipulable, prescindible, de bajo costo y cuya ausencia en la actividad criminal no afecta la operación ni la estructura delictiva”. En otras palabras, no cuestan mucho y son fácilmente reemplazables.

El reclutamiento se da en las zonas de mayor pobreza, con jóvenes, casi niños, que rondan entre los 13 a los 17 años; los estados de Guerrero, Michoacán, Sonora y Chihuahua son los que más material humano aportan.Derivado de lo anterior bien se puede establecer la premisa de que el gobierno federal, a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, no solamente falló en la consigna de cerrar el paso a los jóvenes a los carteles de las drogas, lo peor es que al mismo tiempo también se volvió el financiador de la manutención temporal de esos muchachos.

En palabras más llanas, con recursos del erario público se completa el ingreso de los jóvenes que el narco utiliza como “halcones”, cobradores de piso, vigilantes de casas y hasta sicarios; lo anterior no solamente refleja un fracaso en la estrategia gubernamental para impedir que jóvenes engrosen las filas criminales, también deja en claro la falta de rigor en las reglas de operación del programa.

Se puede decir que 30 mil o 35 mil jóvenes representan apenas el 10 por ciento del total anual de los beneficiarios del programa anualmente y por tanto hay un 90 por ciento que realmente aprovechó la beca otorgada por el gobierno federal, pero eso es un espejismo, una falsa ilusión.

No debe olvidarse que Jóvenes Construyendo el Futuro se creó bajo la consigna de evitar que la falta de recursos económicos obligara a cierto sector de la juventud mexicana a enlistarse en las filas criminales y eso no solamente no se logró, por el contrario el número de hombres y mujeres de 18 años o menos que ahora forman parte de las bandas criminales aumentó.

Eso es lo que marca el fracaso.

En tres años se le han destinado más de 67 mil 600 millones de pesos a un programa que no cumplió con su objetivo y que por el contrario se volvió parte del problema.
Y todo lo anterior con datos oficiales.

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