Según la denuncia, Apple “fabrica, comercializa y vende teléfonos inteligentes con la marca iPhone. Que pretende ser capaz de mantener un contacto limitado y / o inmersión en agua durante un período de tiempo”. El demandante afirmó que esta característica de resistencia al agua es importante. Ya que varios informes han demostrado que aproximadamente 100,000 teléfonos inteligentes son dañados por agua u otros líquidos.  El demandante señaló que los costos de reparación o reemplazo de estos dispositivos son costosos para los consumidores. 

Desde que se presentó el iPhone 7 en 2016, Apple “ha comercializado sus dispositivos como si ofrecieran nada menos que la protección IP67. Por ejemplo, el demandante afirmó que el iPhone 8 tiene una protección IP67. Prometiendo resistencia al agua a una profundidad de 1 metro durante hasta 30 minutos. Mientras que el iPhone 11 y 11 Pro Max tienen una clasificación IP68. Prometiendo resistencia al agua a un profundidad de 4 metros por hasta 30 minutos.

¿Procede la demanda contra Apple?

Según la denuncia, este marketing, no está suficientemente calificado por las renuncias de letra pequeña. En particular, el demandante sostuvo que los niveles de certificación de propiedad intelectual se basan en condiciones de laboratorio altamente controladas, con agua pura y estática. Mientras que, en el uso diario, el agua que encuentran los dispositivos no es estática y purificada. Sino que contiene varios minerales, productos químicos y otros elementos. En consecuencia, el demandante argumentó que los consumidores que se encuentren al borde de una piscina o del océano y cuyos dispositivos se salpiquen o se sumerjan temporalmente, se les negará la cobertura. Porque el agua contenía cloro o sal. Además, el demandante afirmó que las exenciones de responsabilidad de Apple supuestamente limitan la garantía de un año de los dispositivos para no incluir daños por líquidos.

Las causas de la acción son violaciones de la Ley Comercial General de Nueva York; incumplimiento de garantía expresa, garantía implícita de comerciabilidad y Ley de Garantía Magnuson Moss; tergiversación negligente; fraude; y enriquecimiento injusto.

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