Así inicio el proceso que llevará a la próxima elección presidencial del 22 de octubre de 2023. El actual mandatario argentino, Alberto Fernández, no buscará su reelección, por lo que su partido y el resto de las organizaciones políticas eligieron los perfiles que contenderán en los comicios, incluido el presidencial.

Concluidas las elecciones primarias, el primer puesto se lo llevó Javier Milei, ultraderechista, con el 30 por ciento del voto nacional. De las 24 provincias totales, ganó 16, un resultado muy importante considerando su recién ingreso a la política.

El segundo lugar lo alcanzó el actual ministro de Economía, Sergio Massa, con el 21 por ciento de la votación. Y en tercero, con un 17 por ciento, quedó Patricia Bullrich, candidata ganadora de la coalición de centroderecha Juntos por el Cambio (JxC) y ex ministra de Seguridad.

Milei, el ganador, ataca a lo que llama “casta política” y se presenta como un candidato antisistema que, en pocas palabras, busca dar marcha atrás a todo lo construido hasta ahora en Argentina. Desde su perspectiva, el Estado sólo tiene que ser responsable de la seguridad y la justicia, mientras que el resto de las actividades sociales se autorregularán con el mercado.

Entre sus propuestas más controversiales se encuentran vender todos los activos del Gobierno, desmantelar el Banco Central, eliminar los programas sociales, desarrollar un mercado legal para la venta de órganos humanos y poner fin a la educación sexual en las escuelas.

Es posible que los resultados favorables para Milei radiquen en el sentimiento de enojo frente a la actual situación económica en Argentina, pero aún hay un enorme tramo electoral en el cual estos temas controversiales se discutirán de frente a la sociedad. Durante la campaña presidencial, estas propuestas, entre otras tantas, podrían resultar menos viables a la vista del ojo público. La discusión seria que demanda un proceso de este tipo podría —quizá— debilitar la agenda del candidato.

El segundo en las elecciones primarias, el todavía ministro Massa, podría dar una interesante batalla. Distinto de otros liderazgos de la izquierda argentina, es mucho más pragmático y puede que esté de acuerdo con la necesidad de reformar drásticamente la economía, aunque por ahora muestre un rostro menos radical, por las propias divisiones y discusiones en el movimiento peronista.

Por su parte, la exministra Bullrich también enfrentaría una cruzada importante para competir en la segunda vuelta electoral. Principalmente porque su partido y ella misma son cercanos a algunas propuestas de Milei, por lo menos, en las críticas al actual Gobierno. Su oportunidad se encuentra precisamente en mostrarse como una vía alterna a la situación presente, pero con mayor sensatez y criterio que el candidato de ultraderecha.

Por ahora, resta mantener la atención en ese país con el que México tiene profundas simpatías recíprocas, similitudes e históricas relaciones de amistad. No hay duda de que las próximas elecciones representarán un reto para las instituciones que, independientemente de quien llegue al poder, tendrán la dura tarea de mantener el orden democrático en todo el territorio, a la vez que atienden la profunda crisis económica.

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El 3.6 por ciento del total de la población del mundo son migrantes que, en su mayoría, partieron en búsqueda de mejores oportunidades laborales. El corredor migratorio entre México y Estados Unidos representa cerca del cuatro por ciento de la migración global, es decir, es el más grande del mundo y también el cruce terrestre más letal.

Las cifras de los últimos dos meses reportan un aumento general del 26 por ciento en el flujo migratorio hacia México con destino a Estados Unidos, y un incremento del 45 por ciento de menores sin acompañamiento, además de que casi a diario las autoridades migratorias mexicanas reportan la localización de personas migrantes en trayectos de sur a norte, que son desplazadas por traficantes. Al mismo tiempo, nuestro país se ubica —junto con España— en la tercera posición mundial con el mayor número de nuevas solicitudes de asilo, después de Estados Unidos y Alemania.

La realidad a la que nos enfrentamos como un país históricamente de expulsión, tránsito y retorno de migrantes es que también somos una nación de acogida, lo cual suma nuevos retos por atender: el cuidado de la diáspora mexicana; el tránsito de personas migrantes regionales y transcontinentales, y la integración socioeconómica de connacionales y extranjeros en retorno.

El contexto migratorio pareciera rebasarnos con ejemplos de lo apremiante de la situación en todo el mundo. La ciudad de Nueva York y el estado de Massachusetts en Estados Unidos se han visto afectados por el repentino incremento del flujo migratorio. Tanto el alcalde Adams como la gobernadora Healy califican la situación como insostenible, con presupuestos insuficientes para atender a las personas migrantes que requieren de hogar, comida, asistencia médica, educación, etc. Por ello, han pedido al Gobierno estadounidense que se declare estado de emergencia, les otorgue presupuesto y facilite el permiso de trabajo bajo el estatus de protección temporal para las y los inmigrantes que arribaron en forma masiva en el último año.

La realidad del flujo migratorio en nuestro país es similar, si bien el Gobierno mexicano se ha esforzado en atenderlo, la estrategia restrictiva y los programas productivos en el sureste del territorio nacional y el Triángulo Norte centroamericano no han disuadido la necesidad de migrar y rebasaron la capacidad de gestión gubernamental.

Como escribí anteriormente, es necesario concretar acuerdos bilaterales y regionales, así como políticas públicas adecuadas para la gestión de vías migratorias seguras y regulares. Se requiere la participación de todos los países involucrados, teniendo claridad de que se trata de un fenómeno multidimensional que hay que atajar desde una perspectiva humana y empática con propuestas de solución ágiles basadas en el análisis de datos, con esquemas coordinados de prevención y seguimiento de delitos contra las personas migrantes, e instrumentando marcos legislativos y políticas públicas hacia la integración social y productiva en los países de acogida.

México es un actor clave en la gestión migratoria, y por ello su capacidad y responsabilidad debe ser sólida y resiliente. Debemos ser líderes en la implementación de acciones a corto, mediano y largo plazo, con esquemas de migración flexible y movilidad temporal circular que aseguren el acceso a mercados de trabajo dignos; habilitar proyectos de capacitación bilaterales para la formación de personas con deseos de migrar, pero también con medidas que consoliden la permanencia de las personas en su país de origen; explorar programas hacia la inversión productiva de las remesas, y la integración socioeconómica de las y los migrantes.

Lograr esto materializaría el fenómeno migratorio como parte importante del desarrollo sostenible local, nacional, regional y global, siempre con la plena participación de todos los niveles de Gobierno, la sociedad civil y el sector empresarial, así como con los Gobiernos de Estados Unidos, Canadá y de la región latinoamericana.

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Los programas sociales implementados por los gobiernos han jugado un papel fundamental para enfrentar de mejor forma la realidad que aqueja a la región, especialmente en momentos de crisis como el de la reciente pandemia. Un estudio de evaluación de impacto elaborado por el Instituto de Salud Global Barcelona (ISGlobal) de la Fundación “la Caixa” señala que los programas de transferencias directas, especialmente de apoyo condicionado, son una de las políticas de reducción de la pobreza más consolidadas.

Estos programas tienen como propósito romper el ciclo de la pobreza mediante la entrega de dinero a familias de bajos ingresos a cambio de cumplir con ciertos requisitos, por ejemplo, en materia de vivienda, salud y educación para sus hijos. Según el estudio, actualmente existen más de 30 programas de este tipo en América Latina, una de las regiones más desiguales del mundo.

El estudio revela que en los últimos 20 años estos planes gubernamentales, focalizados en los grupos de mayor vulneración, previnieron las muertes de casi 740,000 niñas y niños menores de cinco años en Brasil, México y Ecuador. Esto representa una caída del 24 por ciento en la tasa de mortalidad infantil. Por ello, el estudio recomienda proteger los programas sociales de transferencias directas en la región.

En México, el Gobierno destina múltiples recursos en todo el país para erradicar la pobreza y mejorar el ingreso de los hogares con menos recursos, a fin de atender las necesidades de la población en situación de vulnerabilidad. Por décadas, los programas sociales han sido fundamentales para la política social de la nación.

Los programas para el bienestar impulsados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, tales como el de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y Becas de Jóvenes Escribiendo el Futuro son un elemento clave en este esfuerzo. Las transferencias directas que facilitan estos programas sociales, aunadas a otras políticas, como el aumento al salario mínimo, ayudan a reducir la pobreza en todo el país.

Los resultados del período 2020-2022 de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) así lo demuestran. Según los datos, hoy México es menos desigual que en 2018, cuando inició la Cuarta Transformación. Esto se observa en el aumento en los ingresos de los hogares, personas y entidades federativas que reporta el sondeo. Y aunque es un avance importante, debemos continuar fortaleciendo estos programas para ampliar su cobertura y someterlos a evaluaciones de impacto más exhaustivas, con el fin de asegurar que cumplan las metas en la población objetivo.

Es imperativo avanzar con mayor contundencia en nuestra misión de erradicar las injusticias sociales, como la desigualdad y la pobreza. De esa manera lograremos cambiar de fondo las condiciones econo?micas y sociales de México, para construir juntas y juntos una oportunidad real que se refleje en los hechos.

Como he afirmado en este y otros espacios, el objetivo es vencer las brechas sociales que nos dividen y separan, para que todas y todos tengamos la posibilidad de desarrollar de manera cabal nuestro potencial.

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Por ello, México, junto con Estados Unidos y Canadá, coincide en la necesidad de asegurar un acceso confiable y seguro al suministro de semiconductores, sobre todo en un contexto de creciente competencia geopolítica en la región Asia-Pacífico, donde se concentra el 75 por ciento de la capacidad de fabricación de semiconductores a escala mundial. Tan sólo Taiwán produce más del 60 % de los semiconductores del mundo y más del 90 % de los más avanzados.

Este nivel de concentración se traduce en riesgos, al tratarse de una región susceptible a disrupciones a causa de desastres naturales, cierres de infraestructura o conflictos internacionales, y ello puede ocasionar interrupciones graves en el suministro de semiconductores esenciales. Para reducir la exposición de la cadena de suministro a futuro, México y sus socios norteamericanos ven la oportunidad de aumentar su grado de influencia sobre muchos de los procesos productivos en torno a los semiconductores. Asimismo, las estrategias de relocalización de sus procesos productivos por parte de las empresas (nearshoring) pueden ayudar a mejorar la resiliencia de las cadenas de suministros.

La coordinación de políticas es indispensable para que los tres países avancen en este objetivo común. La Conferencia de Semiconductores de América del Norte (NASC, por sus siglas en inglés), cuya reunión inicial tuvo lugar el pasado 19 de mayo en Washington, es un nuevo esfuerzo conjunto que permitirá hacer de Norteamérica una región de desarrollo y producción de semiconductores.

Es fundamental aprovechar las ventajas existentes en cada uno de los tres países, para crear un ecosistema integrado que compita a nivel mundial. Un ejemplo es la instrumentación de nuevos marcos legales, como la Ley de Chips y Ciencia en Estados Unidos, que impulsa los subsidios para promover la fabricación en el país y la inversión en investigación para el diseño de semiconductores, mientras que México trabaja en una política industrial capaz de atraer inversiones estratégicas en el sector, a fin de ampliar en éste las capacidades de la industria nacional.

Destaca igualmente que la región cuenta con el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), un elemento clave en este proceso, puesto que crea las condiciones para detonar la industria de microprocesadores mediante el nearshoring, ya que da certeza jurídica a las inversiones, facilita los intercambios comerciales trilaterales y provee a los socios de los mecanismos necesarios para dirimir cualquier diferendo comercial que pudiera surgir en el futuro.

En ese sentido, la alineación de la política industrial sobre semiconductores, el fortalecimiento de la cadena de suministro y el crecimiento de la fuerza laboral en la región serán las prioridades sobre las que habremos de trabajar en los próximos meses y años en el marco de la NASC. De esa manera lograremos posicionar a América del Norte como centro de fabricación de semiconductores.

Por tanto, esta alianza trilateral en la materia abre oportunidades tanto para México como para la región de América del Norte, las cuales, desde el Senado de la República, buscaremos que se traduzcan en claros beneficios para todo el país.

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La cuarta revolución industrial, que incluye desarrollos de campos que previamente la humanidad no había afrontado, como la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (la capacidad de la IA de aprender y mejorar autónomamente), la robótica, la nanotecnología, la impresión 3D, la genética y la biotecnología, representa tanto una oportunidad de desarrollo e impulso a la capacitación de la fuerza laboral del planeta como un desafío a la posible pérdida de espacios de trabajo o adaptabilidad tardía frente a los vertiginosos cambios.

El Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), también conocido como Foro de Davos, publicó el pasado 30 de abril un informe titulado The Future of Jobs Report 2023, en el que aborda la evolución de los trabajos y las habilidades laborales que se requerirán por parte de la población en los próximos cinco años.

De acuerdo con el WEF, se espera que con el impacto de esa industria alrededor de un 23 por ciento de los puestos de trabajo actuales cambien entre 2023 y 2027, con la creación de 69 millones de nuevos empleos y la eliminación de otros 83 millones.

Aunque la tecnología y la digitalización son herramientas muy útiles para la vida actual, lo cierto es que sí desafían el estado del mercado laboral. Varias empresas están introduciendo mecanismos que automatizan las actividades realizadas por las personas. De este modo, se afirma, se reducen costos y aumenta la productividad. Si esto fuese cierto, que no necesariamente lo es, la evaluación del impacto social y económico no se está considerando. Se requiere hacer un balance honesto sobre las nuevas habilidades que se requerirán en la población para enfrentar estos cambios.

Aunque la ventaja comparativa que ofrece el proceso de razonamiento humano frente a los espacios digitales aún no es superada; en los próximos años, el Foro de Davos espera que la fuerte presencia de la IA, basada principalmente en algoritmos complejos que potencian su capacidad de aprendizaje -proceso cercano al que realizan los seres humanos-, sea adoptada por alrededor de 75 por ciento de empresas alrededor del mundo.

Frente al reto que implican los cambios en los sistemas laborales del mundo, gobierno e iniciativa privada tienen tareas muy relevantes que atender para prevenir cualquier problema futuro. Se coincide en la importancia de la capacitación para las personas que ha perdido sus empleos frente al avance tecnológico (reciclaje profesional) y de las nuevas generaciones que en algunos años ingresarán al mercado laboral.

En suma, el desafío clave es la gestión de la transición de los y las trabajadoras hacia nuevas industrias con nuevas habilidades adquiridas durante los próximos años.

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Con el 50.44 por ciento de los votos, Petro se impuso al empresario Rodolfo Hernández del movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción, quien obtuvo el 47.3 por ciento. Al término de la jornada se contabilizó una participación récord del 58.09 por ciento: la mayor registrada hasta ahora.

Se trató del tercer intento de Petro por llegar al Ejecutivo colombiano, pues en 2010 y 2018 también contendió por el cargo. En 2010 alcanzó el 9.1 por ciento de la votación total y quedó en cuarto lugar en primera vuelta. En 2018, pasó a la segunda ronda con el 25 por ciento de los votos, pero perdió frente al actual mandatario Iván Duque (quien obtuvo un 53.98 por ciento frente al 41.81 por ciento de Petro). En la elección actual, alcanzó el 40.33 por ciento del apoyo del electorado en la primera vuelta el pasado 29 de mayo.

En su trayectoria política, el líder de la izquierda colombiana se ha desempeñado como personero y concejal de Zipaquirá, congresista en la Cámara de Representantes, agregado en la Embajada colombiana en Bélgica, alcalde de Bogotá y senador durante dos periodos legislativos. Particularmente, fue reconocido como uno de los senadores más destacados, por su labor en los escándalos de intromisión de paramilitares en la política y por su gestión en los asesinatos extrajudiciales a manos del Ejército.

Siendo alcalde de Bogotá, fue destituido luego de una investigación por la crisis del sistema de recolección de basura en esa ciudad. Apeló su defensa ante la multitud congregada y, posteriormente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó su restitución en el cargo. Analistas apuntan a que este hecho (la imagen de un perseguido por la clase política tradicional) fue la pauta que lo impulsó a convertirse en el líder de izquierda que es hoy. Por otra parte, ha sido duramente criticado, principalmente por sus oponentes políticos, por haber pertenecido a la guerrilla del M-19.

Petro es un representante de las esferas políticas opuestas al exmandatario Álvaro Uribe, cuya corriente y grupo han dominado la política colombiana desde inicios del siglo XXI. Entre sus promesas, plantea transformar el sistema económico de su país, para combatir la desigualdad; ampliar los programas sociales; ofrecer educación superior pública gratuita; unificar el sistema de pensiones; garantizar un ingreso mínimo vital para personas mayores y madres cabeza de familia; aprobar una nueva reforma fiscal; reencauzar al país hacia la industria y la agricultura nacionales; detener la exploración petrolera; continuar con el proceso de paz; implementar un nuevo paradigma en la lucha contra las drogas, y crear una fiscalía anticorrupción y un ministerio de igualdad. En la agenda externa, las relaciones con Estados Unidos y con Venezuela se replantearán.

Junto con Petro, llega a la Vicepresidencia Francia Márquez, la primera mujer afroamericana en ocupar ese cargo, y con un papel protagónico en la campaña. Ella se dio a conocer por su activismo como ambientalista y líder de su comunidad, luego de defender los derechos colectivos de la población negra contra grandes empresas mineras. En 2018 ganó el premio Goldman, el Nobel ambiental a nivel mundial. Tras el triunfo, afirmó que trabajará por los derechos de las mujeres colombianas.

Para la nación sudamericana, el triunfo de Petro representa un giro al poder y a la política tradicional que allí ha regido. La izquierda llega como corolario de una ola de descontento social con la clase gobernante, la desigualdad, el estancamiento económico y los estragos de la pandemia de COVID-19. Petro y Márquez son luchadores sociales que aseguran un país más incluyente, igualitario y próspero.

A la par de la situación política y el panorama económico-social nacionales, Petro enfrentará contrapesos a su gestión, como los siguientes: la Corte Constitucional; el Congreso recién elegido en marzo pasado y donde el virtual próximo mandatario no logró la mayoría; los organismos de control, como la Procuraduría General; los mercados y el Ejército.

Algunos presidentes de la región —los de Argentina, Cuba, Venezuela y Chile— ya han aplaudido el triunfo electoral de la izquierda en Colombia, al igual que el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien lo ha calificado como histórico.

En el Senado de la República seguiremos trabajando para fortalecer la relación con el nuevo Gobierno colombiano e impulsar nuevos vientos de cambio en América Latina. Esperamos que éstos traigan consigo bienestar, prosperidad, crecimiento e igualdad para nuestras sociedades y para toda la región.

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Al término de la presentación de su libro “Las grandes reformas para el cambio de régimen”, en Tijuana, Baja California, dijo que es necesario garantizar la libertad.

–¿Cuál es su opinión, le preocupa esta situación?, le preguntaron al senador.

–“Tenemos que tomar calma, todos. El ambiente que está suscitándose no es propicio para nadie”, respondió.

Ricardo Monreal expresó su respeto por las expresiones del Presidente de la República. “Lo conozco bien, es un hombre que actúa en razón de su consciencia. Nunca nos miente, nunca nos ha engañado”.

“Espero que todo recobre tranquilidad, es lo mejor para el país. Que haya un ambiente propicio de tolerancia, de respeto recíproco, para no profundizar diferencias”.

Previamente, durante la presentación de su libro, Ricardo Monreal afirmó que México continuará con el proceso de transformación de sus instituciones. Y superará los problemas que enfrenta, entre ellos el de la inseguridad pública.

Consideró que el Grupo Parlamentario intenta hacer bien las cosas y “no vamos a descansar, porque queremos un marco normativo más justo, para bien del país”.

Falta mucho por hacer y aún existen asignaturas pendientes. Especialmente en materia de seguridad. “Ni alzo las campanas al vuelo ni tampoco me desbordo en el optimismo, no, porque la herencia que recibió el presidente López Obrador es una herencia muy complicada”, dijo.

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Por ello, indicó que en el Senado de la República se llevarán a cabo foros en materia de seguridad, para analizar todo el plan de acción y la estrategia en este rubro, donde participará el Gabinete de Seguridad.

“Tengo confianza en que vamos a lograr estabilizar al país y generar condiciones para recuperar la paz y la tranquilidad en México”, expresó el presidente de la Junta de Coordinación Política.

Aseveró que el principal reto del movimiento es plasmar la Cuarta Transformación en el sistema jurídico normativo, para hacer realidad los propósitos e ideales de Morena y profundizar la transformación de las instituciones.

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