Las acusaciones que hicieron llegar a Grupo Trasmedia La Chispa, indican que no solo se están utilizando amenazas y corruptelas, sino que se ha puesto en marcha una guerra sucia, estratégica, con el objetivo de evitar que una mujer llegue a la dirigencia.

Asimismo, la dirigencia actual del sindicato encabezada por Ricardo Aldana está siendo acusada de impedir que los trabajadores elijan libremente a su representante, violando los estatutos internos y empleando tácticas de represión y coacción.

La campaña sucia incluye la difusión de videos falsos en redes sociales, afirmando que existe un acuerdo con Sheinbaum para imponer a los mismos dirigentes de siempre, liderados por Ricardo Aldana.

Los trabajadores denuncian que las elecciones recientes de las 36 secciones sindicales estuvieron marcadas por la violencia y la antidemocracia. Se reportaron numerosas irregularidades y actos de intimidación, especialmente en las secciones 38, 47 y 44, donde los llamados ‘chepes’, que han mantenido el control durante 30 años, impidieron votar a los trabajadores que exigían estabilidad laboral, etiquetándolos despectivamente como ‘petropiratas’.

Denuncian irregularidades en elecciones del Sindicato de Trabajadores Petroleros

En respuesta a estas denuncias, los trabajadores petroleros se dirigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador para expresar su preocupación y solicitar su intervención.

Durante su conferencia matutina, el presidente López Obrador aclaró que la presidenta electa Claudia Sheinbaum no está involucrada en el proceso electoral del sindicato.

“Pues sí hay esas elecciones de las secciones del sindicato petrolero, pero no tiene nada que ver la presidenta electa, eso lo atendió el secretario del Trabajo, y es al que le vamos a pedir que nos informe, a Marath Bolaños, un informe de cómo se llevaron a cabo las elecciones”, señaló el mandatario.

Y agregó:

“Siempre hemos insistido en que tiene que haber voto libre, secreto, democracia sindical. Pero no tenemos más información. Ahora que hicimos una gira, en Hidalgo, me plantearon algunos trabajadores que se iban a llevar a cabo las elecciones el lunes, ayer, y nosotros les ofrecimos que íbamos a intervenir en la medida de nuestras posibilidades para que se garantizara el voto libre y secreto, es lo que podemos hacer, básicamente”.

Finalmente, en la denuncia los trabajadores petroleros esperan una intervención firme que garantice sus derechos y la transparencia en el proceso electoral, mientras que las autoridades deberán enfrentar las denuncias de corrupción y misoginia que han surgido en este contexto.

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De manera similar, las empleadas y empleados judiciales han decidido implementar paros laborales de manera gradual en el futuro, una vez que se reúnan las condiciones legales necesarias.

En cuanto al emplazamiento a huelga, Luisa Inés Martín Puc, secretaria general del Sindicato Progresista, explicó que para cumplir con los requisitos legales correspondientes, se ha establecido una Comisión de Huelga; esta comisión se encargará de seguir los procedimientos legales necesarios para llevar a cabo la acción de huelga.

Sindicato Progresista estallará huelga y formará coalición con otras organizaciones sindicales de la dependencia.

Como parte de los pasos a seguir, Martín señaló que la asamblea aprobó la formación de una coalición temporal con los otros dos sindicatos del Poder Judicial de Yucatán; el objetivo es obtener la legitimidad de al menos dos tercios del personal, condición necesaria para declarar la huelga; en las próximas horas, se llevarán a cabo los trámites correspondientes.

Al concluir la asamblea, Martín hizo hincapié una vez más en la importancia de la unidad entre la base trabajadora para garantizar que sus demandas laborales sean escuchadas; destacó la necesidad de superar las diferencias y unir esfuerzos en beneficio de todos.

Sindicato Progresista estallará huelga y en este contexto, subrayó que los servidores públicos judiciales están exigiendo un aumento salarial justo, un bono anual adecuado para compensar las extenuantes jornadas laborales, y el respeto a la carrera judicial, entre otras demandas.

Cabe recordar que el pasado mes de octubre el Sindicato Progresista alzó la voz con una denuncia enérgica contra lo que describieron como un atropello a sus derechos laborales y prácticas de favoritismo de parte de los nuevos magistrados.

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