Los ejidatarios al enterarse de esta perversa transacción, que se llevaría a cabo la reunión entre el Comisariado Ejidal y representantes de una sociedad inmobiliaria para vender tierras ejidales de uso común, los integrantes de Defensores de la Tierra y el Consejo Comunitario de Kinchil, se unieron y detuvieron el encuentro y se enfrentaron con elementos policiales que resguardaban el sitio. Es por ello que los inconformes convocaron a ejidatarias, ejidatarios y población en general a sumarse a su movilización para impedir el desarrollo de la asamblea. Sin embargo, el Comisario Ejidal José A. Borges, acudió a la reunión con un contingente de elementos de la policía estatal y municipal, quienes restringieron el acceso a la Casa Ejidal; pero los del Consejo comunitario lograron no se concretará ventajosa venta de tierras Kinchileñas.

Además “entre los puntos planteados también figuraban el avecindamiento de personas desconocidas, lo que les permitiría acceder a tierras ejidales, y la autorización para que el Comisariado disponga de 700 mil pesos provenientes de la renta de antenas de telefonía sin mecanismos de rendición de cuentas”, dice el comunicado compartido por la asociación de kinchileños.

Es por ello que el consejo comunitario convocó a ejidatarias, ejidatarios y población en general a sumarse a la movilización para impedir el desarrollo de la asamblea. Sin embargo, el Comisario Ejidal José A. Borges, acudió a la reunión con un contingente de elementos de la policía estatal y municipal, quienes restringieron el acceso a la Casa Ejidal, lo que desató un enfrentamiento entre uniformados y pobladores, resultando al menos una persona lesionada, integrante de los Defensores de la Tierra y fue trasladada al IMSS en el municipio de Umán. Pese a la represión policiaca, la comunidad logró frenar la sesión y el Comisariado solicitó firmas y huellas en hojas en blanco, acción que generó preocupación entre los asistentes”.

Defensores de la Tierra y el Consejo Comunitario advirtieron que iniciaron acciones legales para impedir la inscripción de cualquier acta que vulnere los derechos colectivos. Cabe destacar que las personas que se identifican como afectadas aseguran que las tierras ejidales de uso común sostienen actividades como agricultura, ganadería a pequeña escala, apicultura y recolección de productos del monte. Numerosas familias sin derechos agrarios reconocidos dependen de estos espacios para su subsistencia y alimentaria.

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La falta de recursos para poder costearlos ha provocado que decenas de pobladores nacidos en estas comunidades mayas, en municipios de Yucatán, comiencen a ofertar sus terrenos con cenotes incluidos.

Don Filiberto optó por vender al menos dos de sus terrenos con cenotes. Asegura que la entrada de 50 pesos, que se le cobra al turismo por entrar, no paga el trabajo para mantenerlo limpio y en buen estado

“Si piensan hacer escaleras, o poner madera, o mampostería, pues son esos gastos que hay, para construir, para trabajar, un cenote así necesita mucha limpieza, mucho trabajo”.

Filiberto Canché, ejidatario de Cuzamá

A nivel estatal, no hay ninguna restricción para este tipo de operaciones de compra-venta, sobre todo cuando los terrenos son privados, pero sí existen normativas a seguir para los propietarios.

“En materia ambiental, la venta de un terreno que tenga un cenote no es que sea ilegal, simplemente que cualquiera que tenga un cenote en su predio está obligado a observar toda la legislación ambiental aplicable, y ahí, pues sí existe la Ley de Protección al Medio Ambiente; hay un reglamento de cuevas, cavernas y cenotes que establece qué cosas sí son permitidas y qué criterios habría que cumplir para poder hacer una construcción cercana a un cenote”.

Sayda Rodríguez, Desarrollo Sustentable

Los expertos consideran que existen al menos 8 mil cenotes en toda la península de Yucatán. Esta reserva hidrogeológica abarca comunidades como Cuzamá y Homún, donde a lo largo de los poblados se observan letreros de venta. Hay quienes ven peligro en estas compras

Lo compradores de dichos lugares  han instalado restaurantes, bares y hoteles con cenote privado incluido; sin embargo, el ruido, la basura, el daño al medio ambiente y la pérdida de vestigios arqueológicos son las principales preocupaciones de los guardianes de estos sitios, considerados por los mayas como sagrados.

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