¿Se van así nomás, no nos deben nada?

ES ASUNTO DE TODOS

Con toda la información que se ha liberado, coincidiría usted con nosotros en que el tema no sólo más candente sino también más importante que por estos días se ventila en plazas públicas, lavaderos, medios de comunicación y etcétera, es la “reforma constitucional”, con la cual lo que es ahora el Poder Judicial se transformaría en un sistema no sólo verdaderamente eficiente para realizar las investigaciones de los ciudadanos que son legal y formalmente denunciados, sino que además impartiría, ahora sí de verdad, la justicia de la cual hasta ahora, ya bien entrados en el siglo XXV, nomás vemos pequeños chispazos por aquí y por allá.

A lo mejor usted conoce el número de personas que trabajan para el Poder Judicial en Yucatán, pero sin importar su número sin duda que les corresponde cumplir una elevada función, como lo es garantizar la vida y la integridad física de todos los habitantes del estado.

Muchos conocemos testimonios en el sentido de que los investigadores, y demás servidores del Poder Judicial, suelen olvidar sus principios y cometer actos de corrupción o propiciarlos. En el camino, no es raro que esos malos agentes cedan a la corrupción del trabajo judicial, apropiándose indebidamente de dinero o bienes que ellos deberían salvaguardar. Y es aquí donde hacemos una pregunta que deberían responder los autores directos de la nueva, amplia y grave reforma constitucional: ¿cómo se está garantizando que quienes trabajan ahora para el Poder Judicial y sean despedidos dejarán la casa en tan buen estado como se las entregaron, devolverán préstamos o equipos que hubieran recibido, y recibirán legalmente su finiquito?

A lo largo de los años y aprovechando las facilidades para hacerse autopropaganda sin atraer la ira o el encono públicos, el Judicial se colocó como el Poder que tenía mejor imagen entre los tres entes que daban cuerpo, prestigio y respetable presencia física intelectual al Estado Mexicano.

Cabe apuntar, por cierto, que hasta hace unos años a nadie parecía importarle un cacahuate que a algunos jueces federales se les pagara –por disposición ya plasmada en la Constitución– un salario que no podía ser mayor que el que recibía el Presidente de la República. Tuvo que venir un tabasqueño a ocupar la jefatura del Poder Ejecutivo, darse cuenta de que los funcionarios más poderosos del Judicial se estaban emplumando de dinero sin ningún temor de que se les aplicara la ley, y sin considerar que lo que hacían podría fácil y rápidamente dañar también a sus compañeros de trabajo y de Poder.

Qué lástima que esto no es la televisión mexicana de hace unas décadas, ni es el argumento de un capítulo de El Chapulín Colorado en el que, saliendo a cuadro, podríamos decir, desconsoladamente, “¿Y ahora quién podrá defendernos?”.