Postura de Movimiento Ciudadano sobre el Poder Judicial
El de hoy se dio a conocer la postura de Movimiento Ciudadano sobre el Poder Judicial. En la cual afirman que la administración de justicia pronta, completa, parcial, expedita y gratuita. Es uno de los derechos fundamentales de las personas en nuestro país. Esto esta estipulado en el artículo 17 Constitucional.
Además el procurar el acceso a esta administración de justicia es una obligación del Estado. Y cualquier acción legislativa relacionada con el Poder Judicial debe encaminarse a mejores beneficios para las personas en el ejercicio de sus derechos. De otra forma seria imperdonable.
Señalan que a raíz la discusión de la propuesta enviada por el Ejecutivo. Se dieron a la tarea de estudiar, analizar el documento. Además de que para dar una postura, basada en hechos, realizaron pláticas con integrantes del Poder Judicial. Desde trabajadoras y trabajadores de juzgados y salas hasta magistrados y magistradas del Tribunal Superior de Justicia.
Propuestas y postura de Movimiento Ciudadano
Cabe señalar que estas son propuestas basadas en cuatro premisas. Primera, la accesibilidad de la población a la justica. Segunda, los derechos de trabajadores del Poder Judicial y sus condiciones de trabajo, así como la autonomía del propio Poder.
Accesibilidad de la población a la justica
En la primera los representantes del partido consideran que no puede haber incremento en el número de magistradas o magistrados como una acción en solitario. No se justifica sin un incremento de juzgados de primera instancia. Atendiendo a criterios poblacionales y territoriales, esto es decir, atendiendo a un mejor acceso de la justicia. Sin medias tintas debe contener el dictamen esa claridad.
Por lo que el partido propone aumentar 21 juzgados de primera instancia (uno por cada 30 mil habitantes, en una distribución que abriría sedes judiciales en municipios de más de 20 mil habitantes).Según estimaciones financieras, el costo promedio de cada juzgado es de 6 millones de pesos anuales. Pero se plantearía la gradualidad de apertura de siete juzgados por año, es decir, 42 millones de pesos cada año.
Menciona que desde hace poco más de 10 años no se abren nuevas sedes judiciales y juzgados, y el incremento poblacional es evidente, la saturación de expedientes convierte a la primera instancia en un cuello de botella por el exceso de cargas, lo que afecta las condiciones de trabajo para el personal judicial.
Derechos de trabajadores del Poder Judicial
El partido coincide con que debe requerirse la mayoría calificada de dos terceras partes de las y los diputados de la Legislatura para elegir a magistradas y magistrados del Poder Judicial. Es esta una postura compartida incluso en por el PAN en legislaturas pasadas hizo para fortalecer la certeza de que dichos nombramientos no son sujetos a conveniencias de un grupo político sino que por el contrario, surgirían de un amplio consenso, y hace unas sesiones la realizo la fracción de MORENA.
En el mismo sentido, para garantizar la autonomía presupuestal del Poder, propongo que sea el Poder Judicial el que envíe directamente su proyecto de presupuesto anual al Congreso, sin que tenga que ser integrado por el Ejecutivo, pues en la práctica se somete al Judicial a un escrutinio y negociación de sus consideraciones económicas previo a la actuación del Legislativo, única permitida por la Constitución y las leyes.
Desde la reforma constitucional de mayo 2010, la asignación presupuestal al Poder Judicial es de por lo menos el 2% del gasto programable, no pudiendo ser menor al monto del año anterior. Sin embargo, en la práctica, esta asignación no se ha cumplido. No se cumplió durante toda la administración pasada y aparentemente tampoco en la presente, lo que ha derivado en una transgresión constitucional continuada.
Por eso la importancia de que no haya intermediarios entre el Poder Judicial y el Legislativo en la presentación y aprobación de su presupuesto.
Homologar sus aumentos de sueldo anuales
Para atender las condiciones de trabajo de empleadas y empleados del Poder Judicial, hay que homologar sus aumentos de sueldo anuales con los de los trabajadores de los otros poderes del Estado. De esta forma, se daría una señal útil de equidad al eliminar el trato diferenciado y garantizar que sus incrementos salariales no serán menores a los que se aprueben para los trabajadores del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo.
Asimismo, las asignaciones presupuestales no menores al 2% del gasto programable deben responder a la ampliación de plazas por la creación de nuevos juzgados, y a proveer a cada área de las condiciones dignas para que sus empleadas y empleados realicen su importante labor.
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