SCJN defiende compra de camionetas blindadas y Sheinbaum exige transparencia sobre el gasto
La reciente adquisición de nueve camionetas blindadas por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrió un nuevo frente de debate público entre la necesidad de garantizar la seguridad de los ministros y el compromiso gubernamental con la austeridad y la transparencia en el uso de recursos públicos.
Desde Veracruz, durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo solicitó a la SCJN informar de manera puntual sobre esta compra, luego de que trascendiera que el máximo tribunal sustituyó un contrato de renta vehicular por la adquisición directa de unidades blindadas. De acuerdo con la información compartida por el propio Poder Judicial, esta decisión habría generado un ahorro superior a los mil millones de pesos.
La mandataria federal explicó que la Secretaría de Gobernación realizó una consulta al Comité de Administración de la Corte, el cual entregó una nota informativa en la que se detalla que la compra de los vehículos permitió cancelar un esquema de arrendamiento que resultaba más costoso a largo plazo. No obstante, Sheinbaum subrayó que corresponde a la propia Corte transparentar el proceso y rendir cuentas sobre la adquisición.
“Obviamente la Corte tiene que informar y todo el Comité de Administración tiene que informar sobre esta adquisición”, puntualizó la presidenta, quien aclaró que su intervención se limitó a compartir la información oficial recibida, sin emitir juicios adicionales sobre la decisión.
Al ser cuestionada sobre la posibilidad de que los ministros hayan sido objeto de amenazas que justificaran el blindaje, Sheinbaum reiteró que cualquier información sobre riesgos específicos o medidas de protección debe ser comunicada directamente por la SCJN, al tratarse de un asunto de su competencia.
La postura de la Suprema Corte
Un día antes, la SCJN difundió un comunicado en el que aclaró que la renovación de su flota vehicular respondió exclusivamente a criterios de seguridad institucional y prevención, y no a decisiones discrecionales. Según el documento, las nueve camionetas blindadas tipo Jeep Grand Cherokee sustituyen unidades que ya no cumplían con los estándares mínimos de protección para funcionarios que desempeñan “funciones de alta responsabilidad institucional”.
La Corte detalló que la decisión se sustentó en opiniones técnicas emitidas por autoridades federales, las cuales concluyeron que los vehículos en uso comprometían la operación y la seguridad de las ministras y ministros. Por ello, se optó por su reemplazo conforme a la normatividad interna vigente desde 2019.
Dicha regulación establece que, por razones de seguridad, este tipo de automotores deben renovarse cada cuatro años o antes, cuando las condiciones mecánicas y de blindaje dejan de ser confiables. La institución recordó además que, tras la Reforma Judicial aprobada el año pasado, se han reforzado los mecanismos administrativos para justificar y fiscalizar este tipo de adquisiciones.
Austeridad y control del gasto
En un intento por reforzar su narrativa de contención presupuestal, la SCJN señaló que la compra se realizó de forma paralela a un proceso de desincorporación de un parque vehicular mayor al adquirido, con el objetivo de no generar un gasto adicional ni incrementar el tamaño de la flotilla.
El caso pone nuevamente sobre la mesa la tensión entre las políticas de austeridad promovidas por el Ejecutivo federal y las necesidades operativas de los órganos autónomos, particularmente en un contexto de creciente escrutinio público sobre el uso de recursos y los privilegios en la alta burocracia.
Mientras la presidenta insiste en la rendición de cuentas como principio rector, la Suprema Corte defiende la compra como una decisión técnica orientada a garantizar la seguridad de sus integrantes, en un momento clave para la consolidación de su nueva etapa institucional tras la reforma judicial.