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“Con la Iglesia hemos topado, Sancho”

“Con la Iglesia hemos topado, Sancho”

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“Con la Iglesia hemos topado, Sancho”
El Juglar de la Red

Luego del asesinato de dos sacerdotes jesuitas en el municipio de Urique, Chihuahua; la voz de la iglesia católica se hizo escuchar, desde un llamado del Papa Francisco –quien pertenece a la orden Jesuita—, hasta un puñado de obispos mexicanos quienes con respeto le pidieron resultados en materia de seguridad pública al presidente Andrés Manuel López Obrador.

La carta de los prelados no era muy diferente en su redacción y conceptos a las que han enviado otros gremios cuando han sido atacados por el presidente López Obrador o cuando le plantean alguna exigencia. Así como abogados, médicos o periodistas le reclaman garantías al Jefe del Ejecutivo Federal, igual los sacerdotes católicos.

Para la 4T, concretamente para López Obrador, esos llamados suelen ser tomados con ligereza o simplemente los ignora; en el peor de los casos los usa para victimizarse y decir que se trata de una andanada de sus adversarios para desestabilizar su gobierno.

Sin embargo, luego de descalificar la petición de garantías de seguridad que le hizo el clero de México, el Presidente siguió arremetiendo y el resultado es que la situación entre la Iglesia y el Gobierno Federal se tensó.

Ya el año pasado, previo al proceso electoral, la Iglesia Católica emitió un posicionamiento donde llamaba a meditar el voto, le pedía a los ciudadanos que salieran a sufragar y les recomendaba que lo hicieron por candidatos y partidos que representaran los valores que promueve el catolicismo. No lo decían abiertamente, pero era una invitación a no votar por los candidatos de Morena.

Con presencia en todo el territorio nacional, si algo tienen los sacerdotes es contacto con el pueblo; por más que el porcentaje de católicos se reduzca, no deja de ser la religión con la cual mayormente se comulga en México y su presencia no es meramente simbólica, en no pocos lugares los sacerdotes son figuras de autoridad y con una gran influencia en sus comunidades.

Es esa presencia en todo el territorio la que les da un pulso muy exacto de la situación, al mismo tiempo que también los convierte en víctimas de la delincuencia organizada.

Ahora sabemos que en algunas zonas de México no existen las autoridades y hasta los sacerdotes están obligados al pago de “derecho de piso” a los jefes criminales de los grupos que dominan esa región.

Si se trata de organizar las fiestas patronales deben pagar una contribución que llega al 50 por ciento de los ingresos proyectados, de no hacerlo, simplemente no hay evento festivo. En otras regiones están obligados a acudir con los capos locales para solicitarles autorización para realizar su labor pastoral.

Durante lo que va del gobierno del presidente López Obrador siete sacerdotes católicos han sido asesinados en Tamaulipas, Baja California, Guanajuato, Durango y Chihuahua; pero hay muchos otros que viven bajo la constante amenaza de ser víctimas de una agresión si se atreven a denunciar las tropelías que se cometen en contra de su grey.

Aquella imagen romántica, donde los narcos eran devotos católicos y se sometían a los consejos del cura del pueblo, es solamente una ilusión; los sacerdotes, al igual que cualquier otro integrante de la sociedad están sujetos a las mismas reglas de comportamiento que les imponen los grupos criminales; ya ni siquiera queda la idea de que esos narcos eran los patrocinadores de las mejoras en los templos, lo que sucede ahora es que hasta el dinero de las limosnas les quitan.

En este clima enrarecido, donde la Iglesia Católica también se debe enfrentar a las andanadas que vienen desde el poder, no son casualidad los casos del sacerdote Marcelo Pérez, cura de Pantelhó, Chiapas a quien le acaban de girar orden de aprehensión acusándolo de formar parte de un acto criminal que terminó con la desaparición de 21 personas, aunque la Fiscalía de Chiapas solamente reconoce 19 desaparecidos.

Tampoco sorprende que en este clima de linchamiento, donde la Iglesia Católica se convirtió en un enemigo declarado de la 4T, el padre Mateo Calvillo Paz, de la arquidiócesis de Morelia, Michoacán, fue agredido por sicarios en la carretera en Queréndaro y le propinaron una golpiza que casi lo mata.

No extraña que muchos sacerdotes ahora empiecen a platicar sus “vivencias” y “anécdotas” con los grupos criminales: los retenes que deben cruzar, los pagos que deben hacer y la violencia que deben soportar, ellos y sus comunidades. Todo eso deben hacerlo en silencio, porque si se atreven a pedirle seguridad al presidente López Obrador, entonces forman parte de una conspiración que solamente busca desprestigiar su gobierno.

Pero cuidado, si bien los partidos están desgastados, la Iglesia católica todavía reúne gente en sus templos y desde el púlpito se puede cuestionar al gobierno, prácticamente todos los días.

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