“Sin dinero no hay transformación”
El Juglar de la Red
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se está quedando sin dinero; no solamente se trata de que se estén gastando todo lo que se había ahorrado, el problema es que existe una muy baja recaudación tributaria y si consideramos que se gasta más de lo que se tiene, entonces lo que sigue es sacar dinero de donde sea.
En diferentes ocasiones el Presidente repitió que su gobierno no había contratado deuda, eso es una falsedad; la realidad es que en estos cuatro años de la Cuarta Trasformación se ha contraído más deuda de la que se contrató con Peño Nieto en todo su sexenio.
El 9 de noviembre del 2021, el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció que se había aprobado un nuevo acuerdo para ayudar a México con una línea de crédito flexibles de aproximadamente 50 mil millones de dólares.
No significa que el gobierno de López Obrador hubiera utilizado todo ese monto, simplemente se establece que tiene esa cantidad para utilizarla si así lo requiere. Y lo ha requerido.
Hace poco más de una semana se anunció que la Secretaría de Hacienda estaría contratando una línea crediticia por 5.5 mil millones de dólares que empezaría pagarse a partir del 2032, sin hacer referencia del uso o destino de ese dinero.
En otro acto desesperado por obtener dinero para el gobierno, la bancada de Morena presentó la llamada “Ley Mier”, una iniciativa cuya intención es apropiarse de aquellas cuentas bancarias que no presentan movimiento durante tres años consecutivos.
La intención es que el gobierno se quede con los 33 mil millones de pesos que están en esas cuentas y muchas de ellas son de personas denunciadas como desaparecidas, otras pertenecen a ahorradores que simplemente no quieren tocar ese dinero porque lo tienen a resguardo para emergencias; el caso es que se lo van a quitar si no no le dan movilidad.
El gobierno federal no ha reducido su tren de gasto, la austeridad existe solamente en el discurso político, pero en la realidad la casta burocrática volvió a recuperar sus privilegios; a eso se suman las grandes obras faraónicas y el costo de aquellas que se cancelaron.
Solamente cancelar el aeropuerto en Texcoco le cuesta a los mexicanos más de 330 mil millones de pesos en bonos, que recién se empezaron a pagar; las obras como “Dos Bocas” y “El Tren Maya” no solamente están excedidas del presupuesto original.
Por ejemplo, “Dos Bocas”: el presupuesto original que el Presidente planteó fue de 8 mil millones de dólares; cuando las empresas internacionales convocadas para la construcción le dijeron que ese dinero no alcanzaría y menos que se podría edificar en los tres años que quería estuviera terminada, entonces les dio las gracias y anunció que México asumiría la construcción sin ayuda de nadie.
El resultado de esa decisión es que el costo de “Dos Bocas” casi se triplicó, la última estimación daba cuenta de una inversión que supera los 20 mil millones de dólares –con ese dinero se pudieron comprar diez refinerías como la de “Deer Park” en Texas– y todavía no se termina a pesar de que fue inaugurada hace seis meses.
Para un gobierno, como el de la Cuarta Trasformación, que mantiene una base electoral sustentada en el reparto de dinero, es muy importante contar con los fondos para mantener los programas sociales y así tener contentos a quienes les compra el voto.
El problema es que al no tener un sistema tributario efectivo, donde apenas se recauda el 13 por ciento del PIB –comparado con países de la OCDE que recaudan el 36 por ciento—y donde la economía informal ronda en el 60 por ciento, el gobierno mexicano se queda sin fondos y por ello es menester recurrir a créditos y leyes para obtener recursos frescos que le permitan seguir manteniendo su base electoral y garantizar que van a terminar sus obras faraónicas.
Al acabarse los ahorros de los fondos que se apropió el gobierno federal, lo que sigue es comprometer el futuro y eso se hace pidiendo dinero prestado, inventando leyes y cuidado porque en un descuido se queda hasta con las Afores, al final de cuentas el que venga después que lo resuelva.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho de la herramienta de consulta un instrumento para validar decisiones; sin embargo, de todas las consultas que ha promovido en ninguna de ellas ha participado el grueso de la población y a pesar de eso las consideró válidas y con ello tomó decisiones que afectaron al país.
La primera consulta, que ni siquiera comprendió o abarcó a la mayoría de los mexicanos, fue referente a suprimir la construcción del aeropuerto en Texcoco, unos cuantos votos y fue suficiente para que se echara al bote de la basura una inversión millonaria que era trascendental para el desarrollo del país, y además, al quedarnos sin la obra nos heredó la deuda a pagar por esa cancelación.
Con una consulta que tampoco logró convocar ni siquiera al 10 por ciento del padrón electoral en Baja California, se canceló la construcción de la planta cervecera “Costelletion Brand”, fue una venganza maquinada por el presidente contra esa empresa que consumó con una consulta que organizó él mismo y que con eso bastó para suspender una inversión de varios miles de dólares en Mexicali.
Vino luego la consulta para enjuiciar a los expresidentes, un ejercicio innecesario y que tampoco logró convocar a los ciudadanos. Estaba claro que más allá de consultar, lo que requería eran pruebas y carpetas de investigación bien integradas. Al final de cuentas fue otro gasto innecesario y una pérdida de tiempo completa porque la participación ciudadana también fue mínima.
Llegó la consulta que organizó el INE, a petición y con la presión del Presidente, para determinar la llamada revocación de mandato. Fueron más de 800 millones de pesos que oficialmente se tiraron a la basura, pero a ese gasto se suma el subejercicio que hicieron gobiernos estatales, municipales para impulsarla. Más allá de cualquiera que fuera el resultado, seguirá siendo ilegal someter a consulta cualquier asunto que tenga que ver con la seguridad pública.
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