Una reforma que va en reversa
Por: Adrián Arévalo
En el senado de la República, comenzaron los debates para la reforma judicial que el régimen quiere imponer para tener bajo su control el único poder que le falta.
Los primeros en acudir fueron los ministros de la corte para exponer sus puntos de vista, junto con algunos legisladores que participaron en el debate, junto con representantes de PRI, PAN, Movimiento ciudadano, Morena y sus remoritas.
Los parlamentos de “¿Qué Poder Judicial tenemos? ¿Qué Poder Judicial queremos?”, serán una muestra de que, a pesar de que haya o exista la razón, se hará lo que López diga.
Ya los mercados del mundo dieron la primera reacción de incertidumbre sobre lo que el ejecutivo quiere hacer con el judicial.
A pesar de ello, el punto en común de todas las fuerzas políticas es que el Poder Judicial, necesita reformarse, la diferencia es en el cómo.
Todos en su sano juicio, la ciudadanía, queremos un mejor poder judicial, una justicia pronta y expedita.
No obstante, estas reformas deben ser cuidadosamente diseñadas y ejecutadas para garantizar que realmente fortalezcan el estado de derecho en lugar de debilitarlo.
La independencia judicial es fundamental para proteger los derechos de todas las personas, incluyendo comunidades marginadas, minorías y grupos críticos del régimen.
La Suprema Corte es el espacio para proteger a las minorías de los abusos de la mayoría que ostenta el poder.
Si el poder Judicial cae en manos del Ejecutivo, las minorías quedarán en el olvido, si posibilidad de defenderse, sin nadie que las represente.
La tendencia en el mundo es que el poder judicial en los sistemas democráticos, sea siempre independiente, hoy solo Bolivia elige a sus jueces por voto popular y bien valdría la pena asomarse por ahí para dar fe del cochinero que se ha vuelto el sistema judicial en aquel país.
Y lo digo porque el Consejo de Derechos Humanos de la ONU discutirá un proyecto de informe de la Relatoría de Independencia Judicial, centrado en la “Salvaguarda de la independencia judicial frente a los retos contemporáneos de la democracia”.
La relatora especial, Margaret Satterthwaite, presentará su segundo informe, subrayando la importancia de la independencia judicial para garantizar la igualdad de justicia, incluso frente a presiones gubernamentales.
En México se quiere ir hacia otro lado, hacia el lado opuesto, es una reforma regresiva que vulnera los derechos humanos.
“Para nuestra población, la justicia en México es cara, elitista, desgastante, humillante, lenta, inaccesible, inentendible, abusiva, misógina, clasista, corrupta, parcial… En una palabra, es injusta”, así dijo Lenia Batres durante su intervención en el primer foro realizado ayer, donde se puede ver más una actitud porril que una ministra planteando propuestas.
Estamos todos de acuerdo en eso, la justicia en México es ineficiente, necesita un cambio.
Por ejemplo, ¿alguien me puede decir en dónde están los corruptos de este régimen, los que se hicieron millonarios con la Refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el AIFA?, disfrutando su dinero, impunes a pesar de las evidencias en su contra. Empezando por la casa del Presidente.
¿Y Peña Nieto y la parvada de corruptos de su administración? De compras en España, libres o en alguna embajada, protegidos por el sagrado manto del ejecutivo.
Esos que hoy los protegen a esos y otros más, son los que quieren la reforma.
Una reforma es para fortalecer los derechos de las personas, no para destruirlos.
¿En verdad son de confianza?
No lo creo.
¡Tak sáamal!