Prohibición del aborto en Texas, los ciudadanos podrán demandar a todos los participantes de un aborto
El l miércoles 1 de septiembre de 2021 entró en vigor una ley sobre la Prohibición del aborto en Texas. Esto después de unas seis semanas de gestación. A pesar del dictamen de la Corte Suprema que en 1973 estableció el derecho constitucional a practicarse el procedimiento. Esto convierte a Texas en el estado más restrictivo del país en cuanto al acceso a los servicios de interrupción del embarazo.
Cabe mencionar que La ley no contempla excepciones en casos de violación o incesto. Sí permite el aborto por motivos de salud, pero las excepciones son muy limitadas, dado que solo permite terminar el embarazo si puede poner en peligro la vida de la madre o provocar un “deterioro considerable e irreversible de una función corporal importante”.
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Prohibición del aborto en Texas vigilada por ciudadanos
Además, el cumplimiento de esta ley no recaerá en el gobierno estatal, sino que será vigilada por los ciudadanos, que podrán demandar a los proveedores de abortos por supuestas violaciones. El demandante recibirá US$ 10.000 del acusado si su caso prospera.
El presidente Joe Biden criticó duramente la ley de Texas, afirmando que “viola flagrantemente” el derecho constitucional de la mujer al aborto. Tal y como se estipula en el caso Roe vs. Wade. Además, añadió que serían “las comunidades de color y las personas con bajos ingresos” las más afectadas. Y que la ley “delega la autoridad escandalosamente a los particulares” al permitirles interponer demandas contra las clínicas.
Por su parte una jueza estatal emitió una orden que protege, por ahora, a las clínicas de Texas que efectúan abortos de las demandas de un grupo que se opone a la interrupción del embarazo derivadas de una nueva ley estatal.
La orden temporal de restricción girada el viernes por la jueza estatal de distrito Maya Guerra Gamble en Austin en respuesta a la solicitud de la organización Planned Parenthood— no interfiere con la ley. Sin embargo, sí protege a las clínicas de demandas por parte del grupo sin fines de lucro Right to Life, su director legislativo y 100 individuos no identificados.
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