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2023 se observó un patente desequilibrio en la asignación de fondos gubernamentales

2023 se observó un patente desequilibrio en la asignación de fondos gubernamentales

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2023 se caracterizó por una notable disminución en ingresos y gastos

En el transcurso del año 2023, se observó un patente desequilibrio en la asignación de fondos gubernamentales, marcado por la priorización de megaproyectos como la Refinería Olmeca en Dos Bocas y el Tren Maya, en detrimento de programas esenciales como la vacunación infantil y la provisión de medicamentos gratuitos.

A pesar de que este período se caracterizó por una disminución notoria en los ingresos y gastos, el gobierno de AMLO optó por canalizar recursos extraordinarios hacia proyectos prioritarios, generando preocupaciones sobre la atención a áreas críticas como la salud y la seguridad pública.

El Informe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del 31 de enero de 2023 reveló una reducción significativa de 84 mil millones de pesos en los ingresos presupuestarios, una cantidad aproximada a la inversión necesaria para construir el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Esta disminución se manifestó principalmente en los ingresos petroleros, afectados por el fenómeno del ‘súper peso’, así como en la recaudación de impuestos clave como el ISR, el IVA y el IEPS, sin claras justificaciones por parte de la SHCP.

El gobierno de AMLO optó por canalizar recursos extraordinarios hacia proyectos prioritarios
El gobierno de AMLO optó por canalizar recursos extraordinarios hacia proyectos prioritarios

Aunque se intentó compensar parcialmente con la recaudación de derechos y aprovechamientos, la falta de transparencia sobre su origen suscitó dudas, especialmente en relación con la posible conexión con la extinción de fideicomisos.

Desequilibrio en la asignación de fondos gubernamentales, el gobierno de AMLO optó por canalizar recursos extraordinarios hacia proyectos prioritarios

El impacto de esta reducción en los ingresos se reflejó directamente en el gasto público, generando un subejercicio de 138 mil millones de pesos.

Esta situación afectó principalmente a Pemex y a los fondos destinados a estados y municipios, cifra que representa magnitudes como diez veces el presupuesto del INE o 153 veces el gasto anual del INAI.

De manera paradójica, los proyectos prioritarios del presidente no experimentaron recortes, desafiando la narrativa de austeridad.

Ejemplos notables de este fenómeno fueron la Secretaría de Energía, encargada de la construcción de la Refinería Olmeca, que gastó casi tres veces más de lo programado, alcanzando los 179 mil millones de pesos, y el Tren Maya, ahora bajo la supervisión de la Sedena, que ejerció 103 mil millones de pesos.

Sin embargo, la falta de transparencia en la asignación de estos recursos, particularmente en los sectores de Energía y Hacienda, deja incertidumbres sobre el destino específico de dichos fondos adicionales, a pesar de mencionarse la compra de plantas de energía de Iberdrola.

Las Secretarías de Marina y Defensa Nacional, responsables de proyectos estratégicos como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, el Aeropuerto Felipe Ángeles y el de Tulum.

Recibieron recursos adicionales, al igual que las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, que utilizaron más recursos de los proyectados, generando cuestionamientos sobre la planificación y el uso eficiente de los recursos públicos.

En el ámbito de la salud y la seguridad, lamentablemente, se evidenció un subejercicio significativo en el presupuesto destinado a programas esenciales.

Mientras el Tren Maya absorbió 103 mil millones de pesos del presupuesto federal, se dejaron sin ejercer 60 mil millones destinados a la función de salud, afectando de manera particular al programa de vacunación infantil.

Donde solo se gastó 1 de cada 10 pesos, y al programa de medicamentos gratuitos del IMSS Bienestar, que prácticamente no utilizó la cuarta parte del dinero previsto.

Además, otros subejercicios en programas de salud, como la vigilancia epidemiológica, la prevención y control de enfermedades, y la prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS, levantan interrogantes sobre la eficacia de la planificación y ejecución en este sector.

La cuestionable asignación de recursos se extendió a áreas de seguridad, donde se registraron subejercicios notables en la Secretaría de Protección Ciudadana, con aproximadamente 9 mil millones de pesos no utilizados para la prevención e investigación del delito.

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Y en la Administración del Sistema Federal Penitenciario, con 5 mil millones de pesos no ejercidos.

En general, la función “Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior” sufrió un recorte de 38 mil millones de pesos, planteando preocupaciones sobre la capacidad del gobierno para garantizar la seguridad interna.

Curiosamente, el informe no proporciona detalles sobre el gasto realizado en proyectos específicos.

Como la Aerolínea Mexicana a cargo de la Sedena o la Megafarmacia a cargo de Birmex, generando dudas adicionales sobre la transparencia y rendición de cuentas en la administración de estos recursos.

Ante este panorama, surge la pregunta crucial sobre quién supervisa los ingresos y gastos del gobierno. La Cámara de Diputados juega un papel fundamental en esta tarea, y se espera que vaya más allá de la retórica para asumir su rol de contrapeso en el gobierno, revisando minuciosamente los informes, cuestionando las discrepancias y exigiendo explicaciones cuando los números no concuerden.

La supervisión del gasto público no debe ser vista como una formalidad, sino como una herramienta indispensable para corregir desvíos y asegurar que cada peso invertido contribuya al bienestar de la población.

La oposición también tiene la responsabilidad de defender los recursos de los mexicanos, garantizando que se destinen a proyectos que aborden las principales necesidades de la sociedad.

Sin embargo, la responsabilidad no recae únicamente en los legisladores y la oposición; como sociedad, es esencial informarnos sobre cómo se están gastando nuestros recursos.

En una era de accesibilidad a datos, no hay excusa para el desinterés o la apatía. Mantenernos informados, ser críticos con la información recibida y exigir mejores resultados de nuestras autoridades son acciones cruciales para avanzar hacia un país donde cada peso invertido contribuya de manera efectiva a mejorar nuestras condiciones de vida. Fuente: Juan_OrtizMX


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