Fiscalía Anticorrupción protege despojo de 35 Terrenos a Campesinos yucatecos
Demandan a la Fiscalía Anticorrupción avance en la denuncia por enriquecimiento ilícito contra exsenadora morenista, su hermano y su esposo, quienes los despojaron de 35 terrenos; Exigen ejidatarios investigar despojo de la diputada Marybel Villegas; revela la abogada de los ejidatarios.
A dos años de iniciada la denuncia por enriquecimiento ilícito contra la senadora con licencia Marybel Villegas Canché, ejidatarios de la comunidad de Cosgaya, en Mérida, Yucatán, exigieron a la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General de la República conocer los avances de la investigación iniciada por el despojo de 35 terrenos a campesinos, mismos que ahora aparecen a nombre del hermano y el esposo de la funcionaria.
Araceli Andrade, abogada de los ejidatarios, explicó en entrevista exclusiva con La Chispa Quintana Roo, que la dependencia federal no ha avanzado en las investigaciones de la denuncia que presentó a nombre de los campesinos, quienes desde 2015 fueron despojados de 35 terrenos, que fueron entregados al hermano de Villegas Canché, Javier Raymundo, y de su esposo, Jorge Gilberto Parra Moguel, cuyo valor catastral supera los 5 millones de pesos, aunque su valor comercial alcanza una cifra muy superior.
En 2015, explicó Andrade, desde el gobierno federal de Enrique Peña Nieto se otorgaron a título gratuito -es decir, sin pagar ni un peso por ellos- 35 predios tanto a Parra Moguel como a Javier Raymundo, que eran propiedad de los ejidatarios de la comunidad de Cosgaya, Yucatán, en contubernio con autoridades tanto federales como estatales, incluida una notaria de Yucatán que certificó y dio por bueno el despojo de las tierras, y del Registro Agrario Nacional (RAN), cuyo titular en Yucatán, José Luis Carlos Santos Ramírez, quienes avalaron hasta la falsificación de documentos y firmas.
Aunque la denuncia se presentó en el año 2020, la abogada Andrade denunció que existe un contubernio de autoridades desde el Registro Agrario Nacional y el gobierno estatal de Yucatán, cuya corrupción los llevó incluso a alterar documentos oficiales, para modificar la asignación de predios y cambiar sin razón el nombre de algunos de los propietarios de los lotes del ejido de Cosgaya, quienes fueron despojados de las tierras que les pertenecen, y que ahora están en manos de los familiares de Villegas Canché.
La denuncia 57/2021 se interpuso el 29 de diciembre de 2020, explicó Andrade, en los despachos del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y de la fiscal Anticorrupción, Mónica Mijangos.
En ella se señala como probables responsables además de la senadora Freya Marybel Villegas Canché, también su hermano Javier Raymundo, su esposo Jorge Gilberto Parra Moguel, además del ex presidente Enrique Peña Nieto y el médico veterinario, José Luis Carlos Santos Ramírez, delegado del RAN en Yucatán.
“Los predios a los que hacemos referencia, en un primer momento, porque conforme avanzan las investigaciones, han subido de 21 a 35, hasta ahorita, pero los primeros 21, para que el MP lo entendiera los anexé como una tabla, poniendo los valores catastrales, que es un valor de referencia, no significa para nada el valor comercial de un predio”, resaltó la abogada.
“El propietario eran los Estados Unidos Mexicanos representante por Enrique Peña Nieto, que esta bien, al presidente le corresponde administrar de los bienes de la nación, pero no como propiedad privada”, acusó la abogada.
Usurpación
La abogada indicó que en el contubernio armado por los funcionarios para despojar de sus tierras a los ejidatarios, tuvieron el atrevimiento de reemplazar la lista de propietarios originales de los terrenos, y de modificar incluso el mapa y polígonos de los ejidos, provocando con ello un desorden administrativo y ejidal que ha dejado a los campesinos sin sus tierras.
La abogada Andrade refirió que los familiares de la funcionaria con licencia se hicieron pasar por campesinos, cuando en el Registro Público de Profesiones se confirma que Parra Moguel, su esposo, es abogado e incluso tiene una notaría en Quintana Roo.
Por otro lado, su hermano José Raymundo es contador público, y también se ostentó como productor agrario, a fin de poder beneficiarse indebidamente de los terrenos.
“En el caso de las tierras ejidales se rigen por la Ley Agraria, y (los propietarios) tiene que ser avecindados u originarios del ejido, tienen que ser productores rurales, que se dediquen a esto, porque la intención del ejido es que la tierra sea de quien la trabaja”, indicó.
Falsificación de documentos
La representante legal de los ejidatarios señaló que la ilegal asignación de los terrenos a Villegas Canché a través de sus familiares, llegó a tal grado que se reemplazaron documentos oficiales que contienen el listado de beneficiarios originales de los terrenos, derivada del acta de asamblea ejidal del 19 de noviembre de 2013.
“De repente los pobladores empiezan a ir al Registro para ver sus tierras, porque las quieren vender o lo que sea, y se encuentren con que ya no son de ellos, que son de Villegas Canché, de Parra Moguel y al hacer las investigaciones, encontramos que la lista verdadera fue reemplazada”, dijo
Al solicitar al Registro copia de la asamblea, agregó, entregan una lista diferente a la original, donde ya empiezan a aparecer Jorge Gilberto Parra Moguel, por ejemplo, en la Manzana 8 Lote 1 y en la Manzana 8 Lote 2, cuando la manzana 8-1 y 8-2 eran de José Alfonso Cab Chi.
“No solo les dieron tierra ilegalmente, sino que les dieron tierra que pertenecía a otras personas”, lamentó.
Esta ilegal sustitución de documentos, abundó, solo se pudo hacer con lo que ella denomina un “concierto” de autoridades, que incluyen a José Luis Carlos Santos Ramírez, delegado del RAN en Yucatán, y a la notario público 33 de Yucatán, Carmen Baltazar Arceo, quien con su sello ha asistido al ejido desde hace mucho tiempo.
“Cual es el delito al que yo de entrada me suscribo: enriquecimiento ilícito, porque rebasa el terreno de la suspicacia, cuando atendemos a los motivos por los que fue creado el sistema nacional anticorrupción, que insistió, se creo para sancionar más severamente las responsabilidades de los servidores públicos”, explicó.
Así, la abogada se dio a la tarea de reunir en un listado el nombre de los propietarios de los 35 predios que ahora aparecen en manos de la familia de Villegas Canché.
“Hay personas que su predio se lo desaparecieron, no solo los cambiaron de nombre, sino que los modificaron, y el nuevo plano fue falsamente firmado; las firmas son diferentes de ejidatarios, como Hermenegildo Cab Chi, además que él ya fue a declarar que esta no es su firma, él no avala esto.
“Lo mismo que José Ángel Jorge Ake, hasta burda la firma; estas dos personas ya declararon ante la fiscalía; imagínese, y saber quién su está coludido y se niega a comparecer, José Fernando Chi Cabrera, el que era el comisario ejidal”, aseveró.
Daño el erario y omisión
Este el despojo de tierras, explicó Andrade, ha perjudicado incluso al ayuntamiento de Mérida, pues algunos de los predios que habían sido donados al ayuntamiento durante la asamblea ejidal mencionada, ahora aparecen a nombre de la familia de Villegas Canché.
La abogada advirtió que ahora, la encargada de la investigación, la ministerio público Susana Cruz Polo, ha aletargado la investigación, sin razón alguna y a pesar de que las pruebas señalan contundentemente el despojo de tierras a los ejidatarios de Cosgaya, convirtiéndose en cómplice del atropello y robo del patrimonio a los ejidatarios.
“Realmente se están acumulando las cosas, hablando de un solo delito se queda corto; (hay complicidad de) autoridades) estatales, federales y particulares.
“El problema es cuando la propia Fiscalía Anticorrupción es corrupta, y ya no nos quiere dar acceso a la carpeta (…) yo he pedido a la Fiscalía Anticorrupción que me dé copia de cómo va el expediente, sin lograrlo”, dijo.
Y es que reveló que aunque la senadora con licencia no aparece como dueña directa de los predios, el hecho de que estén en manos de su hermano y su esposo la obliga a haber declarado la existencia de estos, como parte de su declaración patrimonial.
“Porque la última vez que pude ver el expediente, me consta porque lo vi, las declaraciones patrimoniales de la senadora con licencia no contiene esto, se lo hago ver a los MP”, señaló.
Finalmente, la abogada señaló que es necesario la intervención de instancias más arriba de la propia Fiscalía Anticorrupción, que ha hecho caso omiso a cumplir con la justicia pronta y expedita que debe prodigar a los denunciantes, y con ello, reparar el despojo y daño patrimonial provocado a los ejidatarios.
Ahora, la abogada esperará a que la MP Cruz Polo de respuesta a los ejidatarios para conocer el estatus de la investigación, atendiendo a la petición que se realizó el 6 de agosto, y en caso de no entregarla, deberá formular por escrito la motivación de su negativa, lo que podría derivar en otra omisión.