De manera sorpresiva personal del gobierno federal por medio del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y Comercio Exterior visitó a ocho marinas de Yucalpetén para proceder al embargo de manera precautoria de más de 400 embarcaciones de recreo.

Casi medio millar de embarcaciones de recreo entre lanchas y lujosos yates fueron embargadas en varias marinas del puerto de abrigo de Yucalpetén por un grupo de auditores fiscales del Sistema de Administración Tributaria (SAT).

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que cayeron de manera sorpresiva para auditar esas instalaciones recreativas.

La situación creo enojo entre los encargados de las marinas debido que no revisaron el papeleo de las embarcaciones o un aviso para los dueños, simplemente llegaron con la notificación.

Se comentó entre los encargados  que varias de ellas están en orden su documentación con el SAT, sin embargo, quedaron embargadas hasta acudir a las oficinas centrales.

Los dueños de las marinas y los propietarios de las embarcaciones embargadas calificaron la medida como terrorismo fiscal de parte del gobierno federal, las naves confiscadas quedaron depositadas en las marinas, a las cuales las hacen responsables de que los navíos no las saquen, pues cometerían un delito.

SAT embarga yates en marinas de Yucalpetén, casi medio millar de embarcaciones de recreo entre lanchas y lujosos yates

En total hay 22 marinas turísticas en Yucalpetén con un total de 2,000 naves recreativas, entre lanchas y yates de diversos tamaños y precios, que van desde 20,000 hasta 500,000 dólares e incluso podría haber algunas con valor de un millón de dólares.

La auditoría fiscal a las marinas comenzó el miércoles, ya inspeccionaron a 10 y hasta el momento arroja que han sido embargadas 500 de las 2,000 naves que conforman la flota recreativa, con precios que van desde los 100,000 pesos hasta los 500 mil dólares o más, dependiendo del tamaño y modelo.

La medida fiscal de embargo precautorio pone en grave riesgo las vacaciones de Semana Santa y de verano, pues por lo menos un millar de naves no podrán salir a navegar en el período vacacional, lo que causará serios problemas económicos y desplome de empleos.

Los auditores fiscales están checando toda la documentación de las embarcaciones que confirmen la legal procedencia y estancia en el país, y verificar si la importación temporal que es de 10 años está vigente o ya venció.

También revisan la documentación, facturas de adquisición de los motores fuera de borda que están en las embarcaciones y en los talleres de las marinas. La revisión incluye acumuladores, equipos de navegación y  radios de comunicación.

De acuerdo con trabajadores, a las embarcaciones con alguna irregularidad se les prohibió la navegación y les dieron 10 días a los dueños para que se presenten a las oficinas del SAT en Mérida, en la sección de Comercio Exterior.

Para que las embarcaciones sean liberadas del embargo tienen que acudir a las oficinas del SAT en Mérida para presentar toda la documentación para comprobar la legal estancia y procedencia de las naves.

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A pesar de que este período se caracterizó por una disminución notoria en los ingresos y gastos, el gobierno de AMLO optó por canalizar recursos extraordinarios hacia proyectos prioritarios, generando preocupaciones sobre la atención a áreas críticas como la salud y la seguridad pública.

El Informe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del 31 de enero de 2023 reveló una reducción significativa de 84 mil millones de pesos en los ingresos presupuestarios, una cantidad aproximada a la inversión necesaria para construir el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Esta disminución se manifestó principalmente en los ingresos petroleros, afectados por el fenómeno del ‘súper peso’, así como en la recaudación de impuestos clave como el ISR, el IVA y el IEPS, sin claras justificaciones por parte de la SHCP.

Aunque se intentó compensar parcialmente con la recaudación de derechos y aprovechamientos, la falta de transparencia sobre su origen suscitó dudas, especialmente en relación con la posible conexión con la extinción de fideicomisos.

Desequilibrio en la asignación de fondos gubernamentales, el gobierno de AMLO optó por canalizar recursos extraordinarios hacia proyectos prioritarios

El impacto de esta reducción en los ingresos se reflejó directamente en el gasto público, generando un subejercicio de 138 mil millones de pesos.

Esta situación afectó principalmente a Pemex y a los fondos destinados a estados y municipios, cifra que representa magnitudes como diez veces el presupuesto del INE o 153 veces el gasto anual del INAI.

De manera paradójica, los proyectos prioritarios del presidente no experimentaron recortes, desafiando la narrativa de austeridad.

Ejemplos notables de este fenómeno fueron la Secretaría de Energía, encargada de la construcción de la Refinería Olmeca, que gastó casi tres veces más de lo programado, alcanzando los 179 mil millones de pesos, y el Tren Maya, ahora bajo la supervisión de la Sedena, que ejerció 103 mil millones de pesos.

Sin embargo, la falta de transparencia en la asignación de estos recursos, particularmente en los sectores de Energía y Hacienda, deja incertidumbres sobre el destino específico de dichos fondos adicionales, a pesar de mencionarse la compra de plantas de energía de Iberdrola.

Las Secretarías de Marina y Defensa Nacional, responsables de proyectos estratégicos como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, el Aeropuerto Felipe Ángeles y el de Tulum.

Recibieron recursos adicionales, al igual que las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, que utilizaron más recursos de los proyectados, generando cuestionamientos sobre la planificación y el uso eficiente de los recursos públicos.

En el ámbito de la salud y la seguridad, lamentablemente, se evidenció un subejercicio significativo en el presupuesto destinado a programas esenciales.

Mientras el Tren Maya absorbió 103 mil millones de pesos del presupuesto federal, se dejaron sin ejercer 60 mil millones destinados a la función de salud, afectando de manera particular al programa de vacunación infantil.

Donde solo se gastó 1 de cada 10 pesos, y al programa de medicamentos gratuitos del IMSS Bienestar, que prácticamente no utilizó la cuarta parte del dinero previsto.

Además, otros subejercicios en programas de salud, como la vigilancia epidemiológica, la prevención y control de enfermedades, y la prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS, levantan interrogantes sobre la eficacia de la planificación y ejecución en este sector.

La cuestionable asignación de recursos se extendió a áreas de seguridad, donde se registraron subejercicios notables en la Secretaría de Protección Ciudadana, con aproximadamente 9 mil millones de pesos no utilizados para la prevención e investigación del delito.

Y en la Administración del Sistema Federal Penitenciario, con 5 mil millones de pesos no ejercidos.

En general, la función “Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior” sufrió un recorte de 38 mil millones de pesos, planteando preocupaciones sobre la capacidad del gobierno para garantizar la seguridad interna.

Curiosamente, el informe no proporciona detalles sobre el gasto realizado en proyectos específicos.

Como la Aerolínea Mexicana a cargo de la Sedena o la Megafarmacia a cargo de Birmex, generando dudas adicionales sobre la transparencia y rendición de cuentas en la administración de estos recursos.

Ante este panorama, surge la pregunta crucial sobre quién supervisa los ingresos y gastos del gobierno. La Cámara de Diputados juega un papel fundamental en esta tarea, y se espera que vaya más allá de la retórica para asumir su rol de contrapeso en el gobierno, revisando minuciosamente los informes, cuestionando las discrepancias y exigiendo explicaciones cuando los números no concuerden.

La supervisión del gasto público no debe ser vista como una formalidad, sino como una herramienta indispensable para corregir desvíos y asegurar que cada peso invertido contribuya al bienestar de la población.

La oposición también tiene la responsabilidad de defender los recursos de los mexicanos, garantizando que se destinen a proyectos que aborden las principales necesidades de la sociedad.

Sin embargo, la responsabilidad no recae únicamente en los legisladores y la oposición; como sociedad, es esencial informarnos sobre cómo se están gastando nuestros recursos.

En una era de accesibilidad a datos, no hay excusa para el desinterés o la apatía. Mantenernos informados, ser críticos con la información recibida y exigir mejores resultados de nuestras autoridades son acciones cruciales para avanzar hacia un país donde cada peso invertido contribuya de manera efectiva a mejorar nuestras condiciones de vida. Fuente: Juan_OrtizMX

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-La SAF informó que Yucatán tendrá más de un 10 % menos de recursos de disponibilidad del para el próximo 2024.

Presupuesto Federal a Yucatán. El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) del próximo año contempla, de nuevo, recortes para el estado.

En específico, en 2024 las Participaciones y Aportaciones para Yucatán tendrán una reducción en términos reales de 713 millones de pesos (-1.7%) respecto a 2023,

siendo esta la cuarta vez que se proyecta un recorte al paquete económico, ya que también en los años 2019, 2020, y 2021 la entidad contó con menos recursos, reportó la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

La dependencia estatal indicó que el principal motivo de este recorte, según el documento presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) federal, es que se prevé para el próximo año una recaudación menor, lo que impactará directamente en las entidades.

SAF informa sobre un próximo recorte en el presupuesto federal destinado a Yucatán.

En el caso de Yucatán, el próximo año la reducción representará más del 10 por ciento menos de los recursos de disponibilidad.

Esto, con base en los recursos de libre disposición de 2023 y ya habiendo cubierto obligaciones como jubilaciones y pensiones, servicios personales, participaciones a municipios y otros poderes y autónomos, detalló la SAF.

Este nuevo recorte se sumará a la carga de gastos en aumento a las finanzas estatales que representa la desaparición del ramo 23 y de otros fondos, añadió la dependencia estatal.

Ante esta inminente disminución de recursos federales, la SAF señaló que Yucatán tendrá que mantener su política de austeridad para mantener como prioridad la seguridad, la salud y la educación.

En ese sentido, la Secretaría de Administración y Finanzas indicó que se intensificarán los esfuerzos presupuestales para seguir acercando la seguridad y la justicia a todas y todos los yucatecos,

así como el fortalecimiento de los apoyos sociales para los sectores que más lo necesitan, apuntó la dependencia estatal.

Yucatán es una de las entidades que ha registrado un mayor crecimiento demográfico en los últimos años

Yucatán es una de las entidades que ha registrado un mayor crecimiento demográfico en los últimos años; el aumento de la población yucateca es inversamente mayor a los recursos federales que se han recibido en los últimos años, de acuerdo con el reporte de la SAF.

Estos recortes ocurren, no obstante, que Yucatán ha sido reconocido por su eficaz y transparente manejo de finanzas públicas, tanto por organismos de la sociedad civil, como el Instituto Mexicano

para la Competitividad (IMCO) y la misma SHCP: Este año Yucatán obtuvo el primer lugar nacional en el Índice del Barómetro de Información Presupuestal Estatal (BIPE), que publica el IMCO,

al lograr una puntuación del 100% en cumplimiento de los 116 criterios de la evaluación correspondiente al ejercicio fiscal 2023.

Yucatán recibió la máxima calificación en los procesos de todas las etapas del ciclo presupuestario.

Además, en la última evaluación de la implementación del Presupuesto Basado en Resultados realizada por la SHCP en 2023, Yucatán recibió la máxima calificación en los procesos de todas las etapas del ciclo presupuestario.

Hace unos días, el extitular de esa dependencia federal Carlos Urzúa Macías elogió el avance de la economía yucateca, reconociendo su transformación en un “polo de desarrollo más que interesante”. Este “despegue económico” se debe, en parte, al manejo responsable de las finanzas públicas.

Una muestra de ello son las recientes reformas a las leyes de pensiones de los trabajadores del estado, sin las cuales la situación que ocasionará el recorte federal sería aún peor. Los cambios impulsados por el Ejecutivo estatal lograron frenar la fuga de recursos que representaba el antiguo esquema.

La Secretaría de Administración y Finanzas dio a conocer que, después de analizar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2024

y de tomar las medidas pertinentes para blindar los sectores estratégicos y las obras de infraestructura que consolidarán el avance económico de Yucatán,

así como la transformación del transporte público, el Gobierno del Estado presentará su propia propuesta al Consejo Consultivo del Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público.

La dependencia recordó que, desde el inicio de esta administración, funcionarios estatales y expertos ciudadanos han elaborado el plan financiero de ingresos y egresos,

teniendo como prioridad a las y los yucatecos que más lo necesitan.  Posteriormente, la propuesta de presupuesto estatal se presentará, como lo marca la Ley, en el Congreso.

El PPEF incluye en el apartado de Yucatán, como en años anteriores, los diversos apoyos que el gobierno federal entrega directamente a la población. Igual, en el papel se estiman los montos destinados al Tren Maya.

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