Habrá cero impunidad si acaban con la corrupción en la procuración de justicia.
“En Yucatán preocupa que ven en rezago de carpetas el origen de la corrupción”; asegura analista.
El nuevo poder judicial “ayudará mucho para garantizar cero impunidad: Claudia Sheinbaum. El ministro presidente de la SCJN, afirma que van a ser diferentes.
La justicia es un ideal; principio ético que busca dar a cada persona lo que le corresponde, promoviendo la equidad, la igualdad y la armonía social. Implica aplicar las leyes de manera imparcial y castigar a quien las incumple, así como garantizar los derechos de todos los individuos para alcanzar el bien común.
Es un ideal que se busca para lograr un equilibrio entre las partes, asegurando que todos tengan los mismos derechos y obligaciones. En una verdadera procuración y administración de la justicia.
La administración de leyes para castigar a un criminal o reparar el daño a una víctima es un ejemplo de justicia legal y punitiva. El fin último es dar Justicia, Conforme a la ley, aplicación de los derechos y la Constitución.
En este contexto de Justicia, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se mostró segura de que el nuevo Poder judicial “ayudará mucho para garantizar cero impunidad. Es decir acabar con la corrupción; que ni la política, ni el dinero, maten el derecho.
Por su parte Hugo Aguilar Ortiz, Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dijo que las y los nuevos juzgadores del máximo tribunal van a trabajar para hacer una Corte diferente.
EN YUCATÁN PREOCUPA QUE VEN EN REZAGO DE CARPETAS EL ORIGEN DE LA CORRUPCIÓN
Traemos en este contexto la entrevista que el periodista David Domínguez Massa, le hiciera a destacado catedrático Luis Ramírez Carrillo investigador social de la Uady. Y publicada en el Diario de Yucatán en marzo de 2025.
Donde precisa que “La clave de la impunidad es la corrupción”, pero el mecanismo legal por el que puede operar la corrupción es el retraso en la atención de los expedientes, recalca Luis Ramírez Carrillo investigador social de la Uady. Todo en respuesta a lo que El Fiscal General del Estado, Manuel León León, afirmó que en ese organismo hay un rezago de expedientes acumulados desde 2015.
Por ello, afirmó, se implementó un programa de abatimiento de estos pendientes que representan “un gran número sin resolver”, aunque no precisó cuántos.
Entrevistado sobre esa situación, el investigador Ramírez Carrillo considera que no es solo un problema el retraso de miles de expedientes de más de una década, y no es solo que se tenga la percepción de impunidad, sino que contribuye, abona a la impunidad misma el retraso de expedientes.
La percepción que se ve en realidad, manifestó, “es que sí hay impunidad por retraso de expedientes, y se debe a que el retraso significa o representa un mecanismo para llegar a eso (la impunidad).
“Es la base estructural, independientemente de que esto se preste o se utilice, se manipule, para generar una manipulación de muchísimos juicios que no llegan ni a dictaminarse, no llegan a los Juzgados, son muchas demandas que no llegan a juzgarse y eso aumenta la impunidad”.
Ramírez Carrillo señaló que ese rezago de expedientes puede verse como un mecanismo privilegiado para la corrupción, porque de una manera retrasa los procesos, se puede hasta tratar de olvidar y eso abona a la impunidad.
DINERO E INFLUENCIAS
“Entonces, se presta a que digamos, que quien tiene dinero puede hacer que el expediente pase a la parte de hasta abajo en el tratamiento, ¿no? Que quien tiene influencias puede hacer que los expedientes nunca lleguen a trabajarse adecuadamente o que duerman (el sueño de los justos) por años”, comentó.
El investigador citó que ese atraso se puede ver como “la esencia de la impunidad”, desde los casos de detenciones arbitrarias o preventivas que nunca llegan a juicio o a tratarse demasiado tarde.
“Hay gente que se puede pasar años en la cárcel antes de que su expediente se atienda; retrasan así casos de fraudes, ventas ilícitas, de terrenos y casas, que abona a la mafia inmobiliaria.
“Si no se soluciona, o se retrasa por cualquier cambio o un expediente que puede tardar 10 años en llegar a un juez hace inútil el proceso; se puede prestar hasta a pensar que hay colusión entre el Poder Judicial y los intereses fácticos entre políticos, empresarios corruptos que, digamos, a través de fraudes, a través de ventas ilegales de terrenos, no proceden aunque se denuncie, etcétera, y eso pensando solo en lo civil”, indicó.
“En el caso de los procesos penales, la situación es aún más grave, mucho más grave porque se presta a que la gente detenida de manera arbitraria, o al que tienen que otorgar la presunción de inocencia, definitivamente se queda en la cárcel, y no puede ser que digamos ver los elementos de juicio, porque el expediente nunca se completa, no se analiza a tiempo.
CORRECCIÓN
“Entonces, esta es una situación de lo más grave, y tiene que corregirse antes de cualquier otra cosa en el poder judicial, reiteró.
Como consecuencias adicionales de esta situación, el entrevistado destacó que es precisamente el retraso en la impartición de justicia lo que lleva a que México sea uno de los campeones en cifras negras de delitos no denunciados.
“Tenemos más de 90% de cifra negra de delitos no denunciados y esta situación se ha mantenido así desde hace más de 30 años”.
En su opinión, eso habla de la falta de confianza en la legalidad misma del sistema, tanto por el hecho de que uno pueda dudar de la justicia, como de que se dude en que alguna vez le hagan caso. “En gran medida también se debe a este retraso, pues cada uno de esos expedientes retrasados significa un posible delito que se deja de atender; entonces la justicia no es ni expedita ni imparcial, y menos pronta, porque finalmente no se otorga a tiempo”, afirmó.
El entrevistado insistió en destacar que en ese sentido, la sensación de que vivimos una sociedad impune aumenta, y aumenta justificadamente la gente que ya no va a denunciar.
Por toda esta situación las autoridades debieron empezar las reformas, para atender este problema de falta de personal, infraestructura y tecnología para atender las denuncias.
“Falta una estructura real que no responde a ningún fenómeno, digamos, de corrupción, pero no hay dinero, no hay personal, no hay tecnología y es materialmente humano y físicamente imposible atender 10,000 demandas con 100 personas, por decir algo”, citó.
En consecuencia sugiere que se debe cambiar el sistema de análisis de las demandas, hay que establecer uno que las priorice para atenderlas con carácter urgente en forma prioritaria, y luego las demandas que pueden esperar.
“Hay que establecer distintos tipos de personal, uno que atienda las demandas urgentes exclusivamente y otro aquellas que no tienen un carácter urgente ni grave, por ejemplo. Lamentablemente no es solamente un problema de dinero, sino también de organización administrativa y de logística”, puntualizó.
VAMOS A TRABAJAR PARA HACER UNA SUPREMA CORTE DIFERENTE: HUGO AGUILAR
Hugo Aguilar Ortiz, Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dijo que las y los nuevos juzgadores del máximo tribunal van a trabajar para hacer una Corte diferente. Aguilar Ortiz dijo a El Sol de México que se encuentran contentos y listos para iniciar actividades en la Suprema Corte. “Estamos muy contentos, estamos listos para iniciar actividades en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que tengan todos la confianza de que vamos a trabajar para hacer una Suprema Corte diferente”, comentó.
De origen oaxaqueño, y tras recibir más de 6.1 millones de votos el 1 de junio pasado, Hugo Aguilar asume como nuevo ministro presidente de la Suprema Corte.
Y quedan instaladas todas las instancias que prevé la reforma constitucional al Poder Judicial; tanto el pleno de la Suprema Corte como las instituciones que sustituirán al Consejo de la Judicatura Federal: el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial.
“Todo va a arrancar hoy, tanto la Corte, como el órgano de Administración Judicial, el Tribunal de Disciplina, todas las instancias que prevé la reforma judicial van a entrar en funciones este día” inicios de septiembre.
Con 9 ministros y sin dos salas de la Corte, inicia la nueva era del PJF . La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tendrá un nuevo rostro, a partir de hoy, el que le dio la reforma judicial de 2024 y que significa un cambio de fondo, no sólo en su estructura sino también en sus reglas de operación, la principal, la elección por voto popular de ministros y ministras.
Hasta antes de la reforma de 2024, había 11 ministras y ministros designados por los tres poderes de la Unión y su presidencia, de cuatro años, se decidía por votación de los ministros integrantes del pleno.
Ahora ya sólo habrá nueve ministras y ministros y la elección judicial no sólo permitirá elegirlos por voto popular, también sirve para definir quién presidirá la SCJN, e incluso, quién sustituirá a un ministro o ministra en ausencia definitiva.
Quien obtuvo más votos, en este caso Hugo Aguilar, la presidirá por dos años, y al término de ese lapso será sustituido por la segunda persona con más votos durante la elección y así sucesivamente.
Otro cambio significativo es la desaparición de las dos salas que tenía la SCJN, ahora ya sólo trabajará con un pleno que, aunque no está en la ley, su próximo presidente ha dicho que podría ser itinerante. Es decir, sesionará desde espacios distintos a la sede de la SCJN, para “acercar la justicia a la gente”.
Como parte de esa nueva integración también se había explorado la posibilidad de que las y los ministros ya no usaran la toga, sino trajes típicos de los pueblos originarios, como propuso Aguilar, la mayoría se opuso, pero se avaló el uso de distintivos como parte de la indumentaria judicial.
EL NUEVO PODER JUDICIAL “AYUDARÁ MUCHO PARA GARANTIZAR CERO IMPUNIDAD. LA POLITICA DE SEGURIDAD “SE DECIDE SOBERANAMENTE EN MÉXICO”: CLAUDIA SHEINBAUM
Para que “no haya ninguna duda: la política de construcción de la paz se decide soberanamente en México, nadie influye en ella, solo nuestra honestidad, convicción y certeza de que las y los humanistas sabemos gobernar con perseverancia, estrategia y damos resultados en 11 meses”, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Se mostró segura de que el nuevo Poder judicial “ayudará mucho para garantizar la cero impunidad. Al rendir su primer informe de Gobierno, Sheinbaum Pardo resaltó que en lo que va de su administración, “hemos reducido el homicidio doloso en 25 por ciento. Es decir, “en julio cada día se cometieron 22 homicidios menos que en septiembre de 2024”.
Señaló que la reducción lograda en algunos estados es muy significativa.“Por ejemplo, en Zacatecas es del 75 por ciento; en Guanajuato, 60 por ciento; estado de México, 45 por ciento; Nuevo León, 70 por ciento; Baja California, 36 por ciento; Tabasco, 48 por ciento y Colima, 33 por ciento”.
En cuanto a delitos de alto impacto, señaló que la reducción nacional en 11 meses es de 20 por ciento; en robo de vehículo con violencia, del 31 por ciento y en feminicidio, del 34 por ciento”.
Destacó que a unos meses de que lanzó la estrategia nacional contra la extorsión, además de que presentaron una reforma constitucional para que “en todo el país este delito se persiga de oficio y la víctima pueda hacer su denuncia de manera anónima”.
Indicó que “abrazando a las y a los jóvenes para garantizarles el acceso a sus derechos y a la felicidad, al tiempo que vamos garantizando la cero impunidad, los avances serán mayores. “Estoy segura que el nuevo Poder Judicial ayudará mucho en este proceso”.