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Restauranteros de Valladolid denuncian “moches” de alcalde

Restauranteros de Valladolid denuncian “moches” de alcalde

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Restauranteros de Valladolid denuncian “moches” de alcalde

La Asociación de Restaurantes de Valladolid Yucatán (ARVAY) denunciaron que el alcalde de ese municipio, Alfredo Fernández Arceo, exige un “donativo” de $150,000 pesos para tramitar las anuencias para la venta de bebidas alcohólicas en establecimientos comerciales denunciaron los restauranteros de Valladolid


Los empresarios afiliados a la organización restaurantera señalaron al alcalde Fernández Arceo de condicionar el trámite del permiso a un donativo “obligatorio” de $150,000 pesos. Aunado a lo estipulado en la Ley de Hacienda de Valladolid que corresponde a 280 UMAs equivalentes a $29,047.02 pesos.


Cabe subrayar que el Artículo 86 de la referida Ley de Hacienda del municipio, establece como único pago para obtener la anuencia de venta de bebidas alcohólicas en restaurantes el derecho por 280 UMAs. De modo que la exigencia del donativo forzoso por parte del presidente municipal se encuentra fuera de lo legal.

Restauranteros de Valladolid denuncian a Alfredo Fernández Arceo

Restauranteros de Valladolid denuncian “moches” de alcalde


El mismo Fernández Arceo, ante el cuestionamiento de algunos regidores, ha manifestado públicamente en sesiones de Cabildo de fechas 8 de agosto de 2022 y 30 de marzo del presente año, que, en efecto, el Ayuntamiento no entregaría la anuencia para vender bebidas alcohólicas en restaurantes, a menos que los propietarios de dichos establecimientos emitieran el donativo por la cantidad de $150,000 pesos.

Sorprendentemente, la justificación del alcalde para solicitar el donativo “obligatorio” es que en administraciones anteriores también se incurría en este tipo de prácticas arbitrarias e ilegales, siendo que él mismo ha denunciado a presidentes municipales predecesores por presuntos malos manejos del erario.


El licenciado Ángel Herrera Villanueva, abogado de la Asociación de Restaurantes, afirma que la actuación del presidente municipal es violatoria de la ley y, más aún, se configuraría el delito de cohecho al solicitar dinero para la aprobación gubernamental de licencias de funcionamiento.

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