Gobierno recupera casi 900 mil hectáreas concesionadas; 250 mil estaban en áreas naturales protegidas
El gobierno federal concretó uno de los mayores procesos de reordenamiento territorial en materia minera de los últimos años: la cancelación y recuperación de 1,126 concesiones que permanecían inactivas o en incumplimiento legal, equivalentes a 889 mil 502 hectáreas en todo el país.
La cifra no solo representa una superficie comparable al tamaño del estado de Querétaro, sino que implica la recuperación de casi 250 mil hectáreas ubicadas dentro de áreas naturales protegidas, donde la actividad extractiva estaba concesionada pero no necesariamente en operación.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, explicó que la revisión exhaustiva del padrón minero fue una instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum desde el inicio del sexenio, con el propósito de identificar concesiones ociosas, especulativas o en incumplimiento.
Revisión legal y depuración del padrón
El subsecretario de Minería, Fernando Aboitis, detalló que la mayoría de las cancelaciones se sustentan en causales previstas en la Ley Minera, principalmente:
- Falta de pago de derechos durante dos años o más.
- Omisión reiterada de informes estadísticos y reportes de obras, lo que evidencia ausencia de actividad real.
- Devoluciones voluntarias por parte de empresas que optaron por renunciar a los títulos.
El mensaje central del gobierno fue claro: las concesiones no pueden mantenerse como activos especulativos sin generar inversión, empleo o beneficio económico tangible.
“Es un paso muy importante para que los bienes nacionales no queden en manos de quien no los utiliza ni los respeta”, sostuvo Ebrard.
Impacto ambiental: zonas protegidas bajo resguardo
Uno de los aspectos más relevantes del anuncio fue la recuperación de casi 250 mil hectáreas dentro de áreas naturales protegidas. Esta medida se alinea con la política federal de prohibir nuevas concesiones mineras en zonas de conservación y revisar aquellas que representen riesgo para ecosistemas prioritarios.
Aunque no se detallaron proyectos específicos que estuvieran en operación dentro de esas áreas, la cancelación de los títulos elimina la posibilidad de futuras explotaciones bajo esos permisos.
El gobierno federal presentó esta acción como parte de una estrategia de protección ambiental y ordenamiento del territorio, en sintonía con los principios de sostenibilidad impulsados desde la anterior administración.
Concentración regional
Las cancelaciones abarcan prácticamente todo el país, con excepción de Campeche, Quintana Roo y Tabasco, entidades con actividad minera marginal.
Los estados con mayor número de concesiones recuperadas son:
- Coahuila
- Chihuahua
- Sonora
- Zacatecas
- Durango
- Jalisco
Estas entidades, históricamente vinculadas a la actividad minera, concentraron la mayor parte de los títulos cancelados.
Continuidad y mensaje a la industria
Funcionarios federales subrayaron que el proceso inició en la administración pasada y ha sido reforzado en el actual gobierno. La narrativa oficial evitó confrontaciones directas con el sector empresarial y enfatizó que la medida busca garantizar el cumplimiento de la ley y evitar la acumulación improductiva de tierras concesionadas.
El anuncio se presentó como uno de los primeros resultados estructurales del nuevo sexenio en materia económica y ambiental. No se abrió espacio para preguntas específicas durante la transmisión pública.
Con esta depuración, el Ejecutivo federal busca redefinir el mapa minero nacional, cerrar espacios a la especulación y consolidar un modelo que combine explotación responsable de recursos con protección ambiental y control estatal del territorio.